“Teníamos que sincerarnos: desde hace tiempo no estamos logrando los aprendizajes fundamentales. Hay chicos que pasan 6 o 7 años en la escuela y terminan sin saber leer y escribir bien –señaló–. No es una falla de los docentes individuales, sino de la política educativa”.

En línea con su defensa de una “política educativa federal” y una “sociedad educadora”, Torrendell valoró que el Plan haya surgido de un acuerdo en el Consejo Federal de Educación y reconoció que la prioridad de la alfabetización fue promovida por la sociedad civil. En ese sentido, mencionó los compromisos que asumieron Milei y los gobernadores provinciales en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización que desde 2023 impulsa Argentinos por la Educación junto con otras organizaciones.

El titular de la cartera educativa nacional mencionó también como prioritario el “fortalecimiento de las trayectorias” de los estudiantes, así como el acompañamiento de las trayectorias profesionales de docentes, directivos y supervisores. En línea con esta política, destacó que están trabajando en consolidar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) para llegar a tener digitalizados los datos del 100% de los estudiantes argentinos.

También confirmó que este año se hará el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que estaba previsto originalmente para 2024 (se hace cada diez años). El ReNPE 2025 “será obligatorio para todos los docentes del país y se hará por la app Mi Argentina”, señaló Torrendell. Y afirmó: “Eso nos permitirá contar una línea de base para ya no tener que hacer más censos. Después de este relevamiento, ya deberíamos tener la información en línea”.

Torrendell subrayó el rol del Consejo Federal de Educación en la definición de la política educativa.

Entre las políticas prioritarias, Torrendell también mencionó la renovación de la formación y la carrera docente. En este terreno, en 2024 el Consejo Federal de Educación aprobó el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). “Creemos que esta vez podemos encarar una reforma profunda de la formación inicial y la formación continua”, sostuvo el secretario, en referencia a los intentos frustrados que se impulsaron en el pasado.

Otro punto estuvo referido al uso de las evaluaciones estandarizadas. Sobre este tema, Torrendell resaltó que es clave “desagregar” la información de las pruebas para que pueda servir para tomar decisiones. Y anticipó que este año habrá evaluaciones nacionales (Aprender), regionales (ERCE) e internacionales (PISA), tanto en primaria como en secundaria.

Esas pruebas se suman a las que toma cada provincia y a otras evaluaciones formativas como las EGRA (“evaluación de lectura de primeros grados”, según la sigla en inglés), que fueron desarrolladas por el Banco Mundial y que el Gobierno nacional puso a disposición de las provincias en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización. Esas pruebas están destinadas al primer y segundo grado de primaria y permiten obtener “evidencias rápidas para el aula sobre distintas habilidades lectoras”.

El octavo punto estuvo referido al “fortalecimiento de los ministerios y los sistemas educativos provinciales”, a partir del rol “subsidiario” del Estado nacional. Sin referencias directas a los recortes en el presupuesto educativo nacional, reivindicó un “gasto inteligente” y argumentó: “En un contexto de escasez, tenemos que invertir los recursos de manera inteligente. Estamos procurando que los recursos se dirijan a los programas que inciden directamente en los aprendizajes”.

Torrendell ratificó que el Gobierno nacional sigue teniendo en agenda las reformas educativas previstas en la versión original de la Ley Bases, reunidas en un proyecto de ley diseñado por el ministro Federico Sturzenegger junto con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. “El capítulo de educación de la Ley Bases está preparado para ingresar al Congreso cuando el presidente lo disponga”, anticipó el funcionario.

Ese proyecto incluía, entre otras cuestiones, un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la evaluación de los docentes cada cinco años, la posibilidad de arancelar las universidades públicas para estudiantes extranjeros no residentes y la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.

A partir de una pregunta sobre el rol de los gremios docentes, Torrendell consideró: “El problema de la educación argentina no son los sindicatos. Las políticas educativas han funcionado mal porque no hacemos lo que hay que hacer, porque no han estado centradas en lograr mejores aprendizajes”.

El secretario de Educación cuestionó “la costumbre instalada de hacer paros que no aportan nada, y que muchas veces están vinculados con lo partidario”. A modo de ejemplo, señaló que “en el Consejo Federal hay provincias que se quejan porque tienen muchos paros pese a garantizar salarios más altos que la media”. A la vez, reconoció que “también hay aportes de los gremios que son valiosos y que deben ser tenidos en cuenta en la lógica de una política educativa participativa”.

También participaron del foro Emiliana Vegas y Fernando Reimers, profesores de la Universidad de Harvard; Luciana Puente, secretaria general de la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA); Tamara Vinacur, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo; Manuel Álvarez Trongé y Florencia Ruiz Morosini, de Educar 2050; y María Laura Rosso, Leonardo Medrano y Melania Ottaviano de la Universidad Siglo 21.