El Gobierno enviará el proyecto en sesiones ordinarias. También se endurecen las condenas contra los incendios intencionales, los piqueteros, los barrabravas y las usurpaciones de viviendas
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya tiene en su poder el nuevo Código Penal que elaboró un equipo de especialistas en la materia y que el presidente Javier Milei enviará al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, con la esperanza de que sea aprobado por el cuerpo y endurecer así las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, pero también proteger a la Policía en su accionar y crear nuevos delitos, algunos incluso contra “el orden internacional”.
El texto, al que tuvo acceso de manera exclusiva Infobae, plantea una serie de reformas a la normativa actual, que data de 1921 y que, si es sancionada sin modificaciones, pasaría de 316 a un total de 540 artículos.
El documento, que incorpora casi 1.000 leyes especiales, está dividido tres Libros, el primero de ellos referido a la Parte General; el segundo, a la Parte Especial y el tercero, vinculado a los Delitos contra el orden internacional.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es el denominado “impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves”, que establece que no se le podrá conceder ese beneficio a personas declaradas reincidentes ni a las condenadas por delitos dolosos violentos que provocaron grave daño a la salud o la muerte, o abuso sexual agravado, entre otros.
En este sentido, la pena efectiva de prisión perpetua será de 35 años de cumplimiento total en cárcel y de 40, si es múltiple reincidente. Además, la libertad condicional será revocada si el beneficiario comete un nuevo delito o violare la obligación de residencia.
Se modificarían las penas para varios delitos
Por otra parte, se suma un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la “presunción en favor de la autoridad pública”, que indica que no será punible quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.
Tampoco será punible el miembro de alguna fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario que, “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causare lesiones o muerte”.
También se contemplan nuevas modalidades delictivas, como las estafas piramidales y fraudes informáticos, incluyendo aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido.
Sobre los barrabravas, piqueteros y ocupas
Asimismo, el nuevo Código Penal prevé un incremento del mínimo de la escala penal en dos tercios para los delitos de homicidio, lesiones, robo, tenencia y portación de armas de fuego cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva.
Esto afecta, principalmente, a los barrabravas que, además, serán condenados por nuevos actos que pasarán a ser ilegales, como el impedimento de un espectáculo deportivo, causar riesgo de aglomeración o avalancha, la distribución y venta no autorizada de entradas y la corrupción en el deporte. Además, se suma un régimen penal para la prevención y control del dopaje en este tipo de eventos.
Para los denominados “motochorros”, la iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión. Incluye otros hechos, como el robo de celulares y las “salideras” bancarias.
Otro punto importante es que se tipifica la conducta “contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte”, con condenas de hasta 3 años, por lo que se identifica a los piqueteros como delincuentes, siempre que no cuenten con autorización del Estado para sus manifestaciones.
En el nuevo Código Penal queda expresamente prohibido interrumpir el tránsito
También se deja clara la figura de “agresiones en manifestaciones públicas”, para todo aquel que arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física”.
Por otra parte, se endurecería el castigo para las ocupaciones de tierras, agregando una multa de hasta 75 millones de pesos y agravantes que pueden hacer que la condena se eleve hasta un máximo de tres a seis años.
En este caso, será también de aplicación para aquella persona que hubiera ejercido el rol de facilitador, organizador, promotor o instigador de los usurpadores.
En medio de los incendios que están azotando al sur del país, la propuesta también aumenta la pena por iniciar uno, que actualmente es de un mes a un año y pasará a ser de 3 a 10 años, o incluso 25 si el hecho ocasiona fallecidos o lesiones gravísimas.
Corrupción
El proyecto contiene varios artículos vinculados a la corrupción, que implican que las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será de por vida.
Para los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, las escalas penales van de 5 a 15 años de prisión, cuando hoy es de 1 a 6.
Asimismo, se amplía el concepto de “enriquecimiento ilícito” para todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como son, por ejemplo, los titulares de obras sociales, y no solamente para los funcionarios.
Además, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, con condenas de 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión, para todos los responsables más una multa significativa de hasta 20 veces el monto de la operación.
El proyecto deberá ser aprobado por el Congreso (REUTERS/Tomas Cuesta)
Por otro lado, se propone la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva —antes de la condena penal— para todos los delitos, incluso aquellos de lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico.
Abusos y violaciones
El proyecto prevé que en los casos de violación la pena será de 8 a 20 años, si el hecho fuera cometido por ascendiente o descendiente, por dos o más personas, con armas o contra una menor de 18 años o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
También se incorporó el uso de inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming, y se tipificó específicamente la promoción y facilitación de corrupción y prostitución de personas menores de edad, explotación sexual y rufianismo.
En tanto, la compraventa de niños prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, tanto para el autor como para el facilitador o intermediario.
La propuesta aumenta las penas contra el abuso infantil (Movimiento Manuela Ramos)
También se incorpora la figura penal de crimen organizado de forma independiente a la asociación ilícita; delitos relacionados con el terrorismo, y se aumenta el tiempo de cárcel para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico.
Por último, se incorpora un Libro Tercero dedicado exclusivamente a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra.
El nuevo Código Penal fue elaborado por la Comisión de Reforma del mismo, creada a principios del 2024 por la actual gestión, encabezada por el abogado Jorge Boumpadre y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.