Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.

Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.

El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.

Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.

LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu

Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.

En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.

En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.

Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.

También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.

Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.

Se trata del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y que sube la mínima un 7,2% y lleva el bono de 70.000 a 110.000 pesos.

El día después de la reunión con Cristina Fernández de Kirchner y la confirmación de su proscripción política por parte de la Corte Suprema, senadores de Unión por la Patria cumplieron con lo pedido por la titular del Partido Justicialista quien previo a la decisión de la Corte les indicó, entre otras cuestiones, “estar con la gente que sufre y padece las políticas de ajuste” de Javier Milei.

Con las actividades del Senado suspendidas, este miércoles los senadores de UxP tuvieron una reunión de bloque encabezada por el formoseño José Mayans. Según pudo reconstruir Tiempo, en el encuentro se decidió pedir una sesión especial para la semana que viene con el fin de tratar los proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad y reparación jubilatoria que tuvieron sanción la semana pasada en Diputados.

Si bien el gobierno libertario anticipó que aplicará el veto a las iniciativas, el miércoles pasado la oposición de la Cámara Baja logró aprobar un aumento del 7,2% en las jubilaciones y llevar el bono que cobran quienes reciben la mínima de 70.000 a 110.000.  Además de la restitución de la moratoria que venció en marzo pasado.

Además le dio el visto bueno a la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. La iniciativa establece una mejora en las asignaciones que reciben y contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.

Foto: Prensa Diputados

“Vamos a hacer lo que dijo Cristina. El pueblo también tendrá sus iniciativas porque hay mucho enojo por el ajuste y el maltrato del gobierno”, indicó a la prensa a lo largo de la jornada el senador Mariano Recalde. En sintonía, la senadora Juliana Di Tullio detalló: “Cristina nos dejó una tarea concreta. Tenemos que volver a representar y estar cerca de las necesidades de la gente”.

La senadora bonaerense anticipó el apoyo a la ley de ajuste previsional enviada desde Diputados. “Aunque me da vergüenza porque considero insuficiente el aumento, lo vamos a votar. Cristina nos pidió que acompañemos, que resolvamos los problemas de la gente”. “No tenemos presupuesto desde 2023. Vamos a trabajar para conseguirlo, pero deben comprender que el presupuesto los abarca a ustedes, a los docentes, a las obras”, agregó.

Por la mañana, los senadores de UxP recibieron a los trabajadores, médicos y ex pacientes del Hospital Garrahan en el salón de reuniones del bloque que fueron convocados por la catamarqueña Lucia Corpacci, presidenta de la comisión de salud.

Fuentes del espacio comentaron que junto a enfermeros, médicos y cirujanos, los senadores analizaron la situación de crisis que atraviesa el Hospital “por el desfinanciamiento continuo por parte del gobierno nacional, la precariedad laboral y los salarios de pobreza que recibe actualmente el personal”.

En ese marco, Corpacci comentó: “Trabajamos en una propuesta que declare en emergencia a la pediatría, en espejo del texto presentado en Diputados, para empujar desde este lado”.

El martes, la ex presidenta mantuvo encuentro presencial y por zoom con senadores, diputados, gobernadores, intendentes y distintos referentes nacionales del peronismo donde dejó una hoja de ruta tanto parlamentaria como política.

Tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner solicitó cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostuvo que una cárcel “de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad”.

Cristina Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.

Así lo solicitaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de la ex mandataria, en un escrito de 13 páginas que presentaron en el Tribunal Oral Federal 2 luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y así quedó en condiciones de que empiece a cumplirla. Cristina Kirchner pidió que el arresto domiciliaria sea en el edificio de la calle San José 1111, donde vive actualmente y donde ayer saludó desde el balcón a los militantes que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal.

Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.

En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio de la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a centímetros de la cara con un arma. Los abogados recordaron que uno de los investigados en esa causa “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin nombrarlo, hizo referencia al diputado nacional Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.

“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación a la que accedió Infobae.

Cristina Kirchner ayer en el balcón del departamento en el que pidió cumplir prisión domiciliaria (REUTERS/Tomas Cuesta)

Y agregaron entre sus argumentos: “las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua. En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”.

Por otra parte, la defensa planteó que Cristina Kirchner tiene 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años puede pedir la prisión domiciliaria por cuestiones etarias, aunque su otorgamiento no es obligatorio.

La ex presidenta también solicitó que no se le coloque una tobillera electrónica para cumplir la prisión domiciliaria. Se trata de un dispositivo que controla los movimientos del detenido y que se activa en caso que viole el lugar de detención. La defensa sostuvo que Cristina Kirchner cuenta con custodia de la Policía Federal las 24 horas, lo que garantiza que no se va a fugar ni a violar la detención domiciliaria.

“Así las cosas, el uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”, planteó la defensa.

Sin embargo, la ley de ejecución de la pena establece que para la prisión domiciliaria “se exigirá un dispositivo electrónico de control”.

Los abogados pidieron que mientras se analice el pedido de prisión domiciliaria la ex presidenta quede detenida en su casa y no sea trasladada a ninguna unidad penitenciaria o dependencia policial.

La justicia le pidió a la ministra Bullrich que le asigne un lugar de detención a Cristina Kirchner

Antes del planteo de la defensa, el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini le ordenó a Cristina Kirchner y los otros ocho condenados que en cinco días hábiles se presenten en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenidos.

A su vez, el magistrado le pidió a la ministra de Seguridad de la Nación Bullrich que en 24 horas le asigne “una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas”. Para el caso de Cristina Kirchner, el magistrado le solicitó a la funcionaria que tenga en cuenta su edad, las cuestiones de seguridad por haber sido presidenta y vicepresidenta y el intento de homicidio que sufrió.

El pedido de la ex presidenta debe ser resuelto por el Tribunal Oral. Previo a eso deberá pedirle opinión a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ayer ya solicitaron la “inmediata detención” de la ex presidenta y el resto de los condenados.