Policiales
La médica del “geriátrico del horror” de Belgrano se defendió tras la condena: “Volvería a hacer lo mismo”
En una entrevista con Infobae, la infectóloga Carla Raffo, que recibió dos años de prisión por las muertes de 10 abuelos durante el COVID-19, apuntó contra la Justicia, el gobierno de la Ciudad, el SAME y el ex funcionario que la acusó
La médica Carla Raffo tiene otra versión de lo ocurrido la fatídica semana de abril de 2020 que derivó en la muerte de 10 abuelos que residían en el Apart Los Incas, de Belgrano. Esa versión es muy diferente a la que terminó por condenarla a dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos como directora por los delitos de propagación culposa de una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas y violación de medidas epidémicas.
Sucede que la profesional asegura que actuó según los protocolos existentes en ese momento y, en cambio, apunta contra el gobierno de la Ciudad, el SAME y Sergio Federovisky, el ex secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, cuya madre, Delia Ivanac, vivía en la residencia al momento del brote de COVID-19, aunque no murió a causa del virus.
— ¿Por qué decidió, a diferencia del resto de los imputados, dar tus últimas palabras en el juicio?
—¿Cree que no cometió errores?
Estábamos en una situación de pandemia, en el inicio, donde no se sabía absolutamente nada. Donde los protocolos cambiaban todo el tiempo, donde los protocolos hechos por el Gobierno de la Ciudad que estaban focalizados en geriátricos eran impracticables.
—¿Cuáles eran sus responsabilidades en Apart Los Incas?
Yo no era directora médica de la institución, con lo cual había un montón de responsabilidades que no tenía, no cobraba por eso. Y es importante también explicar que una residencia geriátrica no es un hospital. Tenés algunos controles por las enfermedades preexistentes, o crónicas de los pacientes que están institucionalizados. En estos geriátricos de categoría, la mayoría de los pacientes tienen sus médicos de cabecera y se hace un seguimiento en conjunto, más que nada, para asegurarse que la vacunación y las inmunizaciones y los laboratorios estén al día. En el caso de que surja alguna eventualidad, estar ahí para derivar al paciente a un hospital, porque vos no tenés complejidad dentro de una casa.
—¿Qué sucedió cuando comenzó la pandemia?
Una semana antes de que ocurriera todo, la encargada decide que yo dejara de ir tres veces por semana y que vaya una sola vez. Yo también trabajo en un hospital público, soy jefa de un servicio de infectología, tengo una residencia a cargo y soy Directora de la carrera especialista en enfermedades infecciosas de la UBA. Conocimientos de las bajadas que venían de todas partes del mundo, tenía. Íbamos armando y cambiando los protocolos todo el tiempo, según la experiencia, se iba adecuando. En nuestro hospital, que es muy grande, pudimos dividir los cuadros respiratorios de los no respiratorios. Pero en un geriátrico, al no tener infraestructura para poder dividir la guardia, no lo podíamos hacer, pero sí adecuando el protocolo a esa estructura. Desgraciadamente, fue el primer geriátrico en el que pasó todo esto, no estando nadie preparado. Inclusive tuvimos tres personas con síntomas respiratorios, fueron a la guardia y le dieron el alta por faringitis. Todavía no se sabía que podía ser COVID-19.
—¿Cuál era la situación en ese momento?
En ese momento, había 2246 casos en toda la Argentina y solo 400 de circulación comunitaria. Yo no podía hablar con el colega que dio las altas, por ejemplo, a Alicia, la encargada, y decirle por qué no la aisló o dejó internada. No, le dieron el alta y vino a trabajar, ella fue la que trabajó conmigo esa semana. Yo fui todos los días, excepto el martes, porque ese día mis hijos, mellizos, cumplían un año. Además, Pasaban cosas que a mí no me contaban, que algunos se sentían mal y hasta se hizo un cumpleaños. El padre de Federovisky fue todos los días de visita, cuando no podía hacerlo. Era una situación de falta total de la cual yo no tenía conocimiento. Además, me llama la secretaria y me avisa que había tres asistentes internados en el Güemes con síntomas respiratorios, que no cumplían la definición de casos sospechosos. Apenas me enteré de todo esto, activé el sistema 107 (NdR: línea dispuesta por el gobierno de la Ciudad ante situaciones de riesgo frente al COVID-19). Llamé al SAME.
—¿Por qué no llamó antes?
Porque ninguno de los pacientes cumplía la definición de caso sospechoso. Nosotros no teníamos ningún caso confirmado de COVID. Por eso me gustaría saber del porqué de la sentencia. ¿En qué se basaron los jueces para culparnos de las muertes de una enfermedad que desconocida y que se esparció por todo el mundo acá? Independientemente del manejo institucional que tengan los dueños, nadie lo podía controlar porque no se pudo controlar a nivel mundial. Por eso me parece sumamente descabellado y creo que hay conflictos de intereses. Creo que Federovisky tiene mucha injerencia en esta toma de decisiones. Le gusta la cámara, pero nunca contó que su padre ingresaba todos los días al geriátrico cuando no podía hacerlo.
—¿No le resultaron sospechosos los casos de laringitis?
No tuve dudas porque tenían altas médicas. Una de las pacientes que fue derivada la semana anterior por síntomas respiratorios, estuvo internada siete días y nunca la hisoparon. Y ella resultó ser uno de los positivos.
—¿Y cómo supieron que había sido positiva?
Cuando el Gobierno de la Ciudad toma la decisión de hisopar a todos los pacientes, ahí salta positivo. El viernes, cuando yo activo el protocolo porque ya me parecía raro que haya tantos casos con fiebre y tres asistentes internadas, el SAME no quiere hacer la evacuación porque consideraron que no cumplía el criterio de casos sospechosos. El sábado a la mañana viene el Gobierno de la Ciudad y me informan del primer caso confirmado positivo, pero no quieren hacer la evacuación. Les dijeron a los dueños que tenían que tomar personal nuevo. ¿Quién iba a ir a trabajar a un geriátrico que no se sabía si estaba lleno de COVID, con el miedo que existía? O sea, acá la clave es por qué no derivaron el sábado a la mañana cuando vino el primer hisopado positivo. Ahí tenían que venir. Si nosotros activamos el protocolo. Yo les pedí que hagan la evacuación. No la hicieron.
-¿Y, ese viernes, el SAME, qué respondió?
Yo hablé con una médica, María Alejandra Godoy. No me lo olvido nunca más. Ella fue quien me dijo que no se cumplía ninguno criterio de casos sospechosos y que, si había pacientes descompensados, los derive por sus obras sociales.
—Cuando el SAME se presenta, finalmente, ¿cómo fue esa derivación?
Yo había trabajado todo el sábado desde mi departamento para acomodar a los pacientes. Pero la evacuación se hace de forma totalmente desorganizada y caótica porque la pidió este señor que tenía poder, obviamente por ser parte del gobierno nacional. Él quiso volver a internar a su mamá en el geriátrico el día martes y no lo pudo hacer porque los dueños se lo impidieron. La madre se termina institucionalizando en otro de los geriátricos de la misma empresa, donde la médica también era yo, que era en el Hostal Cullen.
—Pero, entonces, ¿cómo se desencadenaron estas muertes?
Cuando nosotros derivamos a los pacientes, ninguno estaba con insuficiencia respiratoria. Las derivaciones se iban haciendo a cuentagotas a medida que te los aceptaban las obras sociales. Pero las obras sociales tampoco querían aceptar. Imagínate que había miedo por todos lados. Empezaban a escasear los insumos. Fue un lío. Cuando el SAME, el martes, hace la derivación masiva de pacientes, me voy corriendo a Belgrano y le digo al doctor (Alberto) Crescenti (NdR: director del SAME), que la mayoría de los pacientes están en demencia. La mayoría no sabía qué medicación tomaba y los familiares no iban a poder acompañarlos. Crescenti no me dejó darle ese resumen de historia clínica que yo tenía preparado de cada paciente para que el médico que lo recibiera supiera que ese paciente tenía diabetes, que usaba insulina, que tenía Parkinson o que tenía hipertensión.
—¿Está diciendo que las muertes no fueron por COVID?
Los médicos que los recibieron no conocían qué afecciones tenían y eso acentuó enfermedades. Ninguno murió en el geriátrico. Ninguno requirió intubación endotraqueal inmediatamente. Uno de ellos murió con resultado negativo de COVID. El resto de las enfermedades no dejaron de existir. En ese momento había escasez de recursos y de personal en los hospitales porque nos íbamos enfermando.
¿Todos los pacientes fallecieron en internación, tenían hisopado para COVID positivos? Sí. ¿Y se murieron de COVID? La verdad es que no sé, porque sus enfermedades preexistentes habían sido también desatendidas por esta derivación caótica que se hizo el martes, cuando se podría haber hecho cinco días antes, de forma ordenada y coordinada por mí, que era la médica que estaba ahí en la institución. Pero no, ni siquiera me avisaron de que venía el SAME y Crescenti no me dejó entrar.
—¿Por qué cree que la condenaron?
Me llama mucho la atención y quiero saber bien los fundamentos de la sentencia porque los jueces hablan con el diario del lunes. Si volvemos a ese momento, a ese día, con el conocimiento que había de las cosas, volvería a ser lo mismo, porque no tenía otra cosa para hacer. No tenía más herramientas porque el Gobierno de la Ciudad no derivó y el SAME no se llevó a los pacientes.
-En lo personal, ¿cómo la afectó este proceso?
Me parece injusto. Es una hipocresía total. Los médicos nos estábamos poniendo en riesgo y dejando a nuestras familias para atender a los pacientes con COVID. Y ahora tener que pasar por esto me da mucho dolor y bronca. Durante el proceso, muchos colegas me avalaron y respaldaron, eso me ponía contenta, pero cómo terminó todo esto, acusándome… Sentís que no vale la pena todo el esfuerzo. Yo di todo. Los jueces (Ndr: María Julia Correa y Norberto Circo, el presidente, Juan Manuel Neumann, votó en disidencia) no tuvieron empatía ni sentido común. ¿Acusar a un médico en una pandemia? Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera. ¿Qué hubiera pasado si los médicos nos hubiéramos quedado todos en casa? Y ahora, con esta liviandad te ponen en un juicio. Hace cinco años que estoy en esto. Es insoportable. Me conforta que puedo seguir ejerciendo la medicina, que era lo que a mí me importaba. Yo estudio desde que tengo 18 años y tengo cuatro especialidades, no sé ni quiero hacer otra cosa.
Policiales
Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal
Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional
El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.
“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.
El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.
Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.
“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.
Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.
Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.
De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.
Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal
- Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
- Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
- Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
- Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
- Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
- Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
- Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
- Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
- Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
- Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
- Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
- Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal
- Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
- Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
- Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
- Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
- Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
- Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
- Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
- Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
- Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
- Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.
Policiales
Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche
El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre
La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.
En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.
De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.
El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.
Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.
La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.
El caso
El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.
El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.
Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.
Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.
Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.
A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.
Policiales
Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial
El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante
Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.
La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.
Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.
El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.
Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte
La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este año. Todos son inimputables.
Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.
Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.
Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.
Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.
Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.
Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.
Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.
Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.
Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.
Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.
El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.
“Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.
Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.
Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.
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