Matías Ezequiel López se hizo pasar durante 10 años por Adrián Martínez Moreira. Engañó a víctimas de la dictadura, familiares, jueces y organismos del Estado. Los detalles de cómo operaba.

Quinientas sesenta y tres páginas tiene el fallo del procesamiento de la Justicia Federal contra Adrián Martínez Moreira, el misionero que se hizo pasar durante diez años por hijo de desaparecidos para llegar a víctimas reales y representarlas ante la Justicia para tramitar el cobro de indemnizaciones. Esas fojas sacan a la luz el relato “inverosímil y delirante” que Matías Ezequiel López -su nombre real- utilizaba para contar su historia y manipular a cada una de las personas a las que fue contactando para obtener beneficios económicos.

“Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación documentos públicos y asociación ilícita”, describe la carátula de la causa principal. Previo y durante todo ese accionar, el “timonel” de la banda integrada por otras cuatro personas, que operaba desde un estudio jurídico del barrio de Caballito, ideó una sarta de mentiras.

Inventar su pasado como hijo de desaparecidos durante la dictadura, hacerse llamar con otro nombre y lograr un nuevo DNI, liderar una fundación para llegar a víctimas reales y representarlas en juicios por crímenes de lesa humanidad, robar la firma de un importante abogado, modificar relatos para usarlos a su beneficio (entre ellos el de la icónica y fallecida Adriana Calvo que fue representada en la película ‘Argentina 1985’), dar entrevistas a medios nacionales para ganar credibilidad; y hasta llegar a decir que había perdido a su esposo en la Tragedia de Once para sacar provecho también de esa lastimosa mañana que quedó en la retina de todos los argentinos.

El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5 al que tuvo acceso Clarín hace un recuento de los procesos judiciales que componen la investigación compuesta por una docena de causas que se fueron acumulando y brindando detalles minuciosos de cómo Martínez Moreira cometió los ilícitos como cabecilla de la banda. Tenía a su cargo la coordinación integral de los engaños.

Martínez Moreira, el hombre que figura en su nuevo DNI; era el “timonel” de la asociación ilícita.

La causa que hizo de atracción y que encabeza las actuaciones se inició en junio de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el abogado Javier Adrián Garín, partícipe en varias causas de crímenes de lesa humanidad. El letrado advirtió que su firma y título profesional eran utilizados de forma apócrifa y sin su conocimiento por Martínez Moreira, presunto hijo de víctimas de la dictadura en el marco del Plan Cóndor, dando inicio a numerosos expedientes.

La conducta se habría perfeccionado con la impresión de sus firmas e insignias de abogado como patrocinante en diversos expedientes. Dichas rúbricas, según su denuncia, jamás habían sido labradas por él.

Contradenuncias era el método de defensa de Martínez Moreira. Así fue que acusó falsamente a Garín por exigirle sumas de dinero. También presentaron certificados médicos falsos para lograr que se declare la insania del abogado y hasta sucesos de violencia de género contra Leticia Concepción Gaete, otra integrante de la banda.

Para ese entonces, Martínez Moreira ya se había instalado en la sociedad como hijo de desaparecidos. Su relato había salido a la luz en 2013. Decía haber nacido el 15 de diciembre de 1986 en la provincia de Misiones, fruto de la relación de María Santa Moreira Delard y el paraguayo Adrián Martín Martínez Henríquez.

En resumidas cuentas, dijo que su padre era militante del Partido Comunista y había sido detenido en marzo de 1974 en Asunción durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el marco del Plan Cóndor. Tras ser liberado, viajó a Argentina donde conoció a la mujer con la cual compartiría el resto de su vida, y que militaba en la Juventud Guevarista.

Según la versión de Martínez Moreira, sus padres habían sido víctimas del Plan Cóndor y luego desaparecieron al regresara a Paraguay.

Y señaló que después de algunos intentos de secuestro sufridos en Buenos Aires, sus padres volvieron a Paraguay. “Se quedaron hasta 1988, cuando fueron secuestrados por la dictadura stronista y actualmente están desaparecidos“, declaró. Fue entonces que dijo que fue apropiado por Héctor Jorge López, alias Philips y que -según su testimonio- “participaba de los secuestros de militantes”, una denuncia que nunca llegó a probarse.

De los Informes elaborados por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se estableció que el relato era “inverosímil”. Y se puntualizó que no había elementos que acrediten la existencia de los nombres de sus padres como víctimas de la dictadura argentina o paraguaya ni tampoco antecedentes de López como represor. Del informe pericial surgió que Matías padecía un diagnóstico de “psicosis paranoide”.

Lo que pretendía Martínez Moreira era que se declare la ausencia por “desaparición forzada” de sus supuestos padres. Y fue ganando terreno cuando un juez le concedió hacerse de esa nueva identidad en 2014.

Para lograr su cometido, llegó a presentar un certificado de constancia de legajo de María Santa Moreira Delard y de Adrián Martín Martínez Henríquez como supuestos progenitores, y hasta un certificado médico emitido por el Hospital Argerich. También usó la palabra de varios testigos, integrantes de “H.I.J.O.S. Paraguay”, para darle curso a su plan. Con parte de ello, logró inducir al error al Juzgado Civil N° 85.

“H.I.J.O.S. Paraguay” era una organización que había montado previamente el ahora acusado, a través de la cual producía documentos con información falsa. Asimismo estableció un supuesto estudio jurídico en el que una persona se hacía pasar por Javier Garín y que era socio de Martínez Moreira.

Esa persona se llamaba Omar García, una especie de representante y también procesado. Tenían como fin asesorar y ocuparse de la obtención de las reparaciones a las víctimas y familiares de la última dictadura en Argentina.

Juntos, formaron un grupo en Facebook llamado “Comisión Nacional y Popular de Abogados de Leyes Reparatorias”. Y hasta llegaron a hostigar a quienes comenzaban a sospechar e indagar al respecto del accionar de la entidad.

Una testigo de identidad reservada, mencionada en el expediente, remarcó el poder de credibilidad con el que se manejaba este grupo. Llegó a contar que le creía a Martínez Moreira porque tenía acceso a diversas causas judiciales y era el administrador de distintos grupos de WhatsApp donde había familiares y sobrevivientes de la dictadura. Incluso, recibió un mail de una supuesta víctima. Pero era Martínez Moreira quien se hacía pasar por ella.

La operatoria llevada a cabo por este grupo de personas consistía, por un lado, en hacerse pasar por víctimas de la dictadura, y solicitar en nombre propio o por sus supuestos familiares los beneficios contemplados en las leyes de reparación, pretendiendo así defraudar a la administración pública.

Se iniciaron múltiples expedientes judiciales para inducir a error a las Fiscalías y Juzgados con el fin de que dictaminaran o resolvieran favorablemente sus pretensiones. Trámites por sucesiones, acciones por daños y perjuicios y amparos por mora, eran algunos de los reclamos a través de los cuales se pretendía el cobro de honorarios profesionales o reparaciones económicas.

Deambulando por ese mar de irregularidades, la primera causa contra el líder de la banda se conoció en septiembre de 2014, cuando Carlos Lordkipanidse -presidente de la Asociación de ex detenidos desaparecidos- lo denunció por falsificar una declaración de Adriana Calvo de Laborde, la mujer que formaba parte de la AEDD y trascendió por su desgarrador testimonio en el Juicio a las Juntas, el cual apareció en la reciente película “Argentina, 1985”.

Adriana Calvo de Laborde dio su testimonio en mayo de 1985 en el Juicio a la Juntas.

Lo que hizo Martínez Moreira fue hacer circular un documento presuntamente firmado ante autoridades alemanas por Adriana Calvo, en 1999. Decía que dos de sus tíos habían estado junto a ella en el centro clandestino de El Pozo de Banfield. Pero la AEDD aclaró que su referente -fallecida en 2010- “jamás declaró ni firmó absolutamente nada frente a las autoridades alemanas”.

Según detalló Lordkipanidse, Martínez Moreira fue a pedir fotocopias a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e introdujo el testimonio falso, agregando como damnificado a quien dijo ser su tío para cobrar la reparación económica.

Fuente de la investigación le confirmaron a Clarín que “nunca existió el contenido” de esa declaración, la cual Martínez Moreira divulgó a través de “una carta manuscrita que inventó por completo“.

El “vínculo” con la Tragedia de Once​

En otro de sus múltiples expedientes, Martínez Moreira pretendió simular ser damnificado de la denominada Tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 por ser presuntamente viudo de una víctima ,y de ese modo, obtener beneficios económicos.

Solicitó que se ordene al Registro Nacional de las Personas “que incluya el apellido de Pablo Fernando Zanotti” a su DNI. Y exigió el otorgamiento de la pensión por viudez.

Pablo fue uno de los 51 muertos por la Tragedia de Once. Le gustaba el arte, la comedia musical y estudiaba para ser actor. En ese entonces, era empleado de una empresa y días antes a ese fatal 22 de febrero comenzó a ingresar más temprano a su trabajo a pedido de su jefe. Por eso, se había tomado el tren que llegaría a la estación a las 8.33.

En una entrevista en Página 12, Martínez Moreira dijo que se habían casado “en un evento semiclandestino, en Misiones”. Y hasta en su perfil de Facebook se hacía llamar como Adrián Martínez Moreira de Zanotti.

“No importa si sus padres o su hermano aceptaban nuestro amor; o si en nuestros respectivos lugares de trabajo y estudio no sabían que estábamos casados… Importa que nos amamos 10 años; que nos casamos…”, era una de las frases escritas en sus redes, según refleja el expediente. Pero se determinó que Zanotti no fue ni cónyuge ni pareja.

La historia de Martínez Moreira adquirió carácter público cuando contó su relato como hijo de desaparecidos en una nota publicada en agosto de 2012 en el diario Página 12 que fue titulada “Historia de un hijo del Cóndor”. Al año siguiente, su imagen volvió a aparecer en el suplemento LGBT “Soy” con el título “Orgullo y memoria”. En esa oportunidad, no sólo habló de su experiencia como persona gay que había sufrido abusos sexuales, sino que afirmó había contraído casamiento con Pablo Zanotti, luego de la aprobación del matrimonio igualitario.

En ese artículo, dijo que Zanotti -con quien se había conocido en la secundaria- se mudó a vivir con él en su departamento de Balvanera y que se habían casado en Misiones.

Adrián Martínez Moreira en Página 12.

Un estudio pericial del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional, realizado en julio de 2021, refirió que Martínez Moreira presentaba una “marcada tendencia a la manipulación, a la simulación y el ocultamiento de contenidos”.

La semana pasada, el Juzgado Federal Nº5 de la Ciudad, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo prima facie penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador en más de 60 hechos. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta.​