Orlando Cartagena Lagar, el “primer ministro” de un autoproclamado gobierno de la isla en el exilio, denunció que la dictadura de Guinea Ecuatorial está practicando un “exterminio” y violando derechos humanos.
En Annobón, una isla remota de África occidental de 17 km cuadrados ubicada en el océano Atlántico, al sur del archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, crece un reclamo de activistas políticos para que el gobierno de Javier Milei de su apoyo ante la denuncia de violaciones de derechos humanos del régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial, encabezado por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
Así lo dio a entender Orlando Cartagena Lagar, el “primer ministro” del autoproclamado gobierno de Annobón, que cuestiona la soberanía de Guinea Ecuatorial sobre la isla y la violencia política que ejerce sobre sus habitantes.
“La situación de Annobón es dramática. Estamos soportando un asedio militar de Obiang y de su clan de militares que no tienen escrúpulos, que someten a la población a la miseria absoluta. No hay agua, no hay sanidad, no hay luz, no hay colegio para los niños, y los militares se dedican al abuso infantil como métodos de humillación a la población. Estamos viviendo una situación humanitaria increíble”, expuso hoy Cartagena Lagar, en diálogo con radio Mitre.
Según la página de “Ambô Legadu”, el movimiento político que integra Cartagena Lagar, esta agrupación convocó a una serie de “asambleas generales del Pueblo Annobonés” desde 2021 para tratar la cuestión de la soberanía. El grupo solicitó a las autoridades de Guinea Ecuatorial la autodeterminación del pueblo de Annobón, un reclamo que fue ignorado.
El 8 de julio de 2022, una nueva asamblea declaró la independencia de manera unilateral, si bien hasta la fecha carece de reconocimiento formal de ningún otro estado nacional en el concierto de las naciones. Apenas pudo lograr su incorporación en 2024 como miembro de la UNPO, la “Organización de Naciones y Pueblos No Representados”, un organismo dependiente de la ONU.
Orlando Cartagena Lagar, el “primer ministro” del autoproclamado gobierno de Annobón, visitó el país en abril pasado (Adrian Escandar)
Según Cartagena Lagar, la mayoría de los habitantes de la isla, “cerca de 20.000 personas”, partieron hacia el exilio por la carestía y la situación humanitaria, y solo quedarían 2 mil habitantes. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), de 2016, la población superaba las 5.000 personas.
“Se está sobreviviendo solo con los tubérculos y la pesca artesanal. Esto no es suficiente, como la población está diezmada y los militares están abusando de las niñas, se ven obligados a viajar”, consideró. Y remató: “Es un terrorismo y genocidio absoluto contra nuestro pueblo”.
La situación política de Annobón
El “primer ministro” explicó por qué están pidiendo ayuda de Argentina, sobre todo, porque existe “una historia común con nosotros”. ”Hemos pertenecido al Virreinato del Río de la Plata, somos un pueblo africano, pero hablamos español. Buscamos países que hemos tenido un lazo histórico, tenemos seguidores y un asesor argentino”, reconstruyó.
España es uno de esos países donde la solicitud de ayuda tuvo algún eco. Desde el partido “Podemos” presentaron un proyecto legislativo para apoyar el reclamo por la cuestión humanitaria y, elevar una nota para que se incorpore su estatus de descolonización ante las Naciones Unidades.
Desde la península ibérica, recordaron que Annobón fue colonizada por Portugal a finales del siglo XV. De allí surge su nombre “Año Bueno”. En 1778 la isla fue transferida a España mediante el Tratado de El Pardo y, desde entonces, Annobón “sufrió un abandono institucional severo, sin integración efectiva en la administración ni provisión de servicios básicos”. En 1968, España se desprendió y cedió el territorio a Guinea Ecuatorial al otorgar la independencia de sus territorios subsaharianos, entre los que estaba Annobón.
Pese a este pedido de soberanía, los organismos internacionales, por el momento, solo tienen acreditada la violencia política y el reclamo por las violaciones de derechos humanos en la isla contra activistas. El 29 de noviembre de 2024, el Consejo de Seguridad de la ONU incorporó en su análisis la crisis política que se desencadenó el 21 de julio del año pasado, cuando las fuerzas de seguridad del gobierno de guinea ecuatorial reprimió con “uso excesivo de la fuerza” en la isla varias protestas por la explotación de los recursos naturales.
En ese contexto, “la conexión a internet y la telefonía estuvieron cortadas durante más de un mes, y las fuerzas de defensa y seguridad fueron enviadas a Annobón, lo que resultó en la detención de al menos 20 isleños, todos pertenecientes a la etnia annobón”, indica el reporte. Aministía Internacional advirtió también por esos hechos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación de los detenidos.
En medio de ese revuelo, renunció la primera ministra Manuela Roka Botey y el gobierno parlamentario de Guinea Ecuatorial, quienes dimitieron a petición del presidente Teodoro Obiang Nguema, quien alegó la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica.
En esta situación convulsa, y aún irresuelta en el orden interno, es que vuelve a tener difusión el reclamo del autoproclamado gobierno de Annobón. “Lo importante es salvarnos de la situación actual, que es el reconocimiento de nuestra independencia de Guinea Ecuatorial”, insistió Cartagena Lagar, quien no descartó una eventual negociación con Argentina.
“Otros países no nos ha abierto la puerta. El pueblo argentino nos ha atendido”, dijo el primer ministro, sobre su reciente visita al país, donde participó de actividades en el Congreso. Y si bien aclaró que no están pidiendo una “anexión” al país, sugirió ayer en declaraciones a radio Rivadavia: “Podemos ser parte de Argentina. Podemos ser parte de una provincia, o ser un estado asociado”.
Elon Musk y Donald Trump rompieron públicamente su alianza política y personal, en medio de acusaciones cruzadas, amenazas de represalias económicas y publicaciones virales en redes sociales. El quiebre se formalizó cuando Musk reposteó en X un pedido de juicio político (impeachment) contra el presidente y propuso que sea reemplazado por el senador J.D. Vance. A la publicación, Musk agregó un escueto pero contundente: “Yes”.
El conflicto escaló rápidamente cuando Trump, durante una reunión con el canciller alemán, expresó estar “muy decepcionado con Musk” y sugirió que podría cancelar todos los contratos gubernamentales de SpaceX y Starlink. “La forma más fácil de ahorrar miles de millones es cortar los subsidios a Elon”, escribió en su red Truth Social.
«A la luz de la declaración del Presidente sobre la cancelación de mis contratos gubernamentales, SpaceX comenzará a desmantelar su nave espacial Dragon de inmediato», respondió Musk también en redes sociales. Y subió la apuesta a la amenaza de Trump de dejar de financiar sus proyectos: “Adelante, haceme el día”, respondió y fue más allá al insinuar que Trump figura en los archivos no publicados del caso Jeffrey Epstein, lo que —según el empresario— explicaría la falta de transparencia de la Casa Blanca sobre ese escándalo.
La ruptura se produjo pocos días después de una despedida privada en el Despacho Oval, donde Trump le entregó a Musk una llave simbólica en reconocimiento por su gestión al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Ambos habían compartido actos de campaña, vuelos en el Air Force One y hasta estadías en Mar-a-Lago, la residencia del presidente.
Sin embargo, el proyecto económico que Trump impulsa —denominado “Enorme y Hermoso Proyecto de Ley”— generó fuertes críticas por parte de Musk, quien lo calificó de “repugnante abominación” y advirtió que aumentaría el déficit. El detonante habría sido la reversión de los créditos fiscales a vehículos eléctricos, una medida que afecta directamente a Tesla.
Trump contraatacó retirando la nominación de Jared Isaacman, impulsado por Musk para dirigir la NASA, y lo calificó como “un absoluto demócrata”. Tras el cruce, las acciones de Tesla cayeron más del 10%, sumando tensión al escenario. Musk, lejos de recular, afirmó: “Sin mí, Trump habría perdido la elección. Qué ingratitud”.
El mandatario republicano además aplicará restricciones a otras siete naciones. La medida empezará a regir la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir de la semana que viene tendrán prohibida la entrada al país los ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Además, aumentará las restricciones para que puedan ingresar a Estados Unidos los ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Según informó la Casa Blanca, la medida se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 20 de enero de 2025 bajo el título “Protegiendo a Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública”.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca citó a Donald Trump: “Restauraremos la prohibición de viaje, algunos la llaman la prohibición de viaje de Trump, y mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales, como lo ratificó la Corte Suprema”. Durante su primer mandato, Trump implementó una medida similar que fue validada por el máximo tribunal, el cual reconoció que la restricción “se basa expresamente en propósitos legítimos”.
“El reciente ataque terrorista en Boulder (Colorado) ha subrayado los peligros extremos que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no son debidamente investigados”, dijo Trump en un mensaje de vídeo.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un acto en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU. 7 mayo 2025. REUTERS/Leah Millis
Durante su primer mandato, Trump emitió en enero de 2017 una orden ejecutiva que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen.
La Casa Blanca detalló que la Proclamación contempla excepciones para residentes legales permanentes, titulares de visados vigentes, ciertas categorías de visados y personas cuya entrada responda a intereses nacionales de Estados Unidos.
La administración Trump sostiene que la protección de la población estadounidense exige medidas que impidan el ingreso de personas que puedan representar una amenaza.
La Proclamación se apoya en el precedente legal establecido por el caso Trump v. Hawaii, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la autoridad presidencial para restringir el ingreso de extranjeros en virtud de la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. El tribunal determinó que tales restricciones “entran plenamente en el ámbito de la autoridad presidencial” y que su fundamento responde a “propósitos legítimos”.
En la justificación país por país, la Casa Blanca expuso que Afganistán carece de una autoridad central competente para emitir pasaportes o documentos civiles y no dispone de mecanismos adecuados de control y verificación. El informe de permanencia irregular correspondiente al año fiscal 2023 indica que el 9,70% de los titulares de visados de negocios o turismo (B1/B2) y el 29,30% de los estudiantes, visitantes de intercambio y formación profesional (F, M, J) de Afganistán permanecieron en Estados Unidos más allá del periodo autorizado.
En el caso de Birmania, el informe señala una tasa de permanencia irregular del 27,07% en visados B1/B2 y del 42,17% en F, M y J. Además, el país no ha colaborado históricamente en la repatriación de sus nacionales sujetos a deportación. Chad presenta una tasa de permanencia irregular del 49,54% en B1/B2 y del 55,64% en F, M y J para 2023, mientras que en 2022 la cifra fue del 37,12% en B1/B2, lo que, según la Casa Blanca, evidencia un desinterés por las leyes migratorias estadounidenses.
Foto de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, en una sesión de firma de decretos en la Casa Blanca March 31, 2025. REUTERS/Leah Millis
La República del Congo muestra tasas del 29,63% en B1/B2 y del 35,14% en F, M y J. Guinea Ecuatorial alcanza el 21,98% en B1/B2 y el 70,18% en F, M y J. En Eritrea, la falta de acceso a antecedentes penales y la negativa a aceptar la repatriación de nacionales se suman a tasas del 20,09% en B1/B2 y del 55,43% en F, M y J.
Haití registra un 31,38% de permanencia irregular en B1/B2 y un 25,05% en F, M y J. La Casa Blanca subrayó que durante la administración de Joe Biden cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente al país, lo que, según el gobierno de Trump, incrementó los riesgos de redes criminales y amenazas a la seguridad nacional. Además, se señala la ausencia de una autoridad central capaz de proporcionar información policial suficiente para garantizar que los nacionales haitianos no representen un peligro.
Irán figura como patrocinador estatal del terrorismo y, según la Casa Blanca, no coopera en la identificación de riesgos de seguridad ni en la repatriación de nacionales sujetos a deportación. Libia carece de una autoridad central competente y la presencia histórica de grupos terroristas en su territorio agrava los riesgos asociados a la entrada de sus ciudadanos.
En el caso de Somalia, la administración Trump argumenta que el gobierno no controla efectivamente su territorio ni dispone de mecanismos adecuados de verificación. Somalia ha sido identificada como refugio de grupos terroristas que planifican y ejecutan operaciones desde su territorio, y el país tampoco ha aceptado la repatriación de sus nacionales.
Sudán y Yemen también carecen de autoridades centrales competentes y de sistemas de control efectivos. En Sudán, las tasas de permanencia irregular alcanzan el 26,30% en B1/B2 y el 28,40% en F, M y J. Yemen, además, no ejerce control físico sobre su territorio y desde el 20 de enero de 2025 es escenario de operaciones militares estadounidenses.
Respecto a los países sujetos a restricciones parciales, la Casa Blanca detalló que Burundi presenta tasas del 15,35% en B1/B2 y del 17,52% en F, M y J. Cuba, identificada como patrocinador estatal del terrorismo, no comparte información policial suficiente y se ha negado a aceptar la repatriación de sus nacionales; sus tasas de permanencia irregular son del 7,69% en B1/B2 y del 18,75% en F, M y J.
Laos muestra un 34,77% en B1/B2 y un 6,49% en F, M y J, y tampoco ha colaborado en la repatriación de nacionales. Sierra Leona tiene tasas del 15,43% en B1/B2 y del 35,83% en F, M y J, y ha fallado en aceptar la devolución de sus ciudadanos. Togo presenta un 19,03% en B1/B2 y un 35,05% en F, M y J. Turkmenistán registra un 15,35% en B1/B2 y un 21,74% en F, M y J. Venezuela carece de una autoridad central competente y de mecanismos de control adecuados, y ha rechazado la repatriación de nacionales; su tasa de permanencia irregular en B1/B2 es del 9,83%.
La Casa Blanca argumentó que la selección de países y la severidad de las restricciones responden a las circunstancias particulares de cada nación, con el objetivo de incentivar la cooperación y mejorar los sistemas de control y verificación. En algunos casos, la presencia significativa de grupos terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo constituyen factores de riesgo directo para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La nueva Proclamación amplía y actualiza la política de la administración anterior, incorporando una evaluación de los riesgos actuales en materia de control, verificación y amenazas a la seguridad. Según consignó la Casa Blanca, la medida busca garantizar que quienes soliciten ingresar a Estados Unidos no representen un peligro para la población, y responde a la obligación presidencial de proteger los intereses nacionales y la seguridad pública.
El gobierno estadounidense sostiene que la falta de cooperación de algunos países en la verificación de identidad, el intercambio de información sobre amenazas y la aceptación de nacionales sujetos a deportación dificulta la gestión migratoria y la protección de la seguridad interna. Además, la presencia de organizaciones terroristas o el patrocinio estatal del terrorismo en ciertos países refuerza la necesidad de restricciones específicas.
La Proclamación, según reportó la Casa Blanca, se presenta como una herramienta para fortalecer la seguridad fronteriza, promover la cooperación internacional y asegurar que los sistemas de control migratorio sean efectivos frente a los desafíos actuales. Las restricciones se mantendrán hasta que los países afectados demuestren mejoras sustanciales en sus procesos de verificación y cooperación con las autoridades estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos calificó la decisión judicial que restringía su política comercial como “errónea” y “motivada políticamente”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves la decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de suspender temporalmente una sentencia que bloqueaba la mayor parte de los aranceles que ha impuesto durante su gobierno. Al mismo tiempo, arremetió contra los jueces que emitieron ese fallo, a quienes acusó de causar un “grave daño” al país con un dictamen “horrible” y motivado políticamente.
“El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) dictó una sentencia increíblemente desfavorable para Estados Unidos en relación con unos aranceles que se necesitaban desesperadamente, pero, afortunadamente, el pleno de los once jueces del Tribunal de Apelación del Circuito Federal acaba de suspender la orden”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
El fallo del CIT cuestionaba la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente, argumentando que excedió sus atribuciones constitucionales al imponerlos sin la aprobación del Congreso. Los jueces consideraron que esa medida violaba el principio de separación de poderes, al asumir una función que corresponde al Poder Legislativo.
El presidente de Estados Unidos calificó la decisión judicial que restringía su política comercial como “errónea” y “motivada políticamente” (REUTERS/Carlos Barria)
Trump rechazó este argumento y defendió su autoridad para proteger los intereses económicos del país sin depender del Congreso. “Se debe permitir al presidente proteger a Estados Unidos de aquellos que le están causando daño económico y financiero”, declaró, señalando a sus opositores como “buscavidas de trastienda”.
Según Trump, la paralización de los aranceles favorece a actores extranjeros en detrimento de Estados Unidos. “Está siendo aclamada en todo el mundo por todos los países, excepto por Estados Unidos”, dijo. Y advirtió que, si se formalizara el fallo, sería “la sentencia financiera más dura que se nos haya impuesto jamás como nación soberana”.
El mandatario solicitó al Tribunal Supremo que intervenga. “Esperemos que el Supremo la revoque de forma rápida y decisiva”, afirmó. La suspensión actual, decretada por el Tribunal de Apelaciones, tiene carácter provisional mientras se resuelve la apelación del Ejecutivo.
Desde su primer mandato, Trump ha defendido una política arancelaria agresiva como herramienta de presión comercial y recuperación económica.
“Esperemos que el Supremo la revoque de forma rápida y decisiva”, afirmó Trump (EFE)
“Hemos recaudado muchos billones de dólares desde otros países”, aseguró. Para él, los aranceles marcan “la diferencia entre tener unos Estados Unidos ricos, prósperos y exitosos, y todo lo contrario”.
El presidente también cuestionó directamente a los tres jueces que votaron por paralizar los aranceles.
“¿Cómo es posible que hayan causado un daño tan grave a Estados Unidos de América? ¿Se trata simplemente de odio hacia Trump? ¿Qué otra razón podría haber?”, planteó en su publicación.
Además, Trump volvió a atacar a la Sociedad Federalista, grupo conservador que lo asesoró en nombramientos judiciales durante su primer mandato. En particular, señaló a Leonard Leo, su ex asesor y vicepresidente de esa organización, como una figura que “odia a Estados Unidos”.
“Yo era nuevo en Washington y me sugirieron que utilizara la Sociedad Federalista como fuente de referencia para los jueces. Lo hice, abierta y libremente, pero luego me di cuenta de que estaban bajo el yugo de un verdadero canalla llamado Leonard Leo”, escribió. Leo fue clave en el nombramiento de tres jueces conservadores en el Tribunal Supremo entre 2017 y 2021.
Desde su primer mandato, Trump ha defendido una política arancelaria agresiva como herramienta de presión comercial y recuperación económica (EFE/Casa Blanca)
Por último, Trump advirtió que exigir aprobación del Congreso para imponer aranceles podría debilitar al Poder Ejecutivo. “Cientos de políticos se sentarían en Washington durante semanas, e incluso meses, tratando de llegar a una conclusión sobre qué cobrar a otros países que nos tratan injustamente”, afirmó. “Eso destruiría el poder presidencial”.
El caso continúa en los tribunales, mientras la Casa Blanca defiende la constitucionalidad de su política comercial como eje central de la actual administración.
