Policiales
“Querían matarla, hacerla desaparecer”, dijo el fiscal sobre el clan Sena al inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Después de tres jornadas dedicadas a conformar el jurado popular, comenzó el debate más esperado de Chaco. Serán 53 los testigos que pasarán por la sala, entre ellos Gloria Romero, que pidió declarar sin la presencia del líder piquetero, su mujer y su hijo
Resistencia, Chaco (Enviada especial). Hay un fuerte despliegue policial en el centro de Resistencia. Después de tres jornadas intensas para seleccionar a los 12 jurados populares (y los 8 suplentes), este viernes comenzó el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Antes de comenzar, como ya es costumbre, los medios nacionales y locales pudieron ingresar brevemente a la nueva sala para registrar imágenes del lugar y de los acusados. El silencio era absoluto: solo se escuchaba el clic de los flashes.
Los imputados estaban sentados, rodeados de agentes de seguridad y junto a sus defensores. Emerenciano Sena volvió a llamar la atención: esta vez, se cubrió el rostro con una carpeta. Marcela Acuña llevó puesta una remera con la cara de Jesucristo.
Luego siguió con su alegato el fiscal Martín Bogado. “A Cecilia la mataron, la quemaron y creyeron que su poder los haría impunes”, comenzó diciendo el representante del Ministerio Público Fiscal.
“En su camino de la vida tuvo la desgracia de cruzarse con las personas equivocadas. Personas violentas, que la despreciaron, que la engañaron y que cuando se dieron cuenta de que no podían controlarla, porque ella no era como ellos, decidieron quitarla del medio”, continuó el acusador, asegurando que los padres de César Sena —Emerenciano y Marcela— no la querían en la familia porque no era como ellos.
El fiscal Bogado aseguró que desde entonces arrancó su plan. “La idea de un objetivo único: querían matarla, hacerla desaparecer”, subrayó. “Cecilia se defendió. Cecilia luchó por su vida. Luego de cometer el homicidio, César Sena se dirigió hacia el barrio Emerenciano, donde estuvo con sus padres. Regresaron aproximadamente a las 12. Primero César Sena, después llegan Emerenciano y Marcela. Están los tres juntos, empiezan a poner en marcha la segunda parte del plan: hacer desaparecer el cuerpo de Cecilia y borrar cualquier rastro del crimen”, siguió.
“Pasadas las 13 horas, Emerenciano Sena y Marcela Acuña se comunicaron con sus colaboradores directos, sus personas de confianza: Gustavo Obregón y Fabiana González. Le dieron indicaciones precisas: “Cuiden a César”. Luego describió el rol que tuvo cada uno de los siete imputados en el hecho.
El abogado querellante Gustavo Briend fue el siguiente en tomar la palabra. Habló en nombre de la familia de Cecilia, pidió justicia por ella y aseguró: “Hay numerosas pruebas de cargo que implican la responsabilidad y, por lo tanto, nosotros entendemos que el único veredicto posible para estas personas es el delito de culpabilidad”.
Los alegatos de las defensas
Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano Sena, fue el primero de los defensores en tomar la palabra. Su alegato se basó en remarcar que no hay prueba directa contra el acusado, ni una autopsia que determine que Cecilia fue asesinada.
“Como no existe ninguna prueba que hable de algún tipo de participación del señor Emerenciano Sena en estos hechos, más que ser un buen padre, un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, no van a escuchar otra cosa acá en, en las audiencias donde se va a producir la prueba”, aseguró el letrado. Y agregó: “Hablan de un engaño. ¿De qué engaño podemos hablar cuando ni siquiera tenía ningún tipo de vinculación, ni de conversación, ni de relación siquiera? De hecho, el señor Emerenciano Sena se enteró estando detenido, que el hijo se había casado y que tenía esta supuesta relación con la víctima”.
Osuna concluyó: “Por eso nosotros empezamos este juicio con mucha expectativa y les pido que resuelvan un veredicto de no culpabilidad con respecto al señor Emerenciano Sena”.
Luego fue el turno de Celeste Ojeda, abogada de Marcela Acuña. Su alegato arrancó con una frase de su representada cuando ocurrieron los hechos. “Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada”, reprodujo Ojeda. Y explicó: “Esa fue la frase que envió Marcela Acuña a Fabiana González. Esa no es la frase de una madre que había planeado algo. Esa no es la frase de una persona que había organizado matar a alguien. Esa es la frase de una madre que se acababa de enterar a lo grave que había sucedido en su domicilio”.
La defensora de Acuña admitió en su alegato que Marcela vio el cuerpo en una de sus habitaciones, que al principio no supo de quién era y que le pidió a sus colaboradores que lo sacaran de allí, y que al día siguiente supo que el cadáver era de Cecilia. Dijo que ella actuó como una “madre desesperada”.
“Reconocemos que Marcela se enteró después y que intentó ocultar… Pero acá lo que ustedes tienen que juzgar es si Marcela cometió o no cometió lo que la fiscalía dice. Si realmente existió este plan que dice la fiscalía, o si es como nosotros sostenemos. Recuerden que no es lo mismo crear un plan, organizar un plan, ejecutarlo, dijo el funcionario de la querella, dar muerte a alguien, que no tener idea de lo que sucedió, de no saber absolutamente nada, de encontrarse con una situación, de enterarse después de que sucedió algo grave y que a partir de allí se realicen actos para tratar de ocultarlo, que a partir de ahí se decidan encubrir”.
Gabriela tomljenovic, abogada de César Sena, fue la próxima. Su cliente está acusado de cometer el femicidio de Cecilia. En su alegato, le habló al jurado y les advirtió: “Esto es un rompecabezas y ustedes no van a poder terminar de armarlo. Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Primera cuestión: se menciona un plan…Si había un plan y dentro de ese plan estaba la previsión de un viaje, yo me pregunto: ¿es lógico que César Senna se fue al barrio Emerenciano como lo hacía siempre? Asumimos que si había un plan de iba– que iban a hacer un viaje, él con su compañera, no se iba a andar mostrando en público como lo hacía siempre. Lo más razonable hubiese sido que él se oculte de la vista de todos”.
Y concluyó: “Lo concreto, señores miembros del jurado, y lo que queda claro y que es materia de debate, es lo que en definitiva ustedes están acá para analizar, que yo se los propongo, es que digamos que la existencia del hecho base, que es investigar la presunta muerte de una persona, en este caso de Cecilia, no está acreditada. Todo esto que yo ya les anticipé más lo que ustedes van a ir viendo a lo largo de las próximas audiencias. No van a tener ningún testimonio directo, no van a encontrar ninguna prueba directa”.
La abogada defensora de Fabiana González y Gustavo Obregón sostuvo ante el tribunal que sus defendidos actuaron siempre por gratitud y confianza hacia la familia Sena, descartando la existencia de un plan criminal. Resaltó el contexto personal y familiar de ambos imputados, sus orígenes humildes y la ayuda brindada por los Sena en sus momentos de mayor necesidad, tanto laboral como afectiva. “Quiero que se saquen de los prejuicios, porque mucho prejuicio, muchos dicen que es político, que no es político y se discute con eso”, expresó la abogada, y pidió al jurado que evalúe los hechos con la mente abierta y basándose únicamente en las pruebas.
En su alegato, remarcó que Fabiana y Gustavo participaron en actividades cotidianas y laborales habituales, derivadas de la relación de confianza con la familia Sena, quienes incluso los ayudaron en circunstancias difíciles. La defensora también subrayó: “Por confianza, hicieron montones de cosas. Por gratitud, hicieron montones de cosas”. Reiteró que la fiscalía es la que debe probar la culpabilidad y pidió a los presentes que ignoren las versiones mediáticas, enfocándose solo en los hechos y testimonios presentados durante el juicio.
La abogada Mónica Sánchez, defensora de Gustavo Melgarejo, afirmó ante el jurado que su representado no participó en el hecho investigado y que la noche del 2 de junio de 2023 se encontraba en la casa de un vecino, Rodolfo Ríos, a 1.300 metros del campo de Emerenciano Sena. Argumentó que Melgarejo entregó voluntariamente su teléfono celular a la justicia para demostrar su ubicación y que en los videos registrados consta que permaneció en la vivienda de Ríos con su familia hasta la medianoche. “Una persona que no tiene nada que esconder entrega su celular como lo hizo Gustavo Melgarejo”, sostuvo Sánchez.
La defensora consideró a Melgarejo como un testigo más que como un imputado, y sostuvo que las pruebas de la fiscalía no acreditan su intervención en el delito. Cuestionó la relevancia de la llamada que, según la acusación, lo implicaría, y señaló que “esa llamada ni siquiera fue advertida, ni tampoco fue atendida por el señor Melgarejo”. Sánchez remarcó que las únicas referencias que su defendido hizo ante la justicia fueron sobre una “quemazón” observada en el campo, y pidió al jurado que valore la falta de pruebas en su contra: “Sin prueba, no tiene que haber una persona detenida”.
La abogada Celeste Ojeda, quien también representa a Griselda Reinoso, planteó ante el tribunal la dificultad de probar una acción que no existió y afirmó que la acusación de la fiscalía se basa en suposiciones. Sostuvo que la noche del 2 de junio de 2023, Reinoso y su familia estaban en la casa de un vecino, Rodolfo Ríos, a considerable distancia del campo de Emerenciano Sena, donde compartieron una cena y tomaron fotos y videos que, según la abogada, permiten demostrar su ubicación y actividades. “Griselda es inocente de lo que a ella se le acusa y nosotros lo vamos a probar”, aseguró Ojeda.
Durante su alegato, la defensora remarcó que Griselda Reinoso no tenía relación ni contacto con Marcela Acuña y que tampoco recibió órdenes de ninguna índole. Resaltó que durante el juicio se presentarán peritajes, fotografías y testimonios para ilustrar las distancias y condiciones del lugar, y cuestionó la validez de la supuesta llamada de cuatro segundos que la fiscalía menciona como prueba. “A lo largo de este juicio voy a tratar de probar lo que no se hizo con todas estas pruebas que yo les digo”, afirmó Ojeda, y solicitó que el jurado emita un veredicto de inocencia para su defendida.
El juicio
Además de la de hoy, serán —en total— 15 audiencias que continuarán 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 en el horario de 8 a 17.
A diferencia de la primera parte del proceso, estas audiencias se realizarán en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia. Por tratarse de un espacio con capacidad menor a 100 personas, el Poder Judicial dispuso que la prensa siga el juicio desde una sala remota ubicada a más de seis cuadras, con transmisión en vivo. La decisión generó malestar entre los medios locales, que expresaron su disconformidad.
Según pudo saber Infobae, la lista de testigos incluye 53 nombres, poco más de la mitad fueron propuestos por la fiscalía. En esta primera jornada —si el tiempo lo permite— declararán Gloria Romero, madre de la víctima; su abuela, Mercedes Valois Flores; y un testigo de identidad reservada. El dato: los tres solicitaron hacerlo sin la presencia del clan Sena.
También está citada la psicóloga de Cecilia y dos militantes del Movimiento Socialista Emerenciano Sena, que estuvieron con César Sena el 2 de junio de 2023 en horas posteriores al crimen. Más adelante, se espera que declare Marcelina Sena, una de las hermanas de Emerenciano.
El debate se anticipa centrado en la prueba técnica. Entre las evidencias más relevantes figuran los informes periciales elaborados por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) —que analizó las lesiones de César Sena— y la División Búsqueda de Personas Desaparecidas, que elaboró el primer informe sobre el supuesto viaje a Ushuaia con el que Cecilia fue engañada por César.
Los peritajes telefónicos serán claves. Vale recordar que, tanto César como Marcela Acuña compraron nuevos celulares días después del crimen.
El tribunal popular deberá resolver la responsabilidad penal de César Sena, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; de sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, imputados como partícipes primarios; y de Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes afrontarán cargos por encubrimiento agravado.
El jurado popular
Para llegar a conformar el jurado, fueron necesarias tres audiencias consecutivas en las que se descartaron candidatos uno a uno. “La defensa y la querella discutieron mucho durante el proceso —contó una fuente judicial a Infobae—. Ninguna de las partes quiso ceder ni un ápice: mantienen posturas completamente antagónicas”.
De las 80 personas interrogadas el último día, solo tres dijeron no conocer el caso. El resto admitió haber escuchado hablar de él, aunque afirmaron poder “abstraerse” y decidir basándonos en la prueba.
Cada jurado cobrará $40.000 por día de audiencia y podrá regresar a su casa al finalizar la jornada, aunque tiene prohibido investigar por su cuenta o buscar información en Internet.
Durante la selección se hizo especial hincapié en detectar prejuicios sobre movimientos sociales o piquetes, dada la militancia de los principales acusados. “El jurado está muy segmentado: la mayoría supo diferenciar entre un piquete y una marcha”, confió otra fuente judicial.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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