El índice de precios al por mayor tuvo una caída nominal por primera vez en 17 años. El Banco Central emitirá deuda en dólares hacia compañías que tengan dividendos pendientes con sus casas matrices y que quedaron atrapados por el cepo cambiario

El Gobierno buscará dar otro paso de la adenda que incluyó en la fase 3 de su plan económico: el Banco Central iniciará la ronda de licitaciones de bonos Bopreal en dólares para dar salida a dividendos que tengan empresas multinacionales atrapados por el cepo cambiario de los últimos años y, a cambio, absorberá pesos. El objetivo de fondo sería propiciar, con menos pesos en la calle, una baja mayor de la inflación y garantizar que no vuelva a la zona del 2% en los próximos meses para llegar así hasta las elecciones.

En el equipo económico insisten en que el Bopreal tiene esa doble función de saldar deudas comerciales -esta nueva emisión también podrá ser dirigida a este tipo de pasivos- y también para contraer más la cantidad de pesos. Según la visión oficial, eso prepararía el terreno para una desaceleración mayor de la inflación. En mayo fue de 1,5% mensual, para junio las proyecciones privadas con información hasta la segunda semana son dispares.

“Con mayor incidencia de bienes en la estructura del índice mayorista, la convergencia de la inflación mayorista a la baja es más acelerada que la minorista, afectada por servicios cuyos precios siguen moviéndose al 2,7% mensual”, mencionó esa consultora.

La nueva emisión del Bopreal Serie 4 mantiene el objetivo de absorber los pesos retenidos en el sistema financiero vinculados a operaciones del sector privado no regularizadas. Según explicó Portfolio Personal Inversiones (PPI), se trata de un “bono bullet con vencimiento el 31 de octubre de 2028”, que “devengará una tasa nominal anual del 3%, pagadera de forma semestral (abril y octubre)”.

Al igual que las series previas, “se suscribe en pesos al tipo de cambio oficial del día previo a la licitación y se paga en dólares estadounidenses”, aunque si se activa la opción de rescate anticipado, “la cancelación se realiza en pesos al tipo de cambio oficial”, precisó el informe.

PPI indicó que, a partir del 30 de septiembre, el bono “será desdoblado en dos strips (tipos), replicando la mecánica utilizada en la Serie 1”. El strip A, equivalente a un tercio del valor nominal original, “tendrá opción de rescate anticipado a favor del tenedor a partir del 30 de abril de 2028”. En cambio, el strip B, que representa los dos tercios restantes, “no contará con dicha opción”.

En cuanto al uso fiscal del instrumento, el Gobierno dispuso que aquellos que posean tenencias de la Serie 4 podrán utilizarlos para cancelar obligaciones impositivas y aduaneras. El valor máximo total que podrá utilizarse para la cancelación de obligaciones fiscales y aduaneras se fijó en USD 1.000 millones. El período para su utilización se estableció entre el 30 de abril y el 31 de octubre de 2028.

El lanzamiento busca captar demanda vinculada a activos no distribuidos del sector privado. En este sentido, PPI recordó que el objetivo es “mitigar los ‘pesos atrapados’ remanentes, enfocados en dividendos no distribuidos, préstamos entre compañías y deuda comercial antigua”.

En términos de stock, “la deuda de los importadores cayó desde un récord de USD 58.800 millones a fines de marzo de 2024, previo a que se emitieran todas las series de Bopreal, a USD 53.648 millones a diciembre de 2024”, según los datos oficiales más recientes. A pesar de ese retroceso, “el stock de deuda comercial saltó alrededor de USD 25.500 millones desde diciembre de 2021”.

Entre enero y abril de este año, el BCRA reportó una reducción adicional de USD 3.315 millones en deuda de importadores, de acuerdo con el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. En paralelo, aunque no hay cifras oficiales, “se estima que los dividendos retenidos llegan a USD 7.000 millones”, concluyó el informe.

Una estimación detallada muestra los valores involucrados al adquirir este tipo de vehículo fuera de los canales oficiales y sin intermediarios

El Gobierno nacional anunció un régimen simplificado de importación de vehículos que permite a cualquier persona traer un auto desde el exterior sin necesidad de pasar por concesionarios ni terminales automotrices. La medida, difundida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incluye tanto autos nuevos como usados, además de vehículos de trabajo como camiones para uso petrolero o maquinaria para minería.

La reforma se integra dentro de un proceso de desregulación del comercio exterior que apunta a reducir costos para consumidores y sectores productivos. Si bien la implementación aún depende de una reglamentación técnica, muchos interesados comenzaron a evaluar las posibilidades concretas de aplicar el nuevo mecanismo.

A efectos de estimar el costo real de traer el Tesla Model Y en forma particular, es necesario recalcular el precio base sin el IVA uruguayo, que asciende al 22%. El resultado es un valor FOB aproximado de USD 57.295, sobre el cual se construyen el resto de los gastos.

• Flete y seguro: USD 2.500
• Arancel de importación: 35% del valor FOB, lo que representa aproximadamente USD 20.053
• Tasa estadística: 3% sobre el FOB, equivalente a USD 1.719
• Logística local: USD 1.000
• Impuestos provinciales y nacionales: una carga aproximada del 10% sobre el subtotal anterior
• IVA del 21%, que se aplica al total acumulado

El desglose completo con aranceles incluidos arroja un subtotal de USD 82.567 antes de impuestos internos e IVA. Sobre ese monto, se suman USD 8.256 por tributos provinciales y otros cargos. A partir de ahí, el nuevo subtotal asciende a USD 90.823. Finalmente, el 21% de IVA representa USD 19.073 adicionales. El costo total estimado de traer el vehículo es de USD 109.896.

Pese al anuncio político, la medida todavía no tiene aplicación práctica efectiva. La implementación depende de una reglamentación pendiente por parte de la Secretaría de Industria y Comercio. Por ahora, importar un vehículo en forma particular continúa siendo legal, pero requiere superar barreras técnicas y administrativas.

Entre los requisitos actuales figuran la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que otorga el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), emitida por la Subsecretaría de Ambiente. El proceso involucra tiempos largos y costos elevados, y normalmente lo completan las terminales o importadores profesionales.

El Tesla Model Y que se comercializa en Uruguay tiene un valor de USD 69.900 con IVA incluid

El nuevo esquema propone reemplazar la LCM por un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), cuyo propósito es unificar criterios y validar automáticamente vehículos que cumplan normas internacionales aceptadas por la Argentina. Esta herramienta se encuadra dentro de las modificaciones introducidas por el decreto 196/2025, que reformó la Ley Nacional de Tránsito.

Además del componente económico, existen otras variables técnicas que deben tenerse en cuenta. Las automotrices suelen adaptar los vehículos a las condiciones de cada país: tipo de combustible, normas de emisión, calidad de rutas y otros factores. En Argentina rige actualmente la normativa Euro 5. Si el modelo no se adapta a ese estándar, puede presentar fallas mecánicas o problemas de homologación.

Otro punto relevante es la documentación técnica del vehículo. El nuevo régimen proyecta un sistema de homologaciones abiertas, con información pública sobre las especificaciones de los modelos. Esto permitiría a los particulares consultar directamente las características necesarias para avanzar con el trámite. En el caso de autos que no se vendan oficialmente en el país, se deberá recurrir a la fábrica o a la autoridad competente del país de origen para obtener los documentos que acrediten el cumplimiento de estándares.

Sin embargo, la existencia de normas internacionales no garantiza por sí sola la aprobación en Argentina. Por ejemplo, algunas versiones de modelos vendidos en otros países no incluyen Control de Estabilidad (ESP), un requisito obligatorio a nivel local. Esto implica que un vehículo legal en Europa podría no ser aprobado si su versión no cumple los mínimos exigidos en el país.

También se debe tener en cuenta la cuestión de los repuestos. Si el modelo no está presente en el mercado argentino, la reparación de cualquier falla depende de importar las piezas, lo cual aumenta tanto los tiempos como los costos. En ese contexto, muchas compañías de seguros aplican primas más altas o directamente no ofrecen cobertura total, limitándose al seguro contra terceros.

En paralelo, el Gobierno está evaluando una ampliación del régimen para incluir la importación de autos usados, bajo condiciones más flexibles. Esta opción podría atraer a quienes buscan modelos no disponibles localmente. No obstante, el riesgo operativo y logístico es mayor que en el caso de unidades nuevas.

En sectores industriales específicos, como el minero o el petrolero, la importación de camiones usados o repuestos se presenta como una oportunidad relevante. Según Sturzenegger, operadores vinculados a la actividad hidrocarburífera estiman que podrían reducir hasta un 40% sus costos operativos gracias a este nuevo esquema.

La aplicación del régimen todavía depende de la publicación de la reglamentación técnica. Desde el Ministerio de Desregulación indicaron que el texto estaría listo en dos semanas, aunque la demora ya superó el mes desde que se publicó el decreto correspondiente.

En el caso puntual del Tesla Model Y, la estimación concreta permite dimensionar el desafío económico de traer un vehículo eléctrico en forma individual. El costo puede superar los USD 109.000, con una estructura de gastos que se compone principalmente de impuestos, flete, logística y el valor FOB original.

Un informe LatinFocus Economics de junio incluyó nuevas proyecciones sobre variables clave para Argentina este año y el 2026. Qué esperan los consultores nacionales e internacionales para el tipo de cambio, inflación y actividad

Un relevamiento entre más de 50 consultoras y bancos privados, locales e internacionales arrojó este mes que este año la economía crecerá más de lo previsto, que la inflación se sostiene en una tendencia decreciente y que el tipo de cambio mantendrá una devaluación moderada.

Se trata del informe LatinFocus, que elaborado y publica todos los meses la consultora internacional FocusEconomics. El panel de analistas ajustó las proyecciones de crecimiento, inflación, tasa de interés y tipo de cambio para 2025 y 2026, en un contexto en el que algunos indicadores oficiales ya mostraron señales de reactivación o desaceleración.

En el plano industrial, el informe estimó un crecimiento de la producción de 5,5% para 2025, aunque con un ajuste a la baja de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Para 2026, el incremento proyectado fue de 3,6%. Los analistas señalaron que el sector industrial mostró señales de recuperación después del desplome sufrido durante 2024, a raíz de la inflación y el ajuste fiscal.

En términos inflacionarios, LatinFocus calculó que el índice de precios al consumidor aumentará 42,6% en promedio en 2025, lo que implicó una corrección a la baja de 1,3 puntos porcentuales. Para 2026, proyectó un avance de los precios del 23,6%. Las previsiones reflejaron una tendencia descendente de la inflación, impulsada por la disciplina fiscal, la menor depreciación del peso, una mayor competencia interna, la baja de precios internacionales de commodities y la reducción de controles a las importaciones.

En mayo, según datos oficiales, la inflación interanual cayó a 43,5%, desde el 47,3% registrado en abril, y marcó el nivel más bajo desde marzo de 2021. El dato mensual mostró un incremento de precios del 1,5%, por debajo del 2,78% del mes anterior.

En términos inflacionarios, LatinFocus calculó que el índice de precios al consumidor aumentará 42,6% en promedio en 2025

En relación con la tasa de política monetaria, el informe de FocusEconomics indicó que el Banco Central la redujo desde el 32% al 29% a fines de enero, acumulando una baja de 104 puntos porcentuales desde fines de 2023. El consenso previó una continuidad en la tendencia descendente. Para fin de 2025, los analistas anticiparon una tasa del 26,58%, y para 2026, del 19,19%.

Por el lado del tipo de cambio, el informe señaló que el Banco Central adoptó desde abril un nuevo régimen de flotación controlada con una banda entre $1.000 y $1.400 por dólar, y los analistas proyectan que el dólar finalizará 2025 en $1.337,7 y escalará a $1.568,4 en 2026, siguiendo una trayectoria devaluatoria moderada.

En cuanto al sector real, el informe complementó sus proyecciones con datos oficiales. La actividad económica, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), subió 5,6% interanual en marzo, su quinto mes consecutivo de crecimiento. Sectores como la construcción, el comercio minorista y los servicios financieros lideraron las mejoras, mientras que la administración pública, la educación y la salud registraron retrocesos por efecto del ajuste fiscal.

El EMAE cayó 1,8% en términos mensuales, revirtiendo el alza de 0,7% en febrero. Sin embargo, la tendencia mejoró: la variación anual promedio se elevó a 1,1%, desde un valor nulo el mes previo.

En el frente industrial, la producción creció 8,5% interanual en abril, contra un avance de 5% en marzo, y acumuló cinco meses de expansión. En la comparación mensual, la actividad subió 2,2% desestacionalizado, luego de una baja del 3,9% en marzo. La variación promedio anual mejoró de -4,8% a -2,7%.

Entre los factores estructurales, el reporte LatinFocus señaló que el crecimiento promedio del PBI será del 2,2% entre 2024 y 2026, frente al 4,7% observado entre 2021 y 2023. Para el trienio 2027–2029, se estimó un alza promedio del 2,9%.

El déficit fiscal, medido como porcentaje del PBI, bajará desde -3,9% en 2021–2023 a un superávit de 0,2% entre 2024 y 2026. En el período 2027–2029, se previó un ligero desequilibrio de -0,2%.

La deuda pública en relación al PBI también mostrará una reducción significativa. Pasará del 106,6% en el trienio 2021–2023 al 77,2% entre 2024 y 2026, y descenderá al 65,2% en 2027–2029. En tanto, la cuenta corriente permanecerá cerca del equilibrio, con una variación estimada del -0,1% del PBI tanto en el mediano como en el largo plazo.

Entre las medidas destacadas por el informe, se mencionó la eliminación gradual de los aranceles a productos electrónicos, lo que buscará bajar los costos de importación, moderar la inflación y estimular el consumo privado.