En la gobernación bonaerense se quejaron por la falta de instancias formales para negociar con el cristinismo. Enojo en La Cámpora por los dichos de Carlos Bianco

“Hoy no están las condiciones para la unidad del peronismo”. La definición del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cayó muy mal en el cristinismo, desde donde, a principio de la semana y tras la derrota del peronismo en la elección porteña, renovaron las críticas a Axel Kicillof por su decisión de desdoblar los comicios de la provincia de Buenos Aires.

Bianco volvió a pedir que “se respete el espacio del Gobernador”, un reclamo que todo el armado político que lidera Kicillof viene haciendo desde que comenzó la disputa interna con la familia Kirchner y La Cámpora. Ese es uno de los argumentos que tiene el economista para llevar adelante la discusión con el cristinismo. Quiere revalorizar el lugar que ocupa.

En el camporismo consideran que “es una mentira” decir que no hay unidad y sostienen que es “un error conceptual” porque en los hechos todos son parte del mismo espacio político, que es Unión por la Patria (UP). En ese sentido, remarcan que los bloques legislativos y el gabinete bonaerense están conformados por dirigentes del cristinismo, el massismo, el kicillofismo y el PJ Bonaerense.

Carlos Bianco aseguró que no están dadas las condiciones para cerrar la unidad en el peronismo

“La unidad está. Hay que trabajar para mantenerla”, dijeron a Infobae cerca de Cristina Kirchner. Y agregaron: “La definición es errónea y extemporánea. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está unido”. En el cristinismo resaltan que, pese a las peleas internas, la estructura política no está quebrada.

En La Plata la mirada es diferente. Aseguran que las negociaciones para cerrar un acuerdo de unidad “están en un punto muerto” y que en la actualidad “no hay espacio al diálogo”. “Esto no se trata de decir, sino de hacer”, indicaron.

“¿Por qué no hay unidad? Porque no hay ningún tipo de negociación, porque nuestro bloque no apoya los proyectos del Gobernador y porque lo siguen limando cada vez que pueden”, sentenció un funcionario cercano a Kicillof, que defendió las expresiones de Bianco.

La definición que Bianco dio en una entrevista con El Destape radio está vinculada a la falta de una mesa de negociación y una instancia de diálogo. En el círculo chico de Kicillof sostienen que no existen ninguna de las dos y que la unidad no está sellada.

La semana pasada Cristina Kirchner recibió a un grupo de intendentes en el Instituto Patria (Luciano González)

La última reunión para tratar de unificar posturas y negociar un acuerdo fue el domingo 6 de abril, cuando Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, Bianco, Mayra Mendoza, Alexis Guerra y Federico Otermin, entre otros dirigentes, se reunieron en La Plata para avanzar en un acuerdo de unidad.

En ese encuentro, que duró ocho horas, Kicillof les confirmó a todos que al día siguiente iba a anunciar el desdoblamiento de la elección provincial. Máximo Kirchner le advirtió que si hacía eso, su madre iba a ser candidata en la tercera sección electoral. El Gobernador no mostró reparos sobre el tema, pero dejó en claro que su postura ya estaba definida. El lunes 7 de abril anunció el desdobamiento y La Cámpora lo acusó de quebrar el peronismo.

Un mes y medio después, los sectores que negocian el acuerdo político no se volvieron a juntar todos alrededor de una mesa. “No hubo reuniones formales ni informales. No es solo cuestión de pedir la unidad, también hay que construirla”, indicó un influyente funcionario bonaerense.

La semana pasada Cristina Kirchner estuvo reunida con intendentes de su esquema político y del Movimiento Directo al Futuro (MDF). Andrés Watson (Florencio Varela ), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Julio Alak (La Plata) se juntaron con ella en el Instituto Patria.

Axel Kicillof quiere que se respete su lugar en la mesa chica del peronismo y en la negociación electoral

“Háganle saber al Gobernador que yo trabajo por la unidad del espacio”, les dijo a los intendentes. En el Instituto Patria sostienen que la ex presidenta “está haciendo todos los gestos necesarios” para sellar la unidad y achicar las diferencias. Ahora le piden a Kicillof que dé sus señales.

En la entrevista radial, Bianco hizo hincapié en un tema sensible para la discusión política que atraviesa al kirchnerismo. “El MDF es el sector mayoritario, lo midas como lo midas; por la cantidad de intendentes, por la cantidad de votos que representan esos intendentes y por la representación general del Gobernador. En esas condiciones nos podemos sentar a discutir la unidad”, planteó.

Es otro de los argumentos del esquema político de Kicillof para negociar la unidad. Que el cristinismo respete su rol, su lugar y su espalda política, debido al apoyo territorial que tiene por parte de más de 40 intendentes del peronismo bonaerense. El Gobernador busca hacer valer la fortaleza política lograda con la edificación del MDF en la discusión por el armado de listas y el diseño de la estrategia electoral.

Es tan alto el nivel de desconfianza que hay en el vínculo interno de los dos sectores del kirchnerismo, que en el cristinismo creen que el kicillofismo está preparando el terreno para romper y presentarse en las elecciones con una lista paralela. “Pareciera que no les interesa la unidad del espacio”, se quejaron.

No hay tregua. No hay instancias de diálogo. No hay acuerdo. Todo, absolutamente todo, está por verse. La unidad, a veces, parece una utopía. Otras tantas veces parece un hecho posible. La película continuará.

La Casa Rosada cree que podrá impulsar esa iniciativa antes de que termine el ciclo legislativo. Configura la segunda fase del plan anunciado esta mañana por Luis Caputo

El Gobierno presentó este jueves el paquete de medidas que flexibilizan los controles del uso de los dólares “bajo el colchón”, denominado por los libertarios como Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Esta se instrumentará en dos etapas, una mediante desregulaciones y adecuaciones que se harán efectivas con un decreto presidencial y una segunda instancia que constará de un proyecto de ley que buscará blindar estos cambios normativos para evitar que puedan ser modificados fácilmente por futuras administraciones nacionales.

De esta manera, el Poder Ejecutivo podrá hacer el grueso de las transformaciones según su parecer, porque están a tiro de decreto, resoluciones o disposiciones de cada una de las áreas intervinientes, sean la Agencia de Recaudación y Control Tributario (ARCA) o el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Todo esto ya fue comunicado y tendrá aplicación a partir del 1 de junio de este año.

“Expresamente, va a ser una reducción de los plazos de prescripción y va a blindar los derechos de los argentinos que se adhieran a este régimen de declaración jurada simplificada de Ganancias”, explicó en conferencia de prensa esta mañana el titular del ARCA, Juan Pazo; quien estuvo acompañado en la explicación de la medida con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausilli.

Los funcionarios del Gobierno Juan Pazo, Luis Caputo, Santiago Bausili y Manuel Adorni; antes del anuncio de esta mañana

“Aún no está lista, pero lo estará pronto”, ratificaron otras fuentes de la Presidencia de la Nación. En rigor, la medida comunicada esta mañana no la conocían en profundidad ni siquiera altos mandos del Poder Ejecutivo. Tampoco en detalle quienes la deberán negociar en la Cámara de Diputados, ni siquiera los bloques aliados al oficialismo.

El proyecto no requiere un tratamiento acelerado. Es decir, a los ojos del Gobierno sería deseable que se apruebe lo antes posible, pero son conscientes que con el acercamiento de las elecciones nacionales la actividad legislativa irá mermando cada vez más.

Es algo que reconoció días atrás el propio presidente de Diputados, Martín Menem, en el Amcham Summit, al referirse que el Gobierno no podrá imponer por este año legislativo algunas de las reformas más importantes que tiene en mente; por caso, la laboral, la previsional y la impositiva.

A pesar de esa apreciación, desde ese mismo sector alegan que para este proyecto las probabilidades son diferentes. “Estamos bien con los números en este tipo de cosas”, alegan. Por su parte, una altísima fuente de Casa Rosada reconocía que ve “muy probable” que tenga probabilidades de éxito y que, en caso contrario, se volverá a intentar después del recambio legislativo.

La relación entre La Libertad Avanza con el PRO y la UCR volvió a acercarse luego de las elecciones porteñas, donde los libertarios fueron reconocidos -en aquella elección nacionalizada por el mismo Gobierno- como el espacio conductor del espectro que va del centro a la derecha. Tal y como informó Infobae, los líderes de bancada de ambos espacios, Cristian Ritondo y Rodrigo de Loredo, se comprometieron a darle apoyo a la Casa Rosada en las propuestas que pretendan impulsar en el recinto.

Al día de hoy es un misterio cuánto esfuerzo le darán y cuál es el margen para que lo puedan llegar a aprobar en ambas cámaras. Desde los bloques aliados reconocen que la medida es mucho más “pasable” de la que se estipulaba en la previa, pero que esperaban que el Ejecutivo les presentaran los borradores de la iniciativa porque no estaban enterados de que los libertarios estaban elaborando un proyecto de ley. “No sabemos qué tiene adentro”, afirma un importante alfil de la cámara baja.

Con el apoyo de los amarillos y los radicales no alcanza para conseguir mayoría en ninguna de las dos cámaras. Y es que el foco para la aprobación está en lo que puedan llegar a acordar los libertarios con los gobernadores, que ayer fueron clave para que la oposición intransigente con el Gobierno no consiga quórum para tratar leyes previsionales (que ponían en riesgo el objetivo de superávit fiscal que tanto pondera Economía) y el nombramiento de los directivos de la Comisión Investigadora $Libra.

Javier Milei

El Gobierno hace alianzas con los opositores dialoguistas y gobernadores para tres tipos de decisiones: para movilizar iniciativas, para rechazarlas o para que no se consiga el quórum para el inicio de la sesión. Algunos suelen acordar en casi todos los casos, mientras que otros solo se disponen a colaborar según la circunstancia.

Por ejemplo, quienes colaboraron a no dar quórum el miércoles fueron diputados cercanos a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Martín Llaryora (Córdoba). El número ha demostrado ser más extenso en otras iniciativas consideradas clave para el oficialismo, como la Ley Bases o el sostenimiento de diferentes vetos presidenciales.

“Muchos gobernadores tienen bien visto acompañar o ayudar al gobierno para darle gobernabilidad, y mucho más con una medida económica que les puede dinamizar las economías regionales”, afirman desde Diputados, desde donde agregan que mientras no sea una iniciativa que les toque la coparticipación “difícilmente tengan presión social”. Incluso, perciben que será más caro para la oposición plantear una negativa a este tema.

En una de sus aclaraciones de esta mañana, Pazo afirmó que las provincias “van a tener incentivos para que salga” debido a los eventuales beneficios que podría traer el regimiento de la nueva normativa tributaria. Cerca de varios gobernadores se limitan a responder que ninguno de ellos sabía nada: “Están más preocupados por la caída de la recaudación, porque están viendo un panorama bastante jodido con la baja de la Coparticipación”.

La norma extiende a una multitud de actividades las restricciones de huelga, al considerarlas “esenciales” o “de importancia trascendental”, lo cual las obligaría a prestar el 75 o el 50% de los servicios en días de paro

A través del DNU 340/25, publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el Poder Ejecutivo avanza sobre el derecho de huelga de los trabajadores con los mismos argumentos que utilizara Javier Milei en el DNU 70/23, dictado a pocos días de asumir la presidencia y posteriormente declarado inconstitucional. Dicho mecanismo fue redefinir el alcance de los servicios esenciales, limitando en función de ello el paro en tales actividades. Esta vez, además, extiende las restricciones a las huelgas incorporando una segunda categoría de actividades o sectores, calificados como “de importancia trascendental”, los cuales deberán garantizar las prestaciones en un mínimo del 50 por ciento en días de paro.

La norma fue rechazada por sindicatos y abogados laboralistas. Estos últimos entienden que volverá a ser considerada inconstitucional por la Justicia, siguiendo los antecedentes del DNU 70/23, en tanto que los gremios analizan una respuesta colectiva ante este nuevo intento de avasallamiento de derechos laborales establecidos por ley (ver aparte).

El decreto 340 es presentado en el Boletín Oficial como referido al Régimen de Excepción de la Marina Mercante, que es una desregulación tanto para las normas laborales del personal como de habilitación al incorporación de buques extranjeros al transporte fluvial de cabotaje. Lo curioso es que, dentro del decreto referido, se incluye un artículo 3 que modifica el capítulo de Convenios Colectivos de Trabajo del régimen laboral de la ley 25877 (modificatoria de la clásica ley de contrato de trabajo 25250). En ese artículo se avanza sobre el derecho de huelga a través de la redefinición de los servicios esenciales y la incorporación del concepto de actividades trascendentales, como una  nueva forma de limitar el alcance de los paros.

La nueva norma exige que durante una huelga se garantice una cobertura mínima del 75 % de la prestación en servicios esenciales y del 50 % en actividades trascendentales, restringiendo así el margen de paralización total en casi todos los ámbitos productivos. Segun enuncia el decreto, la medida busca asegurar la continuidad de actividades críticas como salud, energía, educación primaria y secundaria, telecomunicaciones, transporte aéreo y fluvial, y servicios aduaneros, entre otros.

Además, el decreto crea una Comisión de Garantías, un órgano independiente que podrá calificar nuevas actividades como “esenciales” o “trascendentales” si su interrupción “pudiera poner en peligro la vida, la seguridad, la economía o la provisión de productos críticos”.

Se considerarán servicios esenciales en sentido estricto las siguientes actividades:

a. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;

b. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;

c. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;

d. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;

e. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;

f. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial; y

g. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin.

Se consideran actividades de importancia trascendental:

a. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;

b. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;

c. Los servicios de radio y televisión;

d. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;

e. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;

f. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;

g. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y h. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, señaló que al igual de lo que se intentó con “el declarado inconstitucional DNU 70/23, amplía de tal modo los servicios esenciales que prácticamente prohibe hacer huelgas”.

El abogado laboralista señala además en su cuenta de X que “la legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT sólo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga. Tan absurdo es que en un inciso incluye “la interrupción o suspensión de la producción pudiere (…) afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Es claro que no trata de proteger la vida de la población ni el ejercicio de un derecho”.

Por su parte, el abogado laboralista Andrés Gil Domínguez, apuntó: “El DNU 340/2025 insiste con contenidos que estaban previstos por el DNU 70/2023, los cuales fueron oportunamente declarados inconstitucionales por la justicia nacional del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en causas que hace más de un año están en proceso de crioconservación por parte de la Suprema Corte de la Nación. Si en este tiempo el tribunal hubiese dado alguna señal de un límite constitucional y convencional concreto sobre esta habitual práctica antidemocrática del Poder Ejecutivo Nacional otro sería el panorama. Su silencio, complacencia y sometimiento generan un daño irreparable al Estado constitucional y convencional de derecho argentino”.