Policiales
El Gobierno endureció los controles a los presos de alto riesgo: no podrán tener contacto físico con las visitas
A través de una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, se restringirán aún más las visitas a los internos catalogados de esta manera. La medida se toma luego detectar una nueva estrategia para impartir órdenes al exterior
El Gobierno endureció los controles sobre los presos alojados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal, mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad que fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
De acuerdo a esas fuentes, los presos más pesados estarían echando mano a un nuevo truco para trasmitir órdenes al exterior: usar a sus familiares directos y a sus abogados defensores para dar instrucciones operativas a miembros de sus organizaciones.
Los delitos que les imputan son asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros.
En referencia a las detenciones de los familiares y abogados de los presos de alto riesgo, las autoridades remarcaron que “son razones objetivas y fundadas para reforzar las medidas implementadas en relación con las visitas de todos los internos incorporados al Sistema, aplicando restricciones que resultan razonables y proporcionadas”.
De la misma manera, sostuvieron que el endurecimiento de los controles era estrictamente necesario “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino vinculados con la prevención y persecución del crimen organizado”.
El miércoles pasado, agentes penitenciarios divisaron una hoja escrita por un preso rosarino de alto riesgo cuando se lo entregaba a su madre que lo visitaba. “En ella, se impartían órdenes claras para que se sigan cometiendo delitos que desencadenen más muertes, por lo que la visitante fue retenida y quedó a disposición de la Justicia, quien ordenó su detención inmediata”, aseguraron.
Aunque no es el caso, un investigador destacó a Infobae que un capo suele comunicarse con “papelitos” con los abogados que lo visitan.
A raíz de este episodio, sumado al resto, los presos de alto riesgo podrán recibir la visita de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días y por 60 minutos. Además, las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.
Desde el traspaso a fines del 2023 del Servicio Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, a cargo de Julián Curi, se implementaron medidas tendientes a evitar el ingreso de droga, elementos punzantes y celulares.
Por otra parte, el Sistema reguló el régimen de visitas, de comunicaciones telefónicas y de correspondencia, en particular, estableció impedir que los internos pudieran comunicarse con el exterior con fines ilegales.
Al mismo tiempo, se habían reforzado las medidas luego de que se recibiera un alerta acerca que dos capos presos, Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, pudieron encomendar alguno de los crímenes ocurridos en la ciudad de Rosario durante 2024.
En esa oportunidad, se dispuso suspender por el término de 30 días sus comunicaciones telefónicas, a excepción de las cursadas con sus abogados defensores y con los organismos de control. A su vez, se determinó suspender por 30 días las visitas autorizadas, a excepción de aquellas que realizaran sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales.
Para eludir los controles, los internos habrían comenzado a utilizar la novedosa estrategia.
Ahora, el Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la Justicia que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema.
Si se revoca la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.
La medida dispone, al mismo tiempo, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.
“El Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar todos los delitos de los cuales se tome conocimiento en el contexto del ‘Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, encomendaron en el artículo 2° del escrito.
En caso de que se detectara una infracción, las autoridades habilitaron a los agentes penitenciarios a poner en funcionamiento sanciones como, por ejemplo, intervención de las comunicaciones telefónicas, monitoreo de visitas, suspensión o prohibición de visitas o de establecer comunicaciones telefónicas, o cualquier medida que pudiera resultar útil para hacer cumplir la medida.
La decisión se toma luego de que la Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Sala de Feria, resolviera por mayoría declarar la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y el 14 inciso 10 del Código Penal, que restringen el acceso a la libertad condicional para condenados por delitos de narcotráfico.
El fallo, que fue apelado por el fiscal Raúl Pleé, habilitó a 15 mil presos por venta de drogas a solicitar la libertad condicional.
Policiales
El caso del “monstruo de Villa Martelli” que abusó a su hijastra durante seis años en la calle y en un albergue de Constitución
A.J, de 49 años, escapó a Santa Fe luego de que la víctima lo denunciara tras cumplir la mayoría de edad. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal
A.J, de 49 años, oriundo de Villa Martelli, fue detenido la semana pasada en Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, acusado de un delito aberrante: violar a su hijastra durante seis años, desde sus 12 hasta sus 18. Fue capturado por la División Homicidios de la Policía Federal, luego de que los investigadores descubrieran que se refugiaba en la zona. Puntualmente en un domicilio que, supuestamente, le alquilaba un familiar directo.
Tras lograr que saliera, lo arrestaron y lo trasladaron de vuelta a territorio bonaerense, donde ahora deberá responder por la acusación en su contra -realizada por la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Violencia de Género de Vicente López- por el delito de abuso sexual reiterado, agravado por el vínculo.
Luego, insólitamente, la violó en un punto más lejano: el albergue transitorio O’Brien, ubicada en la calle del mismo nombre, en la zona de Constitución.
La joven denunció a su padrastro al cumplir la mayoría de edad y, en consecuencia, el hombre escapó de inmediato. Ante esta situación, la División Homicidios de la PFA -que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales, con una larga tradición de capturas de prófugos difíciles de hallar-comenzó a rastrearlo.
Sus registros personales y comerciales, sin embargo, revelaban una pista: un viejo domicilio registrado en Villa Ocampo. Luego, llegaron al dato clave: el alquiler en la zona.
La captura de A.J no es la única detención resonante de la División Homicidios realizada este año. En enero último, capturaron en Mar del Plata a Santiago Nicolás Mallol, alias “Pipa”, acusado de matar 12 años atrás a la psicóloga Martha Landívar en Pinamar.
El cadáver de Landívar, de 37 años, fue descubierto el 20 de mayo de 2012 por un grupo de sus amigas que llegaron a su domicilio en la calle De Las Almejas ante la falta de respuesta a sus mensajes.
Allí, vieron a Landívar ya muerta desde una ventana. Los forenses en la escena detectaron que el cuerpo tenía un disparo en el pecho y otro en su mano. La bala en el pecho, calibre .22, impactó en su clavícula y le perforó la aorta, causando un fuerte sangrado.
El crimen no parecía tratarse de un hecho de inseguridad. La casa no parecía ser el blanco de un robo. Nada estaba revuelto. Tiempo después, se detuvo a un funcionario municipal vinculado a la víctima, que fue liberado por falta de pruebas.
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Es oficial de la Policía Federal: la metieron presa por ser una viuda negra
Micaela Garrido, con rango de cabo, se encuentra detenida en un penal bonaerense, acusada de desvalijar a un hombre en Villa La Ñata. El nuevo auge de un delito que termina en muerte y la paradoja del Código Penal
Micaela Alejandra Garrido, cabo de la PFA, se encuentra en prisión, acusada de ser una viuda negra. El fiscal Cosme Iribarren, uno de los encargados de la acusación en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la imputó por desvalijar a un hombre en Villa La Ñata, partido de Tigre.
El hecho ocurrió el 14 de diciembre pasado en un bar de Plaza Serrano, en la zona de Palermo, donde Garrido conoció a su supuesto blanco. Enlazar en vivo a una víctima es una técnica en desuso; las viudas negras, hoy, prefieren marcar sus potenciales robos en plataformas de citas como Tinder. Tras compartir unos tragos, Garrido, según la acusación en su contra, le propuso al hombre pasar la noche juntos. Así, se dirigieron a la casa de la víctima en Villa La Ñata, partido de Tigre. Como suele ocurrir en los ataques de viudas negras, los recuerdos del hombre de aquella noche terminaron poco después.
El fiscal Iribarren, titular de la UFI de Benavidez, le encargó la investigación a la Sub DDI de Tigre. El auto fue hallado abandonado, cuatro días más tarde. Poco después, los detectives llegaron a Garrido, de 29 años, con un domicilio registrado en Ciudad Oculta. Descubrieron su condición de policía, además del lugar donde se desempeñaba: la comisaría de la terminal de micros de Retiro. Entonces, Iribarren pidió su arresto. El subcomisario de la Federal a cargo de esa dependencia fue notificado. Allí, detuvieron a Garrido, en un operativo conjunto entre la Federal y la Policía Bonaerense e incautaron su celular a fines de enero último.
El nuevo auge de las viudas y la paradoja del Código Penal
A mediados del mes pasado, el juez Martín Peluso procesó con prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos a Juliana J., de 20 años de edad, detenida por la Policía de la Ciudad, acusada de drogar y desvalijar a un informático de 46 años en Palermo. Tras captarlo en Tinder, luego ocho meses de trabajo fino y una noche juntos, Juliana, según la acusación en su contra, le robó casi 24 mil dólares, 1,2 millones de pesos, tres computadoras, lentes Gucci y seis botellas de Champagne Veuve Clicquot. Juliana no fue la única viuda que Peluso procesó y envió a prisión en los últimos tiempos. Shamira Yoselí, con 18 años recién cumplidos, oriunda de la la Villa 21-24, empleada de una estación de servicio en Villa Lugano, fue detenida a fines del año pasado, acusada de drogar y desvalijar a un turista alemán en un departamento del Abasto tras conocerlo en una app de citas.
Los casos de mujeres jóvenes que dopan con clonazepam y le roban a hombres mucho mayores se repiten en las crónicas de este periodista con particular intensidad al menos desde mediados de 2023. La villa Zavaleta es un nodo para la actividad, con varias imputadas que provienen de la zona, con rateros del barrio en autos de apoyo.
Peluso buscó enviar un mensaje en el procesamiento a Juliana J.: la cárcel y el embargo de Juliana se debían a la particular gravedad del delito, donde el informático, con su bebida dopada, podría haber muerto.
Sucede que, en las últimas semanas, dos hombres murieron por presuntos ataques de viudas negras en el AMBA, un caso en Balvanera y otro en Lanús Oeste, un jubilado de 77 años cuya supuesta asesina fue una mujer de 62.
Sin embargo, el juez aplicó la calificación máxima que el Código Penal ofrece para estos casos: robo simple.
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“Perra malparida”: en el inicio del juicio por la muerte de Maradona, Verónica Ojeda increpó a la psiquiatra Cosachov
El proceso comenzó hoy y se desarrolla desde las 9.30 Habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
El juicio contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comienza hoy en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.
Desde las 9.30, están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual” Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.
Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.
Llegaron Dalma y Gianina Maradona
Las hijas de Diego Maradona ingresaron al tribunal.
Ojeda a Cosachov: “Perra malparida”
Con una remera de Diego, la ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, llegó al Tribunal en reclamo de Justicia y se largó a llorar cuando ingresó al edificio. Cuando se cruzó con la psiquiatra Agustina Cosachov, comenzaron los gritos: Ojeda la increpó y comenzó a insultarla.
“Perra malparida”, le gritó la última mujer de Diego. Tuvieron que intervenir las autoridades del tribunal y la policía para calmar la situación.
Tras el incidente, la imputada se alejó hasta la otra punta del pasillo y Ojeda volvió a llorar.
El cambio físico de Leopoldo Luque
El neurocirujano, acusado por la muerte de Maradona, llegó irreconocible a la primera audiencia del juicio en su contra que, se estima, durará casi 5 meses.
Ahora es fisicoculturista: según su abogado, desde el fallecimiento del astro se dedica a entrenar diariamente en Adrogué. Antes de entrar a la sala, habló con su colega Agustina Cosachov, también acusada.
“Diego no se murió”
Un nutrido grupo de fanáticos se ubicaron desde temprano en frente de los Tribunales de San Isidro para pedir Justicia por Diego Maradona, en la primera jornada de juicio contra los siete médicos acusados por su muerte.
“Diego no se murió” y “Justicia por Diego” son algunos de los cantos que repiten mientras las partes van llegando al tribunal.
Además, insultan a los imputados. “No nos olvidamos de lo que hicieron”, le gritaron a la psiquiatra Cosachov, cuando llegó a la audiencia junto a su abogado, Vadim Mischanchuk.
Los últimos días del ídolo
El documental de Infobae que reveló cómo fueron las últimas horas de Diego Maradona.
Comienza el primer juicio por la muerte de Maradona: habrá más de 100 testigos y durará casi cinco meses
Se desarrollará desde las 9 en los Tribunales de San Isidro. Son siete los profesionales de la salud que serán juzgados. Las pruebas en su contra
Tras un largo camino judicial, este martes en los tribunales de San Isidro finalmente comenzará el primer juicio, y el principal, contra siete de los ocho profesionales de la salud acusados de haber tenido responsabilidad en la muerte de Diego Maradona (60), ocurrida en su casa del barrio San Andrés de Tigre el 25 de noviembre de 2020.
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