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Reforma de la secundaria: el Gobierno nacional busca probar distintos modelos en las provincias
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, planteó que la renovación de la escuela secundaria es una de las prioridades de la agenda federal. También anticipó que este año habrá un censo docente obligatorio y defendió el “gasto inteligente”
El secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, anticipó que la renovación de la escuela secundaria forma parte de la lista de “políticas prioritarias” para la cartera educativa nacional. Mientras varias jurisdicciones –entre ellas, la provincia de Buenos Aires y CABA– avanzan en esta dirección, Torrendell anunció que desde la secretaría nacional van a impulsar una política que apunte a “probar distintos modelos de renovación de la secundaria”, con acuerdo del Consejo Federal de Educación, para poder “responder a la diversidad de demandas de los alumnos”.
A casi 20 años de obligatoriedad de la secundaria –establecida por la Ley de Educación Nacional en 2006–, Torrendell reconoció que este nivel educativo necesita ser redefinido. “Vamos a apostar a promover una diversidad de modelos en las provincias para, a partir de la evaluación de esas experiencias, encaminar una reforma que no puede ser homogénea”, afirmó el secretario de Educación este martes en el foro “Ejes para la mejora educativa en Argentina: políticas públicas y prácticas pedagógicas”, organizado por Educar 2050 y la Universidad Siglo 21.
En la apertura del evento, Torrendell listó ocho políticas prioritarias para la Secretaría de Educación, orientadas a “generar condiciones para que las escuelas logren que los chicos aprendan”, y aseguró que la actual gestión se propone “pasar de una política educativa de papel, enfocada en producir normas, a una política centrada en los aprendizajes”. El funcionario señaló que la pobreza no fue un obstáculo para que la alfabetización se expandiera en el siglo XIX y, en ese sentido, afirmó: “El problema no es el contexto de crisis, sino cómo encaramos políticas educativas que se traduzcan en prácticas pedagógicas efectivas”.
Junto con la renovación de la secundaria que se impulsará a partir de este año, también hizo referencia a la necesidad de mejorar la articulación entre educación y mercado laboral, cuestión sobre la que está trabajando el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). “Creemos que hay que refundar la educación técnica, que viene del siglo XIX. Hay que articularla de otra manera con la sociedad civil”, propuso Torrendell.
También mencionó el Plan Nacional de Alfabetización, presentado el año pasado por el presidente Javier Milei en el Museo Casa Natal de Sarmiento en San Juan. “El desafío fundamental es llegar a las prácticas en el aula”, insistió Torrendell, y criticó que antes el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) ofrecía capacitaciones “demasiado abstractas y teóricas” que no impactaban en el trabajo en el aula.
“Teníamos que sincerarnos: desde hace tiempo no estamos logrando los aprendizajes fundamentales. Hay chicos que pasan 6 o 7 años en la escuela y terminan sin saber leer y escribir bien –señaló–. No es una falla de los docentes individuales, sino de la política educativa”.
En línea con su defensa de una “política educativa federal” y una “sociedad educadora”, Torrendell valoró que el Plan haya surgido de un acuerdo en el Consejo Federal de Educación y reconoció que la prioridad de la alfabetización fue promovida por la sociedad civil. En ese sentido, mencionó los compromisos que asumieron Milei y los gobernadores provinciales en el marco de la Campaña Nacional por la Alfabetización que desde 2023 impulsa Argentinos por la Educación junto con otras organizaciones.
El titular de la cartera educativa nacional mencionó también como prioritario el “fortalecimiento de las trayectorias” de los estudiantes, así como el acompañamiento de las trayectorias profesionales de docentes, directivos y supervisores. En línea con esta política, destacó que están trabajando en consolidar el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) para llegar a tener digitalizados los datos del 100% de los estudiantes argentinos.
También confirmó que este año se hará el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), que estaba previsto originalmente para 2024 (se hace cada diez años). El ReNPE 2025 “será obligatorio para todos los docentes del país y se hará por la app Mi Argentina”, señaló Torrendell. Y afirmó: “Eso nos permitirá contar una línea de base para ya no tener que hacer más censos. Después de este relevamiento, ya deberíamos tener la información en línea”.
Entre las políticas prioritarias, Torrendell también mencionó la renovación de la formación y la carrera docente. En este terreno, en 2024 el Consejo Federal de Educación aprobó el Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente (SiFIECA). “Creemos que esta vez podemos encarar una reforma profunda de la formación inicial y la formación continua”, sostuvo el secretario, en referencia a los intentos frustrados que se impulsaron en el pasado.
Otro punto estuvo referido al uso de las evaluaciones estandarizadas. Sobre este tema, Torrendell resaltó que es clave “desagregar” la información de las pruebas para que pueda servir para tomar decisiones. Y anticipó que este año habrá evaluaciones nacionales (Aprender), regionales (ERCE) e internacionales (PISA), tanto en primaria como en secundaria.
Esas pruebas se suman a las que toma cada provincia y a otras evaluaciones formativas como las EGRA (“evaluación de lectura de primeros grados”, según la sigla en inglés), que fueron desarrolladas por el Banco Mundial y que el Gobierno nacional puso a disposición de las provincias en el marco del Compromiso Federal por la Alfabetización. Esas pruebas están destinadas al primer y segundo grado de primaria y permiten obtener “evidencias rápidas para el aula sobre distintas habilidades lectoras”.
El octavo punto estuvo referido al “fortalecimiento de los ministerios y los sistemas educativos provinciales”, a partir del rol “subsidiario” del Estado nacional. Sin referencias directas a los recortes en el presupuesto educativo nacional, reivindicó un “gasto inteligente” y argumentó: “En un contexto de escasez, tenemos que invertir los recursos de manera inteligente. Estamos procurando que los recursos se dirijan a los programas que inciden directamente en los aprendizajes”.
Torrendell ratificó que el Gobierno nacional sigue teniendo en agenda las reformas educativas previstas en la versión original de la Ley Bases, reunidas en un proyecto de ley diseñado por el ministro Federico Sturzenegger junto con la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. “El capítulo de educación de la Ley Bases está preparado para ingresar al Congreso cuando el presidente lo disponga”, anticipó el funcionario.
Ese proyecto incluía, entre otras cuestiones, un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria, la evaluación de los docentes cada cinco años, la posibilidad de arancelar las universidades públicas para estudiantes extranjeros no residentes y la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela.
A partir de una pregunta sobre el rol de los gremios docentes, Torrendell consideró: “El problema de la educación argentina no son los sindicatos. Las políticas educativas han funcionado mal porque no hacemos lo que hay que hacer, porque no han estado centradas en lograr mejores aprendizajes”.
El secretario de Educación cuestionó “la costumbre instalada de hacer paros que no aportan nada, y que muchas veces están vinculados con lo partidario”. A modo de ejemplo, señaló que “en el Consejo Federal hay provincias que se quejan porque tienen muchos paros pese a garantizar salarios más altos que la media”. A la vez, reconoció que “también hay aportes de los gremios que son valiosos y que deben ser tenidos en cuenta en la lógica de una política educativa participativa”.
También participaron del foro Emiliana Vegas y Fernando Reimers, profesores de la Universidad de Harvard; Luciana Puente, secretaria general de la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA); Tamara Vinacur, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo; Manuel Álvarez Trongé y Florencia Ruiz Morosini, de Educar 2050; y María Laura Rosso, Leonardo Medrano y Melania Ottaviano de la Universidad Siglo 21.