La Casa Rosada busca desarticular la ofensiva opositora en Diputados. “No vamos a tocar el Presupuesto”, advirtieron en el oficialismo. Tácticas contrapuestas por el conflicto del Hospital Garrahan
En la Casa Rosada suelen repetir a menudo que “la motosierra es infinita”, aunque esta, a veces, encuentra resistencias en el plano de lo real. El Gobierno enfrentará esta semana una agenda mediática que estará protagonizada por la continuidad de los reclamos de recomposición salarial en el Hospital Garrahan, así como la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados, que buscará tratar proyectos para aumentar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.
Aunque en diferentes dimensiones, ambas cuestiones apuntan a un incremento del gasto que el Ejecutivo no está dispuesto a relegar. “No hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”, afirmó ante Infobae una altísima figura de la Casa Rosada al ser consultado sobre los proyectos que la oposición no dialoguista con La Libertad Avanza quiere impulsar en el Congreso.
El presidente Javier Milei (Foto: TOMAS CUESTA / AFP)
Las expectativas del oficialismo para el miércoles no serían buenas. Creen que Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda terminaron de configurar un temario de sesión que tiene chances de conseguir quórum y, posteriormente, que se aprueben algunos de los temas clave. Si esto se da en Diputados, donde La Libertad Avanza tiene más margen de acción, el panorama pretende ser más desalentador para el Senado.
Es por eso que en la Presidencia de Diputados comenzaron a elevar públicamente las consecuencias de que las iniciativas de aumento jubilatorio y extensión de moratoria se aprueben. “Proponen una sesión con proyectos de ley que, de aprobarse, tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1.8% PBI). Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de intentar romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir”, publicó Martín Menem en su cuenta de X.
Esta es la misma línea que rige en la Casa Rosada, aunque le delegan a Menem el grueso de las negociaciones para que no haya quórum. Muy cerca de Milei se limitan a decir que vetará todas las iniciativas que le dificulten su meta de déficit cero, una de las anclas más importantes que tiene para mostrar el Gobierno de cara a los mercados.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
“Los números para ambos vetos están, y a Javier no le tiembla el pulso”, afirman. No sería la primera vez que deba recurrir a ese instrumento. El año pasado ya lo hizo con el aumento de jubilaciones y la suba del presupuesto universitario que se habían sancionado el año pasado: terminó sin grandes costos políticos, ya que si bien perdió apoyo en el corto plazo, lo terminó por recuperar en el mediano y largo plazo. A los ojos de Milei, sus estrategas políticos y su gabinete económico, es preferible recibir los achaques mediáticos a que no dar señales contundentes de rigidez fiscal.
Dos semanas atrás, la oposición no alineada había convocado a sesionar con un temario similar, pero Menem logró persuadir a varios gobernadores para que no den quórum. ¿Qué diferencia hay respecto a la vez pasada? Que esta vez no está en los papeles la creación de la Comisión $LIBRA, un tema en el que algunas provincias aceptaban bajar a sus diputados con tal de no incomodar a los Milei. Sin eso sobre el horizonte, se reducen las cartas que tiene el oficialismo para negociar. “Los gobernadores tampoco van a bajar a sus legisladores todas las veces que quiera la Casa Rosada”, explica una alta fuente en Diputados.
La extensión de la moratoria tiene menos probabilidades de ser aprobada que otras iniciativas en carpeta. Pero si las iniciativas que prevén una suba del 7,2% en las jubilaciones y pensiones, que prevén, además, un incremento en el bono extraordinario de $ 70.000 a $ 105.000 o 115.000. El equipo económico calculó un costo de 1,3% del PBI para esta última iniciativa.
La diputada nacional de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presidenta de la Comisión de Personas Mayores en Diputados, quien es una de las principales impulsoras del aumento jubilatorio, aprovechó el contexto para criticar al ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación del Garrahan: “Los residentes también podrían salvarle la vida a sus hijos, ministro. Mientras tanto, usted está en televisión hablando del precio de las empanadas y estigmatizando a quienes sostienen con su trabajo el sistema de salud pública.”
Y es que antes del miércoles, la agenda estará atravesada por el conflicto en torno al Hospital Garrahan. El Gobierno anunció a través de los canales oficiales del nosocomio un incremento en los bonos a residentes que llevan a $ 1.300.000 su salario de bolsillo.
En rigor, el oficialismo quiere separar la demanda de los residentes respecto del resto del personal y que la asamblea general del martes pierda fuerza.
Los médicos residentes no aceptaron la oferta que figuró en el comunicado, alegando que no les llegó ninguna oferta de parte del Ministerio de Salud, que son quienes emplean a los residentes tanto en el Garrahan como en los demás hospitales nacionales. “La medida será comunicada a través del sistema de comunicación interna el día lunes porque los domingos ‘no están disponibles’”, explicó ayer el ministro de Salud, Mario Lugones.
En un comunicado publicado ayer, los residentes solicitaron conocer cómo es la propuesta formal de parte del Ejecutivo. El aumento anunciado refiere a un aumento de 30% en el bono que reciben, llevándolo a $500.000. Esto no implicaría un incremento en el salario básico, que actualmente es de $797.000. Por esta cuestión, desde este sector afirman que “la medida de fuerza no tuvo ningún cambio”. Esta noche, los médicos residentes harán una “marcha de las velas” que tendrá como emplazamiento último el Obelisco porteño.
El ministro de Salud, Mario Lugones
Queda esperar cuál es la táctica elegida por los funcionarios sanitarios. Y es que un incremento a los residentes tensará la situación con estos mismos profesionales de otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud. Pero también presagia un recrudecimiento de las medidas al interior del mismo Garrahan: y es que hay un 90% del personal que no pertenece a ese sector (como los médicos de planta, enfermeros, personal administrativo) y que también reclama recomposiciones. A ellos sí les cabe la negociación con los directivos del nosocomio pediátrico.
La Junta Interna de ATE advirtió en un comunicado publicado ayer que “la exclusión a más del 90% de las personas que trabajan en el hospital, lejos de cerrar el conflicto lo agrava”. Así, por más que los residentes acuerden, es probable que persistan las medidas de fuerza. Esto será debatido en una asamblea general que se hará el próximo martes a las 13 horas. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, convocan.
En el Gobierno reconocen la situación de los paupérrimos salarios de los médicos, pero relativizan el reclamo al poner el foco en la idea de que está siendo “fogoneado” por los gremios “que no quieren perder sus privilegios”.
La línea que bajaron desde el Ministerio de Salud era que el conflicto se había activado después de que el ministro de Salud convalidara la implementación del sistema biométrico de control de asistencia para controlar a aquellos empleados que, supuestamente, no van a trabajar. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis, y quien no se presente a trabajar será despedido”, marcó la cúpula del hospital en el comunicado, el cual fue revisado celosamente por los guionistas libertarios de la Casa Rosada.
“¿Por qué estalló el conflicto en el Garrahan? Respuesta: el lunes comienza el control biométrico y los ñoquis quedarán expuestos”, es uno de los tuits reposteado por varios alfiles clave del Gobierno y que sintetiza la posición libertaria del asunto.
Según el Anuario 2024 del Hospital Garrahan, la cantidad de trabajadores de planta es de 4728. Estos se dividen en tres niveles. El 68% (3190 empleados) forma parte de las áreas que trabaja directamente con los pacientes, el nivel asistencial. Este grupo está compuesto por médicos de planta, técnicos, ayudantes, auxiliares y otros profesionales. Además de licenciados en medicina, hay kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos y farmacéuticos, entre otros. El 20% (957 empleados) del hospital forman parte del grupo logística, mientras que otro 12% está integrado por 581 trabajadores en la conducción tanto administrativa como médica.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.