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Procesan a 4 funcionarios por la apelación tardía a la cesión de tierras del Ejército a una comunidad mapuche y apuntan a Taiana y Zannini

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  • La decisión la Cámara Federal porteña en la causa por la entrega de 180 hectáreas de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche a un comunidad indígena.

Luego de un “duelo” procesal entre el fiscal Carlos Stornelli y el juez Daniel Rafecas de casi dos años, la Cámara Federal porteña procesó este jueves a cuatro altos funcionarios del ministerio de Defensa y de la Procuración del Tesoro en la causa en que se investiga la apelación tardía a un polémico fallo que concedió 180 hectáreas del Ejército en Bariloche a una comunidad mapuche.

Además, el tribunal dejó abierta la puerta para investigar a los jefes de los funcionarios procesados, entre los que se cuenta el ministro de Defensa Jorge Taiana y el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Apenas conocido el fallo, el diputado electo de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo que “la complicidad del gobierno con los terroristas pseudo Mapuches queda al descubierto al conocerse los chats que comprometen la decisión de no apelar la entrega de tierras que pertenecen al Ejército en Bariloche”.

“El Ministerio de Defensa nos debe una explicación”, agregó el ex senador.

Los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia en un duro fallo unánime anularon la falta de mérito que Rafecas le había dictado a los funcionarios y aceptaron la apelación de Stornelli. Desde el principio de la causa, Rafecas quería archivar el caso en que están en juego instalaciones militares clave.

La Corte Suprema ordenó suspender la entrega de las tierras a una comunidad mapuche pero aún no decidió sobre la cuestión de fondo, en el contexto de un apoyo del kirchnerismo a reclamos mapuches sobre tierras de las fuerzas armadas.

Se trata de una acción de amparo que la comunidad Millalonco Ranquehue presentó a finales del 2021 contra el Estado nacional con el apoyo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Carlos Stornelli, fiscal federal, en TN en una reciente entrevista.Carlos Stornelli, fiscal federal, en TN en una reciente entrevista.

El procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público recayó sobre Silvia Cristina Vázquez (abogada de la Procuración General del Tesoro); Leonardo Gastón Martín Havela (director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa); Agustín Gasparini (director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa) y Luis Nicolás Vaccarezza (abogado de Defensa). Los tres últimos dependen de Taiana.

En su resolución, la Cámara Federal destacó el interés del Ejército en esas tierras “no sólo por las razones estratégicas del inmueble en materia de defensa nacional; sino también, porque allí se encuentra un complejo educativo de nivel internacional para la instrucción de personal en técnicas básicas y avanzadas del trabajo militar en la montaña”. Se refiere a la Escuela de Instrucción Andina creada por el ex presidente Juan Domingo Perón.

Además, subrayó la necesidad de continuar la investigación para determinar “si los acontecimientos fueron producto de una actuación aislada de las personas aquí incriminadas, o eventualmente fue una decisión que se gestó en instancias superiores”.

“No olvidemos que, en los delitos especiales, los autores están obligados como garantes a la tutela institucionalmente asegurada de un bien, siendo la premisa principal de atribución, el concepto de competencia (y no el dominio causal) en la producción del resultado, fundamentalmente por la pertenencia a la Administración Pública de los sujetos activos”, destacó el fallo.

La causa se abrió en 2022 por una denuncia efectuada por los Diputados Nacionales Alberto Emilio Asseff, Adriana Noemí Ruarte, Gerardo Milman, Héctor Setafani, Francisco Sánchez, Hernán Lombardi, Ingrid Jetter, Laura Rodríguez Machado, Aníbal Tortoriello, Fernando Iglesias, Ricardo López Murphy, Virginia Cornejo y Pablo Torre.

Para esos diputados de la oposición, la apelación tardía es parte de una táctica más amplia del kirchnerismo para favorecer a los mapuches -algunos que ni siquiera tienen asociaciones con personería jurídica- con la entrega de tierras de las fuerzas armadas, como pasó en Mendoza.

El juez federal Daniel Rafecas ingresa  los tribunales federales Comodoro Py en Retiro Ciudad Autonoma Buenos Aires Argentina. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ El juez federal Daniel Rafecas ingresa los tribunales federales Comodoro Py en Retiro Ciudad Autonoma Buenos Aires Argentina. FOTO PEDRO LAZARO FERNANDEZ

Luego del juez Rafecas, la archivó y más tarde la Cámara Federal porteña reordenó reabrirla y así se llegó a la indagatoria de los imputados. Debido a la apelación tardía, la Corte debió aceptar una cautelar para que el Ejército no entregue las tierras mientras se define las responsabilidades sobre la apelación tardía.

En su pedido de procesamiento, Stornelli consideró que “si bien no quedan dudas de que decisión ilegítima de no recurrir la sentencia fue tomada en el seno del Ministerio de Defensa con voluntad de la que formaron parte Havela, Gasparini y Rodríguez Vaccareza, también entiendo que esa voluntad ilegítima se terminó materializando por la espuria intervención de la letrada Vázquez”, quien depende de Zannini.

Si bien Vázquez “pretende ampararse en una instrucción supuestamente impartida por Vaccareza lo cierto es que un simple mensaje enviado por un servicio de mensajería interno de tono marcadamente coloquial jamás podría cumplir el requisito que establece el articulo 8, último párrafo, del decreto 411/1980, en tanto el mismo no reviste la calidad de acto administrativo que la habilitare a no actuar tal como lo exige la norma”, subrayó el fiscal.

Stornelli había solicitado esas indagatorias para determinar el alcance del chat del abogado del ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez Vacarezza, en el sentido de que “ya me bajaron la orden de no apelar” el polémico fallo de la jueza de Bariloche, Silvina Domínguez que otorgó 180 hectáreas del Ejército en esa ciudad a una comunidad mapuche.

El fiscal contó que la abogada de la Procuración del Tesoro, Silvia Vázquez, el 2 de enero de 2022, a las 12.59 recibió la notificación del fallo de la jueza Domínguez y le pidió instrucciones a Rodríguez Vaccarezza.

A las 17:19, Rodríguez Vaccareza contestó que “seguramente la apele el INAI. Ya me bajaron la orden de no apelar. Cualquier cambio de rumbo te aviso”, entre otros chats o mails intercambiados en esos días. Vaccareza nunca dijo quién le dio la orden y el INAI, que apoya la posición de los mapuches, nunca apeló. Al Ejército recién le informaron del vencimiento del plazo para apelar, una vez que había caducado.

En apretada síntesis, si bien “es cierto que la decisión se adoptó en un ámbito ajeno a su actuación profesional lo cierto es que ella con su accionar permitió que se consumara esa ilícita decisión al no apelar dicho resolutorio sin contar ella con la autorización expresa que exige la citada normativa”, explicó Stornelli.

En este sentido, Stornelli sostuvo que “más allá que está clarísimo que la decisión ilegítima de no apelar fue de los funcionarios ministeriales lo cierto es que la nombrada también contribuyó al hecho al haberla materializado tras no recurrir el fallo cuando ella no se hallaba muñida de los requisitos legales para dejar de apelar”.

A diferencia del caso que de Vázquez cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) “optó por no apelar la sentencia, la máxima autoridad del organismo si facultó expresamente al letrado que tenia asignado el caso mediante un acto administrativo que fue en su momento adjuntado al expediente del amparo”.

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La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora

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En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas

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Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

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En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.

Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Maduro le dijo a TrumpMaduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.

Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Maduro pidió a la vicepresidentaMaduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)

El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.

El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.

Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.

La recompensa millonaria por laLa recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.

La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.

(REUTERS)

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Diputados: en la previa de la sesión preparatoria, LLA está cerca de arrebatarle la primera minoría al PJ

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El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo

El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.

“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.

Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.

Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.

Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.

En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.

De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.

Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.

El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.

El gobernador de Salta, GustavoEl gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.

Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.

“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.

Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.

“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.

Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.

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