En la gobernación bonaerense se quejaron por la falta de instancias formales para negociar con el cristinismo. Enojo en La Cámpora por los dichos de Carlos Bianco

“Hoy no están las condiciones para la unidad del peronismo”. La definición del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cayó muy mal en el cristinismo, desde donde, a principio de la semana y tras la derrota del peronismo en la elección porteña, renovaron las críticas a Axel Kicillof por su decisión de desdoblar los comicios de la provincia de Buenos Aires.

Bianco volvió a pedir que “se respete el espacio del Gobernador”, un reclamo que todo el armado político que lidera Kicillof viene haciendo desde que comenzó la disputa interna con la familia Kirchner y La Cámpora. Ese es uno de los argumentos que tiene el economista para llevar adelante la discusión con el cristinismo. Quiere revalorizar el lugar que ocupa.

En el camporismo consideran que “es una mentira” decir que no hay unidad y sostienen que es “un error conceptual” porque en los hechos todos son parte del mismo espacio político, que es Unión por la Patria (UP). En ese sentido, remarcan que los bloques legislativos y el gabinete bonaerense están conformados por dirigentes del cristinismo, el massismo, el kicillofismo y el PJ Bonaerense.

Carlos Bianco aseguró que no están dadas las condiciones para cerrar la unidad en el peronismo

“La unidad está. Hay que trabajar para mantenerla”, dijeron a Infobae cerca de Cristina Kirchner. Y agregaron: “La definición es errónea y extemporánea. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está unido”. En el cristinismo resaltan que, pese a las peleas internas, la estructura política no está quebrada.

En La Plata la mirada es diferente. Aseguran que las negociaciones para cerrar un acuerdo de unidad “están en un punto muerto” y que en la actualidad “no hay espacio al diálogo”. “Esto no se trata de decir, sino de hacer”, indicaron.

“¿Por qué no hay unidad? Porque no hay ningún tipo de negociación, porque nuestro bloque no apoya los proyectos del Gobernador y porque lo siguen limando cada vez que pueden”, sentenció un funcionario cercano a Kicillof, que defendió las expresiones de Bianco.

La definición que Bianco dio en una entrevista con El Destape radio está vinculada a la falta de una mesa de negociación y una instancia de diálogo. En el círculo chico de Kicillof sostienen que no existen ninguna de las dos y que la unidad no está sellada.

La semana pasada Cristina Kirchner recibió a un grupo de intendentes en el Instituto Patria (Luciano González)

La última reunión para tratar de unificar posturas y negociar un acuerdo fue el domingo 6 de abril, cuando Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, Bianco, Mayra Mendoza, Alexis Guerra y Federico Otermin, entre otros dirigentes, se reunieron en La Plata para avanzar en un acuerdo de unidad.

En ese encuentro, que duró ocho horas, Kicillof les confirmó a todos que al día siguiente iba a anunciar el desdoblamiento de la elección provincial. Máximo Kirchner le advirtió que si hacía eso, su madre iba a ser candidata en la tercera sección electoral. El Gobernador no mostró reparos sobre el tema, pero dejó en claro que su postura ya estaba definida. El lunes 7 de abril anunció el desdobamiento y La Cámpora lo acusó de quebrar el peronismo.

Un mes y medio después, los sectores que negocian el acuerdo político no se volvieron a juntar todos alrededor de una mesa. “No hubo reuniones formales ni informales. No es solo cuestión de pedir la unidad, también hay que construirla”, indicó un influyente funcionario bonaerense.

La semana pasada Cristina Kirchner estuvo reunida con intendentes de su esquema político y del Movimiento Directo al Futuro (MDF). Andrés Watson (Florencio Varela ), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Julio Alak (La Plata) se juntaron con ella en el Instituto Patria.

Axel Kicillof quiere que se respete su lugar en la mesa chica del peronismo y en la negociación electoral

“Háganle saber al Gobernador que yo trabajo por la unidad del espacio”, les dijo a los intendentes. En el Instituto Patria sostienen que la ex presidenta “está haciendo todos los gestos necesarios” para sellar la unidad y achicar las diferencias. Ahora le piden a Kicillof que dé sus señales.

En la entrevista radial, Bianco hizo hincapié en un tema sensible para la discusión política que atraviesa al kirchnerismo. “El MDF es el sector mayoritario, lo midas como lo midas; por la cantidad de intendentes, por la cantidad de votos que representan esos intendentes y por la representación general del Gobernador. En esas condiciones nos podemos sentar a discutir la unidad”, planteó.

Es otro de los argumentos del esquema político de Kicillof para negociar la unidad. Que el cristinismo respete su rol, su lugar y su espalda política, debido al apoyo territorial que tiene por parte de más de 40 intendentes del peronismo bonaerense. El Gobernador busca hacer valer la fortaleza política lograda con la edificación del MDF en la discusión por el armado de listas y el diseño de la estrategia electoral.

Es tan alto el nivel de desconfianza que hay en el vínculo interno de los dos sectores del kirchnerismo, que en el cristinismo creen que el kicillofismo está preparando el terreno para romper y presentarse en las elecciones con una lista paralela. “Pareciera que no les interesa la unidad del espacio”, se quejaron.

No hay tregua. No hay instancias de diálogo. No hay acuerdo. Todo, absolutamente todo, está por verse. La unidad, a veces, parece una utopía. Otras tantas veces parece un hecho posible. La película continuará.

La norma extiende a una multitud de actividades las restricciones de huelga, al considerarlas “esenciales” o “de importancia trascendental”, lo cual las obligaría a prestar el 75 o el 50% de los servicios en días de paro

A través del DNU 340/25, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el Poder Ejecutivo avanza sobre el derecho de huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizara Javier Milei en el DNU 70/23, dictado a pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional. Dicho mecanismo fue redefinir el alcance de los servicios esenciales, limitando en función de ello el paro en tales actividades. Esta vez, además, extiende las restricciones a las huelgas incorporando una segunda categoría de actividades o sectores, calificados como “de importancia trascendental”, los cuales deberán garantizar las prestaciones en un mínimo del 50 por ciento en días de paro.

La norma fue rechazada por sindicatos y abogados laboralistas. Estos últimos entienden que volverá a ser considerada inconstitucional por la Justicia, siguiendo los antecedentes del DNU 70/23, en tanto que los gremios analizan una respuesta colectiva ante este nuevo intento de avasallamiento de derechos laborales establecidos por ley (ver aparte).

El decreto 340 es presentado en el Boletín Oficial como referido al Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que es una desregulación tanto para las normas laborales del personal como de habilitación al incorporación de buques extranjeros al transporte fluvial de cabotaje. Lo curioso es que, dentro del decreto referido, se incluye un artículo 3 que modifica el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo del régimen laboral de la ley 25877 (modificatoria de la clásica ley de contrato de trabajo 25250). En ese artículo se avanza sobre el derecho de huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales, como una  nueva forma de limitar el alcance de los paros.

La nueva norma exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75 % de la prestación en servicios esenciales y del 50 % en actividades trascendentales, restringiendo así el margen de paralización total en casi todos los ámbitos productivos. Segun enuncia el decreto, la medida busca asegurar la continuidad de actividades críticas como salud, energía, educación primaria y secundaria, telecomunicaciones, transporte aéreo y fluvial, y servicios aduaneros, entre otros.

Además, el decreto crea una Comisión de Garantías, un órgano independiente que podrá calificar nuevas actividades como “esenciales” o “trascendentales” si su interrupción “pudiera poner en peligro la vida, la seguridad, la economía o la provisión de productos críticos”.

Se considerarán servicios esenciales en sentido estricto las siguientes actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señaló que al igual de lo que se intentó con “el declarado inconstitucional DNU 70/23, amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohibe hacer huelgas”.

El abogado laboralista señala además en su cuenta de X que “la legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga. Tan absurdo es que en un inciso incluye “la interrupción o suspensión de la producción pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho”.

Por su parte, el abogado laboralista Andrés Gil Domínguez, apuntó: “El DNU 340/2025 insiste con contenidos que estaban previstos por el DNU 70/2023, los cuales fueron oportunamente declarados inconstitucionales por la justicia nacional del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en causas que hace más de un año están en proceso de crioconservación por parte de la Suprema Corte de la Nación. Si en este tiempo el tribunal hubiese dado alguna señal de un límite constitucional y convencional concreto sobre esta habitual práctica antidemocrática del Poder Ejecutivo Nacional otro sería el panorama. Su silencio, complacencia y sometimiento generan un daño irreparable al Estado constitucional y convencional de derecho argentino”.