Policiales
La caída de Martín Ordoqui, el juez destituido que sucumbió a la coima de un par de gemelos de camisa
Resulta una sentencia histórica en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que un magistrado de tan alta gradación es destituido, con el agravante de su detención.
La mañana de este lunes era destituido y por la tarde un policía le ponía las esposas antes de trasladarlo a su lugar de detención. Así terminaba la carrera judicial del juez de Casación bonaerense Martín Manuel Ordoqui (62), después de que un Jury de Enjuiciamiento demostrara su responsabilidad en los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, entre otras faltas graves.
Resulta una sentencia histórica en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que un magistrado de tan alta gradación es destituido, con el agravante de su detención, además.
El Tribunal acreditó que cobraba coimas para mejorar la situación procesal de delincuentes con causas en juzgados platenses. Ya como ex juez deberá concurrir a una indagatoria en la fiscalía de Verónica Lacki. La fiscal resultó precisa y consistente en aportar evidencias para el juzgamiento del magistrado.
Parte de la saga de su caída debe encontrarse en su propensión a recibir regalos, además de plata, para facilitar trámites de personas procesadas. Esta parte, mínima, indecorosa, lo condenó al ostracismo judicial. Así lo estableció el cuerpo del expedientes que ahora se convierte en otras gravosas acusaciones. Esta vez, en la justicia penal ordinaria y con penas que incluyen la cárcel. Como se sabe, el Jury de Enjuiciamiento, conformado por conjueces presididos por la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan, sólo podían destituirlo y cursar las pruebas de delitos al ámbito penal ordinario.
Hasta tanto no quedara resuelto el fallo de retirarlo de las funciones, Ordoqui mantenía los fueros. Por eso no podía ser detenido. Liberada la fiscalía de esa manea constitucional, se ordenó su aprehensión. El ex juez estaba en su casa de la calle 481, en Gonnet, esperando a la comitiva de policías. La visita se presagiaba inminente. Lo intuía su larga experiencia en tribunales.
¿Es su única familiaridad con el delito?. ¿Su esfuerzo es sólo por demostrar inocencia en el expediente de las coimas?. Ordoqui no podrá descansar de refutar cargos de pruebas. Incluida la causa de la “Megabanda”, integrada por policías, magistrados, delincuentes y barras, que –de acuerdo con la Justicia – encabezaba el juez César Melazo. Precisamente, ese juicio comenzó este lunes, en el mismo momento que Ordoqui recibía el fallo expulsatorio. En ese otro proceso oral, en La Plata, su comparencia será en el segundo tramo. Después que Melazo y sus cómplices reciban la acusación y tramiten la defensa.
Lacki investiga a la “Megabanda” e involucró a Ordoqui en la asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos. Melazo está detenido.
Pero esta carga penal contra Ordoqui deberá esperar su turno. Ahora su preocupación es refutar las evidencias halladas en el Jury. Algunas, según el tribunal, de naturaleza poco suntuaria pero convincentes para el entonces magistrado. Un par de gemelos, entre el “agradecimiento” a sus servicios.
La revelación del regalo de los gemelos fue aportada por la testigo arrepentida Lidia Pernas, esposa de Juan Ariel Cristian Heine, un estafador de San Vicente, detenido a fines de 2013 por maniobras inmobiliarias ilegales realizadas en la zona sur del Conurbano.
Pernas fue quien hizo los contactos con la Sala V del Tribunal de Casación, que presidía Ordoqui, para obtener una prisión domiciliaria del vendedor de terrenos truchos, beneficio que consiguió en junio de 2018.
Ordoqui ya estaba -desde mediados del año pasado- complicado en otro caso de corrupción judicial: se lo vinculaba con la megabanda del ex juez Melazo, detenido en agosto de 2018 por integrar la presunta organización de policías, ladrones y representantes del Poder Judicial que se dedicaban, entre otros delitos, a proteger a quienes terminaban procesados.
Por esa vinculación, Ordoqui fue obligado a tomarse una licencia de 90 días. Lo había resuelto la Suprema Corte provincial y entonces su caso fue derivado a la Legislatura para el inicio del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, que hace 24 horas derivó en su destitución. Pero casi al mismo tiempo, tuvo un envión la causa iniciada por la Corte para investigar las irregularidades en el proceso contra Heine.
Para entonces, María Eugenia Mercado, la secretaria de Ordoqui, había sido desplazada de su puesto y, por la sanción, le quitaron el 40% del sueldo. Según la declaración de Pernas, el entonces juez se comunicó con ella. “Martín me contacta para hablar de lo que había pasado, del problema que era público: que lo estaban investigando. Nos reunimos y me plantea que la habían licenciado a María Eugenia (Mercado), que le estaban sacando parte del sueldo y si yo tenía alguna forma de poder compensarla”, declaró la mujer.
La arrepentida relató que, después de conseguir el aval y el dinero de Heine, se volvieron a encontrar para hacer la entrega.
Fue en una confitería de diagonal 74 y 58, a pocas cuadras del estudio del abogado de Ordoqui. En la cita estaban la secretaria Mercado, Pernas y “a los cinco minutos” llegó el juez de Casación. “Me muestra una mochila, la abre y pide que ponga los 30 mil ahí”, completó la testigo.
Después aportó el detalle del “regalo de fin de año” que llevó al despacho del juez en diciembre de 2017: dos celulares, un chaleco, un cuchillo de plata y dos gemelos. “Entré al despacho con las bolsas. Se lo di a Ordoqui, se lo probó ahí mismo y me dijo ‘sos buena para elegir regalos, la pegaste hasta en el talle’. En ningún momento lo tomó como algo malo o una ofensa”, mencionó Pernas.
En el fallo, el tribunal establece la probanza de estos dichos. “Efectivamente, la perspectiva probatoria ya valorada nos revela un escenario que muestra cómo un magistrado de un superior tribunal de impugnaciones atiende reiteradamente en su despacho y hasta por fuera del horario a una persona que representaba a un detenido cuyo caso tiene asignado para resolver. Informa el paso a paso del expediente. Adelanta su parecer en el punto de fallar y brinda asesoramiento técnico prohibido. Recibe múltiples obsequios y permite que su asesora también los reciba. Utiliza los recursos del Estado para visitar al detenido aún luego de haber resuelto su caso, y lo hace con una intermediaria y su estrecha colaboradora, para quién exige la entrega de dinero”, determinaron en el Jury.
La resolución contra Ordoqui tuvo unanimidad de todos los conjueces, encabezado por Kogan. La parte acusatoria fue representada por el Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand.
Ordoqui estaba suspendido en sus funciones desde hace varios años. También tenía embargo sobre el 40% de sus bienes, aunque disponía de fueros que lo ponían a resguardo de una detención.
En el Enjuiciamiento, Ordoqui fue imputado de los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros tipos penales. En el núcleo probatorio queda demostrada su responsabilidad en el dictado de resoluciones en favor de personas privadas de su libertad, a cambio de montos de dinero. El grupo, además, lo conformaban su secretaria Mercado, los abogados Ricardo y Julián Ducid, Alejandro Timorín y el lobista Enrique “Quique” Petrullo.
Según la acusación, el juez dictó arrestos domiciliarios para Ariel Heine (quien luego fue condenado a 14 años de prisión) y al platense Javier Ronco, acusado de un doble homicidio en La Plata y de ser integrante de la megabanda que contaba con protección policial y judicial. El jurado, además de Kogan, fue integrado por los abogados Juan Emilio Spinelli, Diego Paulo Isabella, Ricardo Farris, Hugo Galderisi y Fulvio Santarelli. Completaron el cuerpo los conjueces legisladores Daniel Lipovetzky, Abigail Gómez y María Eugenia Brizzi, en representación de la Cámara de Diputados. Por el Senado Nidia Moirano y Gabriela Demaría. Todos votaron por apartarlo del cargo.
Policiales
“Perra malparida”: en el inicio del juicio por la muerte de Maradona, Verónica Ojeda increpó a la psiquiatra Cosachov
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.
Policiales
Dos policías fueron detenidos en Córdoba por una denuncia de abuso sexual
El hecho ocurrió en la localidad de Berrotarán. Los efectivos fueron puestos en situación pasiva y están a disposición de la Justicia
El domingo por la tarde, un operativo policial de gran magnitud en la localidad de Berrotarán, en la provincia de Córdoba, culminó con la detención de dos efectivos de la fuerza acusados en una causa de abuso sexual.
Se trata de un sargento ayudante de 46 años y un sargento de 44 años, quienes fueron arrestados por orden de la Fiscalía de Tercer Turno de Río Cuarto.
Fuentes judiciales indicaron que la denuncia fue presentada por una joven, cuya identidad se mantiene en reserva, quien habría sido invitada a la casa de uno de los uniformados, donde posteriormente se sumó el otro acusado. La fiscalía investiga los hechos a partir de testimonios y pericias para determinar lo sucedido en el lugar.
Según informó el portal El Doce.tv, los detenidos fueron trasladados y quedaron alojados en la cárcel de Río Cuarto, donde permanecerán a disposición del fiscal interviniente.
En paralelo, la Dirección General de Control de Conducta Policial tomó conocimiento del caso y remitió la información al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que ordenó que ambos efectivos sean pasados a situación pasiva mientras avanza la investigación.
Los dos agentes detenidos cumplían funciones en distintas dependencias: uno prestaba servicio en la Departamental Río Cuarto, mientras que el otro pertenecía a la Departamental Calamuchita. En las próximas horas, se prevé que la fiscalía avance con las indagatorias y evalúe si solicitará la prisión preventiva para los imputados.
Tras la detención de los efectivos, la Policía de Córdoba emitió un comunicado en el que informó sobre la situación de los agentes y la intervención de la Justicia:
“En las últimas horas, en la ciudad de Berrotarán fueron detenidos dos efectivos policiales, quienes quedaron a disposición de la Justicia en virtud de una denuncia de instancia privada que se investiga. Tal medida fue ordenada por el secretario de la Fiscalía de 3º Turno de la ciudad de Río Cuarto, Dr. Lucas Esteban Rosales.”
Además, la fuerza de seguridad confirmó la intervención del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, que dispuso la situación pasiva de los policías involucrados.
Otra imputación por abuso sexual en Córdoba
Días atrás, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba imputó a Gabriela Fernández, también conocida como “Gaby”, por el delito de abuso sexual contra otras internas del penal de mujeres de Bouwer.
El caso tomó relevancia y se volvió polémico tiempo atrás, al conocerse que la acusada había solicitado el traslado a la cárcel de mujeres por autopercibirse de dicho género, habiendo ingresado bajo el sexo masculino. Estando allí, abusó de una interna y la dejó embarazada.
En el último tiempo, “Gaby” acumuló una serie de acusaciones en su contra por situaciones de abuso. Además, desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que la identidad de género en este caso está siendo evaluada en el marco de la causa.
Gabriela ingresó a prisión por primera vez en octubre de 2016, cuando aún se identificaba como Gabriel. Un año después, la Justicia dictó su condena a tres años de cárcel por los delitos de lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Pero en noviembre de 2018, el recluso dijo autopercibirse mujer, cambió su identidad de género y pidió ser trasladada al sector femenino del penal de Bouwer. Además, rechazó las condenas por violencia de género por no ser compatibles con el género al que actualmente estaba arraigada.
Desde ese entonces fue reconocida como Gabriela Nahir Fernández. Mientras cumplía la condena, en abril de 2019, se le imputó otro delito en perjuicio de una mujer, que incluyó privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas; aunque poco después, obtuvo la libertad condicional.
Hacia fines de ese mismo año, una nueva denuncia cayó en su contra; sin embargo, el caso fue archivado, al igual que otra acusación similar hecha por una ex pareja a finales de 2022. Un año después, ya en libertad, volvió a ser denunciada por privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones leves calificadas. Al poco tiempo se sumó una nueva acusación por violación de domicilio, coacción y desobediencia, lo que llevó a la Justicia a ordenar su detención. Finalmente, en 2024 le dictaron prisión preventiva.
En ese momento salió a la luz el abuso cometido contra una compañera con quien estaba alojada en el anexo Sala A del Establecimiento Penitenciario Nº 3. Tras acumular sanciones disciplinarias, las autoridades dispusieron su traslado a otro penal con el objetivo de resguardar a la víctima.
Policiales
Se quebró el único detenido por el crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela: qué declaró
El comerciante de Río Negro tiene un “celular clonado” con el del adolescente asesinado. Negó cualquier vínculo con las víctimas, pero seguirá detenido porque no pudo explicar tres llamadas sospechosas. Los hilos que unen a la familia de la chica muerta con la Patagonia
Después de pasar 15 días en un calabazo, el único detenido por el doble crimen de Paloma Gallardo (16) y Josué Salvatierra (14) en Florencio Varela se quebró y pidió declarar ante el fiscal de la causa, Darío Provisionato. Rompió el silencio para despegarse de los hechos y de todos los involucrados en el caso, pero en su coartada hay huecos.
G.L., de 36 años, fue capturado el 17 de febrero en General Roca, provincia de Río Negro. Una semana antes había prendido el teléfono clonado, lo que alertó a los investigadores. Según argumentó en su indagatoria de este miércoles, lo compró en mayo o junio de 2024, y lo tuvo apagado hasta agosto.
El otro punto inconsistente en su relato está en la compra del teléfono. Reconoció que lo adquirió por Marketplace, en Facebook, y que se lo vendió un vecino de General Roca. Pero aseguró no saber su nombre, ni brindó más precisiones.
Hay expertos que aseguran que no es posible “clonar un IMEI”, el “código de 15 dígitos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil a nivel mundial”, según define el Enacom.
Otros, en cambio, reconocen por lo bajo que vender estos códigos mellizos es una práctica delictiva poco conocida, que a veces incluso tiene a empleados infieles de las empresas de telefonía como protagonistas.
Las sospechas alrededor del teléfono clonado de Josué crecen aún más cuando se agrega el segundo hilo conductor entre Florencio Varela y la provincia de Río Negro.
Es que Omar Gallardo, padre de Paloma, tiene otra hija y una ex mujer que viven en General Roca, la misma ciudad en la que estaba el celular copiado. Es un dato que entró en la investigación hace pocos días, y que reforzó la hipótesis de que hay una conexión entre la ciudad patagónica y el doble crimen.
“En hechos como este, es difícil creer que todo se trate de una casualidad”, resumió una fuente.
En su declaración de este miércoles, el comerciante preso habló sobre su familia, su trabajo, sus amigos, su entorno. Negó conocer a las víctimas o a sus parientes, ni tampoco a la familia que tiene el papá de Paloma en el sur. En el expediente no hay pruebas que demuestren lo contrario.
Por eso, la defensa de G.L. pidió al fiscal Provisionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela, que morigere las medidas en su contra y que continúe a disposición de la Justicia con prisión domiciliaria. Para resolver esta cuestión habría una audiencia la semana que viene, según adelantaron a Infobae.
Operativo en el descampado
Este jueves la Policía Bonaerense desplegó un fuerte operativo en el descampado que está al pie del puente de Bosques, por donde pasa la ruta provincial 36.
A pedido del abogado Carlos Diéguez, que representa a la familia de Josué, se desarrollaron tareas de medición y escaneo para aportar nuevas pruebas a la causa.
Esta parte de la querella llevó drones, scanners y otros dispositivos tecnológicos que no poseen las fuerzas que están interviniendo en la causa. El objetivo es hacer un mapa interactivo en 3D, con el que se pueda ver y reconstruir con facilidad la escena del crimen.
Por otro lado, las imágenes tomadas apuntan a ubicar con más claridad el camino que hicieron los chicos y las posibles vías de escape que tuvieron el o los asesinos.
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