Se llama Sabrina Ortiz y vive en Pergamino, capital del modelo del agro negocio en la provincia de Buenos Aires. Tuvo dos ACV isquémicos, sufrió un aborto espontáneo y sus hijos padecen daño genético a causa de las fumigaciones. A partir de su lucha, la Corte confirmó el alto nivel de contaminación del agua –con 18 pesticidas, casi todos cancerígenos- y por primera vez fueron procesados dos funcionarios públicos, encargados de controlar las aplicaciones.

En 2011, Sabrina Ortiz -vecina del barrio Villa Alicia, lindante con campos de soja-, cursaba seis meses de embarazo. Desde hacía tiempo denunciaba las sistemáticas fumigaciones a diez metros de su casa, que le provocaban desprendimientos en la piel, brotes y picazón, pero aquella vez sintió que respiraba veneno puro. Se descompuso y acudió al hospital: había perdido a su bebé.

El médico que la atendió le dijo que se debía a una intoxicación por agroquímicos pero que si se le ocurría certificarlo, lo iban a matar.

”Ahí empecé a comprender que había algo muy grande detrás. Por eso no me recibían las denuncias”, cuenta Ortiz en la larga charla mantenida con Infobae.

Pero el calvario recién empezaba.

A 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, Pergamino representa el núcleo duro del agro negocio. Mientras investigaba el impacto de los agrotóxicos en la salud, Ortiz golpeó puertas y buscó ayuda, iniciando un camino solitario. “No me respondían de la Secretaría de Salud, ni del hospital ni del Municipio. Me sentí morir muchas veces en soledad mientras mi familia iba enfermándose”, recuerda.

Sabrina es docente especializada en salud y no tenía en mente convertirse en abogada. Sufrió el primer ACV (accidente cerebro vascular) en el año 2014 y un segundo al año siguiente, originados ambos por la exposición a sustancias neurotóxicas. Los agentes genotóxicos son sustancias que pueden interactuar causando alteraciones y/o modificaciones al material genético (ADN).

Sabrina Ortiz empezó a estudiar Derecho para seguir su denuncia contra dueños de campos vecinos a su barrio

Sus hijos también enfermaron: Fianma (21) padece una extraña patología denominada steomielitis crónica recurrente que genera quistes dentro de los huesos. Ella y su hermano Ciro (9) tienen cien veces más glifosato en orina de lo tolerado.

Fianma atravesó cinco cirugías y debió estar en silla de ruedas. ”Al principio no sabían qué teníamos, hasta que nos preguntaron dónde vivíamos. Nos mandaron al Hospital Austral de Pilar y ahí se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos altísimos niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro, ciento veinte veces más de lo que el organismo puede tolerar”, explica.

Ortiz estudió Derecho y en 2017 recibió su matrícula de abogada, pudiendo finalmente presentarse como querellante en la causa: “Estudié para defenderme y defender a mis hijos”, cuenta.

Sabrina no bajó los brazos y logró que por primera vez el fuero federal tomara en cuenta las fumigaciones a metros de los hogares, postal de una realidad silenciada y trágica que se repite en cientos de localidades del interior del país. En septiembre de 2019, en el marco de la causa por fumigaciones aledañas a los tres barrios afectados -Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida-, el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, estableció un precedente histórico a favor de los vecinos afectados, disponiendo la prohibición de pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de Pergamino y a una distancia de 3.000 metros tratándose de fumigaciones aéreas.

Daño espontáneo

El funcionario tomó esa medida luego de que Sabrina Ortiz presentara los estudios que demuestran el daño genético de ella, su marido y sus hijos, a la justicia. “Las cuatro personas (…) a las que pertenecen los estudios presentan un número mayor de células con daño genético comparado con el valor considerado como ‘basal’ o como número de células con ‘daño espontáneo’ para poblaciones referentes según la bibliografía internacional”, resume el informe enviado por la doctora en Ciencias Biológicas Delia Aiassa al juez federal de San Nicolás, que lleva adelante la causa en la que Sabrina se presentó como querellante.

El número establecido por el magistrado no es arbitrario ni antojadizo. “Es un número de la Ciencia Digna que proviene del grupo de trabajo de la Universidad de Rio Cuarto a cargo de la Dra. Delia Aiassa, para establecer una medida paliativa en la lucha por la sobrevivencia y la transformación de la agricultura. Una disputa legal cara a cara, alambrado de por medio, con los cuerpos expuestos a la afrenta de un modelo ecocida” señalan desde Naturaleza del Derecho, ONG ambientalista que acompaña a la abogada.

El barrio Villa Alicia está pegado al inicio de la zona de campos de Pergamino

Asimismo, el magistrado procesó sin prisión preventiva a tres productores rurales por considerarlos a «prima facie» coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos (agrotóxicos)” y a dos funcionarios municipales, dependientes de la Secretaría de Producción y la Secretaría General, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en forma continuada.

“A Fianma le cuesta mucho todo -explica Ortiz a Infobae-. Se fue alejando de los vínculos sociales, todo esto le afectó en un nivel emocional y psicológico muy fuerte. Yo tengo temblores como secuela de los ACV, y tengo que hacerme estudios para descartar complicaciones a nivel neurológico. Todos estamos pendientes, porque al primer síntoma que aparezca, tenemos que ir a hacernos ver”, agrega la vecina con glifosato en sangre y altos niveles de lambdacialotrina -un insecticida agrícola que actúa por contacto y ataca el sistema nervioso-, en una cantidad 58 veces más alta de lo tolerable.

El límite entre Villa Alicia y los campos acusados de fumigar con tóxicos (Lihue Althabe)

En abril de 2019, un nuevo estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Balcarce) con la firma de la investigadora Virginia Aparicio, confirmó que el agua de Pergamino que se utiliza para consumo domiciliario contiene hasta 18 agrotóxicos: glifosato, atrazina, imidacloprid, acetoclor, clorpirifos y 2-4D, entre otros pesticidas de alta toxicidad para la salud.

“Esto es algo que nosotros, que venimos estudiando esta problemática nacional, no habíamos encontrado hasta ahora; habíamos encontrado, un poco de cipermetrina en algunas aguas, pero no la cantidad ni la variedad de agrotóxicos que destaca este estudio. Esto es muy grave porque significa que ya está pasando por la tierra y llegando a contaminar las capas subterráneas; ya es un nivel de carga de agrotóxicos sobre la tierra que es muy grande”, sostiene Merardo Ávila Vázquez, director de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados

Huir de la enfermedad y de la muerte

“Nos cambió la vida de la noche a la mañana, fue todo muy sufrido -dice Sabrina al rememorar cuando debieron dejar su hogar-. Mi hijo prácticamente no fue al jardín, mi hija estuvo en silla de ruedas, le costó volver a caminar, sentirse bien. Fueron años de tener que viajar para los tratamientos médicos porque acá no teníamos esa atención. Abandonar la casa fue algo espantoso, fue huir de la enfermedad y la muerte. Hay una imagen que no se me va de la cabeza, cuando salimos con lo puesto, una noche de lluvia, Ciro que lloraba por sus juguetes y teníamos que irnos y dejar la casa que forjamos con tanto sacrificio. Por el viento el veneno se sentía más fuerte”.

“Ya nos robaron la salud, nos la arrebataron, pero lo que no puede pasar es que nos quedemos sentados a esperar la muerte”, dice sabrina

Desde 2020, Ortiz y su familia son víctimas de una serie de intimidaciones con el claro objetivo de acallar sus denuncias contra el modelo agrotóxico. Primero fue una intimidación a su padre, la maniobra de una camioneta que casi le provocó un vuelco en la ruta (el hombre fue posteriormente seguido por dos vehículos en la ciudad); poco tiempo atrás, un desperfecto en la rueda del propio auto de la abogada cuando había sido revisado y la intromisión, en su casa materna, de Miriam Rose, hija de uno de los procesados en la causa, que entró armada amenazando a la familia. Días atrás, el fiscal federal Matías Felipe Di Lello solicitó que tanto Sabrina como su familia sean incluidas en el Programa Nacional de Protección de Testigos a raíz de estos hechos.

Poner el cuerpo, la palabra y la resistencia

“Ya nos robaron la salud, nos la arrebataron, pero lo que no puede pasar es que nos quedemos sentados a esperar la muerte o a que dentro de unos años los hijos de nuestros hijos sigan teniendo las mismas consecuencias y los mismos padecimientos”, señaló Ortiz días atrás en la Jornada de Salud Socio Ambiental llevada a cabo en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Junto a la abogada, disertó Matías Blaustein, doctor en Biología, Investigador del CONICET y Coordinador del Grupo de Biología de Sistemas y Filosofía del Cáncer (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA).

Producto de la militancia de la enfermera Meche Méndez y con la convocatoria de la Junta Interna ATE Garrahan, la iniciativa se da en el marco de diversas presentaciones realizadas desde hace años con el fin de acercar a los profesionales y el público en general las consecuencias del costo humano del uso de plaguicidas, crudas realidades que padecen los pueblos fumigados.