Aunque ya habría tres votos en favor de rechazar el recurso de la ex presidenta, dejando firme su condena, aún no está definida la fecha en que será firmada esa resolución. Los jueces ya cuentan con un extenso informe de la Secretaría Penal que recomienda rechazar los recursos
En el cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde tienen sus despachos los tres jueces de la Corte Suprema, ayer no hubo ninguna reunión. Ni siquiera un encuentro informal. Por eso no hay certezade que en el plenario previsto para hoy se firme la causa Vialidad, un caso de enorme impacto político y judicial. De confirmarse este fallo, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Técnicamente podría pasar en cualquier momento, ya que los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya tendrían decidido rechazar los planteos de CFK y de los otros ocho condenados “con un 280 pero fundado”, según fuentes judiciales. Esto significa la firma de una resolución que rechaza las apelaciones sin más trámite, aunque fundamentando la decisión por motivos de trascendencia institucional.
Sin embargo, no habría coincidencia entre los tres jueces en cuanto a la fecha de la firma del fallo. Además, ayer se conoció que Rosenkrantz tiene previsto viajar a México entre este miércoles y el lunes de la semana próxima.
El informe interno
El documento que circula entre los jueces fue elaborado por el secretario penal del tribunal, Diego Seitún. En él propone rechazar todos los recursos presentados, tanto por las defensas como por el fiscal Mario Villar, y avalar así la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Kirchner, así como las penas impuestas a los otros ocho condenados.
Este informe puede ser tenido en cuenta por la Corte pero no es determinante, ya que cada juez cuenta con sus propios proyectos redactados por los profesionales que se desempeñan en sus vocalías.
El texto de Seitún analiza punto por punto los argumentos presentados en los recursos de queja, revisa la jurisprudencia de la Corte en casos similares, y propone una resolución concreta: aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para rechazar sin mayor argumentación los planteos.
Este mecanismo, utilizado con frecuencia en el tribunal, permite desestimar recursos sin abrir una discusión jurídica ni fundar en profundidad la decisión. Sin embargo, en un caso de semejante sensibilidad política e institucional, los jueces prefieren tomarse más tiempo y preparar un fallo más detallado.
Los detalles de los votos
Al rechazar los planteos de apelación, los argumentos de los votos por “280 fundado” confirmarían básicamente los lineamientos expuestos en el extenso fallo de la Cámara de Casación, de noviembre pasado, que a su vez confirmó la condena impuesta en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).
Los tres votos de los jueces de la Corte, podría girar sobre los siguientes ejes:
– Tanto el TOF 2 como Casación respetaron el derecho de defensa de los condenados y sus garantías constitucionales.
– La maniobra de defraudación contó con la intervención de la ex presidenta y de José López, entre los años 2003 y 2015, desde que comenzó el Gobierno de Néstor Kirchner hasta que terminó el gobierno de Cristina, 12 años después.
– La maniobra se realizó a través de la creación del grupo empresario Austral Construcciones para direccionar el proceso licitatorio en tan sólo 30 días.
– Los jueces también rechazarían los cuestionamientos que hicieron los abogados de los condenados porque la Justicia no realizó un peritaje de cada uno de los 51 contratos cuestionados. Sin embargo, la Corte aceptaría que el peritaje realizado por muestreo resultó ser representativo de toda la maniobra que se investigó en la causa.
El caso en análisis
La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad, fue dictada en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini,Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes juzgaronel desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La obra pública en la provincia de Santa Cruz estuve en la mira de la Justicia por contratos millonarios aparentemente irregulares.
Este fallo fue confirmado en noviembre pasado por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, por medio de una sentencia de más de 1.600 páginas en la que rechazó tanto los recursos de las defensas como el de la fiscalía.
En la misma decisión, Casación confirmó las condenas -también por el delito de fraude a la administración pública- de Lázaro Báez (6 años de prisión), de José López (6 años de prisión), de Nelson Periotti (6 años de prisión), de Juan Carlos Villafañe (5 años de prisión), de Raúl Pavesi (4 años y 6 meses de prisión), de José Santibáñez (4 años de prisión), de Mauricio Collareda (4 años de prisión) y de Raúl Daruich (3 años y seis meses de prisión). A todos los ex funcionarios se les había impuesto la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aspecto también confirmado por el máximo tribunal penal.
Por decisión mayoritaria de los camaristas Borinsky y Barroetaveña, se rechazó la pretensión del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita, confirmando así la decisión absolutoria del tribunal oral 2 en cuanto a ese delito. El juez Hornos, en disidencia, consideró que correspondía aplicar la figura de asociación ilícita.
La decisión de la Corte dejaría firme también las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro, y el sobreseimiento por prescripción de Carlos Kirchner, quien fuera acusado por el Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.
La Corte no tiene plazos para pronunciarse. Pero el reloj político corre. En un año electoral, cualquier decisión sobre Cristina Kirchner —ya sea la confirmación de su condena o una posible revisión— tendrá repercusiones que exceden lo jurídico. Todo indica que, ese contexto, el máximo tribunal prefiere, por ahora, seguir trabajando en silencio y firmar el caso en los próximos días. O quizá semanas.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.