La Cámara Civil ordenó a la empresa eléctrica compensar a dos clientes tras comprobarse que fueron dejados a oscuras y destratados en un local vulnerando sus derechos como consumidores

Si bien es habitual el destrato de grandes empresas de servicios públicos a sus clientes, son muy pocas las personas que logran lo que consiguieron Luciana Sofía Guatelli y Ariel Hernán Mastroianni luego de sus reclamos.

Según se corroboró, Luciana y Ariel ingresaron a la oficina en horario de atención al público, cerca de las 15, hora de cierre del local. Mientras esperaban para ser atendidos, los empleados se levantaron repentinamente de sus lugares de trabajo y sin atenderlos se fueron y los dejaron encerrados en el lugar.

Como consecuencia del hecho, Guatelli y Mastroianni demandaron a la compañía de electricidad por la privación ilegítima de la libertad y el trato humillante que sufrieron en su sucursal. Reclamaron una indemnización de $200.350 por los rubros de daño moral ($100.000), daño punitivo ($100.000) y gastos de mediación ($350).

Reconoció sin embargo que la puerta exterior del local estaba cerrada con llave, pero lo justificó por su metodología de atención a los clientes: “Al finalizar la hora de atención al público, como es habitual en todas las oficinas públicas se cerró la puerta exterior para indicar que ya no podía ingresar nadie al edificio”.

La jueza de primera instancia rechazó la demanda al entender que los denunciantes no habían probado que fueron privados ilegítimamente de su libertad al quedar encerrados en la sucursal de Lanús.

La magistrada reconoció que los denunciantes estuvieron en el local el día del hecho, se retiraron solo después de la llegada de la policía y la puerta exterior estaba cerrada con llave. No obstante, se detuvo en algunas inconsistencias de la prueba producida para rechazar el reclamo. Entre ellas, señaló las contradicciones en las declaraciones de los demandantes y otros involucrados en la causa penal que se inició a raíz del hecho, descartó los testimonios aportados por los actores por ser de testigos indirectos y desestimó los videos grabados por Guatelli en la sucursal el día del hecho por estimar que no probaban el encierro.

La jueza también mencionó que Gallardo, la usuaria que acompañaba a los actores en la sucursal, manifestó que no se sentía privada de la libertad ya que “si gritaba el personal de seguridad le abría la puerta del lugar”. Como surge de las declaraciones de la causa penal, un empleado de seguridad de Edesur salió al encuentro del oficial Meza unos minutos después de que el móvil policial arribara a la sucursal, por lo que la jueza tuvo por probado que “los actores no se hallaban solos en las oficinas de Edesur”. Asimismo, recordó que la puerta de vidrio templado interior de la sucursal estaba abierta y que no tuvo por acreditado que el cierre de la puerta exterior “haya obedecido a la intención deliberada de privar de su libertad a los actores”.

La sede de la polémica

Guatelli y Mastroianni no se conformaron con la decisión judicial y apelaron. Señalaron que las contradicciones señaladas por la primera jueza que entendió en la causa no definían el fondo de la cuestión y se detuvieron especialmente en un detalle que la magistrada omitió: las puertas cerradas con llave eran dos y no una.

Si bien la puerta de vidrio templado de acceso a la sucursal estaba abierta, sostuvieron que, de la declaración del oficial Meza y de uno de los videos aportados como prueba, surge que tanto la puerta exterior de rejas como el portón intermedio de hierro estaban cerrados con llave.

En la sentencia, la jueza había concluido que el hecho de que la puerta exterior estuviera cerrada no hacía presumir un encierro doloso o efectuado con culpa grave, sino que respondía a la necesidad de impedir que nuevos clientes ingresaran a la sucursal. Los actores cuestionaron este razonamiento teniendo en cuenta que las puertas cerradas fueron dos.

En su demanda, los actores fundaron su reclamo en la pretendida privación ilegítima de la libertad y en el trato humillante que sufrieron en la sucursal de Edesur: “Terminamos sufriendo un humillante trato por parte de los empleados y el personal de seguridad de la demandada, quienes no solo no nos tomaron los reclamos, sino que nos dejaron encerrados en la sucursal por casi dos horas, (…) lo que nos generó un daño emocional irreparable”.

La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Buenos Aires tomó el caso. Con respecto a la privación ilegítima de la libertad invocada, planteó que se trata de un potencial hecho constitutivo de responsabilidad civil. Sin embargo, coincidió con el criterio de la jueza de primera instancia: debió ser demostrada por los actores, sobre quienes recaía la carga de la prueba.

Y en este caso -consideró el tribunal- los actores no alcanzaron prueba de convicción suficiente para dar por probada la privación ilegítima de la libertad invocada.

Aunque es cierto que los actores no probaron la privación de la libertad, no puede decirse lo mismo con respecto al trato humillante, consideraron los jueces.

Al margen de las contradicciones en las declaraciones, Edesur admitió que, luego de verificar que los reclamos de Guatelli y Mastroianni no eran “urgentes”, los empleados del local les ofrecieron “un número para ser atendidos de manera prioritaria al día siguiente”, pese a haber ingresado a la sucursal antes de las 15:00 —horario de cierre—.

Asimismo, como surge de uno de los videos y de las declaraciones en la causa penal de Gallardo y Leonardo Alberto Lázaro —empleado de seguridad de la sucursal—, luego del horario de cierre los trabajadores abandonaron sus puestos y se retiraron sin atender a Gallardo, Guatelli y Mastroianni.

Sumado a esto, también debe tenerse en cuenta a partir de las declaraciones de Gallardo y Lázaro y de lo que puede observarse en uno de los videos agregados como prueba, que las luces del local se apagaron luego de que los empleados abandonaran sus escritorios

Quedó acreditado además que la puerta exterior de rejas de la sucursal estaba cerrada con llave y, a partir de la declaración del oficial de policía, puede confirmarse que el portón intermedio también estaba trabado.

En síntesis, tres personas que se acercaron e ingresaron en horario de atención al público a una sucursal de la demandada para hacer reclamos como usuarios del servicio eléctrico se encontraron con que no solo no fueron atendidos, sino que además fueron invitados a retornar al día siguiente. Ante su insistencia en ser escuchados, fueron dejados transitoriamente a solas en un local a oscuras y con algunas puertas de acceso cerradas.

Si bien en su contestación Edesur explicó que el día del hecho “sufría una afluencia extraordinaria de usuarios”, tal circunstancia no justifica en modo alguno la conducta de los empleados de la sucursal, explicaron los jueces.

De la misma manera que se incumple con el deber de trato digno el proveedor que no ofrece alguna vía de comunicación eficiente con sus consumidores, también lo hace el que se niega a atender sus reclamos en una sucursal que, como la del caso, funciona como “oficina de atención a usuarios”, o bien el que omite proveerles una adecuada y oportuna información. Y todo ello sucedió en este caso, enfatizaron los magistrados.

Por todo lo expuesto, la Sala M, integrada por Guillermo González Zurro y María Benavente, decidió revocar el fallo de primera instancia, admitir la demanda y condenar a Edesur a pagar $500 mil a cada una de las víctimas. Se aplicó además una tasa de interés del 8% anual desde el hecho hasta el pronunciamiento del tribunal, fechado en marzo de 2025.

La zona está cercada por oficiales de grupos especiales de la Bonaerense, también hay gente de la fuerza porteña en el lugar. El homicida había recibido una restricción perimetral este martes

Un policía de la Ciudad permanece atrincherado en un gimnasio del partido de Moreno desde la tarde de este martes, luego de que esta tarde matara a la pareja de su ex novia a balazos.

La locura se desató alrededor de las 16.30 en Roque Sáenz Peña 2228, y Centenario, en ese partido del Oeste bonaerense, luego de que ingresara un llamado informaron que “se escucharon detonaciones de arma de fuego”.

Los policías en la zona del gimnasio

Los vecinos les informaron a los policías que el sospechoso estaba adentro del gimnasio y que tenía a su ex pareja como rehén, por lo que se implementó un operativo cerrojo. Al lugar llegó entonces el Superintendente del grupo Halcón y los padres del homicida.

Fue identificado como Gabriel Fernando Danielo, un ex Policía Federal de 39 años que tiene el rango de oficial inspector y estaba afectad a la Comuna 2B, de Policía de la Ciudad.

Los policías lograron disuadir al homicida que retenía a su ex de 35 años del cuello, y la víctima fue liberada. Fue ella quien contaría luego a los investigadores lo que había sucedido.

La mujer dijo que Danielo se presentó en su gimnasio, pero ella no lo quiso recibir. Ese día le había llegado la notificación de la restricción perimetral que ella había solicitado a la Justicia. “Se ofuscó y le disparó a Heredia, la actual pareja de su ex”, confiaron las fuentes del caso. Ahí fue cuando la tomó de rehén.

La calle donde está el gimnasio, a 12 cuadras de la estación (Captura Semanario Actualidad/Facebook)

Tras ser liberada, la víctima fue trasladada a un centro de salud mientras Danielo, atrincherado en el lugar, se niega a “entregarse, profiriendo amenazas”, contaron quienes estaban en el lugar. Y fuentes oficiales indicaron que el femicida envió una nota a sus colegas de la Bonaerense y ese texto está en manos de la Justicia.

La causa en su contra se investiga como homicidio agravado (femicidio), amenazas y resistencia a la autoridad y está a cargo de la UFI N°2 de Moreno, a cargo de la fiscal Betiana Guilleron. El Grupo Halcón y las fuerzas especiales de la Bonaerense trabajan en el lugar.

Por su parte, el cuerpo de la víctima, habiendo pasado más tres horas del femicidio, sigue tendido sobre la vereda frente al gimnasio donde se atrincheró el policía. Se llamaba Marcela Fabiana Heredia, de 46 años.

Noticia en desarrollo

Un hombre y una joven mujer fueron sentenciados por “alterar” la identidad de una niña y falsear documentos públicos en una inscripción irregular en el Registro Civil. Fueron hallados culpables por anotar a la menor como hija del imputado sin haber comprobado la paternidad mediante prueba genética

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a tres años de prisión en suspenso a Leandro C., de 51 años, y a Natalia P., de 25, por haber inscripto a una menor como hija biológica de él, pese a no existir vínculo genético entre ambos. Según el fallo, la maniobra “vulneró el régimen legal vigente en materia de filiación y adopción” y afectó el derecho a la identidad de la niña.

El caso se remonta a febrero de 2019, cuando Leandro C. se presentó en el Registro Provincial de las Personas de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y reconoció formalmente a S.A.P., nacida en noviembre de 2018, como su hija de nacimiento. La inscripción quedó asentada en acta pública. No obstante, una pericia genética posterior confirmaría la inexistencia de vínculo sanguíneo con la menor.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre y a una joven por falsedad ideológica y alteración de la identidad de una menor

La maniobra fue detectada por una enfermera del Programa de control de niño sano, dependiente del sistema de salud local, quien observó que la menor no residía con su madre, la imputada Natalia P., sino con la pareja conformada por el imputado Leandro C. y su esposa Ornella G. Esta situación fue informada al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Arrecifes.

Sin embargo, según sus propias palabras, para ese entonces mantenía una vida afectiva que calificó como “promiscua”, lo que le impedía afirmar con certeza la paternidad del hombre. Por esa razón, optó por no comunicarle el embarazo a fin de “no afectar su vida familiar” y transitar ese periodo “en soledad”.

Tiempo después, al tomar conocimiento del nacimiento de la menor, Leandro C. comenzó a involucrarse afectivamente, visitándolas con frecuencia. Fue entonces que ambos, sin realizar estudios previos, “decidieron concurrir al Registro Provincial de las Personas y realizar el reconocimiento de la niña”.

Según describió la joven de 25 años en las entrevistas, consignadas en el fallo del tribunal de juicio, en un momento “la situación se tornó pública” y la esposa de Leandro C. “tomó conocimiento de lo sucedido, llegando incluso a aceptar la presencia de la menor en su hogar”.

Así las cosas, el hombre terminó reconociendo ante las autoridades que no era el progenitor de sangre de S.A.P. y que actuó “con la intención de darle su apellido y acogerla en su núcleo familiar”. También señaló que desconocía que esa conducta configuraba, en rigor, un delito penal.

El fallo remarcó que los imputados inscribieron a la niña sin estudios genéticos previos y con incertidumbres sobre la verdadera paternidad de la menor (Foto ilustrativa: Freepik).

El estudio genético de ADN ordenado en la causa fue determinante. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación logró confirmar el vínculo materno de Natalia P. con la niña y excluir a Leandro C. como padre biológico.

Tras elaborar la reseña del caso, el juez de cámara expresó: “resulta claro que ambos imputados -tanto Natalia como Leandro- actuaron con conocimiento de la incertidumbre que existía en torno a la verdadera paternidad de la menor. A pesar de ello, optaron por inscribirla directamente como hija biológica de Leandro C. ante el Registro de las Personas, sin realizar previamente análisis genéticos que despejaran tales dudas”.

“Esta conducta fue deliberada y reservada -añadió el magistrado Sutter Schneider-, tal como ellos mismos reconocen en sus presentaciones defensivas, admitiendo que intentaron evitar que la situación trascendiera públicamente”.

Luego fijó postura: “Ahora bien, más allá de la eventual intención protectora o de resguardo hacia la niña, lo cierto es que esta forma de proceder vulneró el régimen legal vigente en materia de filiación y adopción, y encubrió un proceso de adopción irregular bajo el manto de la apariencia de verdad en esa inscripción”.

El juez consideró que, aun cuando los imputados pudieran haber actuado bajo la guía “de la buena intención”, sus actos no se ajustaron al ordenamiento vigente y perjudicaron tanto a la menor como a la integridad del sistema de adopciones. En sus términos, subrayó que las conductas imputadas implicaron “una vulneración directa al régimen legal de adopción vigente en nuestro país, y con ellos, -afectaron- también de forma simbólica y real a todas aquellas personas y familias que, respetando la ley, transitan durante años procesos largos, complejos y cargados de exigencias para acceder legalmente a la guarda y posterior adopción de un niño o una niña”.

“Lo que se protege aquí no es solo una norma formal -explicó el magistrado-, sino un bien jurídico complejo: la legalidad del sistema de adopción y los derechos de niños, niñas y adolescentes a saber de su real identidad y a un entorno familiar conforme a la ley”.

Bajo esos parámetros, el fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional a través de un acuerdo de juicio abreviado con las dos defensas. Esta propuesta, tras ser revisada de forma unipersonal, fue homologada por el Tribunal Federal de Juicio N°1 de Rosario.

A pesar de los hechos corroborados, la menor demostró intención de quedarse con el matrimonio conformado por Leandro y Ornella (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La resolución dispuso que Leandro C. y Natalia P., ambos condenados, deberán fijar residencia y realizar un curso sobre el régimen legal de adopción en la Argentina, que será coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Además, deberán “estar a lo que se resuelva por la Justicia de familia de Pergamino” en relación con la supresión del apellido C. de los documentos oficiales de la niña.

Sobre este último punto, el tribunal aclaró que no era su competencia ordenar directamente la rectificación registral, pero informó que la acción civil ya está en trámite. En noviembre de 2024, se promovió una demanda de impugnación de paternidad ante el Juzgado de Familia Nº 2 de San Nicolás. La madre de la menor formalizó allí la presentación para que el verdadero padre biológico, expareja de la joven, asuma legalmente su rol. Leandro C. se allanó frente a esa pretensión.

Según un informe psicosocial incorporado al expediente, la menor S.A.P., actualmente de seis años, manifestó “su intención de seguir siendo identificada con el apellido C. -el del condenado-, además de verificarse que en todo este tiempo continuó y se consolidó su crianza por el matrimonio -de Leandro y su esposa Ornella-, cabiendo presumir verazmente que así seguirá siendo, sin que nadie, ni ninguna autoridad hubiera siquiera solicitado que ello no sea así”.

“Dado lo apuntado -dijo el juez Sutter Schneider antes de concluir-, en relación a esta solicitud, corresponderá estar a lo que disponga el Juzgado de Familia en cuestión en torno a la circunstancia del apellido de la menor, más allá que todo indica va en rumbo a que se concrete y cumpla lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal y que acordó con los imputados y su defensa”.