Yacimientos Carboníferos Río Turbio es una de las empresas que el Gobierno nacional quiere privatizar por el volumen de recursos que demanda del Estado para funcionar. Su déficit operativo al tercer trimestre de 2024 fue de $62.500 millones

En medio de los intentos del Gobierno nacional por privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), incluida en la Ley Bases, un informe especial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que se encontraron incumplimientos, falta de documentación respaldatoria, movimientos financieros sin justificación, irregularidades y deudas millonarias con la AFIP en la gestión de la minera ubicada en la provincia de Santa Cruz.

“Persisten la falta de planificación presupuestaria e inconsistencias en el registro de la ejecución contable-presupuestaria, importantes debilidades que comprometen la confiabilidad e integridad de los sistemas (software y hardware), de la seguridad informática y consecuentemente, de la información que resguardan y suministran, la ausencia de inventarios de bienes de uso e inversiones que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados, entre otras cuestiones observadas”, se advierte en el informe.

Carátula del informe elaborado por la SIGEN

En lo que se refiere a la operación y mantenimiento del complejo minero, el organismo de control advirtió “la carencia de un sistema de información necesario para la toma de decisiones y el control de la marcha de la empresa, principalmente en lo que se refiere a las inversiones y su avance”. En ese sentido, alertó sobre “un escenario de debilidad de control interno y de gestión”.

Esta situación fue advertida por la SIGEN, que señala en su informe que “la inmensa mayoría de los Ingresos del Yacimiento corresponden a Transferencias del Tesoro Nacional. Lo señalado evidencia que la operatoria del YCRT no resulta suficiente para solventar su gestión”.

Según el informe y en base a la información brindada por las autoridades de YCRT, en el complejo minero trabajan 2.094 agentes, con una remuneración bruta promedio de $2,4 millones. Bajo esta gestión, hubo 30 empleados que adhirieron al retiro voluntario por un total de $ 587,7 millones.

La Central Termoeléctrica a carbón aún no está en funcionamiento. Fue licitada en 2006 (NA)

En cuanto a la obra para la construcción de la Central Termoeléctrica a carbón de Río Turbio, licitada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, sufrió diversas prórrogas, y aún sigue inconclusa su obra civil, por lo que en el informe de la SIGEN se advierte que no se encuentra en funcionamiento, aunque la gobernación santacruceña busca reactivarla.

Según le informaron las autoridades de YCRT a la SIGEN, se están realizando diversas adecuaciones a la Usina para poder poner en marcha una de las dos calderas construidas. Sin embargo, la auditoría señala que “no está informado ni un plan de operaciones para poner en marcha la CTRT 240 MW y tampoco cuál es el plan de producción de carbón, entre otros, necesario para alimentar la Central Termoeléctrica”.

El 30 de septiembre último, Javier Milei había designado como nuevo interventor a Pablo Gordillo, un santacruceño en reemplazo de Thierry Decoud, que había sido echado tres semanas antes por un presunto pedido de coimas en una operación de venta de carbón. La designación de Gordillo, oriundo de Santa Cruz y quien se desempeñaba como responsable de la gerencia general de la delegación de Caleta Olivia de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), contó con el aval del gobernador Claudio Vidal.

El gobernador santacruceño Claudio Vidal con el interventor de YCRT, Pablo Gordillo YCRT (Crédito La Opinión Austral)

El mandatario santacruceño viene intentando “salvar” a la minera estatal, y para eso apunta a reducir el déficit de la compañía mediante la búsqueda de capitales chinos, así como subastas públicas y la exportación de carbón para cubrir sus gastos operativos. Pero esta estrategia aún no se puso en práctica y la SIGEN advirtió sobre “la carencia de un Plan Estratégico, de planes operativos y de inversión, de un plan de compras y contrataciones, y de un manual de organización con misiones y funciones, debidamente formulados y aprobados”.

También señaló “la existencia de posibles condiciones inseguras para el personal, según surge de los informes de salud y seguridad e higiene emitidos por áreas propias del yacimiento como por organismos y empresas externas con competencia en la materia”. La SIGEN incluyó en su informe el volumen de las deudas de tributos nacionales y de la seguridad social de “de larga data” de la empresa, que suman $14.774 millones, más intereses por $10.677 millones. Asimismo, la minera acumula tributos impagos con la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos y el Municipio de Río Turbio por $71 millones, sin considerar intereses.

Otro de los aspectos cuestionados por la SIGEN se refiere a la falta de una “adecuada salvaguarda del patrimonio físico de YCRT”. El informe alertó sobre la “inexistencia de sistemas para la gestión de bienes de uso”, y señaló que las autoridades de la empresa “no suministraron el inventario que contenga la totalidad de los bienes debidamente valorizados. La manera de registrar algunos de los activos impide establecer si todos los activos de valor están debidamente registrados y son pasibles periódicamente de cotejarse las existencias físicas con los registros para verificar su coincidencia”.

Ante el panorama detallado en su informe, la SIGEN recomendó a las actuales autoridades del yacimiento “normalizar la situación de YCRT, en primer término en lo correspondiente a su estado de intervención permanente, y segundo, en lo concerniente a sus funciones operativas y de control”. En ese sentido, pidió el diseño de un Plan de Negocios de la unidad empresarial para “resguardar la armonía en la relación de origen y aplicación de los fondos y los principios de economicidad, eficiencia y eficacia consagrados” por la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público nacional.