El expediente, al que accedió Infobae, cuenta con una decena de declaraciones de internos. Las denigrantes expresiones a los pacientes que recién llegaban al lugar
La causa que investiga al centro de rehabilitación “La razón de vivir” cómo posible secta que esclavizaba gente y los torturaba con distintos castigos físicos, cuenta con una importante cantidad de pruebas. Entre ellas, se destacan una serie de testimonios de víctimas y mensajes de WhatsApp enviados entre los miembros de la organización. Gracias a esas evidencias, en las últimas horas quedaron detenidas una veintena de personas, incluido el humorista Marcelo “Teto” Medina.
Las víctimas que hablaron en la Justicia narraron escenas de torturas, acoso psicológico y encierro. Señalaron que eran obligados a dormir en el piso y que se les prohibía comer. Un hombre contó que le retiraron los medicamentos que tomaba por su condición de enfermo de HIV. Otro detalló el momento en que le fue amputada una pierna por su diabetes y cómo fue atendido luego por los propios adictos que se recuperaban en el lugar.
Infobae accedió al total de esos testimonios que constan en la causa nomenclada “PP-13-01-011480-22/00″.
El logo de “La razón de vivir”
El expediente comenzó con la declaración de un párroco que fue quien hizo a denuncia y contó que una persona allegada a él estaba internada en el lugar. El religioso explicó que de a poco se fue acercando a las víctimas y tomó conocimiento de las situaciones que se vivían: “A medida que me fui acercando noté cuestiones referidas a la explotación servil y laboral en la que estaban sumergidas las víctimas”.
Además, dio detalles del funcionamiento del lugar. En especial de la participación de Néstor Zelaya, alias San Pipi, quien es el “líder” de la organización: “Lo conozco a él hace muchos años‚ pero me acerqué por un problema con una persona conocida. Esta persona conocida mía tuvo que pagar 30 mil pesos por mes. Zelaya en todo momento mencionaba que él los ‘salvó’ a los chicos. También que no le deben nada a Dios, despreciando toda creencia distinta de las víctimas. Además, decía que él va a ser siempre su director adentro de la quinta y también una vez que ya no estén en ella, como medio para continuar su influencia luego de externados”.
“Néstor mencionaba en ocasiones frases de tinte religioso como ´Muchos son los elegidos y pocos los que se salvan´, como haciendo alusión a la biblia. Refería también que en la quinta no se trataba de ser inteligente, sino obediente. La indicación a los adictos era que las mujeres los iban a hacer recaer en las adicciones y por eso Néstor le exigía a las chicas que iban de visita que no lleven ropa ´provocativa´”, completó el párroco que tuvo la valentía de hacer la denuncia correspondiente.
Antes de finalizar, el testigo dejó una frase contundente e importante para la causa: “Desde mi oficio religioso, puedo indicar que la organización de la asociación es similar a una secta”.
En cuanto a las víctimas, una de las primeras en declarar fue un hombre identificado como R.E.A. Explicó que llegó a “La razón de vivir” por Facebook y que la cuota era de $30.000 por mes. “Cuando entré y se enteraron de que tenía el oficio de albañil me pusieron a trabajar. Comencé por terminar cuatro habitaciones, con revoque, contrapiso, carpeta y aberturas, con la ayuda de algunos internos y desde horas de la mañana hasta las siete de la tarde. Luego construí una oficina completa. Nunca recibí un pago a cambio de ello, ya que me decían que todo era ´parte del tratamiento´”.
Luego la víctima narró que “durante este período tenía prohibido comunicarme con mi familia, aunque Zelaya designó a una persona de nombre ´Nico´ para que sacara fotos y las subiera a un grupo de WhatsApp donde estaban nuestra familia. Eso era para simular que estábamos bien y no siendo explotados como realmente sucedía”.
Además, el mismo testigo, detalló cómo funcionaba el “sistema de castigos” que se desarrollaba dentro de la clínica de rehabilitación: “Si intentábamos dejar la clínica, ya que esto estaba prohibido, había castigos. En ocasiones nos insultaban o nos obligaban a hacer guardia toda la noche sin dormir para prevenir que otros internos se escapen. Todas las tareas diarias debían realizarlas los mismos internos. No hacíamos ningún tipo de tratamiento contra las adicciones con psicólogos o terapeutas, sino que solo trabajábamos o servíamos a los directores o coordinadores. También mendigábamos dinero en las iglesias”.
Otro interno, llamado R.M.M, relató que ingresó en la clínica en 2020 y que en ese momento ya era portador del virus del H.I.V: “Néstor Zelaya me dijo que estaba ´negativizado´ y que hiciese ´fuerza´ para curarme. Me negó la atención médica que necesitaba. Tampoco me brindaron ningún tratamiento contra adicciones ni atención médica por una lesión que tenía en mi pie. Los integrantes de la asociación comenzaron a decirme que el ´tratamiento´ del lugar consistía en hacerme pasar necesidades físicas y psíquicas para que ‘valorara’ más las cosas”.
Luego la víctima especificó a qué se refería con “hacerlo pasar necesidades” dentro de la institución: “Nos privaban de diferentes cosas como alimentos, bebidas, descanso y comunicación con la familia. Los coordinadores nos decían que el tratamiento consistía en el dolor.Nos repetían que el tratamiento sólo servía si nosotros servíamos al resto. Lo que siempre escuchábamos era que nosotros no éramos personas sino enfermedades y nada más y por eso debíamos quedarnos en las quintas”.
El pedido de allanamientos que se efectivizó esta mañana
Pero el testimonio más cruel fue, probablemente, el que brindó un hombre llamado E.A.Q, que estuvo durante varios meses dentro de la clínica de rehabilitación. La víctima explicó que mientras estaba internado sufrió la amputación de unas de sus piernas por una diabetes avanzada. “Luego de eso no recibí los cuidados médicos necesarios. Los miembros de La razón de vivir obligaron a otros de los adictos a que me realizaran las curaciones correspondientes”, señaló.
Esto que contó E.A.Q fue refrendado por otros testigos que también declararon ante el fiscal Daniel Ichazo la situación del hombre amputado.
Dentro de la clínica de rehabilitación existían calificaciones para los internos, según se desprenden de los testimonios de los adictos que pasaron por allí. Lo explica uno de ellos: “Al ingresar había un período de ‘adaptación’, donde se podían dar gustos. Pero a los tres días entrabas en la etapa ´soy calabaza´”. Esta calificación, creen los investigadores, tiene que ver con una analogía con el cuento infantil Cenicienta. El mismo testigo da más detalles al respecto: “Cuando entrabas en esa calificación quería decir que pasaba a ser servidumbre”.
Uno de los afiches donde se promocionaba “La razón de vivir”
Hay más. Otro testigo que pasó por La razón de vivir contó sobre otra categoría: Había un semi grupo de víctimas llamadas “chicos de tiempo”, en alusión a las víctimas con más antigüedad. La asociación había creado un sistema de salidas “transitorias” a medida que pasaba el tiempo de internación, en donde la mayoría de ellas se hacía con la supervisión de un “chico de tiempo”.
En cuanto a la participación de Marcelo “Teto” Medina, el fiscal Ichazo realiza una descripción de sus actividades dentro de la clínica de rehabilitación: “Era la cara visible y pública junto a Zelaya para simular que la misma tenía una actividad lícita. De esta manera captaban más víctimas. Además, mantenía un contacto semanas con los internos para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre. En ocasiones, ejercía el rol de operador-coordinador”.
En el expediente, al que accedió este medio de forma integral, también se transcriben conversaciones de chat entre los miembros de la organización. En una de ellas, uno de los coordinadores habla con otro empleado sobre un geriátrico que el líder, Zelaya, estaba por abrir. El mensaje de WhatsApp enviado el pasado martes 6 de septiembre, dice así: “Eso es un curro. Yo sé porque yo lo veía currar. Curro amigo. Todo curro. No sale nada bueno de ese muchacho (por Zelaya). Toda la plata va a al red de él. Así se maneja”.
El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.
La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto “Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple“en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.
El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.
La denunciante reseñó los hechos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EFE/Luciano González)
En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.
Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario y sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.
Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.
El 8 de mayoLoan Danilo Peñacumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de Corrientes. Desapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.
Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.
“Es muy triste. José no puede estar acá, en casa, porque le falta un hijo. Quizá estamos conversando y nos caemos, lloramos, pero nos levantamos otra vez. Estamos de pie. La verdad que ya es mucho tiempo un año, un año sin saber… Por favor, qué hablen, que digan de una vez dónde está Loan, qué pasó ese día”, repite María ante Infobae como un ruego a los detenidos por la desaparición de su hijo más chico.
Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi,la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.
A un año de la desaparición de Loan, su madre reclama respuestas
Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido,incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.
“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
María y José y sus hijos. Sólo falta Loan
Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.
Cronología de los hechos
13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.
Los detenidos Caillava y Pérez con la abuela Catalina
Las fotos del almuerzo tras el cual desapareció Loan
14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.
La mayoría de los que están en la foto están presos
16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.
El naranjal de 9 de Julio
El botín de Loan Peña
Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.
“Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.
Laudelina Peña, la tía detenida y quien plantó el botín del nene
La causa paralela
Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.
Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.
Seis de los 10 imputados por la causa paralela a la desaparición de Loan
¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.
Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.
*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar
El Ministerio Público de Río Negro y la policía provincial investigan el atraco, que tiene características particulares. La víctima es coleccionista y cazador. Los ladrones huyeron en una camioneta
La Policía provincia y el Ministerio Público de Río Negro avanzan en conjunto para encontrar pistas de los delincuentes que, el miércoles por la tarde, robaron 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch, en la que cargaron una caja fuerte con dólares, euros, libras esterlinas y pesos chilenos.
Ocurrió en la periferia de Bariloche, lejos del radio céntrico, en el mismo predio donde la familia afectada tiene una empresa de transporte y su vivienda particular.
El recuento del botín estuvo a cargo de una familiar de la víctima, quien todavía no viajó a la ciudad rionegrina para analizar lo que se llevaron, por ello la cantidad de armas que sustrajeron es tentativa y podría variar.
En la denuncia mencionó que delincuentes violentaron el acceso a una habitación y se llevaron 78 armas de fuego, 32 de las cuales son cortas – revólveres y pistolas – y 46 largas, entre fusiles, escopetas y carabinas.
En una camioneta Renault Oroch que estaba en el mismo predio cargaron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras y 3 millones de pesos chilenos, y huyeron con rumbo desconocido.
No sólo lo que se llevaron sorprendió a los investigadores, sino también lo que quedó. Por eso el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento en la misma propiedad para secuestrar otro arsenal que quedó y no fue sustraído por el grupo comando.
La revisión del armamento demandó varias horas, desde la tarde hasta la medianoche de este jueves. Luego se dispuso el secuestro de las armas y su traslado a un sitio seguro para “garantizar su resguardo”, ya que el sitio donde estaban depositadas no cuenta con medidas de seguridad.
El propietario del arsenal es coleccionista y cazador. Aunque todavía no fue confirmado, se cree que la mayoría de las armas están registradas legalmente y cuenta con credenciales de legítimo usuario. Pero para poder confirmarlo las autoridades aguardan que el damnificado viaje a Bariloche y releve lo que se llevaron y lo que quedó.
Mientras tanto, la Policía de Río Negro realiza múltiples operativos para intentar dar con los autores. El atraco habría sido protagonizado por cuatro sujetos, que sabían de la existencia del arsenal en la vivienda.
“No fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar” confirmaron a Infobae fuentes con acceso a la investigación. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, forzaron la ventana de la habitación donde estaban las armas, las seleccionaron y se ocuparon de la caja fuerte, sin prestar atención a otros elementos de valor que estaban allí.
El vehículo en el que huyeron no pertenece a la familia, sino a un conocido que utiliza el patio como estacionamiento.
El hecho tuvo gran repercusión por la magnitud y las características del botín. Pero también por la preocupación de las autoridades por el ingreso al circuito clandestino de las armas sustraídas. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia” dijeron desde el municipio local.
El foco está puesto también en las medidas de seguridad que tenía el damnificado en el recinto donde guardaba las armas, ya que la puerta de acceso sólo estaba oculta por un mueble liviano.
Si las armas estaban registradas, como se cree, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) debería haber fiscalizado el sitio donde se guardaban y garantizar que se cumpla con determinadas exigencias para ese fin.
La resolución 149 -2024 de ese organismo establece que, quienes tengan en su poder 50 armas o más, deben guardarlas con estrictas medidas de seguridad, con accesos blindados, candados, alarmas sonoras, cámaras o personal de vigilancia, entre otros recaudos.
Los investigadores no detectaron ninguna medida de ese tenor, motivo por el que la información forma parte del expediente investigado.