La semana que viene comenzará el debate en comisión. Hasta ahora solo expusieron agrupaciones de inquilinos, propietarios, inmobiliarias, ONG y académicos. Los puntos que dificultan un proyecto consensuado
Las reuniones informativas para reformar la Ley de Alquileres terminaron este martes en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Ahora los legisladores se encaminan a firmar dictamen la semana que viene y a debatir alguno de los proyectos en el recinto durante las primeras dos semanas de mayo.
Si bien tanto en el oficialismo como en la oposición aseguran que buscarán alcanzar un amplio consenso, todavía persisten importantes diferencias entre las soluciones que proponen unos y otros. Incluso hay fuertes matices al interior del Frente de Todos. Por lo tanto, hoy por hoy la posibilidad de que el oficialismo y Juntos por el Cambio firmen un dictamen unificado parece lejana.
Durante las últimas semanas, expusieron más de un centenar de agrupaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias, martilleros, ONG, académicos y miembros de Defensa del Consumidor, entre otros. En estas jornadas de debate quedó en claro que las asociaciones de inquilinos y de propietarios todavía no coinciden en la mejor forma de perfeccionar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Mientras los primeros defendieron los contratos de tres años y la actualización anual por IPC/RIPTE -porque garantizan previsibilidad-, desde el sector inmobiliario argumentaron que en realidad se terminan perjudicando porque cada vez hay menos propiedades en alquiler debido a la incertidumbre y a la baja rentabilidad.
A fines de marzo pasado, oficialismo y oposición habían acordado analizar posibles cambios en la legislación durante 30 días hábiles. La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020. Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, su implementación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.
La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020
Los dos artículos que cosechan más críticas son la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL, que combina inflación y evolución de los salarios.
En la bancada de Juntos por el Cambio la mayoría de los diputados que conforman la comisión se inclina por volver a los contratos de dos años y a que la actualización de los alquileres se acuerde “libremente entre las partes”. Pero hay varias cuestiones y detalles que estarán en la mesa de negociación para buscar acuerdos con el Frente de Todos.
Ante la consulta de Infobae, una diputada de Juntos por el Cambio explicó que podría evaluarse el libre acuerdo de los alquileres pero con topes vinculados a la evolución de los salarios, para evitar aumentos excesivos. A su vez, si se implementan topes, la actualización cada seis meses sería una opción para “compensar” a los propietarios. Por otro lado, un legislador señaló que podría discutirse una “renovación automática” tras los dos primeros años de contrato (”2+1″) que le ahorraría al inquilino el pago de comisiones y depósitos.
En cambio, muchos diputados del Frente de Todos comparten la idea de que los inquilinos “es la parte más débil” de la ecuación y por lo tanto un “libre acuerdo de partes” del alquiler terminará perjudicándolos. Sin embargo, un diputado oficialista reconoció ante Infobae que cualquier fórmula de indexación resultará problemática si la inflación sigue rondando el 60%.
Según uno de los referentes de las asociaciones de inquilinos, “los diputados del Frente de Todos están en un problema, porque en el fondo saben que cualquier cambio va a ir en contra de los intereses de los inquilinos y van a terminar pagando un costo político”.
Para acercar posiciones, el Frente de Todos dejó en el camino proyectos como el del diputado José Luis Gioja que proponía topes en los precios y un impuesto a la vivienda vacía. Este último punto dinamitaría cualquier negociación con Juntos por el Cambio, que durante la campaña se comprometió a no aumentar o crear ningún impuesto. Una alternativa más pragmática para aumentar la oferta de viviendas en alquiler podría ser ofrecer algún tipo de incentivo fiscal a los propietarios, detalló un diputado oficialista.
La semana que viene podría haber dictamen
Gisela Marziotta, que presentó un proyecto propio que congela los aumentos hasta que se creen un nuevo índice de actualización y una Cámara Nacional de Alquileres, también podría impulsar un dictamen de minoría.
Ante este panorama, la semana que viene podría haber dos o tres dictámenes diferentes. Uno de Juntos por el Cambio y dos del Frente de Todos. Aunque sí habría acuerdo en no derogar la ley anterior para no dejar sin efectos otros artículos que sí funcionaron, como la regulación de las comisiones que cobran las inmobiliarias. Solo se reformarán los dos artículos más cuestionados.
“Más allá de cualquier acuerdo, con lo que más vamos a insistir es que esta ley no soluciona los problemas de la macroeconomía. Si no, la gente se puede confundir y va a terminar siendo una gran decepción”, sintetizó una diputada del radicalismo.
Juntos por el Cambio se reunirá mañana para terminar de unificar posiciones. El Frente de Todos también planea un encuentro de bloque con similar objetivo. Ninguna de las dos coaliciones tiene suficientes votos para avanzar sola por su cuenta. Si en las próximas semanas no hay acuerdo para aprobar un nuevo proyecto, la oposición -ya adelantó- retomar su iniciativa de derogar la ley vigente.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.