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Escándalo en Chaco: un ex juez federal, al borde del juicio oral por proteger a narcos y encubrir a gendarmes corruptos
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Miguel Aranda, titular de un juzgado de Sáenz Peña hasta octubre de 2022, está acusado de beneficiar a un clan y encubrir a agentes que armaban causas.
Ocurrió con el juez federal de Oran, Raúl Reynoso, que pasó de ser considerado el luchador número uno contra el narcotráfico a recibir una condena a 13 años de prisión por proteger traficantes. Antes había pasado algo similar con el camarista salteño Antonio Sola Torino que en 2020 se suicidó luego de que la Corte Suprema de Justicia la Nación dejara firme su sentencia a 6 años de prisión por cobrarle una coima a uno de los mayores proveedores de cocaína del NOA.
Más cerca en el tiempo, en junio de 2023, un tribunal federal le impuso también 6 años de prisión al ex juez federal electoral de Corrientes Carlos Soto Dávila. La acusación: cobrar coimas para proteger a narcos. Y apenas a principios de noviembre de juez Federal de Mendoza, Walter Bento fue destituido y terminó preso acusado de liderar una asociación ilícita.
El esquema, que se repite en distintas provincias de Argentina, no tuvo su excepción en Chaco. Allí quien ahora quedó al borde de la cárcel es Miguel Mariano Aranda (55), un abogado que actuó como juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña. Fue procesado por su desempeño y los fiscales acaban de pedir que su caso sea elevado a juicio oral.
“Asociación ilícita, tráfico de influencias, prevaricato (dictar fallos contrarios a la ley), incumplimiento de promover la investigación de un delito, coimas y encubrimiento agravado”.
Por estos delitos la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger procesó en diciembre de 2022 a Aranda quien, hasta octubre de ese año, se desempeñaba como juez federal subrogante de la ciudad de Roque Sáenz Peña, segunda en importancia en la provincia de Chaco.

El fallo de Niremperger fue confirmado en mayo de 2023 por la Cámara y ahora, con el requerimiento de elevación a juicio, Aranda quedó mas cerca de un veredicto que podría terminar con su detención.
En su momento la resolución de procesamiento –de casi 200 páginas, a la que tuvo acceso Clarín– no incluyó la prisión preventiva, por lo que Aranda está libre, y así llegara a juicio. La jueza sí le ordenó un embargo sobre sus bienes de 10 millones de pesos.
En el fallo se le dictó “falta de mérito” en relación a supuestas irregularidades detectadas por la fiscalía en el otorgamiento de prisiones domiciliarias y excarcelaciones. Esta era una de las acusaciones más graves realizadas por los fiscales Federico Carniel, Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).
Por eso ahora, en el requerimiento de elevación a a juicio (un análisis de 164 paginas sobre la causa) se pide expresamente que se extraigan testimonios para seguir investigando esa línea.

Aranda no es el único procesado del caso. Tambien cayó su cuñada, Clarisa Galissier (46), el esposo de la mujer –Rafael Raimundo Martín (46)– y tres gendarmes: el comandante segundo y oficial de inteligencia Raúl Scheurman (40), el comandante principal Alberto Farías (49) y el primer alférez Enzo Aguirre (29).
A ellos se suman Alejandro Quintana (41, un ex gendarme conocido por el apodo de “Taliban” dedicado al alquiler de canchas de futbol 5) y Walter Darío Ayala (47), un hombre vinculado a diferentes causas por drogas.
La causa
Cientos de cartones de cigarrillos de contrabando secuestrados que debían ser quemados pero terminaron en el mercado. Ropa de contrabando que tenía que ser donada y desapareció de los depósitos de la Gendarmería. Gendarmes que estuvieron a punto de quedar impunes… dos veces.
Bajo esta acusación, la jueza Zunilda Niremperger ordenó, en octubre de 2022, once allanamientos simultáneos y la detención de media docena de oficiales de Gendarmería, entre ellos algunos jefes ya cuestionados.
Por entonces también ordenó la indagatoria de Aranda.
La orden de Niremperger tuvo un coletazo inmediato: la Cámara Federal de Chaco –que en su momento había designado a Aranda como suplente en Roque Sáenz Peña– decidió revocarle esa designación.
Pero además hubo otra noticia sorpresiva: Cristian Marangón (51), el ex jefe del Escuadrón de Gendarmería en Roque Sáenz Peña –a quien la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue a buscar para detenerlo– murió pocos minutos antes de que se cumpliera la captura.

Según fuentes de Chaco, cursaba la etapa terminal de una seria enfermedad. Por eso, terminó sobreseído por extinción de la acción penal.
Lo hechos que se le imputan al grupo –acusado de “asociación ilícita”– muestran un descontrol importante. Un ejemplo: en la investigación consta que dos oficiales jefes de Gendarmería anularon una infracción que se había hecho a un camión que transportaba semillas porque era de la familia del juez Aranda.
El camión pertenecía la empresa E.A.F.A., una firma cuya titular es Clarisa Galissier, cuñada del juez Aranda (hermana de su esposa, Romina Galissier). Pero hay más: investigando la flota de esa empresa se descubrió que el seguro de otro camión era pagado por Ana María Flamenco (56), la jefa del clan narco Sosa, integrado por sus cuatro hijos.
El clan Sosa
En la investigación se logró rescatar un diálogo de Whatsapp entre Marangón y su mano derecha, Scheurman, ahora punto de llegar a juicio.
Marangón le pide a Scheurman que anule el acta de infracción N° P00059501 labrada el 12 de junio de 2020 contra el camión de E.A.F.A, medida que sólo puede tomar un juez.
Scheurman pasa la orden a sus subalternos. Como le explica luego Marangón, “el acta no es nada comparado con lo que le sacamos a Aranda”.
La relación entre Aranda y los jefes del Escuadrón local de Gendarmería quedó al descubierto en una causa en la que se acusó a la cúpula de esa repartición de armar causas y hasta plantar droga que le daban los propios narcos que nunca iban a detener.
Un gendarme filma a su jefe plantando la marihuana que le dio un informante y lo grabó explicando por qué lo hace.
En ese caso, el juez subrogante de Roque Sáenz Peña procesó a cinco de los ocho gendarmes investigados. Fue el 20 de diciembre de 2021 y en la misma resolución le dictó falta de mérito a Marangón.
Ahí la cosa se puso interesante porque el fiscal federal Carlos Amad apeló a la Cámara, que fue muy dura con el juez. El 22 de marzo de 2022 dijo: “No es posible conocer cuáles han sido las razones por las cuales el magistrado arribó a las falta de mérito cuestionadas por la Fiscalía ya que, con independencia del acierto o error de tal decisión, no se describe el proceso de valoración de las pruebas producidas hasta el momento, no se verifica una concreta individualización del objeto procesal ni relaciona la intervención que los imputados pudieron haber tenido en los hechos, lo que se reitera con los restantes encausados”.
Los camaristas le ordenaron revisar la decisión, pero el 6 de abril de 2022 el juez Aranda volvió a dictar la falta de mérito con iguales argumentos… o sin ellos. Ante esto, el fiscal volvió a apelar y esta vez la Cámara, con fecha 14 de junio de 2022, declaró la nulidad de las falta de mérito y, además, apartó a Aranda de la investigación.
En un audio encubierto, registran cómo su jefe está preocupado por una posible foto que lo deja en evidencia en el armado de operativos.
Todo bastante escandaloso. Y en tren de ejemplos impresentables está toda la seguidilla de allanamientos infructuosos a los miembros del clan Sosa, una familia que tiene aterrorizada a Roque Sáenz Peña.
Según el planteo de los fiscales, los allanamientos fracasaron sistemáticamente porque la información se filtró y quien la filtró fue el juez.
Los fiscales ponen dos ejemplos que lo incriminan: uno es el de la jefa del clan Sosa, que aparece pagando el seguro de uno de los camiones de la cuñada del juez. El otro es una metida de pata que parece diseñada por el destino.
En abril el fiscal Amad pidió una serie de detenciones y, por un error, solicitó la de todos los miembros del clan (madre, hijos y dos de sus cuñadas) pero el nombre de uno de los hijos, Lucas, se traspapeló y fue en un requerimiento separado.
Cuando se hizo el operativo, que movilizó a 300 gendarmes, Lucas fue el único que fue encontrado en su casa. Todos los demás habían escapado con tiempo.
Algo similar pasó el 23 de septiembre pasado.
Orden de allanamiento y captura en mano, los gendarmes llegaron a una casa del barrio Puerta del Sol, ubicado al norte de Roque Sáenz Peña, dispuestos a tirar la puerta abajo. Pero no hizo falta.
En la propiedad los estaba esperando una mujer con las llaves del lugar. Ella misma les explicó lo que estaba pasando: el dueño, que sabía que se iba a hacer un operativo para detenerlo, se las había dejado con el expreso pedido de que las entregara a las autoridades para que no le rompieran nada.
MG
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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Publicado
11 horas atráson
2 diciembre, 2025Por
Admin
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.

- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.

- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
Publicado
1 día atráson
1 diciembre, 2025Por
Admin
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
Publicado
5 días atráson
27 noviembre, 2025Por
Admin
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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