Sociedad
Tres décadas de contaminación y una batalla judicial: el barrio obrero de Florencio Varela que vive envenenado
Un reciente fallo judicial condenó a la firma Industrial Varela -fundidora de baterías- por daño ambiental: le prohibió seguir contaminando. Cómo se vive en La Rotonda, un barrio altamente contaminado con plomo, cromo y arsénico en el que los niños sufren deterioro cognitivo y daños irreversibles a la salud
La Rotonda es un barrio obrero de treinta y dos manzanas. Lo habitan más de cuatro mil personas, la mayoría mujeres y niños rodeadas de un anillo de empresas contaminantes. Allí están afincadas la curtiembre Gibout Hermanos y los Laboratorios Químicos Prolac, que se dedica a la clasificación y tratamiento de residuos especiales e Industrial Varela, entre otras. En La Rotonda, ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta Provincial N° 36 se respiran sustancias tóxicas y cancerígenas -plomo, cromo y arsénico- las 24 horas, todo el año. Los vecinos sufren enfermedades respiratorias y oncológicas directamente vinculadas a las condiciones de contaminación medioambiental provocadas por este conglomerado de firmas. Los niños son víctimas del deterioro cognitivo a causa del plomo acumulado en sus cuerpos y existe un alto índice de agresividad en el nivel secundario en la escuela del barrio. Uno de los principales focos de contagio es el arroyo Las Conchitas a escasos 500 metros del lugar. Los surcos de agua presentan altos niveles de contaminación biológica y química a causa del vuelco de efluentes cloacales e industriales de las empresas.
Desde hace más de tres décadas, Industrial Varela, que se presenta en su página web como “operador/reciclador de baterías de plomo”, contamina el aire: sus chimeneas despiden metales que envenenan sin descanso. Pero la firma también intoxicó los suelos: en los años noventa rellenó las calles del barrio con los desechos y restos de su producción, generando una contaminación superior a la del suelo de un Parque Industrial. Es decir, hay tanto plomo residual en las calles que llegó a las napas de agua diseminando la contaminación por todo el barrio.
“Quemaban las baterías y con las cenizas salían a tapar los baches de las calles del barrio. Ignorábamos lo que hacían, los creíamos buenos vecinos”, señala Lusía Choque, docente jubilada de la Escuela 42. “Yo no entendía por qué los chicos tenían la cabeza cerrada, por qué no comprendían. Luego a partir de investigar entendí que era uno de los síntomas de la contaminación crónica con plomo”, cuenta a Infobae recordando sus años de maestra en La Rotonda.
De izquierda a derecha, las mujeres del barrio La Rotonda que luchan en la Justicia: Pabla, Norma, Teresa, Idelba, Lusia, Marcela, Cristina y LauraLa firma recientemente condenada alega que su existencia es previa a la urbanización del lugar. “Cuando me vine a vivir al barrio la empresa no estaba. En los 80, el lugar fue categorizado como Zona Mixta, ya veníamos pidiendo que trasladen las fábricas. Pero se instalaron acá porque vuelcan todos los desechos al arroyo. Cuando llegamos, mis hijos se bañaban ahí. Hoy no hay vida de la contaminación que tiene”, explica Choque. Y agrega: “Las que más sufren son las chicas más jóvenes. A veces parecía que se les morían los chicos con los problemas respiratorios que tenían”.
“Toda la prueba acumulada en una causa inicial pasó a ésta que confirmó la existencia del daño”, explica José Martocci, director de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP que patrocinó la demanda colectiva. Precisamente, la causa lleva el apellido Camiletti, el de Luis Alberto, marido de Lusía Choque y quien murió de cáncer de riñón antes de que dictara sentencia. “La última gran prueba aglutinante fue el estudio de Constanza Bernasconi incorporado a la causa en marzo de 2020: probó que las hojas de los árboles, tanto caducas como perennes, el suelo y el aire daba una situación de contaminación con plomo grave. Como las mediciones locales son insuficientes ella se remitió sobre todo a mediciones internacionales. En todos los casos el resultado fue alarmante. Y no hay mediciones locales porque precisamente la provincia no quiere desnudar el daño que producen este tipo de actividades”. “Camileti vivió toda su vida a una cuadra, tanto él como su esposa con niveles de plomo en sangre. Cortaba una amplia ligustrina de su casa ahí donde la prueba de Bernasconi detectó plomo. En ese contexto ¿es remoto ligar la enfermedad y su muerte con la contaminación? No”, agrega el letrado.
Una calle separa la casa de Marcela Acosta de las emanaciones tóxicas de Industrial Varela. Es una de las pioneras en denunciar la sistemática contaminación que sufre el barrio. Toda su familia está afectada por el hollín que despiden las tolvas de la firma. Sus tres hijos -con altos niveles de plomo en sangre, uno de ellos llegó a la cifra de 23,5 miligramos por decilitro, más del doble de lo establecido por la OMS- sufrieron asma y enfermedades respiratorias y uno de ellos nació con problemas de riñón. La mamá de Marcela tiene cáncer y tiroides. Cuando a los nueve años le hicieron placas a su hermana, con 14 microgramos de plomo, la doctora no creyó que las imágenes correspondieran a una menor por el nivel de deterioro en sus huesos.
“Barrio La Rotonda, barrio fabril” y la intervención de la comunidad en aerosol rojo”Mis hijos mayores siempre tuvieron problemas pero jamás se nos ocurrió que podía ser contaminación -indica Acosta-. Cuando nació Lucas (18) fue peor que con los otros dos. Era correr con él a la salita para dejarlo internado y que le dieran oxígeno. Desesperante. No en tiempo y forma, pero a mis hijos no les fue fácil estudiar. Los chicos del barrio están como tildados, idos. A los míos les afectó más la parte respiratoria. Cuando Osvaldo nació con problemas de riñones pensamos que era natural”.
”Lloré y lloro cada vez que me acuerdo -dice Acosta y su voz se quiebra al recordar el derrotero padecido los años en que el barrio fue analizado para que todo siguiera igual-. Por el sufrimiento de los chicos y la falta de respeto de ellos. Fueron años de exponer a nuestros hijos a hacerse análisis de sangre y era todo el tiempo recibir el maltrato. Cuando hacían los estudios, las enfermeras que venían no estaban capacitadas para lidiar con tanta gente y menos con los chicos. Había que prepararlos, cortarles el pelo y las uñas muy cortas, porque así sirven los análisis y hacerlos poner el brazo cada vez. A veces decían que vendrían, nos preparábamos y nada. Otra vez se les coaguló la sangre por el tiempo que perdieron con las muestras y ya no sirvió. Hubo que volver a hacerlo. Y la empresa seguía operando igual. Por más que tenga ganas de irme, tendría que demoler mi casa para que a otra familia no le pase lo que vivimos nosotros. Mi nieta, hijita de mi hijo Osvaldo tiene un problema oncológico, que puede ser fruto de esto, y da miedo decirle que haga los laboratorios. No quisiera hacerla pasar a ella por todo lo que pasaron el padre y el tío”.
Cansada de batallar judicialmente contra la firma contaminante y los poderes de turno, Acosta asegura que “actúan con total impunidad, son los dueños de todo. Solo deseo que nuestros hijos y nietos tengan una mejor calidad de vida que lo que nosotros tuvimos acá”.
Enfrente de la casa de Marcela Acosta está el ingreso a una de las plantas del barrio la Rotonda. Sus tres hijos presentan altos niveles de plomo en sangrePeligrosa e irreversible
Según la Ley de Radicación Industrial, Ley Nº 11.459, Industrial Varela está catalogada como categoría 3, es decir, una industria peligrosa, ya que “su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Las empresas que integran este rango, de acuerdo al “material que manipulen, elaboren o almacenen, a la calidad o cantidad de sus efluentes, al medio ambiente circundante y a las características de su funcionamiento”, deben radicarse en Parques Industriales o en zonas rurales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al plomo como un “metal pesado contaminante, no biodegradable y persistente en el ambiente” e indica que“los niños pequeños son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, pudiendo afectar al desarrollo del cerebro, lo que a su vez entraña una reducción del cociente intelectual, cambios de comportamiento -por ejemplo, disminución de la capacidad de concentración y aumento de las conductas antisociales- y un menor rendimiento escolar. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles”.
La plombemia, también llamada saturnismo, es el envenenamiento provocado por altos índices de plomo en sangre. Los síntomas incluyen retrasos en el desarrollo, dolor abdominal, irritabilidad y cambios neurológicos. La exposición al plomo también causa anemia, hipertensión, disfunción renal, inmunotoxicidad y toxicidad en los órganos reproductores.
A raíz de la lucha vecinal, el lugar fue declarado en Emergencia Sanitaria en 1997 y bajo Crisis Ambiental en abril de 2006. Ese mismo año, a instancias del Municipio valerense se conformó un Comité de Crisis, que organizó un operativo de salud y realizó tomas de muestras y análisis en suelo, aire y agua. Uno de los informes de suelos suscriptos por las autoridades locales arrojó un valor de 10.099 mg/kg, superando 10 veces el límite para uso de suelo industrial y 20 veces el límite para uso residencial. A su vez, la concentración de plomo en agua se encontró en el límite máximo indicado por el Código Alimentario Argentino.
El ingreso al barrio de Florencio Varela en el que se respiran sustancias tóxicas y cancerígenas -plomo, cromo y arsénico- las 24 horas, todo el añoEn cuanto al operativo de salud, en estudios realizados por laboratorios del Hospital Garrahan y el CENATOXA de la UBA, de una población total estudiada de 55 habitantes (53% entre 9 meses y 13 años), el 39% presentó niveles de plomo por encima del valor de corte. En 2007, un nuevo muestreo de la Asociación de Toxicología Argentina indicó que de 90 niños analizado el 21% presentó plombemias positivas.
“Trabajamos hace varios años con la comunidad: habían rellenado las calles con residuos de plomo y eso pasaría a las napas”, recuerda Leda Gianuzzi, doctora en Química y titular de la cátedra de Toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Tuvimos acceso a los análisis de los niños y en muchos casos, los resultados eran muy altos. Esas cantidades de plomo serían un futuro problema mental y cognitivo. A partir de nuestra intervención, suspendieron el Comité de Crisis. Fue todo complejo; los médicos toxicólogos del Hospital de Niños (La Plata) me decían que los problemas de conducta de los chicos se debían al alcoholismo de los padres. Y ya tenían los resultados de las plombemias”.
“Son quince años de acumulación de pruebas aportadas sobre todo por los vecinos y pruebas del Municipio y los distintos organismos que intervinieron. Quince años de denuncias sistemáticas al OPDS, de que no se puede vivir con el olor que despide la fábrica, hay quince años de intervenciones de agencias o espacios de la Universidad de La Plata, hubo pruebas del propio Municipio, de la Provincia, detectaron plomo en el suelo de Industrial Varela por encima de las marcas aprobadas para suelo industrial; pruebas sanitarias con estudios de vecinos que dieron plombemia, un estudio pericial a cargo del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente (CIMA) que evaluó el desempeño de la empresa durante 3/ 4 meses. Y detectaron plomo en el aire, en el suelo y que cuando la empresa bajaba el nivel de actividad el daño era menor y que cuando subía, se disparaban los valores”, señala Martocci.
Con más de 50 fojas, el fallo dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Plata señala que “luego de casi 40 años de funcionamiento, Industrial Varela no contaba siquiera con los más elementales instrumentos establecidos en las normas ambientales, ni con certificado de aptitud ambiental, ni seguro ambiental, ni con permiso de vuelco de efluentes gaseosos, ni de gestión de residuos industriales especiales, entre otros”. Y agrega que la “Provincia incumplió su obligación de supervisar y fiscalizar a la empresa de tercera categoría que funde plomo en el mismo ambiente donde habitan miles de personas”. Asimismo, ordena la remediación del daño ambiental, a cargo de la provincia de Buenos Aires por intermedio de los organismos competentes, y en su caso, por entidades públicas o privadas con capacidad para ello.
Sociedad
Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.
Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.
Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.
La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.
Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.
Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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