Luego de apoyar al Sindicato del Neumático en su largo conflicto, el dirigente camionero asesora al gremio combativo de Pianelli y Segovia para que logren la aplicación de la polémica “Ley Moyano” por la nueva concesión del subterráneo
¿Pablo Moyano se convirtió en el referente del sindicalismo combativo? El díscolo dirigente de Camioneros ya se había acercado al Sindicato del Neumático, liderado por Alejandro Crespo, militante del Partido Obrero, en el extenso conflicto que llegó a paralizar la producción de autos en el país. Ahora, el hijo de Hugo Moyano reforzó sus lazos con los metrodelegados, en cuya conducción conviven militantes kirchneristas y trotskistas, e incluso los asesoró para que reclamen una indemnización a la empresa que gestiona los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.
El cotitular de la CGT habló varias veces con Néstor Segovia, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), más conocida como metrodelegados, e incluso le pidió que hablara con Huguito Moyano, su hermano y abogado de Camioneros, para interiorizarse de los alcances de la “Ley Moyano”, una suerte de norma no escrita que impuso algo que no está contemplado en la legislación, pero que el Sindicato de Camioneros viene consiguiendo desde 1998 sobre la base de su poder de fuego: que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
En realidad, los metrodelegados pidieron una indemnización por cambio de empleador en 2018, cuando comenzó el proceso de licitación para volver a concesionar el subte, donde se presentaron tres empresas y el consorcio Metrovías-Roggio fue el único que se mantuvo hasta el final. De esta forma, la empresa Emova Movilidad S.A., perteneciente al Grupo Roggio, se hizo cargo del servicio desde el 1° de diciembre de 2021 y el planteo sindical de una indemnización fue rechazado por el sector empleador, que, sin embargo, accedió a pagar un bono de $30.000 en febrero pasado.
Néstor Segovia y Beto Pianelli, líderes de los metrodelegados
Beto Pianelli y Néstor Segovia, dirigentes enrolados en el kirchnerismo que conducen desde 2008 a los metrodelegados, volvieron a la carga este año con el reclamo cuando el gobierno porteño solucionó el conflicto con Camioneros por la estatización del sistema de grúas en la ciudad de Buenos Aires mediante el pago de una indemnización de hasta $4 millones para cada uno de los 500 empleados que se encargan del acarreo. Ese nuevo antecedente de la polémica “Ley Moyano” incluyó que el personal que realizaba los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasaría a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la compañía que gane la licitación para encargarse del servicio.
Sin embargo, la demanda de indemnizar a los 5000 empleados de Metrovías que pasaron a Emova (sólo un cambio de razón social) dividió a la cúpula de los metrodelegados. Un sector sigue exigiendo la “Ley Moyano” en los subtes, mientras que otra fracción es consciente de la debilidad legal del reclamo y advierte que podría perjudicarlos ante las bases: cualquier mejora conseguida en concepto de bono va a parecer poca ante la posibilidad de una indemnización millonaria.
Pablo Moyano, con Alejandro Crespo y otros dirigentes del Sindicato del Neumático
Hasta ahora, los metrodelegados siguen exigiendo la aplicación de la “Ley Moyano” en cada reunión con la empresa para aumentar los salarios, aunque en privado reconocen que llegaron tarde a plantear la exigencia. El reclamo de indemnización se enfrenta a otro problema: entre los costos estipulados en los contratos de higiene urbana se incluye una provisión del 2% para despidos, por lo que esa partida, si no se destina a ese fin, suele utilizarse para pagar la “Ley Moyano” al finalizar la concesión. Esa provisión no existe en el contrato de las concesionarias del subte, por lo que la financiación de las eventuales indemnizaciones debería surgir de las arcas del gobierno de la Ciudad.
Las autoridades porteñas se niegan a hacerlo no sólo por falta de fondos sino porque sentaría un precedente que también impactará en las empresas del transporte automotor de pasajeros. Para colmo, los metrodelegados tampoco tienen la personería para firmar un acuerdo semejante y debería hacerlo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato con el que están enfrentados.
El Sindicato de Camioneros protestó ante el Centro de Distribución de Walmart para reclamar la “Ley Moyano”
El Sindicato de Camioneros logró aplicar la “Ley Moyano” por primera vez en 1998 al finalizar la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal y, de acuerdo con el gremio, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.
Desde entonces, la “Ley Moyano” se aplicó en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx. En 2021, luego de realizar bloqueos extorsivos, Camioneros también lo consiguió en supermercados Walmart, propiedad de Francisco De Narváez, aunque en este caso no mediante una indemnización sino a través del pago de un bono para 477 trabajadores de entre $115.000 y 1 millón de pesos, que en total representaron $227.576.922.
Esa misma solución se está explorando ahora: el pago de otro bono para el personal del subte, que complemente el de $30.000 que se abonó a principios de año. Lo único concreto es que Pablo Moyano incrementa su influencia en gremios de impronta combativa y consiguió que la polémica “ley” de Camioneros se haya transformado en un producto sindical de exportación. ¿O de extorsión?
El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un el tenista Diego Hartfield a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista.
Este domingo 8 de junio, en Misiones más de un millón de personasestarán habilitadas para votar en los comicios provinciales. En la jornada electoral se definirá el recambio de 20 de las 40 bancas que tiene la Legislatura unicameral de la provincia de la tierra colorada.
De cara a la contienda, los partidos y frentes realizaron sus cierres de campaña el jueves por la tarde y por la noche. El denominador común fue que todos dejaron atrás los tradicionales actos en los que la gente se agolpaba para escuchar a los candidatos.
La Libertad Avanza (LLA) tendrá un armado propio en el cuarto oscuro. Se trata de una lista 100% violeta que encabeza el tenista Diego Hartfield y que también integra el presidente del partido en Misiones, Diego Núñez. Durante las últimas semanas recibieron el espaldarazo de figuras nacionales como Karina Milei, Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que viajó dos veces a la provincia.
La fuerza del presidente Javier Milei cerró su campaña con una actividad denominada “La Vigilia de los Leones”. Comenzó a las 18 en un hotel céntrico donde se encendió el “fogón de las convicciones”. A su alrededor se convocaron militantes y la dirigencia local. Durante el encuentro, el influencer Iñaki Gutiérrez entrevistó de manera distendida a Hartfield y al diputado nacional Bertie Benegas Lynch.
Una urna con la identificación del Tribunal Electoral de Misiones
El partido violeta mantiene buenas perspectivas. En la actualidad, no tiene presencia en la Legislatura misionera. De allí que cualquier resultado que altere esa circunstancia podrá ser tomado como un éxito.
El oficialista Frente Renovador de la Concordia (FRC), por su parte, llevará una boleta “blend” como la han denominado. Allí se mezclan dirigentes y referentes renovadores que responden al hombre fuerte, Carlos Rovira, y referentes vinculados, de una u otra manera, al espacio libertario.
El FRC concluyó su campaña con un streaming transmitido desde la estatua de Andresito en la Costanera posadeña y contactos con sus referentes en toda la provincia. Allí se hizo un resúmen de lo vivido en estos últimos meses. El oficialismo provincial es el que más arriesga en estas elecciones: 11 de sus 25 bancas actuales saldrán a votación.
Por otro lado, los “radicales con peluca” cerraron con una actividad en la costanera de Posadas. Se reunieron en un lugar para compartir empanadas durante la tarde noche. Su boleta será la del Partido Libertario. Es el refugio que encontró el diputado nacional Martín Arjol para competir, luego de que la UCR lo dejara fuera por su acompañamiento a las políticas de Milei en el Congreso. En el armado confluyen también ex referentes del PRO, como Alfredo Schiavoni.
El dato de color del comicio será que un ex policía preso encabezará una lista. Se trata de Ramón Amarilla, cabecilla del levantamiento de la fuerza en mayo de 2024. Está con prisión preventiva desde mediados del año pasado, cuando intentó fogonear otra revuelta. Su lista se denomina “Por la vida y los valores” y está integrada también por figuras filolibertarias.
En el cuarto oscuro del domingo habrá una boleta que representará al armado oficial del radicalismo y el macrismo. En confluencia con la Coalición Cívica presentarán la propuesta “Unidos por el Futuro”.
El peronismo, por su parte, no presentará lista. Estáintervenidopor decisión de la presidente del PJ Nacional, Cristina Kirchner. El desafío electoral será acompañar al frente “Confluencia Popular por la Patria”.
Otros espacios que se sumarán a la puja por ingresar a la Legislatura son el Movimiento Positivo; Agrario y Social; Tierra, Techo y Trabajo; Partido del Obrero y el Partido Demócrata.
El Presidente se refirió a la votación que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados e insistió que dejará que avance la ley
Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.
A través de su cuenta de X, publicó: “Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”.
El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.
La reacción de Javier Milei tras la votación en Diputados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado la decisión del Gobierno durante un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). “No hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal”, afirmó ante los presentes, y recordó que la administración nacional ha eliminado programas, despedido personal y desmantelado fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el gasto público.
El debate en el Congreso se desarrolló en un clima tenso. El oficialismo intentó sin éxito evitar el quórum. La oposición —con bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros espacios— logró reunir los votos necesarios para avanzar con un temario que incluyó no solo el aumento en las jubilaciones, sino también proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo calculó que las iniciativas implicarían un costo de más de 12.000 millones de dólares, es decir, cerca del 1,8% del PBI.
Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem también apuntó contra los legisladores que apoyaron la propuesta. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, escribió en su perfil de X, reforzando la narrativa oficial.
La jornada en el recinto coincidió con otro frente de conflicto: los reclamos salariales del personal del Hospital Garrahan. Aunque el Gobierno anunció un bono para los residentes, estos rechazaron la propuesta por considerarla insuficiente y por no haber recibido una comunicación formal desde el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la tensión también se trasladó a los pasillos del hospital pediátrico, donde el resto del personal —que representa más del 90% de la planta— también exige mejoras en sus condiciones laborales.
El gobierno nacional ya adelantó que vetará los proyectos si son ratificados por el Senado. También se ratificó por ley la fórmula de movilidad previsional y se estipuló el pago de las deudas con las cajas previsionales provinciales
Bloques de la oposición dura y dialoguista lograron en la Cámara de Diputados la media sanción de un aumento para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales) y un incremento para el bono, que pasará de $70 mil a $110 mil y se actualizará por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima.
El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. Fue rechazado por LLA, el PRO y bloques provinciales. La UCR se abstuvo.
El voto afirmativo de los tucumanos de Independencia sorprendió porque el gobernador Osvaldo Jaldo ha sido uno de los principales aliados del Gobierno y hasta el momento siempre se había alineado con el oficialismo. De hecho, los tres diputados que responden al mandatario provincial no habían dado quórum para iniciar la sesión. También llamó la atención el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal, lo que podría dejar de manifiesto un enfriamiento de la relación entre la Casa Rosada y el gobernador Gustavo Sáenz.
Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.
Los diferentes proyectos previsionales pusieron en pie de guerra al gobierno nacional que adelantó públicamente que el presidente Javier Milei vetará -en caso de ser ratificadas por el Senado- cualquier iniciativa que afecte el superávit fiscal.
El tablero de la votación
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
El aumento del bono a $110 mil, y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI, ya que la Oficina del Presupuesto del Congreso había calculado que el impacto fiscal sería de 0.23% si se llevaba a $105 mil y de 0.30% si quedaba en $115 mil. Finalmente la oposición terminó consensuando una cifra intermedia entre los dos dictámenes.
Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI.
El proyecto aprobado además incluye una oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria que rige por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado. Por otro lado, tambiénestableces que los giros a las cajas jubilatorias provinciales -no transferidas- se realicen de forma automática y se actualicen por inflación, un reclamo de los gobernadores.
Moratoria previsional y régimen proporcional
La moratoria previsional había quedado sin efecto en marzo cuando el Gobierno decidió no prorrogarla. “Sin la moratoria 7 de cada 10 personas no van a poder jubilarse”, explicó el diputado Itai Hagan, del Unión por la Patria, y también insistió en que es “injusto” que no pueda acceder a una prestación una persona que trabajó en negro en contra de su voluntad.
En la previa de la sesión se especulaba con que esta iniciativa sería rechazada ya que la mayoría de los bloques dialoguistas preferían aprobar algún tipo de sistema de prestación proporcional que tenga en cuenta los años efectivamente aportados.
El radicalismo, la Coalición Cívica, los cordobeses de Encuentro Federal que responden al gobernador Martín Llaryora y hasta un sector minoritario del PRO presentaron proyectos propios de Prestación Proporcional.
Diputados de Unión por la Patria festejan la restitución de la moratoria
“No queremos ir a una situación que termine una vez más en un veto y que entonces los jubilados no tengan ninguna solución y queden en la misma situación que la actual, como ya pasó con el veto anterior. Nuestra alternativa es dar un plazo de 30 días a que haciendo uso del resultado fiscal positivo y de los gastos tributarios se ponga un sendero de integración del bono en la jubilación. Es algo más que razonable y queda en el Ejecutivo la gradualidad de cómo podrían ejecutarlo”, había explicado el radical Lisandro Nieri.
Sin embargo, la decisión de abstenerse de Encuentro Federal y Democracia para Siempre terminó jugando en contra el Gobierno, que se quedó sin margen para sumar voluntades en contra.
Ahora se espera que el Senado, donde el peronismo solo necesita sumar tres votos para tener mayoría, los proyectos sean ratificados. Luego el presidente Javier Milei podría vetarlos y, en ese caso, el Congreso intentará insistir con dos tercios de los votos. “Van a cobrar los jubilados o van a cobrar los gobernadores”, ironizó un diputado dialoguista en referencia a la necesidad que tendrá la Casa Rosada de convencer a los mandatarios provinciales para que le permitan al oficialismo llegar al tercio (87) que sostenga los vetos.