Cumplir con el tiempo de clases obligatorio, garantizar la asistencia de alumnos y docentes, asegurar los aprendizajes de Lengua y Matemática, fortalecer el presupuesto educativo aparecen como cuestiones primordiales y a la vez críticas para la educación argentina

Es como un segundo inicio del año, casi tan fundacional como el 1° de enero. El comienzo de clases marca el reencuentro de millones de estudiantes con sus docentes, la continuidad de los aprendizajes, la consolidación de vínculos, el restablecimiento de una rutina que organiza las vidas de las familias. Implica un nuevo principio, pero también la repetición de un ciclo.

Paros docentes en el inicio de clases y paritarias convocadas de manera tardía forman parte de un ciclo que se repite año tras año. Y pueden inscribirse en una lista de desafíos básicos que el sistema educativo argentino sigue sin resolver. El inicio de un nuevo año escolar es, también, una oportunidad para quebrar la inercia y asumir esas deudas pendientes.

“Hay dos cuestiones básicas para cualquier sistema educativo que son la producción de los aprendizajes fundamentales y la garantía de que todos los estudiantes puedan alcanzar esos aprendizajes Hacer realidad estos desafíos básicos implica poner en marcha múltiples engranajes que van desde el presupuesto, la formación, carrera y salarios docentes, la infraestructura escolar, la revisión de los contenidos y las didácticas, los sistemas de información, evaluación y supervisión, y desde luego, la protección del tiempo escolar”, afirmó Claudia Romero, doctora en Educación, investigadora y profesora en la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2025, 16 provincias no cumplirán con la meta –establecida en el Consejo Federal de Educación– de garantizar al menos 190 días de clase para todos los estudiantes, según mostró un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación difundido esta semana. Solo los calendarios de La Pampa (con 191 días) y CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Salta (con 190) se ajustan a lo acordado por los ministros de Educación. Si se miden las horas de clase (en vez de los días), 11 provincias no alcanzan el mínimo pactado a nivel federal.

Es aún más llamativo que tres provincias –Chaco, La Rioja y Jujuy– hayan diseñado calendarios escolares que no llegan a los 180 días, según ese mismo informe. El objetivo de asegurar al menos 180 días efectivos de clase para todos los estudiantes rige por ley desde 2003 y marca un piso mínimo para el debate educativo: abordar los aprendizajes, la deserción o las cuestiones curriculares requiere primero definir calendarios que aseguren un umbral de tiempo escolar para todos los chicos.

“Se inicia un nuevo ciclo lectivo y volvemos a las amenazas de huelga, a la incertidumbre sobre los aprendizajes, a las demandas por más y mejores datos, y a la insatisfacción general de la sociedad por los resultados. Desde hace muchos años la Argentina no tiene políticas educativas que modifiquen las condiciones estructurales que la han llevado al fracaso. No tenemos políticas docentes, no producimos datos, no cambiamos las metodologías, no introducimos los cambios que requiere la era digital”, afirmó Guillermina Tiramonti, investigadora de FLACSO y autora de El gran simulacro. El naufragio de la educación en Argentina.

En 2025, 11 provincias no cumplirán con la meta de garantizar al menos 760 horas de clase para todos los estudiantes. (Europa Press)

Algunos gobiernos provinciales diseñan calendarios que no alcanzan para cumplir con los acuerdos federales. Pero los días de clase planificados no equivalen a días de clase efectivos: muchos estudiantes pierden tiempo escolar porque faltan con frecuencia, por problemas de infraestructura o por paros docentes. La encuesta de Aprender 2022 a directores de escuela mostró que, para ellos, el ausentismo estudiantil es el principal obstáculo para el proceso de aprendizaje. En secundaria, 1 de cada 4 estudiantes (26%) reconoce que tiene al menos 20 faltas por año.

“El tiempo escolar no es condición suficiente, pero es necesaria. Aunque parezca increíble, que haya clases todos los días, que docentes y alumnos asistan de manera regular a las clases, es todavía utópico en la Argentina, sobre todo para los contextos escolares de gestión estatal donde el ausentismo docente y los paros pesan más. Aprender requiere de secuencias temporales, de un ritmo, de una regularidad que es fundamental garantizar”, dijo Claudia Romero a Infobae.

A nivel nacional todavía no está consolidado un sistema de información nominal que permita hacer un seguimiento preciso de la asistencia y la trayectoria de cada estudiante, advierten desde Argentinos por la Educación. En algunas jurisdicciones, los regímenes académicos flexibilizaron sus exigencias de presentismo y hay familias que se desentienden de la asistencia regular de sus hijos. Que el Estado cuente con información pública y actualizada sobre este tema resulta crucial para poder abordarlo.

Si los calendarios escolares definidos por los gobiernos aseguran una dosis adecuada de tiempo escolar, y si familias, alumnos y docentes asumen el compromiso de estar presentes, recién entonces empiezan a plantearse los problemas específicamente educativos, es decir, los desafíos de aprendizaje. Y de nuevo surgen viejas deudas, empezando por la alfabetización, que hace posible la comprensión lectora y, a partir de ella, el resto de los aprendizajes escolares.

En 2024 las 24 jurisdicciones y la Nación presentaron planes de alfabetización que apuntan a abordar esta cuestión con cierto sentido de urgencia. Para la Secretaría de Educación, se trata de la principal política educativa impulsada desde el Gobierno nacional. Garantizar el desarrollo de los niveles de lectura y escritura apropiados para los estudiantes de tercer grado es el objetivo central del Compromiso Federal por la Alfabetización, y resulta a su vez una premisa esencial para poder resolver los problemas de aprendizaje que surgen de las pruebas internacionales, nacionales y provinciales.

El Plan Nacional de Alfabetización fue uno de los temas centrales de la última reunión del Consejo Federal de Educación en febrero. “Ya logramos, junto con todos los titulares de educación provinciales, un acuerdo unánime para priorizar el aprendizaje de los chicos. Desde Nación seguimos fijando metas claras, siempre con respeto por la libertad curricular de cada provincia y de cada escuela”, planteó allí el secretario Carlos Torrendell.

Los resultados de los estudiantes argentinos en Lengua y Matemática evidencian que, a lo largo de 14 años de educación obligatoria, el sistema no logra garantizar los aprendizajes básicos

En los últimos años parece haber aumentado la conciencia social sobre la situación de la comprensión lectora. Pero las evaluaciones de aprendizaje muestran dificultades aún más severas en matemática: 8 de cada 10 alumnos terminan la secundaria sin los saberes esperados en esta área, según los resultados de la prueba Aprender 2022. Solo uno de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años puede resolver una consigna que requiere aplicar la regla de tres simple, según mostró un análisis de los ejercicios de la última prueba PISA.

Los resultados de los estudiantes argentinos en Lengua y Matemática evidencian que, a lo largo de 14 años de educación obligatoria, el sistema no logra garantizar los aprendizajes básicos. Para algunos especialistas, el problema tiene que ver –entre otros factores– con el exceso de demandas que recaen sobre las escuelas.

“Hoy pesan sobre la escuela demasiadas expectativas. Desde atender las múltiples necesidades de los estudiantes en situación de pobreza (que afecta a la mitad de la población menor de 18 años) hasta incorporar la IA o el celular en clase. Con un Estado sin suficiente músculo, los docentes quedan, en condiciones materiales deficitarias, al frente de todas las batallas”, consideró Cecilia Veleda, doctora en Sociología de la Educación y coordinadora de educación en la Fundación Argentina Porvenir.

“Hay que facilitarles la vida a las escuelas mediante una mejor articulación con las políticas sociales y de salud, edificios y materiales adecuados, prioridades curriculares claras, formación y escucha a los docentes, y apoyo para lograr tiempo suficiente y un clima saludable de trabajo”, agregó Veleda.

El recorte histórico del 40% en el presupuesto educativo nacional en 2024 implica un ajuste que afectó los salarios, las becas, las obras de infraestructura, las acciones de formación docente y el acceso a libros, materiales pedagógicos y dispositivos tecnológicos, entre otras condiciones elementales para que las escuelas puedan desarrollar sus actividades normalmente. La continuidad en 2025 del Presupuesto 2023, después de dos años seguidos de inflación de tres dígitos, sugiere que la “motosierra” sobre la educación se seguirá profundizando.

Las cifras de los salarios docentes muestran grandes diferencias entre provincias: en Catamarca el sueldo mínimo es de $420.000, en línea con el piso salarial nacional –por debajo de la línea de indigencia–, mientras que en Río Negro ese mismo sueldo asciende a $931.186, según informó la Unión de Docentes Argentinos (UDA). La retirada del Estado nacional contribuye a profundizar esa dispersión, y suma presión sobre la tarea de las escuelas, de por sí sobrecargadas por los efectos de la prolongada crisis económica.

Algunos expertos plantean que, más que nunca, las posibilidades de fortalecer la educación dependen de los gobiernos provinciales. “A los tradicionales temas de agenda, este año se suma el nuevo escenario en que el gobierno nacional retiró gran parte del financiamiento de programas de apoyo a las provincias. Estas ahora deberán valerse por sus propios medios si aspiran a algo más que el eventual plan de alfabetización que comprometió el gobierno central. En la mayoría su situación era endeble antes, cuando contaban con esa asistencia; todo indica que será más complicado ahora, sin ella”, analizó Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento y políticas educativas.

Morduchowicz concluyó: “Por eso la mirada comenzó a dirigirse hacia algunas pocas provincias y la Ciudad de Buenos Aires que están proponiendo cambios, sobre todo, en su organización escolar y régimen académico. El mayor desafío en estos casos es que esas reformas no terminen transformándose más en un dispositivo de cuidado que de enseñanza. De las otras jurisdicciones se sabe poco y su gran desafío será sortear la inercia actual”.