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Condenan a dos personas por inscribir a una menor como hija sin lazo genético

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Un hombre y una joven mujer fueron sentenciados por “alterar” la identidad de una niña y falsear documentos públicos en una inscripción irregular en el Registro Civil. Fueron hallados culpables por anotar a la menor como hija del imputado sin haber comprobado la paternidad mediante prueba genética

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a tres años de prisión en suspenso a Leandro C., de 51 años, y a Natalia P., de 25, por haber inscripto a una menor como hija biológica de él, pese a no existir vínculo genético entre ambos. Según el fallo, la maniobra “vulneró el régimen legal vigente en materia de filiación y adopción” y afectó el derecho a la identidad de la niña.

El caso se remonta a febrero de 2019, cuando Leandro C. se presentó en el Registro Provincial de las Personas de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y reconoció formalmente a S.A.P., nacida en noviembre de 2018, como su hija de nacimiento. La inscripción quedó asentada en acta pública. No obstante, una pericia genética posterior confirmaría la inexistencia de vínculo sanguíneo con la menor.

El Tribunal Oral Federal NºEl Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre y a una joven por falsedad ideológica y alteración de la identidad de una menor

La maniobra fue detectada por una enfermera del Programa de control de niño sano, dependiente del sistema de salud local, quien observó que la menor no residía con su madre, la imputada Natalia P., sino con la pareja conformada por el imputado Leandro C. y su esposa Ornella G. Esta situación fue informada al Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Arrecifes.

Sin embargo, según sus propias palabras, para ese entonces mantenía una vida afectiva que calificó como “promiscua”, lo que le impedía afirmar con certeza la paternidad del hombre. Por esa razón, optó por no comunicarle el embarazo a fin de “no afectar su vida familiar” y transitar ese periodo “en soledad”.

Tiempo después, al tomar conocimiento del nacimiento de la menor, Leandro C. comenzó a involucrarse afectivamente, visitándolas con frecuencia. Fue entonces que ambos, sin realizar estudios previos, “decidieron concurrir al Registro Provincial de las Personas y realizar el reconocimiento de la niña”.

Según describió la joven de 25 años en las entrevistas, consignadas en el fallo del tribunal de juicio, en un momento “la situación se tornó pública” y la esposa de Leandro C. “tomó conocimiento de lo sucedido, llegando incluso a aceptar la presencia de la menor en su hogar”.

Así las cosas, el hombre terminó reconociendo ante las autoridades que no era el progenitor de sangre de S.A.P. y que actuó “con la intención de darle su apellido y acogerla en su núcleo familiar”. También señaló que desconocía que esa conducta configuraba, en rigor, un delito penal.

El fallo remarcó que losEl fallo remarcó que los imputados inscribieron a la niña sin estudios genéticos previos y con incertidumbres sobre la verdadera paternidad de la menor (Foto ilustrativa: Freepik).

El estudio genético de ADN ordenado en la causa fue determinante. El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación logró confirmar el vínculo materno de Natalia P. con la niña y excluir a Leandro C. como padre biológico.

Tras elaborar la reseña del caso, el juez de cámara expresó: “resulta claro que ambos imputados -tanto Natalia como Leandro- actuaron con conocimiento de la incertidumbre que existía en torno a la verdadera paternidad de la menor. A pesar de ello, optaron por inscribirla directamente como hija biológica de Leandro C. ante el Registro de las Personas, sin realizar previamente análisis genéticos que despejaran tales dudas”.

Esta conducta fue deliberada y reservada -añadió el magistrado Sutter Schneider-, tal como ellos mismos reconocen en sus presentaciones defensivas, admitiendo que intentaron evitar que la situación trascendiera públicamente”.

Luego fijó postura: “Ahora bien, más allá de la eventual intención protectora o de resguardo hacia la niña, lo cierto es que esta forma de proceder vulneró el régimen legal vigente en materia de filiación y adopción, y encubrió un proceso de adopción irregular bajo el manto de la apariencia de verdad en esa inscripción”.

El juez consideró que, aun cuando los imputados pudieran haber actuado bajo la guía “de la buena intención”, sus actos no se ajustaron al ordenamiento vigente y perjudicaron tanto a la menor como a la integridad del sistema de adopciones. En sus términos, subrayó que las conductas imputadas implicaron “una vulneración directa al régimen legal de adopción vigente en nuestro país, y con ellos, -afectaron- también de forma simbólica y real a todas aquellas personas y familias que, respetando la ley, transitan durante años procesos largos, complejos y cargados de exigencias para acceder legalmente a la guarda y posterior adopción de un niño o una niña”.

“Lo que se protege aquí no es solo una norma formal -explicó el magistrado-, sino un bien jurídico complejo: la legalidad del sistema de adopción y los derechos de niños, niñas y adolescentes a saber de su real identidad y a un entorno familiar conforme a la ley”.

Bajo esos parámetros, el fiscal federal Federico Reynares Solari solicitó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional a través de un acuerdo de juicio abreviado con las dos defensas. Esta propuesta, tras ser revisada de forma unipersonal, fue homologada por el Tribunal Federal de Juicio N°1 de Rosario.

A pesar de los hechosA pesar de los hechos corroborados, la menor demostró intención de quedarse con el matrimonio conformado por Leandro y Ornella (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La resolución dispuso que Leandro C. y Natalia P., ambos condenados, deberán fijar residencia y realizar un curso sobre el régimen legal de adopción en la Argentina, que será coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Además, deberán “estar a lo que se resuelva por la Justicia de familia de Pergamino” en relación con la supresión del apellido C. de los documentos oficiales de la niña.

Sobre este último punto, el tribunal aclaró que no era su competencia ordenar directamente la rectificación registral, pero informó que la acción civil ya está en trámite. En noviembre de 2024, se promovió una demanda de impugnación de paternidad ante el Juzgado de Familia Nº 2 de San Nicolás. La madre de la menor formalizó allí la presentación para que el verdadero padre biológico, expareja de la joven, asuma legalmente su rol. Leandro C. se allanó frente a esa pretensión.

Según un informe psicosocial incorporado al expediente, la menor S.A.P., actualmente de seis años, manifestó “su intención de seguir siendo identificada con el apellido C. -el del condenado-, además de verificarse que en todo este tiempo continuó y se consolidó su crianza por el matrimonio -de Leandro y su esposa Ornella-, cabiendo presumir verazmente que así seguirá siendo, sin que nadie, ni ninguna autoridad hubiera siquiera solicitado que ello no sea así”.

“Dado lo apuntado -dijo el juez Sutter Schneider antes de concluir-, en relación a esta solicitud, corresponderá estar a lo que disponga el Juzgado de Familia en cuestión en torno a la circunstancia del apellido de la menor, más allá que todo indica va en rumbo a que se concrete y cumpla lo solicitado por el Ministerio Publico Fiscal y que acordó con los imputados y su defensa”.

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Imprescriptibilidad, prisión efectiva y aumento de penas: los 22 cambios clave de la reforma del Código Penal

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Los delitos de corrupción pública tendrán sanciones gravísimas para los funcionarios. También se ampliarán las sanciones en casos de delitos contra la familia y de accidentes de tránsito por imprudencia. Se introduce la figura de “ecocidio” en el proyecto que impulsa el gobierno nacional

El Gobierno enviará al Congreso Nacional el proyecto de reforma integral del Código Penal: endurece penas para el delito de homicidio, robo, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. También para los accidentes de tránsito, cuando se demuestra conducción imprudente.

“El 82 por ciento de los delitos van a ser con prisión efectiva”, enfatizó.

El proyecto determina además la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado.

Patricia Bullrich y Manuel AdorniPatricia Bullrich y Manuel Adorni anunciaron que el Gobierno enviará el nuevo proyecto del Código Penal

Las condenas a prisión perpetua dejarán de tener límite temporal: cuando se condene por homicidio agravado la prisión perpetua será “para toda la vida”.

“Los delitos de corrupción van a tener penas graves, gravísimas de acuerdo al delito cometido, porque si sos funcionario tenés más responsabilidad, tenés que cuidar la plata de la gente, no te la podés robar”, enfatizó por su parte Bullrich durante el anuncio y remarcó que desde ahora “si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte”.

Por otro lado, la flamante senadora sostuvo que se deja “atrás la doctrina Zaffaroni” para que la sociedad deje de encontrarse “a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos”. Será el fin de “esta idea de la puerta giratoria”.

Entre los ejemplos que citó figura el del delito de homicidio simple que en la actualidad tiene una pena máxima de 25 años de prisión y “ahora pasa a una máxima de 30 años”. En el caso del homicidio agravado habrá una serie de cambios a la hora de considerar los agravantes para imponer las penas.

De esta manera, se trata de una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas.

Cuáles son los principales puntos que cambiarán en el nuevo Código Penal

  • Violencia en el deporte y espectáculos masivos: El proyecto de reforma crea figuras penales específicas para sancionar con mayor severidad los episodios violentos ocurridos en estadios, espectáculos musicales y eventos de gran convocatoria pública. Se prevé la aplicación de penas más duras tanto a quienes participan en peleas, disturbios o agresiones en inmediaciones de estos lugares, como a quienes los organizan, promueven o encubren. El propósito es desalentar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes y la integridad colectiva.
  • Narcotráfico: Se amplían y endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes. El texto abarca desde el cultivo, producción y tenencia de drogas hasta la comercialización y el tráfico internacional. Se enfocan recursos penales en la persecución de las redes criminales y sistemas financieros que las sostienen. El castigo se agravará cuando intervengan funcionarios públicos o las actividades involucren menores de edad.
  • Decomiso y extinción de dominio: habrá procedimientos más estrictos para que las personas condenadas por delitos pierdan definitivamente los bienes obtenidos de forma ilícita. Se impulsa una política de extinción de dominio que impida la recuperación de dinero, propiedades u objetos relacionados con actividades delictivas, prohibiendo su transferencia con fines de ocultamiento o disimulación.
  • Protección de bienes culturales: La propuesta legal introduce sanciones específicas para quienes trafiquen, destruyan, sustraigan u oculten bienes de valor cultural, arqueológico o histórico. El objetivo es desalentar el saqueo, proteger el patrimonio nacional y combatir el mercado ilegal de arte, muchas veces vinculado a organizaciones criminales.
  • Compra y venta de niños: Se refuerza el carácter inadmisible de actos vinculados a la compra, venta o entrega de niños y niñas para explotación o adopción ilegal. El proyecto suma agravantes a las penas previstas y responsabiliza penalmente tanto a intermediarios como a quienes se valen de situaciones de extrema vulnerabilidad para concretar estas conductas prohibidas.
  • Delitos contra la familia: El articulado revisa y actualiza la tipificación de infracciones asociadas a la familia, incorporando nuevas formas de violencia intrafamiliar, incumplimientos a los deberes de asistencia y protección, así como otros atentados contra los derechos de los integrantes más vulnerables. El enfoque busca mejores herramientas para garantizar la protección de los lazos familiares frente a conductas abusivas, negligentes o desentendidas.
  • Tragedias viales: La conducción temeraria, bajo efectos del alcohol o drogas, las carreras ilegales y los siniestros culposos con consecuencias fatales serán abordados con penas superiores. El texto legal prevé agravantes por cantidad de víctimas, acciones dolosas o negligentes graves y afectación de la seguridad vial colectiva.
  • Medio ambiente: Se asignan penas más altas a los delitos que provocan perjuicios masivos al ambiente, impactos en áreas protegidas o riesgos a la salud pública. El nuevo código introduce la figura de ecocidio para sancionar ataques contra el equilibrio ecológico, ubicando el tema ambiental como parte del interés público penalmente tutelado.
Con el nuevo código, seCon el nuevo código, se endurecen las herramientas para combatir el tráfico de estupefacientes
  • Agravantes frente a sujetos vulnerables: Se precisan escalas penales mayores cuando los crímenes se cometen en perjuicio de personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad o cualquier población en situación de vulnerabilidad especial. El aumento de castigos tiene el objetivo de proteger de modo reforzado a quienes requieren protección diferenciada por parte del Estado.
  • Imprescriptibilidad en delitos graves: El proyecto dispone la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos, y la extiende a conductas como homicidio simple y agravado, abuso sexual, grooming, comercialización o distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y narcotráfico, entre otros.
  • Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610): Se sostiene en su totalidad la vigencia de la normativa aprobada en 2020, asegurando el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La reafirmación de la ley en el texto penal garantiza el acceso y respalda los derechos sexuales y reproductivos en línea con los criterios de salud pública y equidad de género.
  • Violencia de género: Se actualizan y endurecen los tipos y penas ligados a la violencia de género en todas sus formas: doméstica, sexual y digital, incorporando delitos como el ciberacoso y la difusión no consentida de material íntimo. El código prevé agravantes para hechos cometidos por motivos de género, identidad u orientación sexual y se enlaza con marcos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Los nuevos delitos que ingresarán al Código Penal

  • Cibercrimen: La reforma incluye un conjunto de figuras penales específicas para abordar delitos cometidos en el ámbito digital, tales como fraude informático, acceso no autorizado a sistemas, usurpación de identidad en línea, grooming y difusión no consentida de imágenes íntimas, conocida como “pornovenganza”. Con estas modificaciones, se fortalece la protección de la seguridad y la privacidad en entornos virtuales.
  • Motochorros: El nuevo texto define de manera precisa las conductas delictivas cometidas mediante el uso de motovehículos. Se introducen agravantes particulares dados el riesgo extremo que implican estas acciones para las víctimas y terceros, buscando desalentar este modo de operación que genera elevada preocupación pública en zonas urbanas.
  • Criminalidad ambiental: Se reconoce expresamente el valor de los bienes colectivos y la defensa del entorno. El Código introduce delitos como el ecocidio y la contaminación agravada, con penas más altas para quienes ocasionen daños irreversibles a ecosistemas, áreas protegidas o a la salud comunitaria, abordando los problemas producidos por el cambio climático y promoviendo la sostenibilidad.
Habrá agravantes para los motochorrosHabrá agravantes para los motochorros
  • Delitos de corrupción: Los delitos vinculados con la corrupción pública y privada, entre los que se encuentran el cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función, se actualizan y endurecen en su escala penal, otorgando una respuesta más severa frente a conductas que minan la confianza pública y afectan el funcionamiento institucional.
  • Lavado de activos: El Código refuerza el combate contra el lavado de dinero al potenciar la coordinación con organismos de control tanto nacionales como internacionales. Se introducen nuevos instrumentos procesales y materiales para optimizar la recuperación de bienes ilícitos e impedir el blanqueo de recursos provenientes de delitos.
  • Terrorismo: La propuesta de reforma actualiza la normativa sobre terrorismo en consonancia con las pautas de Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se contemplan desde los atentados clásicos hasta los ataques contra infraestructuras críticas, redes eléctricas y sistemas digitales, garantizando una respuesta penal frente a amenazas complejas sin comprometer derechos fundamentales ni criminalizar acciones legítimas de protesta.
  • Financiamiento del terrorismo: Se perfecciona la tipificación relativa al financiamiento de actividades terroristas, incluyendo toda operación de provisión, administración o recaudación de fondos con conocimiento del fin ilícito. La actualización responde a exigencias de organismos internacionales e incorpora mecanismos como el congelamiento preventivo de activos y la cooperación internacional, con el objetivo de impedir la captación de recursos por organizaciones delictivas.
  • Crimen organizado transnacional: La normativa amplía el encuadre para perseguir delitos cometidos por organizaciones con estructura y alcance internacional. Incluye tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando a gran escala y corrupción sistémica. Se suman herramientas de decomiso extendido, persecución de testaferros y mayor gravedad en las sanciones para quienes participen o financien tales estructuras.
  • Estabilidad fiscal y monetaria: El Código incorpora la protección de la estabilidad fiscal y monetaria como bienes jurídicos centrales, sancionando delitos económicos vinculados a evasión tributaria organizada, contrabando agravado, falsificación monetaria, intermediación financiera no autorizada y maniobras especulativas de significativa incidencia sobre el sistema económico y el mercado nacional.
  • Capítulo destinado a proteger el orden electoral: El proyecto sistematiza y agrupa más de treinta figuras penales dirigidas a preservar la transparencia, igualdad y libertad en procesos electorales. Se sanciona toda conducta capaz de distorsionar el sufragio, alterar la neutralidad durante la jornada de votación o dificultar el ejercicio del derecho al voto. La reforma incorpora además delitos relacionados con el entorno digital, como la manipulación algorítmica, creación o alteración de datos, imágenes, audios o perfiles para influir en el voto, y el empleo de contenidos falsos, cuentas automatizadas, estrategias de segmentación engañosa y algoritmos destinados a la desinformación o coacción electoral.

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Extendieron la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el líder de la secta de Montenegro en Bariloche

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El Tribunal prorrogó la detención del ciudadano ruso, acusado de trata de personas, mientras que la defensa insiste con sus reclamos por el estado de salud del hombre

La Justicia decidió extender hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el hombre señalado como el líder de la secta de Montenegro en Bariloche y acusado por trata de personas. La medida se adoptó después de dos audiencias celebradas el viernes pasado, en las que se abordaron tanto el vencimiento del plazo de detención como el estado de salud del imputado.

En diálogo con Noticias Argentinas, el abogado defensor Carlos Broitman calificó las audiencias del viernes como “clave”, ya que en una se resolvió la extensión de la prisión preventiva y en la otra se discutió un pedido de morigeración por razones de salud.

De hecho, el juez Zapata denegó la realización de los estudios y dispuso la ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026. Para la defensa, esta negativa implica desatender informes clínicos urgentes y evidencia que la Fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin aportar pruebas nuevas.

El letrado detalló que desde agosto permanece pendiente la realización de una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos con potencial maligno. Asimismo, cuestionó la ausencia de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.

Según informó NA, los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, fundamentan los pedidos de la defensa. “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”, dice el documento.

La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores en la administración de medicamentos. En el mismo informe, los especialistas reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no puede realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.

El caso

El origen de la causa se remonta al 17 de marzo, cuando una mujer rusa embarazada de 22 años acudió al hospital de Bariloche acompañada de otras dos mujeres.

Una de las mujeres rusasUna de las mujeres rusas detenidas

El personal médico denunció que la joven se encontraba en un estado de sometimiento, ya que sus acompañantes no le permitían hablar y eran ellas quienes interactuaban con los profesionales.

Tras un entredicho por la intención de inducir el parto, la embarazada y sus acompañantes abandonaron el hospital, lo que motivó la denuncia y la intervención de la Fiscalía, que alertó a los hospitales de la zona.

Días después, las mismas mujeres regresaron al hospital junto a otras tres personas y la joven dio a luz por cesárea.

Según la denuncia, las acompañantes intentaron que el bebé fuera inscripto con el apellido del supuesto líder de la organización, alegando que él era el padre y que se presentaría en breve. Los médicos rechazaron la solicitud y consignaron el apellido materno, pero una de las mujeres intentó modificar el documento, lo que obligó a confeccionar una nueva partida de nacimiento.

La PSA detuvo a RudnevLa PSA detuvo a Rudnev en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche

A raíz de la denuncia, la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche realizó allanamientos y secuestró numerosos documentos, incluidos poderes generales firmados por Rudnev.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo a Rudnev y a siete mujeres en el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche, y a otras seis personas en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tienen 13 y 15 años, robaron un auto y chocaron en Villa Lugano tras una persecución policial

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El menor de 13 años había sido detenido el domingo por robar un vehículo a una comerciante

Dos menores de 13 y 15 años fueron detenidos esta madrugada tras una persecución policial que culminó en el barrio porteño de Villa Lugano. Todo ocurrió cuando, al intentar escapar en un auto robado, perdieron el control y chocaron contra un poste de alumbrado público.

La persecución de este jueves comenzó cuando oficiales de la Dirección de Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad detectó a un Nissan March de color blanco con pedido de secuestro. Había sido robado a mano armada el pasado martes en Mataderos.

La persecución terminó en laLa persecución terminó en la intersección de la avenida Piedra Buena y De la Rosa.

Tras el choque contra el poste, tres delincuentes se dieron a la fuga hacia el Barrio 15, mientras que los dos menores quedaron dentro del vehículo. Fueron detenidos y trasladados por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital Santojanni, con traumatismos múltiples.

El domingo pasado, el menor de 13 años había sido detenido luego de que una comerciante alertara a la Policía sobre el robo de una Renault Duster, que luego fue hallada abandonada en Rodolfo Scapino al 6800. En la fuga, el adolescente fue detenido junto a dos cómplices de 14 y 15 años.

Cuatro menores fueron detenidos estaCuatro menores fueron detenidos esta semana por robos en el subte.

Tiene 14 años y fue atrapado dos veces en 48 horas por robos en el subte

La semana pasada, un adolescente de 14 años fue capturado dos veces en 48 horas por robos cometidos en la red de subte porteña. Otros tres menores de entre 14 y 15 años fueron atrapados junto a él y juntos acumulan 27 ingresos a comisarías relacionados con sustracciones y hurtos en los subterráneos este añoTodos son inimputables.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado 17 de noviembre, unos minutos antes de las 20, en la estación Once de la Línea H.

Personal de la Policía de la Ciudad identificó a tres menores señalados por pasajeros como autores habituales de ataques en el transporte, especialmente hacia otros chicos.

Cuando los vieron, todos escaparon a la calle y dos de ellos finalmente fueron interceptados en la avenida Jujuy al 100. Tenían en su poder un teléfono celular que no supieron justificar.

Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional de Menores N°3, que conduce la jueza Julia Marano Sanchís, se los trasladó al Instituto Inchausti. No se encontró a la víctima del robo de ese momento.

Dos días después, durante la tarde de este miércoles, otros agentes de la misma división descubrieron a tres chicos robando en el andén de la estación Pueyrredón de la Línea D.

Sucedió alrededor de las 17. Según los voceros, uno de ellos (el mismo menor atrapado el lunes) intentó sacarle el teléfono a una mujer con un golpe en la mano. Cuando la Policía los persiguió, los adolescentes corrieron a hacer combinación con la Línea H. Finalmente fueron demorados en el hall de la estación.

Nuevamente, la misma jueza dispuso el traslado de los tres al mencionado instituto en calidad de comunicados, entre otras medidas de rigor.

Uno de los adolescentes fueUno de los adolescentes fue detenido dos veces en 48 horas

Según las fuentes, el chico de 14 años que fue capturado dos veces en 48 horas es oriundo del partido bonaerense de San Miguel, cuenta con 16 ingresos previas a comisarías con expedientes por robo, hurto, robo agravado y tentativa de robo en banda, con el primer episodio ocurrido en marzo del año pasado.

Otro de 15 años, domiciliado en Capital Federal, suma 11 capturas por hechos como robo en banda, hurto y encubrimiento agravado.

Un tercer adolescente de 15 años, vecino de José C. Paz, fue vinculado a cinco casos en lo que va de 2025: entre ellos, robo agravado con arma y robo en banda.

El último joven apresado en los dos procedimientos por “robo bajo la modalidad arrebato”, también de 14 años y oriundo de San Miguel, no tenía ingresos previos a comisarías porteñas.

Esto no va a cambiar hasta que discutamos con seriedad el Régimen Penal Juvenil. No hay política criminal que resista este tipo de reiterancia delictiva”, reclamó en sus redes sociales el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro.

Al referirse a los menores que registraban ingresos previos a comisarías, el funcionaron señaló “Vienen de José C Paz y San Miguel a robar a la Ciudad casi todos los días. Entre los tres, sólo en 2025, registran 27 detenciones por robo”.

Y completó la crítica: “Mientras tanto, los seguimos deteniendo, regresan a las calles en pocas horas y siguen generando víctimas, continuando en un raid delictivo que lamentablemente termina mal”.

 

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