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Reapareció la exjueza Figueroa: exige que la devuelvan al cargo del cual la echó la Corte y propone una guerra de poderes

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  • Hace casi dos meses, una resolución confirmó su cese, pero luego el Senado la desacató votando un nuevo pliego.

El apetecible resultado electoral que obtuvo el candidato oficialista, Sergio Massa, despertó a viejos aliados del kirchnerismo que se mantenían expectantes. La justicia es uno de los escenarios centrales de esas reapariciones: así como se redoblaron las presiones para beneficiar al suspendido juez Walter Bento en el jury que lo tiene al borde de la destitución por mal desempeño, este martes resurgió otro ícono K: la controvertida exjueza Ana María Figueroa. Exige que le devuelvan su importante cargo y los sueldos de agosto y septiembre.

Su nombre atiborró las noticias desde comienzos de año, con un pronunciado pico en agosto: el día 9 de ese mes, Figueroa cumplió los 75 años que la Constitución establece como tope para ejercer la magistratura, excepto que el Senado apruebe un nuevo pliego por cinco años y el presidente lo promulgue y lo publique.

Nada de esto había ocurrido con la jueza, que primero sorprendió con la estrambótica propuesta de permanecer en su despacho pero sin firmar resoluciones (o sea sin trabajar) a la espera de que la Cámara Alta votase el despacho aprobado en la Comisión de Acuerdos, y luego intentó resistir su salida con buenas artes y de las otras.

Lo que ya lucía como una provocación viró en escándalo cuando Clarín publicó que, pese a haber cumplido funciones sólo nueve días de agosto, a fin de ese mes se le había liquidado el sueldo completo: 3,7 millones de pesos en mano. Y un antecedente peligroso: ese pago era una admisión administrativa de que Figueroa -que no había pedido licencia ni tramitado ninguna excepción- seguía siendo magistrada.

En las siguientes 72 horas ocurrió de todo: la Cámara Federal de Casación Penal se reunió en plenario para ordenar la irregular situación, Figueroa se presentó como si nada hubiese ocurrido y reclamó que su paso al costado había sido un malentendido pues ella seguía siendo jueza, acusó a sus compañeros de atacarla por ser mujer, y propuso tomarse una licencia extraordinaria para liberar el cupo en la Sala I a un reemplazante, mientras se definía su caso en el Senado.

Semejante barullo fue segado de cuajo por la Corte Suprema de Justicia, que el 6 de septiembre firmó por unanimidad una lacónica resolución ratificando que la magistrada había dejado de serlo automáticamente el día de su cumpleaños. Y punto.

Pero el culebrón no terminó ahí. Porque gracias a la ausencia de una senadora opositora, el 28 de septiembre el Senado aprobó aquel pliego de Figueroa, que desde luego era papel mojado. Alberto Fernández lo promulgó el 3 de octubre.

Devolución del cargo, sueldos y honores

Pero desde entonces, hace un mes, la exjueza no había movido un dedo para volver a los tribunales. Ese extraño silencio fue quebrado por una carta de 31 páginas remitida este martes a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, firmada por “la doctora Ana María Figueroa”.

En esa presentación, la abogada pide que se ordene “la inmediata ejecución del Decreto 502/2023 de fecha 3 de octubre de 2023 y mi inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal, conforme ejercía al 9 de agosto de 2023″.

Además, Figueroa reclama que “se rehabilite mi acceso al sistema informático para el ejercicio pleno de mis tareas habituales, se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de setiembre de 2023 y se oficie para su cumplimiento a la Casación Federal y el Administrador General del Poder Judicial.”

“Una simple resolución administrativa”

En la fundamentación de su reclamo, la doctora dice que su nuevo pliego la habilita a permanecer “en la plenitud de mis funciones que ejercía y que ha sido turbado de facto por una simple resolución administrativa de la Corte Suprema de Justicia“.

El escrito es vehemente y frontal. Denuncia que sus excompañeros Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone y Gustavo Hornos “realizaron una reunión clandestina” para “modificar de hecho la composición de superintendencia”, es decir la organización interna del tribunal. Ellos se dirigieron a la Corte para preguntar qué sucedería con Figueroa luego de su cumpleaños sin el nuevo pliego aprobado.

Pero las protestas y rechazos de la abogada se elevaron directamente a la Corte, en términos muy duros. Calificó como “un manifiesto acto discriminatorio de la Corte contra mi persona, a través de un acto ilegal” la decisión de su cese en las funciones, ya que según su razonamiento “no es oponible un simple acto administrativo sin base legal y por ello nulo, por la falta de competencia de la Corte para cesar a una magistrada, interpretando sin caso judicial, a partir de cuándo y con qué plazo al cumplir los 75 años debía cesar en mi función de jueza, al acto formal de los otros dos poderes del Estado: Poder Ejecutivo Nacional y Honorable Cámara de Senadores de la Nación”.

Figueroa también dispara contra sus excolegas, advirtiendo que “en el sistema constitucional republicano que nos rige, el cese, nombramiento, sanción o destitución de un juez/a de la Nación o Federal es competencia del Consejo de la Magistratura, no de la Corte Suprema. Remitir por la Cámara Federal de Casación Penal una consulta al órgano que no tiene competencia para decidir y además cumplirlo, demuestra un grave desconocimiento constitucional e ignorancia jurídica, inadmisible en jueces de dicha jerarquía”.

La excamarista insiste en que la interpretación de la Constitución respecto del límite de la edad para los jueces es controvertida, cita un proyecto de ley del diputado opositor Alvaro González para reglamentar el cese automático de las funciones de juez y vuelve a atacar a la Corte: “los jueces federales y nacionales somos funcionarlos de alto rango e Independientes, por lo tanto no debemos ser tratados como empleados cuya investidura es cesada por una resolución administrativa. Pues conllevaría su negación de estabilidad, y su sometimiento a las órdenes arbitrarias y al margen de la ley. En un sistema republicano, los jueces y las juezas de la Nación no somos empleados de la Corte Suprema de Justicia.

Luego de pedir la recusación de Rosatti respecto de cualquier opinión en su caso -recordemos que el titular de la Corte además preside el Consejo de la Magistratura- y también la de su excompañero Diego Barroetaveña, consejero en representación de los jueces, la doctora extiende su diatriba hacia los periodistas, al describir “un clima agresivo de público y notorio conocimiento por parte de algunos medios masivos de comunicación que no escatimaron en epítetos o descalificativos personales”, frente al cual “me permito formular un llamado de prudencia”.

¿Agraviada por ser mujer?

La ultima consideración del texto remitido a la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura regresa sobre un tópico que había enfurecido particularmente a los camaristas que trabajaron con Figueroa en la Casación Federal: su supuesta discriminación por ser mujer.

“Fui víctima de violaciones de derechos y especialmente agraviada por una cuestión de género donde los actores de la judicatura, de ambas instancias, fueron todos varones que actuaron discriminatoriamente en mi contra por ser mujer independiente, que siempre resuelvo conforme a derecho, fundadamente y sin admitir presiones. Como he analizado en los precedentes, a ningún juez varón lo agraviaron con semejante intromisión inconstitucional, lo que resulta que a un juez varón no se habrían atrevido”, concluye la doctora.

“En el presente caso denota que es poco tolerado la participación de las mujeres como pares; son aceptadas las que se asumen dentro de los roles estereotipados, sumisas, “femeninas”, no así las mujeres autodeterminadas que trabajamos por la independencia del Poder Judicial”, remata.

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La Justicia ya cuenta con un informe socio ambiental que determinó si el departamento de Cristina Kirchner es “apto” para la prisión domiciliaria

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Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio

El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.

Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.

Desde que se conoció laDesde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona

La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.

El tribunal dispuso que la ex mandataria y los otros ocho condenados tienen plazo hasta el miércoles para presentarse en Comodoro Py y comenzar a cumplir la condena. Cristina Kirchner confirmó hoy que ese día irá al tribunal.

Máximo Kirchner, este viernes, enMáximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta

En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.

Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.

Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.

El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.

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Cristina Kirchner confirmó que el próximo miércoles se presentará ante la Justicia para quedar detenida

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La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.

Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.

Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.

En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.

“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.

En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.

La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.

Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.

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El Tribunal no adelantará una definición sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y alertó a Migraciones para evitar que salga del país

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Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

¿Por qué cinco días?

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOFLOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

Otras medidas

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

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