La Coalición Cívica hizo una presentación ante la Unidad de Información Financiera que luego se sumó a las causas en trámite. El juez federal de Campana abrió la feria judicial porque entendió que son hechos nuevos
El negocio oscuro de las fotomultas no terminó. Hasta hace pocos días, las “promociones” para pagar multas con descuento se ofrecían por redes sociales y se tramitaban en locales comerciales, a la vista de todos. Ese sistema oscuro, en un país que incrementa a diario las muertes en siniestros viales, tenía como protagonistas a funcionarios corruptos, incluso en el Poder Judicial, y terminó eyectando de su cargo al ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio. La investigación judicial acaba de sumar nuevos protagonistas: la Coalición Cívica denunció que detrás de las protagonistas hay una financiera trucha y hasta un barra de Boca Juniors.
La presentación judicial arrancó su camino en la Unidad de Información Financiera (UIF), luego saltó a la causa del fiscal Álvaro Garganta, y la semana pasada se sumó al expediente por lavado de dinero que lleva adelante el juez federal de Campana Adrián González Charvay. Automáticamente, el magistrado decidió abrir la feria judicial, un recurso habitual cuando hay que tomar medidas urgentes. “Toda vez que de la presentación surgen nuevos hechos que podrían estar vinculados con la investigación, fórmese legajo por separado”, dice la resolución de apenas dos carillas a la que accedió Infobae.
Este lunes, los abogados de D’Donofrio le pidieron tener acceso a ese legajo reservado para tener cierto control de los datos sensibles que se ventilan. Ayer, el magistrado rechazó de plano esa posibilidad.
La semana pasada, el juez había habilitado la feria solo para agilizar un trámite de colaboración con la UIF de España. ¿Por qué es importante esa información? En el expediente se mencionan al menos tres sociedades creadas en ese país. Una de esas empresas, Cattleya Blue S.L., se habría utilizado para explotar dos restoranes, en la ciudad de Málaga, denominados “Tardeo Pacífico” y “Tardeo Soho”. Detrás de esos negocios aparecen Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata, y la concejal Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio.
Ahora, la apertura de la feria tiene efecto para toda la causa.
El ex ministro D’Onofrio y la concejal Claudia Pombo (Instagram)
La presentación de la Coalición Cívica suma nuevos protagonistas a la trama. Una de las personas denunciadas es Cristian Germán Ojeda, dueño de unas canchas de fútbol 5 donde funciona una peña de Boca Juniors. Hay numerosos videos en redes sociales sobre su actividad en el mundo Xeneize, aunque no tendría vínculo alguno con la barra oficial. Su aparición en la causa, sin embargo, no tiene que ver con el fútbol. Ojeda integra la sociedad Token Capital, inscripta ante la AFIP para tareas de “asesoramiento financiero, préstamos, y hasta análisis de negocios”. Según la denuncia, esa financiera operaría en un reconocido hotel de Pilar.
A pocos metros, también dentro del mismo hotel, funciona una peluquería. Ambos negocios son adjudicados a la concejal Pombo, que no aparece en los papeles. “Token Capital SA sería la empresa a cargo de pagar los sueldos de los empleados de la peluquería”, dice la presentación firmada por Elisa Carrió, la diputada Paula Oliveto, y el titular de la CC de Pilar, Matías Yofe.
Ojeda es un empresario exitoso de la mano de Pombo
Pero hay más. La financiera no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central. “Es una sociedad anónima que realiza actividades financieras, como otorgar préstamos. Este tipo de actividad es susceptible de estar alcanzada por la Ley de Entidades Financieras (Ley N.° 21.526), ya sea como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo, y bancos públicos, o por ser unas entidades financieras no bancarias como cooperativas de crédito y financieras”, explica la denuncia.
Ojeda también aparece en “Franutec SA”, una de las empresas beneficiadas en el negocio millonario de la VTV, controlado desde el Ministerio que conducía D’Onofrio. Concretamente, esa firma, creada en 2023, integra una UTE a la que le adjudicaron las zonas 5, 9 y 16 de la provincia de Buenos Aires. Eso incluye partidos como Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, Florencia Varela, entre otros.
Al igual que otros imputados en la causa, el barra de Boca acumula millas en el exterior del país. No es todo. Su casamiento, con limusina incluida, se hizo en el mismo hotel donde funcionaría la cueva y la famosa peluquería. Los videos circularon por las redes sociales.
El juez Mario Quattrochi viajaba por el mundo junto a Claudia Pombo
La investigación judicial está dividida en varios expedientes. En la Justicia provincial hay al menos tres causas. Y en el juzgado federal de Campana, se investiga si hubo una maniobra delavado de dinero. En esa causa también fueron imputados la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).
Antes de la feria, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.
Los números impactan. En 2023, el juez Mario Quattrochi, que viajaba por el mundo junto a Claudia Pombo, juzgó casi el 40% del total de las causas de toda la provincia de Buenos Aires. El año pasado, el mismo juez manejó casi el 45% de las multas hasta que explotó el escándalo. Ya fue corrido de San Isidro, pero sigue actuando como juez de faltas en La Plata.
El protagonista de la trama, el ex ministro D’Onofrio, se corrió de la escena pública. Y hasta decidió cerrar sus redes sociales.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.