Politica
El Gobierno excede sus facultades diplomáticas y demora el decomiso del avión venezolano-iraní usado para apoyar actos terroristas de Hezbollah
Maduro rechaza la posibilidad de entregar el Boeing 747-300 de Emtrasur a los Estados Unidos, y el Ministerio de Justicia facilita ese reclamo político con un pedido de informes que está al margen de la ley
El 4 de diciembre de 1991, pocas horas después de la fallida sublevación carapintada que lideró Mohamed Alí Seineldin, Carlos Menem y George H.W. Bush firmaron el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la Argentina y los Estados Unidos. Fue una muestra de las relaciones carnales que unían a la Casa Rosada con la Casa Blanca, tras la caída del Muro de Berlín y la influencia del dogma geopolítico fijado por el Consenso de Washington.
La amplitud jurídica de ese acuerdo bilateral aparece en su artículo 1:
“1. Las Partes Contratantes conforme a lo dispuesto en el presente tratado, se prestarán asistencia mutua, en materia de prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos, y en los procedimientos relacionados con cuestiones penales.
2. La asistencia comprenderá: a) la recepción de testimonios o declaraciones; b) la facilitación de documentos, expedientes y elementos de prueba; c) notificación y entrega de documentos; d) la localización o identificación de personas; e) el traslado de personas detenidas a los efectos de prestar testimonio u otros motivos; f) la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro; g) la inmovilización de activos; h) la asistencia relativa a incautaciones, indemnizaciones y ejecuciones de multas, y i) cualquier otra forma de asistencia que no esté prohibida por las leyes del Estado requerido”.
En este contexto, la norma es transparente y de fácil interpretación: El Ministerio de Justicia – que es la “Autoridad Central”, según el artículo 2 del Tratado- sólo funciona como una mesa de entrada. Recibe los exhortos, notifica al juzgado de su llegada a la Argentina y entrega el documento sin evaluar el fondo del asunto. Si lo hiciera, estaría invadiendo el terreno del Poder Judicial desde el ámbito del Poder Ejecutivo.
Carlos Menem y George Bush durante la cena oficial que se sirvió en la Sociedad Rural después de la firma del Tratado Bilateral de Asistencia PenalEl Ministerio de Justicia funciona como una Mesa de Entrada y sus atribuciones se limitan a comprobar que se cumplieron las formalidades previstas en el Tratado de Asistencia Penal que firmaron Menem y Bush (p). Es decir, antes de enviar al juzgado respectivo el documento remitido desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el ministro Carlos Soria sólo puede considerar su origen administrativo y su validez protocolar.
Al respecto, el artículo 4 del Tratado establece:
“1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito, pero la autoridad central del Estado requerido podrá aceptarla en otra forma en casos de urgencia. En tales casos, la solicitud habrá de confirmarse por escrito en el plazo de diez días, a menos que la autoridad central del Estado requerido lo disponga de otro modo. Salvo acuerdo en contrario, la solicitud se formulará en el idioma del Estado requerido.
2. La solicitud habrá de incluir lo siguiente:
a) el nombre de la autoridad encargada de la investigación, del enjuiciamiento o de los procedimientos a que la solicitud se refiera;
b) la descripción del asunto y la índole de la investigación, del enjuiciamiento o de los procedimientos, con mención de los delitos concretos a que el asunto se refiera;
c) la descripción de las pruebas, de la información o de otro tipo de asistencia que se solicite,
y d) la declaración de la finalidad para la que se solicitan las pruebas, la información u otro tipo de asistencia”.
A través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, La Corte del Distrito de Columbia (Washington) solicitó al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que decomise el avión venezolano-iraní incautado en Ezeiza. Ese Boeing 747-300 -matrícula YV-3531- fue utilizado por Irán para apoyar las operaciones terroristas de Hezbollah en Medio Oriente, una organización armada que fue clave para cometer los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
El pedido de colaboración de la Corte de Columbia se ajusta a toda la normativa del Tratado Bilateral. Infobae obtuvo en exclusiva una copia de ese pedido, y no hace falta tener un título de abogado o ser Presidente, ministro o secretario de Estado para comprobar que se respetaron todas las previsiones del articulo 4 del acuerdo suscripto en 1991 por Menem y Bush.
A continuación, la copia completa del pedido de colaboración firmado por Christopher J. Smith, Subdirector en funciones de Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, destinado al Ministerio de Justicia que encabeza Martín Soria para su inmediata remisión al juzgado federal de Federico Villena.
Nicolás Maduro inició una profunda operación de lobby para trabar el decomiso del avión de Emtrasur solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Ese lobby está empujado por el embajador argentino en Caracas, Oscar Laborde, y por la representante del régimen chavista en Buenos Aires, Stella Lugo.
Maduro sostiene que el Boeing 747-300 nunca facilitó las operaciones terroristas de Hezbollah en Medio Oriente y que todo es una maniobra de la Casa Blanca para perjudicar al gobierno de Venezuela. Los argumentos de Maduro se convierten en papel picado cuando se leen las evidencias que prueban las conexiones entre EMTRASUR -subsidiaria de CONVIASA- y la compañía iraní Mahan Air.
Esas evidencias -a partir de la información recogida por la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, el FBI, la justicia federal argentina y la empresa de seguros Lloyd´s- son las siguientes:
1. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro –OFAC, en ingles- colocó en su lista negra al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (CONVIASA) y a la empresa iraní Mahan Air, que aparecen en los registros legales aeronáuticos como compañías vinculadas a la propiedad del avión ya incautado en Ezeiza.
2. “La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desea transmitir la siguiente información sobre la asociación de Gholamreza Ghasemi con los grupos terroristas designados, la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y Hezbollah. Gholamreza Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm. Además de su posición, Ghasemi también es piloto”, sostiene un informe enviado desde Estados Unidos al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.
3. El dossier del FBI agrega: “Fars Air Qeshm fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista y la asistencia que proporciona a la Fuerza Quds y a la aerolínea iraní Mahan Air, que han sido señaladas como entidades terroristas”.
4. “Desde 2007 o alrededor de ese año, el Boeing era propiedad de Mahan Air y/o era operado por esta. El Boeing fue trasladado sin autorización del gobierno de EE. UU. En octubre de 2021 o alrededor de esa fecha, Mahan Air transfirió la custodia y/o el control del Boeing a EMTRASUR, que es una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (CONVIASA), de propiedad estatal”, asegura una resolución del juzgado federal de Lomas de Zamora.
5. Esa resolución judicial añadió: “Los registros de vuelo del Boeing reflejan que, tras su adquisición por parte de Mahan Air y mientras las sanciones a Irán estaban en vigor, el Boeing fue reexportado a Irán y a Rusia sin autorización en múltiples ocasiones como parte de sus rutas internacionales, incluso los siguientes vuelos: a. El 19 de febrero de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; b. El 13 de marzo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; c. El 17 de abril de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; d. El 21 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Caracas, Venezuela, a Teherán, Irán; e. El 24 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Teherán, Irán, a Moscú, Rusia; y f. El 25 de mayo de 2022, o alrededor de esa fecha, el Boeing voló de Moscú, Rusia, a Teherán, Irán”.
6. La empresa Lloyd´s, en un documento emitido el 22 de octubre de 2022, advierte: “El propósito de esta alerta electrónica es informar al mercado del envío ilícito de oro por parte de las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y Hezbollah desde Venezuela a Irán para recaudar fondos para actividades terroristas, facilitado por la venta de petróleo iraní, en contravención de sanciones”.
7. Lloyd´s completó su alerta institucional con la siguiente información: “Se ha informado que los vuelos directos desde Caracas (Venezuela) a Teherán (Irán) a través de Mahan Air, una aerolínea iraní de propiedad privada designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), está siendo utilizada como un canal ilícito para enviar oro que luego se cambia por petróleo iraní, en violación de las sanciones aplicables. Luego, el oro se vende en Turquía y otros países de Medio Oriente, para generar fondos para actividades terroristas”.
Alberto Fernández junto al ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, durante un encuentro en la Casa RosadaLa evidencia es contundente respecto a la vinculación del avión venezolano-iraní con las operaciones terroristas de Hezbollah. Y el pedido de colaboración de la justicia de Estados Unidos cumple con todos los requisitos previstos en el tratado bilateral firmado entre ambos países.
Sin embargo, el Gobierno dilata la entrega del exhorto de la Corte de Columbia al juzgado federal de Lomas de Zamora. El exhorto llegó el 26 de octubre, y todavía está en poder del Gobierno.
Esa postergación viola el acuerdo firmado en diciembre de 1991:
“La autoridad central del Estado requerido cumplirá sin dilación con la solicitud o, cuando proceda, la trasmitirá a la autoridad competente. Las autoridades competentes del Estado requerido no ahorrarán esfuerzos para cumplir con la solicitud. Los tribunales del Estado requerido estarán facultados para expedir citaciones, órdenes de registro y cualquier otra orden necesaria para cumplir con la solicitud”, ordena el artículo 5 del tratado internacional.
El pedido de colaboración de la corte de Columbia fue recibido por el ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. Soria y Mena analizaron el documento oficial, concluyeron que no tenía fallas formales, e informaron a Alberto Fernández.
Con la información aportada por Soria y Mena, el Presidente decidió que la presentación realizada por la Corte de Columbia era contradictoria. Esa opinión política, que está al margen de las funciones del Poder Ejecutivo asignadas en el tratado bilateral, se basó en una peculiar lectura del pedido de colaboración.
Alberto Fernández se recibió de abogado hace más de 40 años, da clases en la facultad de Derecho de Buenos Aires y ejerció la profesión. Esta trayectoria personal -en los tribunales y en la cátedra- implica que el jefe de Estado sabe que no es función del Poder Ejecutivo revisar el fondo del pedido de colaboración.
No obstante, el Presidente instruyó a Soria y Mena para que preparen un pedido de informe dirigido a la Corte de Columbia destinado a conocer quien dispone el decomiso del avión venezolano-iraní incautado en Ezeiza. Ese informe ya fue enviado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, que actúa como intermediario formal con el tribunal que solicitó decomisar la nave que utiliza Teherán para apoyar las operaciones terroristas de Hezbollah.
No hay ninguna duda respecto al tribunal que pide el decomiso del avión, alcanza con leer la foja 27 del pedido de colaboración que Infobae publica hoy en exclusiva:
“El 20 de octubre de 2022, el fiscal presentó una denuncia verificada para el decomiso in rem de la aeronave Boeing en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, alegando que la aeronave Boeing está sujeta a incautación y decomiso debido a las presuntas transferencias de custodia y/o control de la aeronave Boeing de Mahan Air finalmente a EMTRASUR y la reexportación de la aeronave Boeing a destinos incluidos Irán y Rusia contravinieron las leyes de los Estados Unidos. El 24 de octubre de 2022, según la denuncia in rem, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia libró una orden de arresto in rem para la aeronave Boeing, ordenando, entre otras cosas, la entrega de la orden de arresto in rem de la aeronave Boeing. Se adjunta una copia certificada de la orden de arresto in rem a la presente como Anexo A”.
La respuesta del Departamento de Justicia de los Estados Unidos será una obviedad procesal: la corte de Columbia ordena el decomiso del Boeing 747-300, y el texto del exhorto dice “hasta que el fiscal pueda obtener una orden de decomiso final” porque se abrió una litigió para determinar si corresponde o no dictar esa medida civil.
En la foja 46 del escrito enviado desde Washington, Matthew M. Graves – fiscal a cargo del caso-, ratifica que habrá decomiso si Venezuela pierde el juicio por el dominio del Boeing 747-300. En un exiguo texto, el fiscal Graves peticiona:
“POR LO TANTO, los Estados Unidos piden que se libre el aviso sobre la aeronave del acusado según se describe arriba; que se avise debidamente a todas las partes que aparezcan y muestren la causa por la que no se debe decretar el decomiso; que se dicte un fallo declarando que la aeronave del acusado sea cedida en decomiso a los Estados Unidos para su disposición según la ley; y que se otorgue a los Estados Unidos otras peticiones como el tribunal crea que es justo y apropiado, junto con los costos y desembolsos de esta acción”.
Es decir: Si se leen y analizan las fojas 27 y 46 del pedido de colaboración enviado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no hay una sola duda respecto al actor jurídico responsable del probable decomiso del avión: la corte del Distrito de Columbia.
Nicolás Maduro se reunió con el presidente iraní, Ebrahim Raisi, durante una visita oficial a TeheránMaduro pidió al gobierno que se trabe el pedido de decomiso solicitado por la justicia de los Estados Unidos. Y en los hechos, ese pedido está funcionando. El exhorto del Departamento de Justicia llegó el 26 de octubre y pasará las fiestas de fin de año en el despacho del ministro Soria.
Frente a la dilación causada por la decisión del Poder Ejecutivo de solicitar información extra a Washington, en Balcarce 50 aseguraron que no hay un plegamiento a las exigencias de Maduro.
“Solo cumplimos la ley”, argumentó un importantísimo integrante del Gobierno.
Politica
Entre el enojo y la resignación, en el PJ relativizan la salida del gobernador Jalil del bloque de Diputados
Aseguran que su partida “era esperable” y que “no fue completa” porque una legisladora de la provincia se quedó en el bloque de Fuerza Patria. Acusaciones de traidor. Clima caliente
“Era esperado. Sabíamos que se iban a terminar yendo”, dijo, en forma acotada, un diputado nacional que compartía bancada con los catamarqueños Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, que, sumado al diputado electo, Fernando Monguillot, pegaron el portazo y, en un solo movimiento, rompieron el bloque de Unión por la Patria.
La salida de Jalil no fue completa. Claudia Palladino se quedó en el bloque peronista. La legisladora responde a la ex gobernadora Lucía Corpacci, que actualmente está en el Senado y que tiene una relación cercana con Cristina Kirchner. Que la partida no haya sido en masa es una herramienta que el peronismo utiliza por estas horas para bajar el nivel de importancia al quiebre del bloque.
La decisión de romper que tomó el catamarqueñ está fundada en que su perfil político en esta temporada tiene poco que ver con el que tiene Fuerza Patria. La sociedad de su provincia, entiende el mandatario, le pide que no se pelee con Milei, que no confronte sistemáticamente con el Presidente. Y esa postura no encaja con la que representa el sector mayoritario del peronismo en la Cámara baja.
Germán Martínez recibió el llamado del adiós en la mañana de ayer. Jalil le confirmó en persona la salida de sus legisladores del bloque. El Gobernador entiende que el kirchnerismo no hizo ningún cambio después de la dura derrota en las elecciones legislativas a nivel nacional. Como si no hubiese entrado de lleno el golpe en el mentón. “No hubo cambio de conducción en los bloques, siguen con la línea dura, parece que no perdieron. No reaccionan”, indicaron a este medio cerca del mandatario.
Una semana atrás ambos se habían reunido en la Ciudad de Buenos Aires para intentar acercar posiciones. Martínez intentó, desde un principio, contener a los catamarqueños. Jalil le valoró siempre la capacidad de diálogo. Pero no hubo acuerdo. El Gobernador ya no se sentía cómodo bajo el mismo paraguas que La Cámpora, el sindicalismo K y el massismo. El diputado nacido en Rosario seguirá al frente de la bancada peronista, en lo que es una señal de apoyo de los distintos sectores a su conducción, compartida con Cecilia Moreau y Paula Penacca.
Jalil fue muy claro con los suyos cuando tuvo que explicar los motivos de la salida. “Terminó la cultura de la polémica. Ahora es momento de la cultura del diálogo. Eso es lo que pide la sociedad en este momento. Se tienen que dar cuenta”, le dijo, con convicción y precisión, a un grupo de dirigentes de extrema confianza.
En el bloque peronista aseguran que los legisladores norteños no se fueron por una pelea interna o algún planteo de ellos que haya sido desestimado, sino por una decisión estratégica del mandatario al que responden. Y, además, advierten que si hasta acá Jalil no había dado un paso al costado, fue porque contaba con la resistencia de su esposa, la diputada Silvana Ginocchio, que deja su banca y vuelve a la provincia.
Ginocchio es cercana al kirchnerismo y tiene un perfil distinto al de su marido. No quería correrse del armado de Fuerza Patria. Sin ella en el bloque, la decisión del Gobernador no tardó en llegar. En el peronismo legislativo ven en ese movimiento una parte de la decisión de Jalil que, al mismo tiempo, estaba molesto con algunas actitudes que legisladores del kirchnerismo habían tenido, internamente, con su mujer durante el tiempo que fue diputada.
El mandatario fue de los pocos que ganó con el sello de Fuerza Patria. Y ganó sin hacer oposición a Milei. Así mantuvo su equilibrio entre el peronismo provincial y la Casa Rosada. Entre las necesidades y los intereses. Porque en la provincia, su alianza con Corpacci sigue firme, sin fisuras. El 26 de octubre Jalil jugó con el mismo sello que utilizó el kirchnerismo. Un mes después se alejó por completo de ese esquema. Tal como reconocen muchos legisladores del bloque, el final era anunciado.
Jalil sigue negociando un interbloque con los gobernadores de Salta, Tucumán, Misiones y Neuquén. Están buscando la forma de armar un esquema que les sirva a todos y que tenga una identidad federal. Hoy se reunirán los legisladores de esas provincias más los tres catamarqueños que se fueron de Fuerza Patria. Empezarán a negociar el armado de una estructura más grande y con más peso en la escena parlamentaria.
“Especuló demasiado. Como alguna vez le dijo Pichetto a Cobos, lo que haya que hacer, hagámoslo rápido”, fue la sentencia de un diputado de larga trayectoria que, en una misma frase, trató a Jalil de traidor y mostró todo su enojo frente al Gobernador, que dilató su decisión final, pero que ya había dado varias señales claras de que se iría del bloque. La referencia es sobre un momento histórico del peronismo. El día que el entonces vicepresidente de Cristina Kirchner votó en contra de la resolución 125, de retenciones móviles a la soja. Pichetto era el jefe de la bancada de senadores del peronismo en ese instante.
La salida de los legisladores catamarqueños provocó enojo en todo el peronismo. En algunos hubo resignación. En otros, fastidio. En otros tantos, incredulidad frente a lo que creen que es una mala jugada política, porque “Milei no le va a pagar” a nadie, en referencia a aquellos opositores que se acercaron a la Casa Rosada. Jalil dijo adiós, pero siempre hay tiempo para volver. En el peronismo todo se reconvierte con el paso del tiempo. Y el “Turco”, como le suelen decir cariñosamente, lo sabe a la perfección.
Politica
La trama detrás de la decisión de Javier Milei de no ir al sorteo del Mundial que derivó en la suspensión de la visita de Scott Bessent
Las autoridades nacionales confían en que lo sucedido no afecta el acuerdo comercial, que seguirá su curso, a pesar del malestar que existió en la Casa Blanca por el desplante
La decisión del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, de no visitar nuevamente la Argentina sorprendió al Gobierno, que de todas maneras esperaba una respuesta por la cancelación también del viaje del presidente Javier Milei a Washington, pero en la administración libertaria confían en que lo sucedido no va a afectar el acuerdo comercial que están por firmar ambos países.
Aunque no hubo una pelea pública, en la Casa Rosada dejaron trascender desde el primer momento que la medida se tomó como represalia contra el dirigente deportivo; de hecho, el propio líder de la Casa Rosada publicó sugestivos posteos en su cuenta de X.
Si bien todo terminó traspasando las fronteras, se trata de un conflicto demasiado local y difícil de explicarles a las contrapartes estadounidenses, que tampoco se preocuparían en comprenderlo.
Sin embargo, trascendió que, previo a dicho aviso, la administración de Trump tomó conocimiento de la decisión del mandatario a partir de un posteo de Manuel Adorni en X.
En ese comunicado, el vocero presidencial había anunciado: “El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”.
Dado que en primera instancia la decisión de Milei trascendió a través de canales informales, dicha situación generó malestar en EEUU y posteriormente se anunció que Bessent no visitará Argentina.
En el acto, el presidente argentino iba a ser ubicado en un palco preferencial junto a su par estadounidense, Donald Trump.
Además de eso, el embajador en Washington, Alec Oxenford junto a Richard Grenell, quien encabeza el Kennedy Center, estaban organizando un cóctel junto al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que ya había aceptado la invitación.
De hecho, fue este último el que, con su distintivo tono cubano, le pidió a Bessent que diera de baja la visita que tenía prevista a Buenos Aires.
Si bien hay quienes remarcan que, de todas formas era poco habitual que un titular del Tesoro estadounidense viaje en dos oportunidades a la Argentina, lo cierto es que todo se precipitó por el desaire del libertario.
En el marco de su agenda en el país del norte, el Presidente también iba a tener un encuentro con Suzanne Clarck, que está al frente de la Cámara de Comercio de allí, así como por las autoridades del Argentine Business Council, donde iba a hablar ante empresario locales.
Justamente, uno de los puntos que se esperaban explotar tras el evento es un avance en los detalles específicos del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, que ya fue anunciado, pero todavía no se firmó.
En este sentido, el texto legal definitivo aún no se ha difundido y deberá someterse a una exhaustiva revisión jurídica por parte de los equipos técnicos de los dos países.
Además, resta saber si alguno de los puntos del tratado deberá ser aprobado por el Congreso y, en ese caso, si el Gobierno incluirá el asunto en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocará antes del 9 de diciembre.
Según precisaron a Infobae fuentes oficiales, el acuerdo en cuestión no corre ningún tipo de peligro y seguirá su curso tal como hubiera sucedido si Bessent volvía a visitar Buenos Aires, ya que la relación, a pesar de este desencuentro, sigue intacta.
Tal como anticipó este medio, el Gobierno ya se prepara para adaptar la legislación local y así poder cumplir con los principales aspectos consensuados con la contraparte norteamericana.
En eso está trabajando el canciller, Pablo Quirno, junto a funcionarios del Ministerio de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, quienes participaron de las negociaciones previas.
Por ejemplo, la administración libertaria se comprometió a no exigir formalidades consulares para las importaciones provenientes de EEUU y también a eliminar en forma gradual el impuesto estadístico para bienes provenientes de allí.
Otro aspecto importante es que la Argentina se adaptará a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio, por lo que un medicamento que ya tenga el aval de la FDA o un auto fabricado según las Normas Federales de Seguridad norteamericanas, ya podrán ingresar sin necesidad de ser nuevamente controlado por organismos locales.
El Gobierno también prometió abordar problemas estructurales que fueron señalados en el informe “Special 301″ del 2025, realizado por la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos.
Politica
El Gobierno anunció que Sergio Neiffert deja la SIDE y lo reemplazará Cristian Auguadra
El cambio de la titularidad se decidió luego de que culminara la primera fase de reestructuración. El nuevo funcionario responde a Santiago Caputo
A pocos minutos de la madrugada del miércoles, el Gobierno nacional confirmó que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) finalizó la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN). De esta manera, el asesor presidencial Santiago Caputo ordenó reemplazar a Sergio Neiffert por Cristian Auguadra.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Vocería Presidencial, la validación recibida por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación marcó el fin de esta primera fase, que sentó las bases para un funcionamiento más eficiente y profesional.
Minutos más tarde del anuncio, los cambios fueron oficializados en el Boletín Oficial. Por medio de la publicación del Decreto 852/2025, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitaron el cese de los servicios brindados por Neiffert.
En este nuevo camino, las autoridades detallaron que la nueva conducción buscará profundizar la modernización técnica y operativa del organismo, consolidar mecanismos de control y fortalecer la planificación estratégica, con el propósito de avanzar hacia un modelo de inteligencia ágil, integrado y moderno.
De la misma forma, apuntaron que esta transformación institucional forma parte de los objetivos de la administración encabezada por el jefe de Estado.
Según las aspiraciones del mandatario, el objetivo sería dotar a la Argentina de un sistema de inteligencia adaptado a los desafíos actuales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.
Por este motivo, la Secretaría reafirmó su compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales del país. Y sostuvieron que el proceso de transformación avanzará con firmeza apuntando a consolidar un organismo líder en la región.
Así comenzó el proceso de transformación del SIN
A mediados de julio de 2024, el Gobierno nacional confirmó que la estructura del Sistema de Inteligencia Nacional en Argentina experimentaría una transformación profunda tras la decisión de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y restablecer la histórica Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Así, la SIDE volvió a ocupar el rol central en la coordinación de las tareas de inteligencia del país. No obstante, el anuncio, realizado por la Oficina del Presidente, detalló la creación de cuatro nuevos organismos y una reorganización integral que busca modernizar y profesionalizar el sector.
Desde ese entonces, se determinó que la SIDE dependería directamente del presidente y que estaría bajo la conducción del secretario Sergio Neiffert, quien estaría a cargo de sentar las bases en los nuevos servicios que se sumaron dentro de su órbita operativa.
En este sentido, se resolvió que el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) sería el responsable de la recopilación de información estratégica a nivel internacional y de la cooperación con agencias aliadas para prevenir y disuadir amenazas contra Argentina.
Por su parte, la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) tiene como misión principal la detección temprana y la generación de información sobre delitos federales complejos dentro del territorio nacional, así como la vigilancia de amenazas coordinadas provenientes de organizaciones criminales y terroristas.
En el ámbito de la ciberseguridad, la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) fue creada para que evalúe, planifique y desarrolle soluciones para la detección y contención de ciberataques dirigidos contra la infraestructura informática crítica del país. Además, tiene la responsabilidad de capacitar al personal estatal en la prevención de amenazas y fallos de seguridad.
Por último, la División de Asuntos Internos (DAI) tiene como misión supervisar y auditar el manejo de los recursos de las agencias bajo la órbita de la SIDE. Otro de sus roles vitales es garantizar el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus funciones.
Sumado a la creación de estas cuatro divisiones, el Ejecutivo facultó a la SIDE para que asuma la coordinación operativa y el control presupuestario de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependientes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa.
La decisión de disolver la AFI y reestructurar el sistema respondió a los resultados obtenidos durante la intervención de la agencia iniciada el 12 de diciembre de 2023. El texto oficial sostiene que “la desnaturalización del rol de la agencia de inteligencia durante décadas fue total; lejos de poner sus recursos al servicio de la protección del pueblo argentino, el organismo fue utilizado para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica”.
Sin embargo, las autoridades consideraron que “sin una supervisión efectiva, producto de intervenciones que se extendieron durante años, la proliferación de estas conductas constituyó una deuda con el sistema democrático y republicano que hoy comenzamos a saldar”.
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