Con cartas individuales, dos ministros de la Corte Suprema de Justicia le respondieron este jueves a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que mantiene contra ellos un proceso para acusarlos por mal desempeño de sus funciones y proponer su destitución. Esa inesperada jugada es además otro reflejo de la profunda división en el máximo tribunal, ya que sus otros dos integrantes no se plegaron, bajo sospechas de alguna intervención del massismo.

De manera sincronizada pero con textos y argumentos personales, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron el proceso en su contra, denunciaron irregularidades, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la Comisión, y alertaron sobre el peligro que representa para la independencia judicial.

El presidente del máximo Tribunal, Horacio Rosatti, advierte que el denominador común con relación a las causales por la sentencia que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner en 2006, la que volteó el quite de la coparticipación federal a la Ciudad de Buenos Aires y la que inicialmente aplicó el beneficio del 2×1 al represor Muiña “es el de disconformidad con el contenido de las sentencias“.

En su descargo -respuesta al traslado- Rosatti recordó que la Corte respondió todos los pedidos de informes solictados por la Comisión, aportó 75 cuerpos de documentación y “prestó la más amplia colaboración frente a los particulares pedidos”.Además, “todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal”.

Sin embargo, el ministro enumeró “vicios afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio, y que “vician la validez y eficacia del proceso.”

Entre esas irregularidades, Rosatti dice que la Comisión produjo pruebas sin la previa intervención de un juez, -“cuando ello resultaba ineludible”-, se “requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal”, “se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal” y “se sometió a los testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente”.

Según el titular de la Corte, la mayoría K en la Comisión de Juicio Político también “interrogó a testigos sobre aspectos de su vida privada y sus vínculos familiares sin justificación alguna”. y “formuló cargos por hechos que no fueron denunciados en los pedidos de juicio político que fueron declarados admisibles.”

Para el ministro, se trata de “un evidente intento de condicionar la resolución de causas en trámite. Además, expresa la dificultad de ejercer el derecho de defensa respecto de las imputaciones en su contra, ya que no pueden referirse a causas judiciales en trámite. “Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión”, advierte.

”El proceso se ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró”, concluye.

En el tramo final de su descargo, Rosatti respondió a cada una de las acusaciones en su contra. Explicó la legalidad de haberse votado a sí mismo como presidente de la Corte -hecho que además no figuraba en la acusación-, advirtió que como presidente del Consejo de la Magistratura (cargo que asumió porque el Congreso no sancionó una nueva ley para ese organismo en el plazo de seis meses otorgado en la sentencia) no integra ninguna comisión ni su voto fue clave para aprobar o no ninguna terna de candidatos a jueces propuesta por el gobierno.

“Es evidente que este tipo de acusaciones conllevan una presión indebida sobre los jueces del Tribunal y un intento de condicionar sus futuras decisiones”, finaliza el titular del máximo tribunal. “Corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones.”

“Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite.”

La respuesta de Rosenkrantz

El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, también remitió su defensa a la Comisión de Juicio Político de Diputados. Desprovisto de eufemismos, como es su estilo, el ministro consideró que “se ha usado la facultad de acusación de un modo infiel al propósito constitucional. De hecho, muchas veces ese propósito ha sido subvertido: la rama con atribuciones para controlar intentó en realidad condicionar, neutralizar o directamente cooptar a la rama controlada para, así, concentrar ella misma un poder que no le correspondía.”

Rosenkrantz lo explica mejor: “algunos de los cargos que formula la Comisión se basan, es cierto, en hechos y datos concretos y objetivos. Pero es ostensible que no constituyen irregularidad alguna, ni ética ni legal ni de ninguna clase. Otros cargos se basan en interpretaciones o valoraciones de algunos hechos o datos. Pero son interpretaciones o valoraciones que no han sido justificadas en modo alguno o son directamente erróneas y carentes del más mínimo rigor jurídico. Por último, hay cargos que vinculan esos hechos, datos o interpretaciones para construir una suerte de relato o novela de asociación libre para atribuirme inescrupulosamente faltas tan graves como falsas.”

Antes de responder a cada uno de los cargos en su contra, el integrante del máximo tribunal consideró que “este procedimiento tiene un fin mucho más nocivo para el funcionamiento republicano de nuestro país que el mero apartamiento de uno de sus jueces pues apunta, en definitiva, a condicionar o, en última instancia, a remover a los jueces cuyas sentencias no satisfacen los deseos de una circunstancial mayoría parlamentaria. Se trata de un ataque frontal a la separación de poderes y a la legitimidad de la función de la Corte Suprema en nuestro ordenamiento constitucional.”

Entonces sí, Rosenkrantz desmenuza todos los cargos en su contra. Desmiente la supuesta arbitrariedad de la sentencia que anuló la conformación del Consejo de la Magistratura, y como el Congreso no votó una nueva ley repuso la anterior -“esa acusación desconoce que la reposición de la vigencia de la ley anterior cuando se declara inconstitucional una norma es el efecto habitual de dicha declaración”-, la orden por parte de la Corte para que los representantes del Senado en el Consejo correspondan a los bloques votados en las elecciones y no una taimada división del bloque del Frente de Todos “con el único propósito de eludir lo ordenado por la Corte” y dejar afuera del organismo a Luis Juez.

También rechazó la acusación de usurpación de funciones por la aceptación del amparo porteño contra el quite unilateral en la coparticipación federal de la Ciudad, y se refirió a su actuación en los casos Muiña, Batalla, Blaquier, Shiffrin-Highton y Blaquier.

Suspicacias e internas

Semejante grado de detalle y coordinación sorprendió a uno de los compañeros de Rosatti y Rosenkrantz en la Corte. Una fuente cercana al máximo tribunal dijo a Clarín que “la semana pasada se había acordado entre todos no responder a los traslados de la Comisión, ya que todo el proceso es un mamarracho al que no hay que prestarle atención ni mucho menos darle importancia”.

Sin embargo, otras dos desmintieron enfáticamente tanto aquel supuesto acuerdo como la posterior “sorpresa” ante las cartas de Rosatti y Rosenkrantz.

Los pasillos del cuarto piso del palacio de Tribunales arden. Funcionarios judiciales que colaboran con la vocalía de Lorenzetti afirmaron que “en la tarde del jueves sorpresivamente nos enteramos de que Rosatti y Rosenkrantz habían respondido, y luego de una discusión Lorenzetti y Maqueda resolvieron mantener lo acordado y no hacerlo“.

Pero esa versión fue calificada como un “disparate” por otros tres empleados jerárquicos del máximo tribunal que trabajan unos cuantos metros más allá, en el mismo piso. “Juan Carlos y Ricardo apenas se dirigen la palabra”, graficaron. No queda claro si solo fue una figura.

Semejante estado de descomposición en la cabeza del Poder Judicial todavía ofrece más intrigas.

“Hay versiones de que presentando estos escritos la Comisión postergaría su decisión de pedir el juicio político al plenario de Diputados, pues es sus integrantes deben analizar los escritos y no llegarían a tiempo para la última reunión, el martes próximo”, razona uno de los más viejos peatones del Palacio.

“Hay que mirar con cuidado los pasos de Sergio Massa y su hombre en la justicia, el ascendente consejero de la Magistratura y decano de Lomas de Zamora, Diego Molea. Tender lazos con la Corte, y si es posible dividirla son sus máximas aspiraciones, y en ese juego podría haber diálogo con alguno de los ministros del máximo tribunal“.

Sin embargo, allegados a la Corte desmienten la especulación. “Carlos tenía que contestar, no podía no hacerlo: optó por el camino de Sócrates: aunque el proceso en su contra era una farsa, se sometió a sus reglas”, dramatiza.

La fuente también relativiza un supuesto acuerdo entre Lorenzetti y Maqueda, los dos ministros que no respondieron el traslado a la Comisión de Juicio Político.

“Lo que aseguro es que la mayoría estable de la Corte sigue firme, por más fisuras que busquen crear desde afuera y por ahí también desde adentro”, afirma el funcionario judicial. Esa mayoría sólo excluye al ex hombre fuerte del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.