El área pasó de la órbita de Ambiente a la de Seguridad. El decreto se publicó cuando se quemaron más de 1800 hectáreas en el Nahuel Huapi y se confirmaron más de 20 despidos en Parques Nacionales. Advierten que es un “retroceso enorme”.
Un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial modificó la Ley de Ministerios para pasar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego de la órbita de la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. La noticia se conoció mientras avanza el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi y en medio de fuerte preocupación entre trabajadores del área por contratos que vencen el último día del año y no están siendo renovados. Fuego y despidos.
En el texto del decreto se argumenta que “con el fin de lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil resulta necesario que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego forme parte del mismo” y se establece la creación del “Sistema Federal de Manejo del Fuego en el ámbito del Ministerio de Seguridad, que estará integrado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego dependiente de la Autoridad Nacional de Aplicación de esta ley, la Administración de Parques Nacionales, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen”.
“Un retroceso enorme”
Para el abogado ambientalista Enrique Viale, el pase de Ambiente a Seguridad implica “un retroceso enorme” y está “en concordancia con la mirada negacionista de la cuestión climática y ecológica que tiene el Gobierno Nacional”.
“Claramente la cuestión de los incendios debe ser manejada desde una perspectiva ambiental. Por las características que tienen los incendios forestales, que están tanto relacionados con los territorios y los ambientes donde se producen, como con la variable cambio climático: mayor ocurrencia entre sequías, tormentas eléctricas que favorecen los incendios. Cambiarlo a seguridad es perder la perspectiva territorial. Es perder la perspectiva de prevención”, lamentó el letrado, en diálogo con Tiempo. Y advirtió que al abordar el tema desde Seguridad “se va a basar solamente en una vez ocurridos los incendios, que las destrucciones son totales y es bastante poco lo que se puede hacer. Es un retroceso enorme”.
Hernán Mondino, delegado en Alerces, señaló que el traspaso vuelve la situación a un escenario similar al macrismo y añadió: “Implicaría responder más bien a intereses de seguridad, no dando tanto peso a lo ambiental, y habría que ver cuál es la situación del fideicomiso para el fondo de manejo del fuego, que podría ser una cuestión económica a tener en cuenta”. De todos modos, apuntó que el cambio es muy reciente para saber qué conllevará en concreto y resaltó que “hoy la preocupación de todos los brigadistas pasa por la renovación o no de los contratos, y por cuánto tiempo”.
Desde sus primeros días la gestión de Javier Milei apuntó contra la ley de Manejo del Fuego tal como regía hasta ahora. Incluso se refirió a su modificación en cadena nacional, aunque luego ese ítem no formó parte del mega DNU con el que estrenó su gobierno. Más recientemente, el Senado emitió dictamen favorable al proyecto impulsado por el senador Alfredo De Angelis para derogar la ley 27.604, sancionada en 2020. Esa norma modificó la 26.815 para prohibir que las áreas afectadas por incendios forestales sean utilizadas para emprendimientos agropecuarios o inmobiliarios.
“Están diezmando al organismo”
La publicación del decreto 1136/2024 en el Boletín Oficial coincidió con un reporte de Parques Nacionales que confirmó que ya se consumieron más de 1800 hectáreas por el incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que comenzó hace cinco días y se habría desatado por la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, según consignó la agencia NA.
Más de 60 brigadistas y técnicos trabajan en la zona, además de personal de Gendarmería, Ejército, Prefectura y bomberos voluntarios. Pero quienes actúan por parte de Parques Nacionales lo hacen bajo la incertidumbre sobre su continuidad laboral. No les confirmaron aún si serán renovados los contratos que vencen el último día de 2024, mientras ya fueron notificados más de 20 despidos a personal de Parques en distintos puntos del país.
“Así como durante el resto del año tuvimos cada tres meses tandas de despedidos, estamos teniendo otra nuevamente ahora. El viernes nos enteramos de poco más de 20 despidos, no sabemos si hoy se van a sumar más. No tenemos novedad de la renovación de todos los contratos”, dijo el delegado de ATE en el parque Nacional Nahuel Huapi, Marcelo Rojas.
Una fuente del Gobierno admitió que hay “bajas” en Parques Nacionales y dio un número muy superior: 43. Argumentó que se trata de “bajas por causas de incumplimiento de las funciones propias de sus puestos de trabajo o producto de inconductas. De esas no renovaciones, 10 fueron nombrados bajo la denominación de brigadistas pero no cumplían correctamente con sus tareas”.
“En Parques la mitad del personal es contratado. Tanto profesionales técnicos administrativos como brigadistas de incendios forestales. Estamos hablando de unos mil contratos. De los cuales ya tenemos la novedad de que poco más de 20 no se van a renovar. Son despidos para nosotros, porque son trabajadores con labores permanentes y con contratos precarios. Algo que le venimos reclamando a todas las gestiones que se revierta. Esta gestión lo profundizó haciéndonos contratos trimestrales”, cuestionó Rojas. Y alertó que “la situación que se está dando en Parques a nivel nacional, con tandas de despidos continuadas, está diezmando al organismo en cuanto a su capacidad operativa”.
Tras los despidos, el sector expresó: «Hoy somos 410 los/as brigadistas que, mientras combatimos incendios, realizamos rescates y calculamos el riesgo de incendio en las Áreas protegidas, no sabemos qué será de nuestro futuro porque no firmamos los contratos 2025 ni nos aseguran la continuidad. Cabe destacar que esta cifra es insuficiente y además menor a la cantidad con la cual empezamos el año (hubo 40 renuncias sin reemplazo). Ante esta situación ambiental y laboral crítica, la respuesta es despidos».
La lógica de la desregulación
Para el delegado en el Parque Nahuel Huapi, las medidas que toma el Gobierno en el sector tienen que ver con “una lógica de gestión que busca el desguace del organismo o remitirlo simplemente a alguna que otra fiscalización en terreno, sin muchos análisis preliminares técnicos que vayan en contra del uso público indiscriminado”. Aclaró que quienes trabajan en el territorio defienden el “disfrute sostenible” de estos espacios, pero con “un criterio técnico fuerte y previendo cualquier tipo de impacto negativo que se pueda tener”.
“El tema es que el planteo de la gestión acá tiene que ver con flexibilizar normativa, desregular el organismo, ir achicando cada vez más las áreas protegidas y los sectores técnicos, y ahí tenemos un problema enorme. El panorama es ese. Estamos viendo cómo se están llevando puestos nuevamente contratos de profesionales, técnicos y brigadistas en algunos lugares del país (…) ¿Por qué estamos a 30 de diciembre sin saber a quién van a despedir y a quién no, con rumores de despidos en cada una de las áreas protegidos? Las autoridades están teniendo no solo una visión errada del organismo, de las misiones y funciones, sino que se están portando muy mal con sus propios trabajadores”.
A través de un comunicado, la Coordinación Nacional de ATE en Parques Nacionales expresó: «Las políticas de la actual gestión conducida por Cristian Larsen (imputado en una causa abierta por la oficina anticorrupción por el delito de falta de ética pública) buscan vaciar el organismo, destruir su historia, desconocer la importancia y necesidad de la planificación a largo plazo y dejar en la calle a trabajadores/as con experiencia, capacitación, compromiso y multiplicidad de funciones y tareas en pos de la conservación».
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.