El esquema que se aplica en la isla y fue extendido hasta 2053 tiene un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones al año. El fondo fiduciario creado en 2022 y financiado por las propias empresas alcanzó los $185.000 millones
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, con más de medio siglo de vigencia, parece permanecer indemne a cambios de Gobierno, oscilaciones ideológicas y de signo político en la Casa Rosada y, más recientemente, de la motosierra del gasto público que inauguró la administración libertaria. Con un costo fiscal que supera los USD 1.000 millones anuales, el modelo fueguino que impulsa a la industria electrónica y de otros rubros cuenta incluso con un fondo fiduciario propio que también sobrevivió al cierre de fideicomisos que ejecutó el Poder Ejecutivo en el último año.
Las empresas que lo integran acceden a exenciones del Impuesto a las Ganancias, del IVA y de otros tributos. Además, hay dudas y cuestionamientos sobre los destinos de fondos de un fideiocomiso al que debería ir parte del IVA que las empresas no pagan. En 2021, se extendieron los beneficios del esquema hasta el año 2053, condicionado a una evaluación de resultados en 2038.
El costo del régimen para las cuentas públicas y las reservas, y el impacto en los precios locales por el sistema diferencial impositivo con el que cuenta la producción electrónica afincada en esa provincia, despierta críticad desde hace años en distintas fuerzas políticas, que piden terminar con el esquema o bien transformarlo para hacerlo menos oneroso. El espíritu de esa norma, que fue establecida por ley en 1972, fue impulsar el crecimiento poblacional en la isla y el ingreso de trabajadores al sector formal fabril.
Las críticas más recientes incluso partieron del presidente Javier Milei. En en 2022, en una entrevista televisiva, el ahora mandatario llegó a llamar al régimen de promoción como “una estafa hacia los argentinos de bien”. Varios meses después, ya como Presidente en funciones, eligió responder que el esquema fueguino incluye “derechos adquiridos” que no pueden ser subvertidos.
Un informe realizado por el centro de estudios Fundar analizó en detalle las consecuencias que tuvieron los más de 50 años de funcionamiento del modelo y concluyó, entre otras cuestiones, que desde su implementación, la población pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022.
El subrégimen industrial, eje central del esquema de promoción, implica un costo fiscal anual de USD 1.070 millones, equivalente al 0,22% del PBI, apuntó el informe. A manera comparativa, Fundar ejemplificó que este monto superaba en más del doble el presupuesto anual del Conicet (USD 435 millones en 2021) y representaba el 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología.
En términos de créditos fiscales, se estima que el beneficio en IVA representa USD 630 millones anuales. Su aplicación sobre la facturación total y no sobre el valor agregado se cree que incentiva la importación de insumos en detrimento de la producción local. Otra exención incluida es la de aranceles a la importación, que implica un gasto tributario de USD 436 millones.
El esquema también contempla un diferencial de Impuestos Internos por USD 20 millones, ya que aplica una tasa menor a los productos fabricados en la isla en comparación con los importados. Además, como se mencionó, las empresas radicadas en Tierra del Fuego gozan de exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque, aunque estos conceptos no están incluidos en el cálculo del costo fiscal total que hizo ese centro de estudios.
Una de las conclusiones de Fundar es que la estructura productiva beneficiada por el régimen muestra una fuerte dependencia de insumos importados, con escasa integración local. Así, los incentivos fiscales no exigen mayor contenido nacional, lo que limitaría la generación de valor agregado dentro de la provincia y además se trata de producción que se destina casi exclusivamente al mercado interno, con bajos niveles de exportación y de generación de divisas por ventas al exterior.
El sector provee más del 90% de los celulares que se venden en el país. Allí también se ensamblan televisores, acondicionadores de aire y microondas que se venden en el mercado interno. Entre las principales empresas que son parte del régimen están Newsan, de Rubén Cherñajovsky; Mirgor, de la que es accionista Nicolás Caputo; BGH, que tiene como uno de sus socios r referentes a Alberto Hojman; y Radio Victoria, entre otras.
En términos de precios al consumidor, el esquema implica un costo adicional en la comparación internacional, en productos como teléfonos celulares, lavarropas o televisores, como grafica Infobae en infografía de esta nota, que compara precios locales con similares en Estados Unidos y Chile. El esquema impositivo local también aporta a la notoria diferencia de precios, lo mismo que el tipo de cambio.
Desde su implementación, la población de la isla pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022
Uno de los más ácidos críticos del régimen de promoción es el economista exvicepresidente del Banco Central y hoy asesor del Ministerio de Desregulación, Lucas Llach. En su cuenta de X llegó a plantear meses atrás: “¿Qué pasa fiscalmente si hacemos de Tierra del Fuego una isla libertaria de bajos impuestos nacionales, cero aranceles, cero retenciones, etcétera, y al mismo tiempo liberamos por completo la importación de celulares y electrodomésticos desde el exterior al continente?”, se preguntó. También planteó que “el régimen de Tierra del Fuego no sólo nos hace pagar todo más caro, además impulsa la migración desde la provincia más pobre del país a la provincia más rica”.
Para la diputada nacional Margarita Stolbizer “necesitamos poner en discusión los regímenes especiales”. “Sin perjuicio de las dificultades que puede acarrear a la provincia el cese, no puede el resto sostenerlo. No es justo. La cuestión de fondo siempre es la falta de debate de una reforma tributaria integral, sería y estable y por supuesto una ley de coparticipación”, dijo a Infobae.
También se mostró crítico el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, quien aseguró que el régimen es un ejemplo de intervencionismo “ineficiente y costoso”. “Durante décadas, los argentinos han financiado con miles de millones de dólares un esquema que solo benefició a un puñado de empresas protegidas de la competencia y a algunos grupos sindicales, mientras perjudicó a 46 millones de personas con productos artificialmente caros y una industria inflada. En lugar de fomentar el desarrollo genuino, creó una economía dependiente de subsidios y prebendas, impidiendo que la región encuentre vías sostenibles de crecimiento basadas en la inversión genuina y la innovación”, expresó.
“Esta es, claramente, una de las reformas pendientes que en algún momento debe encarar el Gobierno. Por lo pronto, se deberían bajar aranceles a las computadoras y celulares que son herramientas fundamentales para los argentinos”, agregó Etchebarne.
Datos del Ministerio de Economía detallan cuál es el gasto tributario según cada impuesto incluido en el régimen de promoción. De los casi 1,35 billones de pesos que implicarían de crédito fiscal, más de la mitad corresponde a IVA ($715 millones). La exención de Ganancias les reportaría este año casi $229.000 millones según lo presupuestado para el 2025, otros $165.000 millones de reducción de impuestos a la importación mientras que otros $238.000 millones corresponden a alícuota reducida de impuestos internos.
Un fideicomiso a salvo de la “motosierra”
El esquema fabril fueguino también está acompañado, desde 2022, por un fondo fiduciario específico creado durante el gobierno de Alberto Fernández. Está financiado por los propios tributos que perciben las empresas pero no llegan al fisco y busca empujar las inversiones en otras áreas, como infraestructura. Fue bautizado como Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina y es uno de los que logró sortear, por el momento, el recorte del gasto público que llevó al cierre de una quincena de fideicomisos similares en lo que va de mandato libertario.
El fondo fueguino está entre los más onerosos, junto con Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte (FFSIT), Procrear (vivienda), Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo para el Desarrollo Provincial, Fondep y Fogar. Entre los que sí fueron eliminados por el Ministerio de Economía están el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), el Fondo Fiduciario para Cobertura Universal de Salud (FFCUS) y el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros.
El fondo fueguino fue creado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y hasta fines de 2024 contaba con un presupuesto de $185.000 millones, de acuerdo a información oficial obtenida por el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López a través de un pedido de acceso a la información pública. El Gobierno no respondió otras consultas del legislador, entre ellas qué proyectos financia en la actualidad o por qué no fue cerrado a diferencia de otros fideicomisos.
El diputado Juan Manuel López
El FAMP fueguino se fondea con un aporte mensual obligatorio que equivale al 15% del beneficio obtenido en concepto de IVA por la venta de productos elaborados bajo el régimen de promoción. Hace un mes, un decreto del Poder Ejecutivo determinó cambios en la manera en que se hace la distribución de esos fondos.
El 60% tiene como destino el financiamiento de proyectos productivos, entre los que se señala ciencia, tecnología y economía del conocimiento, capacitación y formación de recursos humanos. Según se establece, al menos un tercio de este porcentaje debe destinarse a empresas no beneficiarias del subrégimen industrial para así “derramar” ese fondeo a empresas de otros rubros y sectores.
El 40% restante corresponde a inversiones en obras de infraestructura provincial y municipal que promuevan el desarrollo productivo y que tengan como objetivo reducir costos logísticos y una mejora de la competitividad. Estos fondos se entregan como aportes no reembolsables y no pueden usarse para gastos corrientes.
“Después de haber afirmado que los fideicomisos eran una caja de la política y haber cerrado varios, pero sin tocar el de Tierra del Fuego, es evidente que Javier Milei tiene un acuerdo con los empresarios que ensamblan allí teléfonos celulares carísimos, de los cuales la mayoría de los consumidores argentinos son rehenes”, dijo López ante la consulta de Infobae.
El Gobierno evitó dar precisiones ante la solicitud de información de López sobre si el FAMP fue objeto de auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Aunque no pudo especificar proyectos de inversión productiva próxima, la Casa Rosada sí mencionó que ese fondo hizo inversiones financieras como bonos y letras del Tesoro por 91.000 millones de pesos al cierre de 2024.
A partir de febrero, el piso de la nueva remuneración establecida de manera unilateral implica un aumento del 19%.
El Gobierno nacional fijó el nuevo salario mínimo docente en $500.000 desde febrero, de manera unilateral al no contar con el acuerdo de los gremios, mediante la Resolución 381/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Educación, se da tras el fracaso de la instancia de diálogo con los sindicatos en la Comisión Negociadora del Convenio Marco que se reunió a mediados de febrero para evaluar el aumento propuesto por la asamblea del Consejo Federal de Educación.
Al respecto, el texto oficial precisó que “las partes fijaron sus posiciones y, luego de un extenso intercambio de opiniones, no pudo arribarse a un acuerdo sobre el monto de la retribución mínima de los trabajadores docentes”.
En este marco, la normativa dispuso “determinar un salario mínimo docente para el cargo testigo de maestro de grado común, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra, a partir del 1 de febrero de 2025, de $500.000”.
De esta manera, la remuneración mínima docente se incrementó un 19% frente al valor previo de $420.000, que había sido fijado en agosto del año pasado, también en discordancia con la postura sindical. La suba queda por debajo de la inflación del periodo.
Decisión política
Además, se estableció que el nuevo sueldo mínimo “será el importe de referencia para dar cumplimiento a las transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente creado por el artículo 9º de la Ley Nº26.075”.
Al explicar la convalidación del piso salarial, el Ejecutivo precisó que responde “a los efectos del funcionamiento del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente” y destacó que “refleja la decisión política del Consejo Federal de Educación y del Gobierno Nacional de garantizar que ningún docente perciba una remuneración inferior a la fijada por dicho concepto”.
La mesa de negociación estuvo conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA), en representación de los gremios. Mientras que por el Ejecutivo participaron las secretarías de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al igual que el Consejo Federal de Educación y su Comité Ejecutivo.
Las empresas comprarían bonos Bopreal al Banco Central con los pesos acumulados con sus ganancias. Luego, podrían vender esos títulos a terceros a cambio de los dólares.
El plan del Gobierno de otorgarle al sector privado hasta U$S 10.000 millones en bonos para que distribuyan entre sus accionistas como dividendos va tomando cada vez más fuerza.
De acuerdo con los trascendidos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluiría el “permiso” para que el Banco Central emita deuda en dólares para entregar a las empresas que quieren repartir dividendos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, estaría de acuerdo con la operación.
De esta forma, el gobierno daría satisfacción a una demanda del conjunto de la clase empresaria con sede en Argentina que, si bien puede obtener ingresos por dividendos en pesos para los accionistas radicados en el país, no logra enviar al exterior todos los dólares que reclaman los radicados fuera de la Argentina. Esto se aplica en particular a las empresas con casa matriz en el exterior.
El mecanismo que se habría elegido para el pago de dividendos no es casual. Se trataría del Bopreal, un bono que emite el BCRA en dólares pero que se adquiere en pesos. Funciona así: las empresas compran el Bopreal al Banco Central con los pesos de sus ganancias acumuladas. Luego venden esos Bopreal en el mercado secundario, operación en la que pierden entre un 5% y un 10% dependiendo del momento de esta venta. A cambio del Bopreal, obtienen los dólares que buscan y los transfieren a las cuentas del exterior.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Foto: Mariano Sánchez / NA
Se estima que el stock de dividendos no distribuidos podría alcanzar hasta los U$S 10.000 millones. De acuerdo con las versiones que circulan, ese monto sería evacuado en tandas cuyos montos y plazos aun no estarían determinados.
Este esquema ya se empleó a lo largo de 2024 con los importadores que debían dólares a sus proveedores del exterior desde 2023. En aquel momento el tema despertó una fuerte polémica ya que, para un sector de los analistas, la operación conllevaba una estatización de la deuda de los importadores con sus proveedores ya que el Banco Central es el que terminará pagando los dólares a medida que vencieran el capital o los intereses de los Bopreal. Ese debate se repetirá ahora con los dividendos.
Además, aumentará la deuda del Banco Central en momentos que el gobierno justifica el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario en el hecho de que el dinero que reciba lo usará para mejorar el balance de la autoridad monetaria. Este movimiento va en el sentido contrario.
“La voluntad de Macron es acompañar el nuevo impulso económico de Argentina”, señaló el diplomático
El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, confirmó hoy el apoyo del presidente Emmanuel Macron a Javier Milei en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda, tras el contacto que ayer tuvieron ambos mandatarios.
El diplomático fue enfático al referirse en que Francia, tanto a nivel gubernamental como empresario, está dispuesta a acompañar al gobierno libertario en su camino de reformas económicas, y destacó que entre “el presidente Macron y Milei hay muy buena sintonía”.
“La llamada telefónica era para mostrar que Francia apuesta sobre la economía argentina a través del FMI y de la economía de sus empresas”, resaltó Nadal, al deslizar que el Gobierno puede esperar un respaldo estratégico desde la silla francesa en el board del FMI.
Según el embajador francés, tanto de parte de Milei como Macron “hay una voluntad de trabajar juntos y juntar intereses”, aun cuando haya “discrepancias en algunos temas, pero que se imponen ”muchas convergencias, entre ellas, la voluntad de Francia de acompañar la recuperación económica de Argentina y apoyarla”. “En el FMI hay una negociación muy importante para consolidar la recuperación económica de Argentina, y ese fue el propósito de la llamada de ayer”, expresó, en declaraciones a radio Rivadavia.
Nadal también respaldó que Macron observa con buenos ojos algunas de las medidas llevadas a cabo por Milei, como el “equilibrio presupuestario y fiscal”, entre otras “reformas emprendidas que están restaurando la economía argentina”, con el objetivo compartido de que “este 2025 sea de recuperación del crecimiento económico”. “A nivel intergubernamental, hay un trabajo conjunto de los gobiernos para acompañar las reformas económicas”, reiteró.
Además del diálogo oficial entre gobiernos, el diplomático resaltó inversiones que vienen llevando a cabo empresas francesas como Renault, que ampliará su inversión en USD 350 millones, y Carrefour, que invertirá otros USD 300 millones. También mencionó a la firma de la automotriz Stellantis, que ampliará su capital en la actividad industrial, y al sector minero, con la expansión de una fábrica de litio en Salta, que aumentará su inversión en USD 1.000 millones.
Milei y Macron en la Casa Rosada, durante la última visita del presidente francés en noviembre pasado
El contacto de alto nivel viene siendo fluido en el vínculo bilateral Argentina-Francia. El pasado 17 de noviembre, Macron visitó la Casa Rosada por segunda vez en lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA). Junto a Milei, recorrió el Salón de los Bustos, mantuvo una reunión en el Salón Eva Perón, compartió un encuentro con empresarios en el Salón de los Científicos y se dejó fotografiar en el histórico balcón presidencial del palacio de Gobierno.
Este martes, Javier Milei conversó de manera virtual con Macron sobre “la situación económica” que atraviesa el país y “los desafíos” que le esperan a la administración libertaria. El diálogo coincide con un momento clave en la negociación que protagoniza el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para arribar a un nuevo acuerdo con FMI.
En lo que parece ser el último tramo de la negociación, el Gobierno y el FMI aceleraron esta semana las conversaciones. Por un lado, el staff técnico del organismo sostuvo sus primeras reuniones informativas con el directorio. Serán quien tenga la aprobación definitiva del programa. Y el Poder Ejecutivo busca, en paralelo, conseguir los votos en el board para asegurarse el respaldo necesario en esa última instancia de decisión en Washington.
Javier Milei y Emmanuel Macron saludan desde el balcon de la Casa Rosada. “Hay muy buena sintonía”, definió el embajador Nadal
En ese marco, el acompañamiento de Francia es una pieza clave para obtener el consenso del organismo. El país liderado por Macron es una de las principales economías de Europa, y además tiene presencia en el directorio del Fondo: su banca explica el 4% del poder de voto. En términos de peso específico de cada actor con decisión en el organismo, está por detrás de los Estados Unidos (16%), Japón (6,14%), China (6,08%), una silla compartida por una quincena de países entre ellos, los Países Bajos y Bélgica (5,46%), Alemania (5,31%), España junto a otros socios como México y Colombia (4,53%), entre otros.
En cualquier caso, para que Argentina llegue a un acuerdo, necesita el consenso de los países integrantes del G-7, entre los que se encuentra Francia.
Según Nadal, el respaldo francés en la negociación con el Fondo también está vinculado a que frente al contexto internacional muy incierto e inestable, “algunos estados toman medidas proteccionistas unilaterales” que socavan el crecimiento mundial. “Es la ocasión de demostrar, a través del FMI, que debe haber solidaridad alrededor de la economía argentina, que es importante no solo para la economía de América Latina, sino para la economía mundial”.
