El Gobierno enviará el proyecto en sesiones ordinarias. También se endurecen las condenas contra los incendios intencionales, los piqueteros, los barrabravas y las usurpaciones de viviendas
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya tiene en su poder el nuevo Código Penal que elaboró un equipo de especialistas en la materia y que el presidente Javier Milei enviará al Congreso en las próximas sesiones ordinarias, con la esperanza de que sea aprobado por el cuerpo y endurecer así las penas contra la corrupción, los piqueteros y los barrabravas, pero también proteger a la Policía en su accionar y crear nuevos delitos, algunos incluso contra “el orden internacional”.
El texto, al que tuvo acceso de manera exclusiva Infobae, plantea una serie de reformas a la normativa actual, que data de 1921 y que, si es sancionada sin modificaciones, pasaría de 316 a un total de 540 artículos.
El documento, que incorpora casi 1.000 leyes especiales, está dividido tres Libros, el primero de ellos referido a la Parte General; el segundo, a la Parte Especial y el tercero, vinculado a los Delitos contra el orden internacional.
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es el denominado “impedimento de acceso a la libertad condicional en delitos graves”, que establece que no se le podrá conceder ese beneficio a personas declaradas reincidentes ni a las condenadas por delitos dolosos violentos que provocaron grave daño a la salud o la muerte, o abuso sexual agravado, entre otros.
En este sentido, la pena efectiva de prisión perpetua será de 35 años de cumplimiento total en cárcel y de 40, si es múltiple reincidente. Además, la libertad condicional será revocada si el beneficiario comete un nuevo delito o violare la obligación de residencia.
Se modificarían las penas para varios delitos
Por otra parte, se suma un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la “presunción en favor de la autoridad pública”, que indica que no será punible quien obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo.
Tampoco será punible el miembro de alguna fuerza de seguridad pública o del servicio penitenciario que, “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, causare lesiones o muerte”.
También se contemplan nuevas modalidades delictivas, como las estafas piramidales y fraudes informáticos, incluyendo aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión para el caso de estafa agravada y multa de 2 a 5 veces el beneficio obtenido.
Sobre los barrabravas, piqueteros y ocupas
Asimismo, el nuevo Código Penal prevé un incremento del mínimo de la escala penal en dos tercios para los delitos de homicidio, lesiones, robo, tenencia y portación de armas de fuego cuando se cometan en el ámbito deportivo, artístico o de concurrencia masiva.
Esto afecta, principalmente, a los barrabravas que, además, serán condenados por nuevos actos que pasarán a ser ilegales, como el impedimento de un espectáculo deportivo, causar riesgo de aglomeración o avalancha, la distribución y venta no autorizada de entradas y la corrupción en el deporte. Además, se suma un régimen penal para la prevención y control del dopaje en este tipo de eventos.
Para los denominados “motochorros”, la iniciativa plantea penas de hasta 15 años de prisión. Incluye otros hechos, como el robo de celulares y las “salideras” bancarias.
Otro punto importante es que se tipifica la conducta “contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte”, con condenas de hasta 3 años, por lo que se identifica a los piqueteros como delincuentes, siempre que no cuenten con autorización del Estado para sus manifestaciones.
En el nuevo Código Penal queda expresamente prohibido interrumpir el tránsito
También se deja clara la figura de “agresiones en manifestaciones públicas”, para todo aquel que arroje cuerpos contundentes o proyectiles contra otra persona de manera tal que pusiere en riesgo su integridad física”.
Por otra parte, se endurecería el castigo para las ocupaciones de tierras, agregando una multa de hasta 75 millones de pesos y agravantes que pueden hacer que la condena se eleve hasta un máximo de tres a seis años.
En este caso, será también de aplicación para aquella persona que hubiera ejercido el rol de facilitador, organizador, promotor o instigador de los usurpadores.
En medio de los incendios que están azotando al sur del país, la propuesta también aumenta la pena por iniciar uno, que actualmente es de un mes a un año y pasará a ser de 3 a 10 años, o incluso 25 si el hecho ocasiona fallecidos o lesiones gravísimas.
Corrupción
El proyecto contiene varios artículos vinculados a la corrupción, que implican que las penas sólo podrán ser de cumplimiento efectivo y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública será de por vida.
Para los delitos de cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional, enriquecimiento ilícito, las escalas penales van de 5 a 15 años de prisión, cuando hoy es de 1 a 6.
Asimismo, se amplía el concepto de “enriquecimiento ilícito” para todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como son, por ejemplo, los titulares de obras sociales, y no solamente para los funcionarios.
Además, se mantiene la tipificación del delito de lavado de activos y se contempla la agravante en el caso de que se encuentre involucrado un funcionario público, con condenas de 4 años y 6 meses a 13 años y 4 meses de prisión, para todos los responsables más una multa significativa de hasta 20 veces el monto de la operación.
El proyecto deberá ser aprobado por el Congreso (REUTERS/Tomas Cuesta)
Por otro lado, se propone la posibilidad de decomisar los bienes anticipadamente y de manera definitiva —antes de la condena penal— para todos los delitos, incluso aquellos de lesa humanidad, terrorismo o narcotráfico.
Abusos y violaciones
El proyecto prevé que en los casos de violación la pena será de 8 a 20 años, si el hecho fuera cometido por ascendiente o descendiente, por dos o más personas, con armas o contra una menor de 18 años o si el autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave.
También se incorporó el uso de inteligencia artificial como forma de pornografía infantil y grooming, y se tipificó específicamente la promoción y facilitación de corrupción y prostitución de personas menores de edad, explotación sexual y rufianismo.
En tanto, la compraventa de niños prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, tanto para el autor como para el facilitador o intermediario.
La propuesta aumenta las penas contra el abuso infantil (Movimiento Manuela Ramos)
También se incorpora la figura penal de crimen organizado de forma independiente a la asociación ilícita; delitos relacionados con el terrorismo, y se aumenta el tiempo de cárcel para los eslabones más peligrosos de la cadena del narcotráfico.
Por último, se incorpora un Libro Tercero dedicado exclusivamente a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra.
El nuevo Código Penal fue elaborado por la Comisión de Reforma del mismo, creada a principios del 2024 por la actual gestión, encabezada por el abogado Jorge Boumpadre y el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky.
Su rostro y el logo presidencial figura en una iniciativa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, vinculada al mentor del presidente, Alberto Benegas Lynch
Coherente con su odio hacia la educación pública, el presidente Javier Milei prestó su imagen y hasta el logo de su gobierno para una beca de la universidad privada vinculada con su mentor político, Alberto Benegas Lynch. Se trata de la Beca Presidencia de la Nación que cubriría hasta el 100% de las cuotas para los beneficiarios que sean elegidos para asistir a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).
“El objetivo principal de esta campaña es dar a conocer la nueva Beca ESEADE Presidencia de la Nación, una iniciativa que busca ofrecer oportunidades a estudiantes comprometidos con su desarrollo académico y profesional”, indican en la web oficial de la Casa de Estudios, en donde destacan que la cartelería se desplegará por unas cinco semanas, desde febrero, en diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, “con el propósito de llegar al mayor número posible de jóvenes interesados en programas de grado y posgrado en áreas como negocios, economía, derecho y gestión”.
Sin embargo, la campaña no solo se extendió en la vía pública, sino también en las redes sociales. Allí, Milei promocionó en su Instagram una publicación en la que se destacaba que la beca tenía que ver con la “formación en las ideas de la libertad”. El posteo llevaba además el logo de la Presidencia de la Nación. Una maniobra que resultaría extraña si se tratara de cualquier otro mandatario.
El propósito de esta beca es «brindar a los jóvenes talentos la posibilidad de acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Según aclararon, la institución no recibe fondos públicos para la realización de la iniciativa, más allá del impulso del presidente a título personal.
El mencionado posteo de Instagram fue el 2 de febrero, unas dos semanas antes que el presidente promocionara en Twitter la criptoestafa $LIBRA por la cual está siendo investigado por la justicia de Argentina y Estados Unidos.
La ESEADE fue fundada en 1978 gracias al aporte de “múltiples benefactores” y contó con la participación clave de Benegas Lynch, el padre de Bertie, actual diputado nacional de La Libertad Avanza. En 2022, el propio “Prócer”, como Milei llama a su mentor, le otorgó un Doctorado Honoris Causa, cuyo reconocimiento le vale al presidente para que lo denominen Doctor, una figura que llegó a ponerse en duda.
La referente opositora arremetió contra el Presidente por no haberse presentado personalmente en la zona del desastre. “Ayer gastaste 22 millones de dólares del BCRA para seguir con el dólar planchado. En un día quemaste más de la mitad de lo que se necesita para la reconstrucción”, disparó
La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, criticó con dureza a Javier Milei por lo que definió como una “desconexión emocional” con las tragedias que afectan a la población. En este caso, el cuestionamiento tuvo que ver con la decisión del jefe de Estado de no ir a Bahía Blanca tras el devastador temporal que azotó a la ciudad del sur bonaerense.
“¡Ay, Milei! Te juro que esperé. Pensé… ‘SEGURO QUE ESTE VIAJA A BAHÍA BLANCA, porque lo que pasó es apocalíptico’. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!”, posteó la líder del kirchnerismo en sus redes sociales, donde se diferenció con un repaso sus acciones personales frente a tragedias naturales que golpearon a diferentes localidades durante su gestión como presidenta.
En un extenso mensaje, Cristina Kirchner compartió algunos recuerdos de momentos en los que -según relató- estuvo presente en comunidades devastadas,; entre ellos destacó casos como el pueblo de Tartagal, en Salta, tras el alud de barro de 2009; o lo que sucedió en San Pedro (Misiones), luego de un tornado ese mismo año.
Parte del mensaje que escribió Cristina Kirchner con críticas a Javier Milei
La ex mandataria destacó la importancia de la presencia de los líderes políticos en momentos de crisis, tanto para acompañar a las víctimas como para coordinar la ayuda: “No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza”.
“Te lo cuento de primera mano: el 9 de febrero del 2009 UN ALÚD DE BARRO SEPULTÓ, LITERALMENTE, AL PUEBLO DE TARTAGAL. No lo dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos”, recordó.
Además rememoró la tragedia que ocurrió el 3 de abril del 2013: “Te puedo contar también cuando fui a La Plata, mi ciudad natal, al día siguiente de las inundaciones que se llevaron las vidas de tantos platenses. NO SABÉS EL ROL QUE CUMPLIÓ EL EJÉRCITO ARGENTINO JUNTO A LOS PIBES DE LA CÁMPORA ORGANIZANDO LA AYUDA A LOS VECINOS DAMNIFICADOS. Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca“.
Drama en Bahía Blanca: un refuerzo de 200 bomberos llegó para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a los damnificados por el feroz temporal
En el caso de Bahía Blanca, donde el temporal provocó hasta ahora 16 muertes y cuantiosos daños materiales, el presidente Milei no viajó, aunque su gobierno estuvo representado por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Luis Petri, ministro de Defensa, quienes participaron de las tareas de coordinación de asistencia a los damnificados. De todos modos, la presencia de los funcionarios no estuvo exenta de críticas, ya que algunos habitantes de Bahía Blanca los increparon por considerar que su intervención era insuficiente en relación con la magnitud del desastre.
En ese marco, Cristina Kirchner lamentó la falta de acciones concretas para afrontar la reconstrucción de Bahía Blanca tras los daños ocasionados por el temporal. “No es tan difícil. Hay que poner voluntad Y SOBRE TODO PLATA. Porque tampoco sirve sólo poner la cara para la tele. Hay que poner la cara y la billetera para poder reconstruir Bahía Blanca”, agregó.
Finalmente, la ex presidenta aprovechó para cuestionar recientes decisiones económicas del gobierno de Milei, en particular, la intervención en el mercado de los dólares financieros. “AYER NOMÁS GASTASTE 224 MILLONES DE DÓLARES DEL BANCO CENTRAL para intervenir en el mercado de los dólares financieros… EN UN DÍA QUEMASTE MÁS DE LA MITAD DE LO QUE NECESITA BAHÍA BLANCA PARA SU RECONSTRUCCIÓN”, apuntó Kirchner.
Este mensaje llega en un contexto de creciente preocupación por la paralización de la obra pública que, según varios críticos y referentes de la oposición, afecta gravemente la infraestructura de las ciudades argentinas.
Los 485 empleados que se dedicaban a brindar ayuda estatal a zonas afectadas fueron echados o puestos en disponibilidad, y la dirección fue directamente cerrada como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger.
El temporal en Bahía Blanca, con sus devastadoras consecuencias sobre la población, dejó al descubierto la total falta de criterio de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tres días antes de que se desatara la tormenta despidió a todos los trabajadores de la Dirección Nacional de Emergencias -sus 485 empleados fueron echados o puestos en disponibilidad- y la cerró, como parte de la reducción del Estado ejecutada por Federico Sturzenegger. La Dirección eliminada se ocupaba de dar asistencia en casos de catástrofes, enviando insumos y profesionales -médicos, psicólogos, asistentes sociales- para dar contención y atender a los damnificados. Si bien la Casa Rosada mandó a Bahía Blanca a los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, Pettovello no viajó -una decisión lógica, si se piensa en qué iba a poder hacer- y lo que despachó a la zona inundada -productos de limpieza e higiene, materiales para la construcción- llegó de la mano de las Fuerzas Armadas.
En la provincia aseguran que en los aviones Hércules con los insumos de Pettovello había “80 colchones”, una cantidad ridícula para una ciudad de 300.000 habitantes donde la gran mayoría sufrió pérdidas materiales. En Capital Humano replican que fueron más, aunque sin dar números. En este momento lo que les preocupa no es tanto aclarar el punto como establecer que no mandaron alimentos, ni un kilo, a Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque quieren dejar en claro que no lo tienen. Es que a raíz de una nueva denuncia de Juan Grabois por los comedores populares, el Ministerio debe contestar, en un plazo de 48 horas, un requerimiento judicial que le exige informar qué alimentos mantiene guardados en sus depósitos. “No compramos más alimentos”, insistieron en decir ayer.
Disuelta la Dirección Nacional de Emergencias, el argumento que dan en el gobierno nacional es que no hubo imprevisión: lo que pase en situaciones de catástrofe dejó de ser tema del ministerio de Capital Humano y pasó a ser tema de los ministerios de Defensa y de Seguridad, señalan. “Pasó justo, pero ya estaba decidido”.
La Dirección de Emergencias funcionaba en el edificio ubicado en Moreno 711 y tenía a su cargo equipos que, ante una catastrofe, viajaban a los lugares para colaborar. Para dar una idea de qué se perdió con su cierre, ayer fuentes gremiales recordaban que en la última gran situación de catástrofe ocurrida en la gestión anterior, la de los incendios en Corrientes, la Dirección llegó con asistencia en las primeras 48 horas (llevó botellones de agua, kits de limpieza, colchones, frazadas, alimentos, ropa) y apagado el fuego viajaron equipos profesionales y asistentes sociales que hicieron relevamientos y gestionaron ayudas económicas para las familias. Es decir, hubo intervención tanto en el momento de la emergencia como el posterior, para ayudar a la reconstrucción. Estas tareas fueron coordinadas con los centros de referencia locales, también eliminados por el gobierno libertario.
Tras el desembargo de Bullrich y Petri en Bahia Blanca, la gobernación bonaerense le hizo llegar a Pettovello un pedido de asistencia en el que detallaron la dramática situación que atraviesan las familias bahienses y le recordaron que en los últimos dos años hubo 50 municipios afectados por inundaciones que la administración de Axel Kiciloff debió auxiliar sin respuestas de la Casa Rosada.
En Capital Humano responden a las críticas sobre el desguace del Estado doblando la apuesta: “había superposición de áreas”, dijeron ayer al defender los cierres. Agregaron que a partir de ahora, de las situaciones de catástrofe se va a ocupar el Sinagir (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), que depende del ministerio de Seguridad. Se supone, entonces, que Patricia Bullrich cuenta con equipos equivalentes a los despedidos de Desarrollo Social.
