Sociedad
El cura Julio César Grassi se recibió de abogado y está a un paso de salir de la cárcel
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Condenado por abuso sexual, está preso en Campana. En mayo cumple las dos terceras partes de la pena y su defensor pedirá la libertad condicional.
Julio César Grassi (66) lee un libro de Derecho Penal en su celda individual de la cárcel de Campana. Pese al bullicio que hacen los demás presos, el cura condenado por pedofilia no pierde la concentración. En un abrir y cerrar de ojos, pandemia mediante, se recibió de abogado en la Universidad Siglo XXI. Pero no se detiene, ahora se sigue especializando. ¿Algún día ese preso, cuando recupere la libertad, ejercerá? Mientras tanto insiste en su inocencia.
En 2017, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Grassi y quedó detenido en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, donde alojan a los presos con buena conducta. Nunca fue sancionado ni se conoció que haya tenido problemas con otros detenidos ni guardiacárceles.
El cura hasta llegó a compartir pabellón con otros presos “famosos” como el ex boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios por violencia de género y el femicida Fernando Farré, condenado a perpetua por matar a su esposa Claudia Schaefer en 2015 en el Martindale Country Club, en Pilar.
Allí el cura cumple su condena por dos hechos de abuso sexual agravado y uno de corrupción de menores contra “Gabriel”, a quien atacó en 1996 en la Fundación Felices los Niños, que manejaba. La institución estaba ubicada desde 1993 en William Morris, partido de Hurlingham, pegada a la autopista Camino del Buen Ayre.
El 30 de mayo de 2028 cumplirá su condena, ya que la Cámara de Apelaciones de Morón la amplió en junio del año pasado. La extensión de dos años más de prisión se debe a que no le computaron el “2×1” (beneficio ya derogado), que se le había otorgado parcialmente para fijar la pena que vencía el 7 de agosto de 2026.

Sus abogados apelaron la decisión de la Cámara, pero el recurso extraordinario fue rechazado y presentaron un recurso de queja, que por ahora no fue resuelto por la Corte. Quienes lo conocen dicen que está “obsesionado” por tratar de ganar un recurso y defender su inocencia. “Por derecho propio recurre hasta lo irrecurrible”, explican fuentes del caso.
Pese a que en mayo cumple 10 años detenido, dos terceras partes de su condena (15 años), y eso le permitiría gozar de libertad condicional, no está ansioso. “Todavía falta”, contesta cada vez que se habla sobre la posibilidad que tendrá de terminar de cumplir su pena fuera de la cárcel. Sin embargo, su abogado Rodrigo González solicitará el beneficio. Si se lo conceden, el mes que viene Grassi podría volver a las calles.
Pese a que la libertad condicional ya no se otorga a las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual desde 2017, la modificación al Código Penal no aplica en el caso de Grassi dado que fue condenado antes. Esto corresponde al principio de la ley penal más benigna.
Grassi pasa sus días estudiando Derecho y no tiene el objetivo de actuar en propia representación. Nunca trabajó dentro del penal ni integró actividades que involucraran oficios. El cura sigue en contacto con sus hermanos y algunas de las personas que tuvieron cargos importantes en la fundación durante su gestión.

Tiempo atrás solía armar oraciones con sus compañeros de pabellón durante las fiestas. Sin embargo, no oficia misas. El ex obispo de Morón, monseñor Luis Eichhorn, le prohibió el ejercicio del ministerio sacerdotal. Esa sanción grave sigue vigente con la confirmación de la condena por parte de la Corte.
Además de la decisión a nivel nacional, el Vaticano dispuso una investigación sobre las denuncias hechas contra Grassi. Hicieron un informe que enviaron a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
“La suspensión de Grassi es una pena muy dura. En medio del caso hubo una reforma en la justicia canónica que permite, por ejemplo, que hoy la iglesia pueda actuar de oficio aunque no se presente una víctima. También se puede investigar a un sacerdote denunciado y fallecido”, sostienen fuentes eclesiásticas a Clarín.
Las miles de denuncias contra curas por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes pusieron a la Iglesia en el ojo de la tormenta. De hecho, el cura confesor de Grassi en la cárcel, Eduardo Lorenzo, se suicidó en la sede de Cáritas de La Plata después de que ordenaran su detención por este delito en diciembre de 2019.
El párroco estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra al menos cinco varones menores de edad, por hechos ocurridos en los últimos tres años.
Las causas penales contra Grassi
A lo largo de los años, Grassi enfrentó un camino cargado de denuncias. La primera fue en 1991 cuando fue denunciado en Mercedes, pero el expediente no prosperó y se archivó. Casualmente (o no), el juez que intervino fue Julio Cámpora, a quien Grassi lo calificaba como “nuestro juez de menores”.
Cinco años después, Grassi abusó de “Gabriel” y, en 1998, fue denunciado por abusar de “Ezequiel” en la fundación. Mientras que en el 2000 sumó otra denuncia por atacar sexualmente a “Luis” en la sede de Felices Los Niños de El Calafate, Santa Cruz.
En noviembre de 2000, Grassi fue denunciado a través de una carta anónima que informaba los abusos que cometía contra los niños de su fundación. La causa tramitó en el Juzgado de Menores N°3 de Morón y se archivó.
Las causas contra el cura cobraron más visibilidad cuando el 23 de octubre de 2002 el programa televisivo Telenoche Investiga reveló en un informe titulado “Con los chicos, no” las denuncias contra el sacerdote por abuso sexual a jóvenes internados en la Fundación Felices los Niños.
En el programa, “Gabriel” relató cómo había sido obligado a mantener relaciones con el cura. Esa misma noche, la Justicia ordenó su detención. La respuesta no tardó en llegar: apareció en Canal 9 en vivo desmintiendo todo y se profugó.
En una segunda parte del informe se publicó el testimonio de “Ezequiel”. También salió a la luz una causa que tramitaba en la Justicia de Santa Cruz por el caso de abuso contra “Luis” ocurrido en El Calafate, donde había una sede de la fundación.
El informe fue un antes y un después en la vida de Grassi. La Justicia lo terminó condenando en 2009 a 15 años de prisión por haber abusado dos veces a Gabriel y haberlo corrompido. En ese mismo juicio fue absuelto por otros 15 delitos contra la integridad sexual, dado que no pudieron comprobarlos.
Lo paradigmático es que pese al tipo de pena que pesaba sobre Grassi gozó de un régimen de libertad vigilada hasta que la sentencia quedó firme cuatro años después de su dictado, en 2013. La Suprema Corte bonaerense ratificó la pena y se ordenó su detención.
En 2014, Grassi volvió a ser noticia esta vez no por abusar de menores de edad, sino por desviar donaciones otorgadas a la fundación hacia el penal N° 41 de Campana. Nuevamente un programa televisivo, “Periodismo para Todos” comandado por Jorge Lanata, lo ponía al descubierto.

“Lo denuncié a Grassi porque desviaba la comida y los fondos donados a la cárcel. Después de eso, el merendero ‘Retoños’ que fundé sufrió un incendio intencional y otras dos veces personas armadas entraron a Felices los Niños, atacaron a empleados e intentaron saquear la fundación”, dice Juan Manuel Casolati, ex director de Hogares de Felices los Niños.
Por su parte, el abogado de Grassi, Rodrigo González cuenta en diálogo con Clarín que esta causa “no se elevó a juicio porque lo indagaron por un delito y después lo imputaron por peculado, pero como no era funcionario público no correspondía”. Por los recursos que el estudio jurídico presentó el expediente está a resolver en la Corte Suprema. Por esta causa el sacerdote no está detenido.
Qué pasó con la Fundación Felices los Niños
En la vereda de enfrente se encuentra Casolati, quien fue director de la fundación del 2014 al 2017. La institución estuvo acéfala desde 2009 hasta que asumió.
“En el predio había hogares, escuelas y la fundación hasta 2017, después la intervino María Eugenia Vidal junto con Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y Leonardo Jakim, a cargo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y nieto de un emprendedor inmobiliario”, explica el abogado sobre esa decisión que lo corrió de sus funciones.
Recuerda que nombraron “tres interventores” con el objetivo de “hacer un proyecto inmobiliario porque el predio está bien ubicado”. Casolati denunció la situación porque “la gente de Vidal forzó la intervención por razones económicas, no querían financiar más, me sacan y derivaron a los 50 chicos de la fundación a hogares de la provincia y a familias, pero luego fueron devueltos”. Y agrega: “Me hicieron una denuncia falsa y me metieron preso dos días”.
Según el abogado, la intervención fue hecha “bajo la excusa de que no había balances hechos previos al 2014, es decir durante la gestión de Grassi. “Hice los balances cuando estuve a cargo, del 2014 al 2017”, sostiene. La fundación tenía deudas y durante los años de Grassi “no se sabía cuánto dinero entraba y salía”. Todo se manejaba en la informalidad.
Y explica que “el predio de 62 hectáreas lo dividieron en seis partes, separaron las escuelas, pusieron cercos y se rompió el proyecto”. Cree que quedó “una parte para Gendarmería, el Obispado y otra para las escuelas con un pequeño espacio”.
Finalmente, el Ministerio de Justicia bonaerense cerró Felices Los Niños en 2017 por “irregularidades administrativas en el manejo de los 18 millones de pesos anuales en subsidios”.
De las 62 hectáreas de la fundación, 49 pasaron a ser la Reserva Natural Presidente Néstor Kirchner y las restantes, establecimientos públicos que conforman el Polo Educativo Hurlingham.
La gran incógnita es qué pasó con las propiedades donadas a la fundación. “Había más de 40 propiedades hasta un campo en Tandil, terrenos en el municipio de la Costa y Córdoba. No se qué pasó con todo eso. La fundación tenía muchas deudas”, dice Casolati.
Además, detalla que “Grassi no ponía a nombre de la fundación muchas de las propiedades donadas, tampoco las transfería, se rumorea que se las dio a algunos testigos de la causa más importante en la que fue denunciado por abusos”.
En su momento, recuerda, que “existía un listado enorme de las propiedades a nombre de la fundación y otro de las donadas que no tenían los títulos a favor de la fundación”.
Sin embargo, el abogado del cura explica que “muchas donaciones eran para Grassi y por eso iban al penal, y otras para la fundación”.
“Gabriel”, después de los abusos
Pese a que Grassi fue condenado por haber abusado de “Gabriel”, las heridas aún están abiertas. “Noté un cambio positivo en él cuando lo condenaron, antes era emocionalmente inestable. Intentó seguir estudiando y hace changas. Tiene una vida austera”, cuenta el abogado de “Gabriel”, Juan Pablo Gallego.

En la actualidad, el psiquiatra Enrique Stola sigue en contacto con el joven “porque es un sobreviviente”. Comenzó a asistirlo días después de que se publicara el informe de Telenoche Investiga.
“Fue victimizado por Grassi, los medios de comunicación y los periodistas estrellas que dieron su nombre. La pasó muy mal. Sufrió maniobras judiciales para perjudicarlo, golpes y diversos atentados que tendían a beneficiar al cura y a la Iglesia”, dice Stola a Clarín.
Lo atendió hasta que un fiscal en el que la víctima confiaba le aconsejó que deje de ser particular damnificado y él aceptó. “Yo denuncié al fiscal y después ‘Gabriel’ pidió recuperar dicha figura”, cuenta el psiquiatra y y psicólogo clínico.
Gabriel nunca apareció públicamente y tampoco quiere hacerlo. Sobre la realidad de la víctima cuenta: “Sobrevive a los abusos que sufrió y también económicamente. Sobrevive porque es muy digno, bueno y trabajador. Le pasa lo que le pasa a toda víctima pobre”.
Demanda al Vaticano
Tras la condena, Gabriel demandó a Grassi, la Fundación Felices los Niños, el Obispado de Morón, la Iglesia Católica Argentina, el Vaticano, el Arzobispado de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, por los daños y perjuicios sufridos por los abusos.
Desde 2011, Gabriel reclama un resarcimiento por daños y perjuicios que asciende a poco más de un millón de dólares. “La causa está muy avanzada pero con una dificultad, el Vaticano evita notificarse. Se les envió notificaciones a Roma como a la sede de la Av. Alvear y ellos alegan que no están obligados a recibir notificaciones de juzgados por tratados internacionales”, explica Gallego sobre el difícil camino judicial.
Pero Gallego conserva esperanzas de que avance la batalla legal, dado que “el juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó notificar bajo responsabilidad al Vaticano, vía Cancillería”.
Este será el tercer intento para notificar al Vaticano. “Se debe cursar en los próximos días y es obligatoria la recepción”, sostiene el abogado. El otro problema al que se enfrentan en este juicio es que Grassi se manifieste insolvente, en ese caso estiman que pagará el Vaticano, la Conferencia Episcopal o Argentina.
La respuesta del cura fue en 2019 demandar por daños y perjuicios a Gabriel, Gallego, Stola, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial bonaerense, el Comité de los Derechos del Niño y a Canal 13. La causa no prosperó.
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Licencia de conducir digital: estas son las personas que no podrán hacer el trámite online
Publicado
3 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
Dos distritos todavía exigen realizar la gestión de manera presencial, a pesar de los cambios implementados por el nuevo sistema nacional
Hasta el momento, 21 jurisdicciones de Argentina activaron la posibilidad de realizar renovaciones o ampliaciones de la licencia de conducir a través de medios digitales en forma plena, en el marco de la implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), mientras que otra adhirió en forma parcial. Esta herramienta permite a los conductores gestionar su documentación sin necesidad de acercarse físicamente a un centro emisor.
Durante la primera jornada de aplicación, 19 de las 24 provincias del país ya se encontraban adheridas al sistema. En los días posteriores, varias más confirmaron su integración al SINALIC, llevando el total a 22. No obstante, dos distritos continuaron operando con el esquema anterior: Buenos Aires y Formosa.
Buenos Aires y Formosa son las únicas provincias que aún exigen que los trámites vinculados a la renovación de la licencia de conducir se realicen de forma presencial en los registros habilitados. Esto significa que los ciudadanos de esos territorios deben continuar con los mecanismos previos a la digitalización, sin acceso a la nueva modalidad remota.

Las autoridades porteñas explicaron que los exámenes psicofísicos pueden realizarse en 19 centros distribuidos por toda la ciudad. En esos espacios se lleva adelante la totalidad de los chequeos médicos requeridos en pocos minutos, utilizando equipamiento homologado. De esta forma, la Ciudad Autónoma mantiene un sistema paralelo, independiente del SINALIC.
Incorporación progresiva
La adhesión al nuevo esquema nacional fue progresiva. En un principio, la licencia digital sólo estaba disponible en 19 provincias, pero con el correr de los días se sumaron más jurisdicciones. Actualmente, las que forman parte del sistema son:
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con adhesión parcial)
- Santa Fe
- Córdoba
- Neuquén
- Mendoza
- Catamarca
- Chaco
- Salta
- Jujuy
- Santiago del Estero
- Tucumán
- Chubut
- Corrientes
- Misiones
- La Rioja
- Entre Ríos
- San Luis
- La Pampa
- Tierra del Fuego
- San Juan
- Santa Cruz
- Río Negro
Cada una de estas provincias permite a sus ciudadanos realizar la renovación o ampliación de su licencia de conducir nacional desde una computadora o dispositivo móvil, sin necesidad de asistir físicamente a una dependencia estatal.
Un caso destacado fue el de la provincia de Córdoba, que no sólo adhirió al sistema nacional, sino que también comenzó a compartir su información con el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito (SINAT). Además, Córdoba delegó facultades para la emisión de licencias profesionales de carácter interjurisdiccional, algo que nunca había hecho previamente, constituyendo un cambio relevante para la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Cómo realizar el trámite
Para iniciar el proceso de renovación o ampliación en una provincia adherida, las personas deben ingresar al portal oficial del SINALIC: lncargentina.seguridadvial.gob.ar. Allí, el sistema solicita validar la identidad del usuario mediante el número de CUIL y la clave correspondiente a la aplicación Mi Argentina.
Si la persona aún no tiene creado su perfil en Mi Argentina, debe generarlo previamente. Esa cuenta almacena la documentación personal del ciudadano dentro de la plataforma de trámites oficiales del Estado.

Una vez validada la identidad, el sistema permite seleccionar uno de los dos trámites posibles: renovación o ampliación de la licencia. En el caso de la renovación, se visualizan las categorías habilitadas por el carnet vigente. Al confirmar la operación, el usuario debe pagar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), necesario para continuar con el trámite. Este pago se realiza mediante un enlace directo al sitio correspondiente o a través de medios electrónicos habilitados en la plataforma.
El CENAT tiene una validez de 30 días, por lo que resulta fundamental obtener turno para el examen psicofísico dentro de ese plazo. El sistema impide avanzar si el certificado no fue abonado y registrado, aunque permite reanudar el trámite desde el punto donde se interrumpió, sin pérdida de datos.
Luego de pagar y validar el CENAT, el usuario accede al listado de profesionales homologados para realizar el examen psicofísico obligatorio, paso que puede cumplirse sin salir de la plataforma. Una vez completado y aprobado este examen, los resultados son cargados automáticamente por los prestadores habilitados.
La licencia digital se genera dentro de la app Mi Argentina. Quienes deseen obtener una versión física del documento deben solicitarla aparte, lo cual implica un costo adicional por la impresión. Esa opción queda a criterio del titular y no es obligatoria.
Limitaciones de alcance
Si bien el nuevo sistema representa una ampliación de las herramientas digitales en materia de tránsito, no incluye a todo el país. Buenos Aires y Formosa no adoptaron la normativa, y por el momento no hay un cronograma oficial que anticipe su incorporación.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la implementación se limita a licencias profesionales, excluyendo a quienes conduzcan vehículos particulares. No obstante, el distrito dispone de su propio sistema de trámites en línea y de centros habilitados para realizar los exámenes correspondientes.
En este contexto, el avance hacia la digitalización del trámite de licencias muestra una fuerte dispersión territorial, con distintos grados de implementación según la provincia. A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, persisten excepciones que limitan el alcance de la política.
Sociedad
La Justicia ordenó levantar la clausura de todas la ferias que funcionan en La Salada
Publicado
3 días atráson
13 junio, 2025Por
Admin
Lo decidió el juez federal Luis Armella. La fiscal había pedido que se reabra la feria de Urkupiña con un plan de blanqueo
El juez federal Luis Armella ordenó hoy levantar la clausura de las tres ferias que funcionan en el predio de La Salada, mientras continúa la investigación por lavado de dinero, asociación ilícita y evasión impositiva. En la resolución, a la que accedió Infobae, el magistrado determinó que la fiscal Cecilia Incardona deberá decidir el momento y las circunstancias de la reapertura.
Armella dispuso que que levante la clausura de las tres ferias que funcionan en la megaferia de La Salada: Punta Mogote, Ocean y Urkupiña.
La fiscal Cecilia Incardona, que llevó adelante la investigación durante dos años, había dictaminado a favor de levantar la clausura de la feria de Urkupiña, tal como adelantó este medio. Pero lo hizo con una serie de condiciones que apuntan al blanqueo general de la operación.
. Fiscalización aleatoria semanal de la actividad del interventor y/o representante legal.
. Inspecciones aleatorias de cada uno de los puestos de venta, mediante un sistema rotativo y sorpresivo.
. Registración de cada uno de los comerciantes en la categoría fiscal que corresponda (monotributo, responsable inscripto, etc.). Control y exigencia de la facturación respectiva tanto de venta como de compra.
. Remisión de un informe semanal al Juzgado y a la Fiscalía de cada inconsistencia detectada y las medidas tomadas al respecto.

La feria de La Salada, un enorme complejo de más de seis mil puestos en Ingeniero Budge (Lomas de Zamora), había sido clausurada el 22 de mayo, tras una serie de allanamientos. Ese día fueron detenidos Jorge Castillo, el llamado “Rey de La Salada”, que cayó en su mansión de Luján, Aldo Presa, su histórico administrador, y varios de sus allegados. En cambio, Enrique Antequera, jefe de la feria Urkupiña, todavía continúa prófugo.
A partir de ese momento, los feriantes comenzaron a realizar cortes y protestas en la Municipalidad de Lomas de Zamora e incluso en la puerta de la Fiscalía que llevó adelante de la investigación. La presión finalmente desembocó en la reapertura dispuesta este viernes.
La investigación y las escuchas sobre toda la organización
Durante más de un año, la Policía Federal escuchó las conversaciones de Jorge Castillo y sus familiares más cercanos. El empresario se cuidaba mucho al hablar por teléfono pero cada tanto daba pistas sobre su vida y su patrimonio. En las escuchas, autorizadas por la justicia federal, Castillo y sus familiares hablan de operaciones inmobiliarias, compra de armas, y hasta de viajes por el mundo.
Al momento de imputarlo, la fiscal Cecilia Incardona acusó a Castillo, entre otras cosas, por la compra de un paquete turístico para conocer dos destinos exclusivos: Emiratos Árabes y las playas de Maldivas. El “Rey de La Salada” viajó junto a su mujer, su suegra, y sus cuatro hijos entre el 27 de diciembre de 2024 y el 20 de enero de este año. Según las estimaciones de los investigadores, el tour habría costado casi 85 mil dólares.

Los preparativos comenzaron a mediados del año pasado. Las escuchas revelaron que la mujer de Castillo, Natalia Luengo, ahora detenida, comenzó a contactarse con agencias de viaje en agosto. El plan inicial era comprar una casa en el barrio Costa Esmeralda, pero terminaron optando por el viaje a Emiratos Arabes y Maldivas para pasar el Fin de Año.
El 6 de agosto, en una charla con su mamá, Luengo confirma que prefiere ir “a los shoppings más exclusivos del mundo”.
– Natalia Luengo: Llamé a una agencia, porque primero Jorge me dijo “Bueno, está bien, seña la casa esa”, viste, que señé lo de allá en Costa Esmeralda.
– Nilda Arrieta: Sí ….
– NL: Pero yo anoche también, ya viste, a la tipa le dan la mano y yo ya voy por todo. (risas). Ya que está. Bueno mandé a varias agencias, y una que es muy conocida que me presupueste a Maldivas …. Uno dice que es caro pero ¿qué es caro? (risas) Y mirá, 12 días en Maldivas y 7 días en Dubái, con aéreo, 8.800 por persona, no es tan caro… Casi 70.000 dólares.
-NA: ¿Qué es hotel nada más?
-NL: Hotel y aéreo
-NA: Y escúchame, ¿Qué es lo que hay en Dubai? ¿Qué es lo que hay de lindo en Dubai?
-NL: Bueno, en Dubái iríamos primero al desierto, quiero conocer lo que es el desierto…
-NA: ¿Ahí es dónde están los camellos?
-NL: SI, sí. Y están los shoppings más exclusivos del mundo. Es todo..
Los teléfonos de Castillo y su mujer eran escuchados las 24 horas del día. El registro de las comunicaciones revela cada ingreso a su casa del country “Haras Argentino Farm Club”, en el partido de Luján, por los llamados que hacía la seguridad. Hay decenas de nombres que luego fueron investigados.
Las llamadas a los teléfonos de la pareja revelaron, además, operaciones inmobiliarias, datos de cuentas bancarias y domicilios desconocidos. El 29 de abril de 2024, la mujer de Castillo se comunica con una inmobiliaria de Luján para alquilar una propiedad en la calle Lavalle al 400, en esa misma localidad. Y el 4 de mayo, la guardia del barrio le avisa a la mujer que había llegado una persona para reunirse con Castillo por la venta de un campo “de acá de Torres”.
Sociedad
Aumentó la desocupación en CABA y ya afecta a 132.000 personas
Publicado
4 días atráson
12 junio, 2025Por
Admin
Según los datos oficiales, el 7,8% de la población activa busca trabajo, pero no lo encuentra. La cifra marca un leve aumento respecto al mismo periodo de 2024, cuando alcanzó el 7,5 por ciento
Durante el primer trimestre de 2025, la desocupación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 7,8% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa a unas 132.000 personas sin empleo. Este porcentaje refleja un leve incremento en comparación con el mismo período de 2024, cuando la tasa de desocupación era del 7,5%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe también destaca una marcada desigualdad de género en el acceso al empleo. La desocupación afecta al 7,1% de los hombres económicamente activos, mientras que entre las mujeres asciende al 8,6%. Esta brecha evidencia las barreras persistentes que enfrentan las mujeres en el mercado laboral porteño, lo que agrava las tensiones en un contexto de empleo ya frágil.
Otro indicador relevante es el aumento de la subocupación, que alcanzó el 8,7%, creciendo 1,2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2024. Este incremento se debe principalmente al componente no demandante, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas semanales y no buscan activamente ampliar su carga laboral. Este fenómeno refleja una precarización en las condiciones laborales, ya que muchas personas no logran acceder a empleos de tiempo completo o con mejores condiciones.
La calidad del empleo
En cuanto a la calidad del empleo, el informe revela que el 74,5% de la población ocupada es asalariada, un porcentaje que no ha variado respecto al año anterior. Sin embargo, dentro de este grupo, el 25,4% no recibe aportes jubilatorios, lo que pone de manifiesto un alto nivel de informalidad en el mercado laboral. Además, el 7,6% de quienes trabajan en unidades económicas lo hacen bajo condiciones contractuales precarias, como contratos temporales o por tiempo determinado, lo que limita su estabilidad laboral.

Por otro lado, el informe señala que los puestos de trabajo con duración de entre 35 y 45 horas semanales alcanzan el 45,4%, apenas por debajo del registro de un año atrás (46,1%). La misma dinámica tienen la población ocupada que declara trabajar más de 45 horas semanales, que incluye al 26,4% (era 27,3% en el primer trimestre de 2024).
Por otro lado, la proporción de trabajadores por cuenta propia se mantuvo en el 20,8%, sin cambios respecto al mismo período de 2024. Aunque este segmento no muestra crecimiento, tampoco ha logrado absorber la presión sobre el empleo formal, lo que contribuye a la persistencia de un escenario laboral frágil.
En síntesis, aunque los indicadores generales de actividad y empleo no presentan variaciones significativas y algunos indicadores a nivel macro se han “acomodado”, el aumento de la desocupación y la subocupación refleja un mercado laboral que sigue siendo vulnerable. Las desigualdades de género, los altos niveles de informalidad y la precarización de las condiciones laborales continúan siendo desafíos estructurales que afectan a miles de trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


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