Ingresan cargamentos de cocaína por Salta, los transportan hasta Buenos Aires y solo venden de a kilos.
En Argentina la escena narco está compuesta por organizaciones locales, paraguayas, peruanas, dominicanas y bolivianas. En términos generales, los guaraníes son mayoristas y minoristas de marihuana y cocaína. El fuerte de los peruanos es el microtráfico de cocaína: administran búnkeres en villas porteñas y bonaerenses. También venden en zonas como Abasto y Once. Se disputan Constitución con las bandas de dominicanos.
Las bolivianas se limitan al segundo mayor negocio del narcotráfico del país: ingresan cargamentos de cocaína por Salta, los transportan hasta Buenos Aires y solo venden de a kilos, a narcos de todo el país.
“Tener la línea de los bolivianos“, como se dice en la jerga al hecho de hacer el contacto para comprarles, es la meta de todo narco argentino. La razón es muy simple: los bolivianos tienen el mejor precio del mercado, y la mejor calidad. Pero llegar a ellos no es para cualquiera.
A pesar de que es vox populi, la mayoría está en la zona de Villa Celina, La Matanza. Allí, entre talleres textiles ilegales, funcionan sus “depósitos” de droga.
“Son muy desconfiados. Tienen como un sexto sentido: solo llegás a ellos por un intermediario y te van a observar de arriba a abajo en la primera reunión. Si no les generás confianza, no hacen un solo negocio con vos”, cuenta una persona que trata con ellos.
En el mundo narco, el rol de esta persona es conocido como “nexo”. Presenta a bolivianos y a compradores. Por cada kilo vendido, se gana una comisión de 400 o 500 dólares. Durante lo que dure la relación comercial. El gasto corre a cuenta del comprador.
La desconfianza tiene su justificación: los robaron muchas veces. Pero lo más común es la “estafa” en transacciones en las que entregan la mercadería y no reciben el pago completo. Para que se entienda el riesgo y, a la vez, el negocio de engañarlos: por cada kilo entregado en Buenos Aires, piden 3.000 dólares.
Frontera entre Salvador Mazza, Salta, y San José de Pocitos, Bolivia. Foto: Rafael Mario Quinteros.
Hace unos meses un grupo de cordobeses se quedó con 100 kilos de un grupo de bolivianos que nunca pagó. Como la costumbre es “trabajar a consignación”, el que recibe la droga la paga cuando la vende. No se invierte. De ahí tanta desconfianza.
En el ambiente es conocida la anécdota de “Los Monos“, la temida banca narcocriminal rosarina. Los bolivianos nunca quisieron venderles. Solo accedieron a sus cargamentos por clientes rosarinos de los bolivianos. Los obligaron a aumentar el encargo, ponían su parte y dividían la mercadería, sin que los bolivianos se enteraran.
Por lo que pudo saber Clarín, las organizaciones bolivianas activas en Argentina son de Tarija y Cochabamba. Es decir, del sur del país. Suelen ser clanes familiares. Son las denominadas “organizaciones chicas”. Las grandes están del centro hacia el norte, y son las que envían cargamentos a Brasil, el segundo mayor consumidor de cocaína del mundo, luego de Estados Unidos.
“Era un mundo que desconocía”, recuerda Darío Saldaño, un abogado que defiende a varias familias bolivianas. Sigue: “Lo primero que me sorprendió fue lo asimilado que está el secuestro entre ellos. Es muy común. Al punto que sus familiares no se preocupan demasiado; salen a buscar lo que les pidan de rescate y listo. Se pueden pagar rescates de 100.000 dólares o de cargamentos de cocaína y no sale en ningún medio. Ni siquiera llegan a la Justicia”.
La misteriosa desaparición de tres quinteros en La Plata
La causa que tuvo al menos un poco de difusión fue la de febrero de 2016. Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez trabajaban en una quinta de La Plata y tenían antecedentes por tráfico de drogas. De un día a otro “desaparecieron”.
En un principio, sus familiares pensaron que se trataba de un secuestro. Dos meses antes, uno de ellos había sido secuestrado por policías bonaerenses en San Martín. Pero esta vez fue diferente: como durante dos semanas nadie se comunicó para pedirles rescate, los familiares se animaron a denunciar.
Roberto Espinoza, Héctor Quiroga y Enrique Martínez trabajaban en una quinta de La Plata y tenían antecedentes por tráfico de drogas.
La investigación está a cargo de la UFI 7 de La Plata. Hasta el momento, no hay detenidos ni imputados, solo dos investigados: un argentino, con ciudadanía española, contador, dueño de empresas en varios países, que habría conocido a los bolivianos en las cárceles de Devoto y Ezeiza.
El otro investigado es socio del argentino, y es de nacionalidad boliviana. Esta pareja comercial se dedicaría a los envíos de cocaína a Europa y se estima que le debían millones de dólares a los “desaparecidos”, que eran sus proveedores a partir de la sociedad que nació en las cárceles.
“La Fiscalía pidió su detención”, explica Saldaño, abogado de las tres familias de las víctimas. Se refiere al contador. Pero agrega: “El Juzgado de Garantías 1 no la concedió bajo el criterio de que ‘si no hay cuerpos, no hay delito‘. La casa de este argentino fue allanada varias. La última vez fue hace un año”.
En el mundo narco los bolivianos se presentan como “gente de trabajo”. Prácticamente todos llevan una doble vida. Son quinteros, puesteros de La Salada, textiles, changarines del Mercado Central, albañiles. Algunos compran campos propios para trabajar.
“Es una cuestión cultural para ellos”, explica un fiscal que condenó a una banda. “Uno de sus integrantes se despertaba a las 4 de la mañana. Trabajaba en el campo y a la tarde se movía en una camioneta haciendo entregas. Lo detuvimos con 66 kilos”, agrega la fuente judicial.
Arrojaron cocaína en avionetas en Salta y la llevaban en camiones rumbo al Conurbano.
Sus ganancias siempre terminan en Bolivia. Los consultados por Clarín coinciden en algo: explican que el único lujo que se dan en Buenos Aires es comprarse camionetas. Aunque es más normal verlos de ojotas y ropa de las ferias.
“Por ahí te caen a las reuniones en autos que podrían ser remises de Laferrere”, cuenta la persona que funciona como “nexo”. “Saben que se llaman la atención, pierden. Acá hay muchos ladrones. Y hay mucha envidia entre bolivianos. Si una familia gana más dinero que otro, se secuestran”, comenta la misma persona.
En la actualidad ofrecen dos tipos de mercaderías: la que sería “premium”, de 3 mil dólares, y la que es conocida como “70/30”. Es de menor calidad, pero puede costar 200 o 300 dólares menos. “Nunca los vi armados. No son violentos. Muchas veces no responden por los robos que sufren con tal de no tener mayores problemas”, los describe otro abogado.
Hubo un quiebre en los negocios de las familias narco bolivianas. Un argentino que se ganó la confianza de una de ellas luego de “cuidarlos” en la cárcel de Marcos Paz calcula que el cambio fue en 2010. Hasta aquel entonces los bolivianos se limitaban a cruzar los cargamentos a Salta. Compraban el kilo a US$ 1.700 y lo revendían a 2.500 del lado argentino.
Cocaína encontrada en una camioneta abandonada en Salta. Estaba dispuesta en 181 paquetes rectangulares.
“Las segundas generaciones de esas familias vienen con otra formación. Fueron al colegio. No crecieron en el campo, como las primeras. Son más abiertos y ambiciosos. Ellos se fueron estableciendo en Buenos Aires. Construyeron sus casas, sus negocios, sus comercios de comida típica. Se hicieron ‘barrios de bolivianos’ y se volvieron fuertes”, cuenta uno de los consultados por Clarín, en el bar de una estación de servicio.
La nueva camada salió a las rutas. Como sus clientes eran de Buenos Aires, la propuesta fue venderles en el conurbano, a US$ 3.000 el kilo. El AMBA siempre fue el epicentro de los negocios narco, donde llegaban traficantes de todo el país, pero para comprarle a los porteños.
Las estadías de los bolivianos en cárceles federales, y el hecho de compartir pabellón con colegas de otras provincias, hizo que los extranjeros sacaran a los porteños como intermediarios, y que envíen sus cargamentos a provincias como Tucumán, Córdoba, Rosario, Río Negro, Tierra del Fuego. Una costumbre de ellos es aceptar propiedades en forma de pago.
En los últimos años, los más ambiciosos fueron por más. Se unieron a otros que también tienen mal concepto de los argentinos, y que prefieren evitarlos en los negocios: los europeos radicados en Buenos Aires. Se asociaron, dividen ganancias. Y por cada kilo comprado a 1.700 dólares en Bolivia, que llega a España, se compran 19.000 euros. Ellos no andan de ojotas ni de ropa de La Salada. Visten de traje. Son empresarios. Son la nueva generación.
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
A.J -ex empleado de una empresa de limpieza- fue denunciado el año pasado por su víctima, que hoy tiene 19 años. En su relato, la joven relató los ataques que sufrió a lo largo de los años y contó que siempre fueron bajo amenazas: su padrastro, supuestamente, aseguraba que los mataría a ella y a sus hermanos si es que hablaba.
La víctima también trazó un mapa de los lugares donde fue abusada. A.J, si es que es culpable, no solo la atacó en la casa que compartían, cuando la madre no se encontraba: además la llevaba a un terraplén del tren Belgrano Norte cercano a su domicilio, donde la abusaba entre las piedras y las plantas. Era en plena vía pública, entre la calle Melo y la avenida Mitre.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
El albergue de Constitución donde, según la víctima, ocurrieron los abusos (Google View)
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Entre los operativos, allanaron la casa de la madre del hombre en Florida Oeste, sin resultado positivo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”,acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
Despertó a la mañana siguiente, aturdido, con su casa revuelta. Faltaban varios objetos de valor. También, faltaba su auto. Luego, formuló la denuncia ante la Policía Bonaerense.
La Unidad N°59 de Merlo, donde Garrido se encuentra detenida (foto: SPB)
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
Hoy, según información policial, la presunta viuda negra continúa detenida en la Unidad N°59, el penal de Merlo del Servicio Penitenciario Bonaerense. La PFA la separó de sus funciones y la colocó en estado de situación pasiva. Según sus registros comerciales, cobró sus aportes, al menos, hasta el mes pasado.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Juliana J., presunta viuda negra, presa y procesada
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradonacomienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
09:56 hsHoy
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
09:40 hsHoy
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona (Maximiliano Luna)
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
09:36 hsHoy
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano Leopoldo Luque (Reuters)
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
09:32 hsHoy
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
09:18 hsHoy
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
09:17 hsHoy
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Comienza el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.