En la apertura legislativa del 2022 anunció la actualización de la ley de Discapacidad, que es de la época de la dictadura.
Se puede ver el video de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso del 1° de marzo de 2022 o directamente leer la lista de objetivos previstos para ese año por el Presidente Alberto Fernández: en los dos casos sobresaldrán las promesas incumplidas. Entre ellas, el proyecto de una nueva ley de Discapacidad, texto que el Gobierno esperaba enviar al Congreso ese año y que, pasados casi 20 meses, no fue elevado a ninguna cámara legislativa.
Consultado por esta demora, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, explicó que, si bien “el texto ya está escrito”, la demora excede el alcance de la Agencia. El proyecto, como se verá debajo, debía pasar por una serie de postas burocráticas.
El tema no le es indiferente, desde ya. No solo por el perjuicio que esto le genera a las más de 5 millones de personas con algún grado de discapacidad sino por el papelón que sufrió la Argentina en marzo de este año, cuando la ONU emitió un lapidario informe sobre el retraso que tiene el país en esta materia.
Hay quienes, aun así, se preguntan si hace falta una nueva ley de Discapacidad o si el problema es el incumplimiento del cuerpo normativo que ya existe.
Nadie empapado en los problemas que sufren las personas con discapacidad discute que la normativa 22.431, que se remonta a los años de la última dictadura militar (1981), adolece de preconceptos anacrónicos y no garantiza los derechos definidos en la Convención Internacional sobre los de Derechos de las Personas con Discapacidad, texto al que la Argentina adhirió en 2008 (a través de la ley 26.378) y que, además (por la ley 27.044), tiene jerarquía constitucional.
Más del 10% de la población mayor de 6 años tiene algún grado de discapacidad. Foto: Shutterstock
Mientras se avecina el 30 de noviembre, día en que cerrarán las sesiones ordinarias del Congreso (justo antes del recambio presidencial y legislativo) y cuando “la discapacidad está cada vez peor, con más problemas”, usando las palabras de Alejandro Cytrynbaum, referente de la Red Argentina T21 y secretario general de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), el consenso sobre la urgencia de impulsar una nueva ley parece unánime.
Por qué se demora la nueva ley de Discapacidad
Al mando de la ANDIS (organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, emisor -entre otras tareas- del famoso Certificado Único de Discapacidad, o CUD), Galarraga detalló el sendero del proyecto de ley que auspició el Presidente hace 20 meses.
“Hasta junio de 2022, se hizo un proceso de audiencias con todos los actores. Fue una consulta abierta que, una vez terminada, nos dejó un gran trabajo interno, en tanto había que sistematizar los aportes que se habían hecho”, arrancó.
Fernando Galarraga, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La tarea fue ardua, describió Galarraga: en las audiencias, que fueron seis, participaron 1.200 oradores, cada uno con su particular mirada sobre lo que se debía incluir en una nueva normativa.
Cada reunión representó una región del país. La de Tucumán fue en representación del NOA; la de Chaco, por el NEA; la de Córdoba, por la región Centro; en San Juan se hizo la de Cuyo y en Neuquén, la de Patagonia. La sexta fue realizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“Además, abrimos un formulario web para recibir aportes. Llegaron más de 12.000. Muchos de ellos, documentos enteros elaborados en foros, universidades y organizaciones de todo el país”, agregó Galarraga, y resumió: “Realmente llegamos a tener un montón de material y con todo eso se trabajó durante muchos meses, sistematizando un borrador de la ley”.
Delinear una nueva ley de Discapacidad
En la otra vereda están las asociaciones participantes. “Nosotros, tanto desde ASDRA como desde Argentina T21, que representamos a la mayoría de las organizaciones de Síndrome de Down del país, hicimos un aporte muy completo, que en su momento le mandamos a la ANDIS”, compartió Cytrynbaum, antes de lanzar: “Jamás tuvimos respuesta. No vimos ningún borrador del proyecto de ley ni nos respondieron nada. No estamos al tanto de nada”.
Pero ya en septiembre de 2022, hace más de un año, la ANDIS sacó una resolución oficial (1661/2022) en la que aprobó el informe final que condensaba las propuestas esbozadas en las seis audiencias.
Ahí se planteó una promesa: “Hágase saber que todas las opiniones y aportes serán contemplados con el objetivo de analizar su incorporación en el texto del proyecto de la Nueva Ley”.
El paso siguiente, repasó Galarraga intentando justificar la demora, era darle forma de proyecto a ese material. Lo hicieron y “tiene más de 140 artículos”, describió. Aclaró que se tomaron en cuenta las “objeciones de las Naciones Unidas” mencionadas arriba, lo que obliga a abrir un pequeño paréntesis.
Las falencias de Argentina en Discapacidad, según la ONU
“En el informe emitieron recomendaciones para el Estado”, interpretó Galarraga, en alusión al pedido de la ONU de alinear las políticas de discapacidad con la Convención internacional a la que adhirió el país en 2008.
Sin embargo, vale la pena demorarse en ese documento para entender que implica algo más que una serie de recomendaciones.
Argentina (Galarraga, en concreto) había presentado un informe sobre los avances del país en materia de Discapacidad. Fue el 15 de marzo de este año, en las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La respuesta, o sea, el diagnóstico de la ONU con respecto a esos avances, fue comunicada unos días después, el 24 de marzo de 2023. ¿Qué dice?
En marzo de 2023, la ONU remarcó las cuentas pendientes de Argentina con respecto a Discapacidad. Foto: Shutterstock
Es un extenso punteo discriminado por apartados en tipografía Times New Roman, cuerpo 10. Media carilla se dedica a una introducción protocolar; una entera, a destacar los puntos positivos en los avances nacionales. Y a las cuentas pendientes del país en Discapacidad les tocan nada menos que largas 20 páginas.
La expresión “al Comité le preocupa que” y “el Comité ve con preocupación que” aparece 28 veces. El verbo “recomienda”, usado en el contexto de lo que la ONU le sugiere hacer a la Argentina, otras 27 veces.
Todos los temas importantes sobre la vida de una persona son abordados ahí. Desde la “falta de datos completos y desglosados sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida”, lo que afecta cualquier chance de ser beneficiado por alguna política pública, hasta problemas enormes como la falta de inserción (laboral, educativa…).
También aluden temas bien específicos relativos a la accesibilidad, como “las dificultades de las personas con discapacidad para participar de la plataforma digital del Censo 2022”, o la imposibilidad para disfrutar de un destino turístico, dada la falta de infraestructura adecuada.
Los temas urgentes en Discapacidad
En uno de los párrafos finales, el Comité de la ONU destaca una serie de cuestiones “urgentes”. Dejando de lado la actual crisis del sistema de salud, cuestión que se agrava en materia de discapacidad, remarcan tres puntos: 1) tener igual reconocimiento como personas ante la ley, 2) tener derecho a vivir de forma independiente y, 3) ser incluidos en la comunidad.
Cytrymbaum coincidió con ese diagnóstico: “¿Las dos o tres cosas que deberían cambiar cuanto antes? Crear una ley de apoyos personales, porque buscamos cumplir con el derecho a vivir en forma independiente y ser incluidos en la comunidad”.
Además está “el viejo reclamo de no tener una base de datos oficial. No existen números y, sin datos oficiales, no hay información para que el Estado reconozca a las personas y garantice sus derechos”.
Lo tercero es impulsar “la educación inclusiva de calidad. Cerca del 45% de los estudiantes con discapacidad asiste a escuelas de modalidad especial y deberían estar en escuelas comunes, según la Convención”.
Se suma la cuestión laboral, ya que “el cupo del 4% de personas con discapacidad en las dependencias del Estado no se cumple”.
Adónde fue a parar el proyecto de la nueva ley de Discapacidad
En la entrevista, Galarraga explicó que, “una vez redactado el primer borrador, se empezó un trabajo interministerial porque, al ser una temática transversal que le competía a todas las áreas del Estado y no solo a la ANDIS, era necesario un trabajo de articulación de consenso”.
Es decir que había que “definir la letra chica de los artículos, las competencias… un proceso enormemente largo”, describió.
“Pero está concluido. Llegamos a la instancia, que fue larga, de tener la conformidad de todas las autoridades ministeriales, desde donde vinieron distintas clarificaciones sobre los fundamentos y alcances”, apuntó.
Ahora bien, para que llegue realmente “a la Secretaría Legal y Técnica (siguió) y, así, al Presidente, cosa que él lo eleve al Congreso, el proyecto tiene que tener conformidad de todas las autoridades políticas”, detalló Galarraga. O sea: falta la firma final, el “ok” definitivo de cada ministro.
Desde esa entrevista, hecha la última semana de septiembre, Clarín no logra establecer comunicación con el director de la ANDIS para actualizar la cuestión. Hasta donde se pudo averiguar, ningún proyecto de Discapacidad llegó todavía al Congreso.
En esos días, había explicado que “ya pasó por Educación, por Desarrollo Social, por Cancillería, por Salud, por Trabajo…”.
Y fue optimista: “Cerramos cuando pase por Interior y por Economía”. La intención es que se eleve “antes de concluir el mandato”. En realidad, se corrigió, “antes de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso. Es el 30 de noviembre”.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.