Sociedad
Las mil mentiras del estafador que decía ser hijo de desaparecidos: hasta inventó que su esposo murió en la Tragedia de Once
Matías Ezequiel López se hizo pasar durante 10 años por Adrián Martínez Moreira. Engañó a víctimas de la dictadura, familiares, jueces y organismos del Estado. Los detalles de cómo operaba.
Quinientas sesenta y tres páginas tiene el fallo del procesamiento de la Justicia Federal contra Adrián Martínez Moreira, el misionero que se hizo pasar durante diez años por hijo de desaparecidos para llegar a víctimas reales y representarlas ante la Justicia para tramitar el cobro de indemnizaciones. Esas fojas sacan a la luz el relato “inverosímil y delirante” que Matías Ezequiel López -su nombre real- utilizaba para contar su historia y manipular a cada una de las personas a las que fue contactando para obtener beneficios económicos.
“Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación documentos públicos y asociación ilícita”, describe la carátula de la causa principal. Previo y durante todo ese accionar, el “timonel” de la banda integrada por otras cuatro personas, que operaba desde un estudio jurídico del barrio de Caballito, ideó una sarta de mentiras.
Inventar su pasado como hijo de desaparecidos durante la dictadura, hacerse llamar con otro nombre y lograr un nuevo DNI, liderar una fundación para llegar a víctimas reales y representarlas en juicios por crímenes de lesa humanidad, robar la firma de un importante abogado, modificar relatos para usarlos a su beneficio (entre ellos el de la icónica y fallecida Adriana Calvo que fue representada en la película ‘Argentina 1985’), dar entrevistas a medios nacionales para ganar credibilidad; y hasta llegar a decir que había perdido a su esposo en la Tragedia de Once para sacar provecho también de esa lastimosa mañana que quedó en la retina de todos los argentinos.
El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº5 al que tuvo acceso Clarín hace un recuento de los procesos judiciales que componen la investigación compuesta por una docena de causas que se fueron acumulando y brindando detalles minuciosos de cómo Martínez Moreira cometió los ilícitos como cabecilla de la banda. Tenía a su cargo la coordinación integral de los engaños.
La causa que hizo de atracción y que encabeza las actuaciones se inició en junio de 2016 a raíz de una denuncia formulada por el abogado Javier Adrián Garín, partícipe en varias causas de crímenes de lesa humanidad. El letrado advirtió que su firma y título profesional eran utilizados de forma apócrifa y sin su conocimiento por Martínez Moreira, presunto hijo de víctimas de la dictadura en el marco del Plan Cóndor, dando inicio a numerosos expedientes.
La conducta se habría perfeccionado con la impresión de sus firmas e insignias de abogado como patrocinante en diversos expedientes. Dichas rúbricas, según su denuncia, jamás habían sido labradas por él.
Contradenuncias era el método de defensa de Martínez Moreira. Así fue que acusó falsamente a Garín por exigirle sumas de dinero. También presentaron certificados médicos falsos para lograr que se declare la insania del abogado y hasta sucesos de violencia de género contra Leticia Concepción Gaete, otra integrante de la banda.
Para ese entonces, Martínez Moreira ya se había instalado en la sociedad como hijo de desaparecidos. Su relato había salido a la luz en 2013. Decía haber nacido el 15 de diciembre de 1986 en la provincia de Misiones, fruto de la relación de María Santa Moreira Delard y el paraguayo Adrián Martín Martínez Henríquez.
En resumidas cuentas, dijo que su padre era militante del Partido Comunista y había sido detenido en marzo de 1974 en Asunción durante la dictadura de Alfredo Stroessner en el marco del Plan Cóndor. Tras ser liberado, viajó a Argentina donde conoció a la mujer con la cual compartiría el resto de su vida, y que militaba en la Juventud Guevarista.
Y señaló que después de algunos intentos de secuestro sufridos en Buenos Aires, sus padres volvieron a Paraguay. “Se quedaron hasta 1988, cuando fueron secuestrados por la dictadura stronista y actualmente están desaparecidos“, declaró. Fue entonces que dijo que fue apropiado por Héctor Jorge López, alias Philips y que -según su testimonio- “participaba de los secuestros de militantes”, una denuncia que nunca llegó a probarse.
De los Informes elaborados por la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se estableció que el relato era “inverosímil”. Y se puntualizó que no había elementos que acrediten la existencia de los nombres de sus padres como víctimas de la dictadura argentina o paraguaya ni tampoco antecedentes de López como represor. Del informe pericial surgió que Matías padecía un diagnóstico de “psicosis paranoide”.
Lo que pretendía Martínez Moreira era que se declare la ausencia por “desaparición forzada” de sus supuestos padres. Y fue ganando terreno cuando un juez le concedió hacerse de esa nueva identidad en 2014.
Para lograr su cometido, llegó a presentar un certificado de constancia de legajo de María Santa Moreira Delard y de Adrián Martín Martínez Henríquez como supuestos progenitores, y hasta un certificado médico emitido por el Hospital Argerich. También usó la palabra de varios testigos, integrantes de “H.I.J.O.S. Paraguay”, para darle curso a su plan. Con parte de ello, logró inducir al error al Juzgado Civil N° 85.
“H.I.J.O.S. Paraguay” era una organización que había montado previamente el ahora acusado, a través de la cual producía documentos con información falsa. Asimismo estableció un supuesto estudio jurídico en el que una persona se hacía pasar por Javier Garín y que era socio de Martínez Moreira.
Esa persona se llamaba Omar García, una especie de representante y también procesado. Tenían como fin asesorar y ocuparse de la obtención de las reparaciones a las víctimas y familiares de la última dictadura en Argentina.
Juntos, formaron un grupo en Facebook llamado “Comisión Nacional y Popular de Abogados de Leyes Reparatorias”. Y hasta llegaron a hostigar a quienes comenzaban a sospechar e indagar al respecto del accionar de la entidad.
Una testigo de identidad reservada, mencionada en el expediente, remarcó el poder de credibilidad con el que se manejaba este grupo. Llegó a contar que le creía a Martínez Moreira porque tenía acceso a diversas causas judiciales y era el administrador de distintos grupos de WhatsApp donde había familiares y sobrevivientes de la dictadura. Incluso, recibió un mail de una supuesta víctima. Pero era Martínez Moreira quien se hacía pasar por ella.
La operatoria llevada a cabo por este grupo de personas consistía, por un lado, en hacerse pasar por víctimas de la dictadura, y solicitar en nombre propio o por sus supuestos familiares los beneficios contemplados en las leyes de reparación, pretendiendo así defraudar a la administración pública.
Se iniciaron múltiples expedientes judiciales para inducir a error a las Fiscalías y Juzgados con el fin de que dictaminaran o resolvieran favorablemente sus pretensiones. Trámites por sucesiones, acciones por daños y perjuicios y amparos por mora, eran algunos de los reclamos a través de los cuales se pretendía el cobro de honorarios profesionales o reparaciones económicas.
Deambulando por ese mar de irregularidades, la primera causa contra el líder de la banda se conoció en septiembre de 2014, cuando Carlos Lordkipanidse -presidente de la Asociación de ex detenidos desaparecidos- lo denunció por falsificar una declaración de Adriana Calvo de Laborde, la mujer que formaba parte de la AEDD y trascendió por su desgarrador testimonio en el Juicio a las Juntas, el cual apareció en la reciente película “Argentina, 1985”.
Lo que hizo Martínez Moreira fue hacer circular un documento presuntamente firmado ante autoridades alemanas por Adriana Calvo, en 1999. Decía que dos de sus tíos habían estado junto a ella en el centro clandestino de El Pozo de Banfield. Pero la AEDD aclaró que su referente -fallecida en 2010- “jamás declaró ni firmó absolutamente nada frente a las autoridades alemanas”.
Según detalló Lordkipanidse, Martínez Moreira fue a pedir fotocopias a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e introdujo el testimonio falso, agregando como damnificado a quien dijo ser su tío para cobrar la reparación económica.
Fuente de la investigación le confirmaron a Clarín que “nunca existió el contenido” de esa declaración, la cual Martínez Moreira divulgó a través de “una carta manuscrita que inventó por completo“.
El “vínculo” con la Tragedia de Once
En otro de sus múltiples expedientes, Martínez Moreira pretendió simular ser damnificado de la denominada Tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 por ser presuntamente viudo de una víctima ,y de ese modo, obtener beneficios económicos.
Solicitó que se ordene al Registro Nacional de las Personas “que incluya el apellido de Pablo Fernando Zanotti” a su DNI. Y exigió el otorgamiento de la pensión por viudez.
Pablo fue uno de los 51 muertos por la Tragedia de Once. Le gustaba el arte, la comedia musical y estudiaba para ser actor. En ese entonces, era empleado de una empresa y días antes a ese fatal 22 de febrero comenzó a ingresar más temprano a su trabajo a pedido de su jefe. Por eso, se había tomado el tren que llegaría a la estación a las 8.33.
En una entrevista en Página 12, Martínez Moreira dijo que se habían casado “en un evento semiclandestino, en Misiones”. Y hasta en su perfil de Facebook se hacía llamar como Adrián Martínez Moreira de Zanotti.
“No importa si sus padres o su hermano aceptaban nuestro amor; o si en nuestros respectivos lugares de trabajo y estudio no sabían que estábamos casados… Importa que nos amamos 10 años; que nos casamos…”, era una de las frases escritas en sus redes, según refleja el expediente. Pero se determinó que Zanotti no fue ni cónyuge ni pareja.
La historia de Martínez Moreira adquirió carácter público cuando contó su relato como hijo de desaparecidos en una nota publicada en agosto de 2012 en el diario Página 12 que fue titulada “Historia de un hijo del Cóndor”. Al año siguiente, su imagen volvió a aparecer en el suplemento LGBT “Soy” con el título “Orgullo y memoria”. En esa oportunidad, no sólo habló de su experiencia como persona gay que había sufrido abusos sexuales, sino que afirmó había contraído casamiento con Pablo Zanotti, luego de la aprobación del matrimonio igualitario.
En ese artículo, dijo que Zanotti -con quien se había conocido en la secundaria- se mudó a vivir con él en su departamento de Balvanera y que se habían casado en Misiones.
Un estudio pericial del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional, realizado en julio de 2021, refirió que Martínez Moreira presentaba una “marcada tendencia a la manipulación, a la simulación y el ocultamiento de contenidos”.
La semana pasada, el Juzgado Federal Nº5 de la Ciudad, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, lo procesó sin prisión preventiva por considerarlo prima facie penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador en más de 60 hechos. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta.
Sociedad
Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.
Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.
Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.
La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.
Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.
Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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