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El Gobierno denunció por traición a la Patria al ex embajador kirchnerista que intervino en el caso del gendarme secuestrado

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El Ministerio de Seguridad acusó a Oscar Laborde de haber actuado “en contra de la gestión diplomática” realizada por la Argentina para liberar a Nahuel Gallo. Dijo que hubo una “adulteración de la verdad de los hechos”, al manifestar que el Gobierno intentó “infiltrar un espía”. Su condición de ex funcionario agravó la acusación

El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra el ex embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde, por el delito de traición a la Patria. La acusación, presentada ante la Justicia Federal, sostiene que Laborde habría actuado en contra de los intereses nacionales al intervenir de manera no autorizada en el caso de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

Nahuel Agustín Gallo viajó conNahuel Agustín Gallo viajó con autorización y los permisos pertinentes para visitar a su mujer y su hijo

“La actuación de Laborde, lejos de contribuir a resolver la situación, validó sin fundamento alguno las acusaciones del régimen venezolano y menoscabó los intereses nacionales. Estas acciones no solo representan una deslealtad al Estado argentino, sino que, al intentar justificar actos de desaparición forzada, se enmarcan en conductas que contravienen los principios de justicia y derechos humanos que nuestro gobierno defiende”, se indicó.

El caso comenzó en diciembre de 2024, cuando el cabo primero de Gendarmería viajó para visitar a su pareja, María Alexandra Gómez García, y a su hijo de dos años. Gómez García, de nacionalidad venezolana y residente en Argentina desde hace más de cinco años, había gestionado una carta de invitación para que Gallo pudiera ingresar al país con fines recreativos, de acuerdo a lo que informó ayer Infobae con los documentos. El itinerario del viaje, que incluía un ingreso por el Puente Internacional Simón Bolívar desde Colombia, fue debidamente informado y autorizado.

Acciones legales y diplomáticas en curso

Ante la falta de información sobre el paradero de Gallo, Gendarmería presentó una acción de habeas corpus en la provincia de Mendoza, argumentando que la detención constituía una desaparición forzada de persona, en violación de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Inicialmente, un juez federal rechazó la acción, alegando falta de jurisdicción, ya que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino. Sin embargo, la Cámara Federal de Mendoza revocó esta decisión, invocando el principio de jurisdicción universal, que permite a un Estado investigar y juzgar crímenes graves como la desaparición forzada, independientemente del lugar donde hayan ocurrido.

En su resolución, la Cámara destacó que la jurisdicción universal está consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley 26.200, que implementa el Estatuto de Roma en Argentina. Además, subrayó la gravedad de la situación, señalando que los derechos fundamentales de Gallo, como la vida, la integridad personal y la libertad, estaban en peligro.

La Cancillería argentina informó que, debido a la expulsión del personal diplomático argentino de Venezuela, las gestiones se han realizado a través de la Embajada de Brasil en Caracas y organismos internacionales como la ONU y la OEA. No obstante, hasta la fecha, no se logró determinar el paradero de Gallo ni obtener información sobre las acusaciones en su contra.

Oscar Laborde es considerado porOscar Laborde es considerado por la diplomacia argentina como un agente del régimen cubano

La intervención de Laborde

En este contexto, el ex embajador Oscar Alberto Laborde inició gestiones no autorizadas ante la dictadura venezolana, según la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Laborde, quien fue designado embajador durante la presidencia de Alberto Fernández, habría contactado a la familia de Gallo en Argentina para entregar una carta al gendarme detenido, en colaboración con los jerarcas del régimen chavista. Según el Ministerio, estas acciones no solo carecieron de autorización oficial, sino que también habrían buscado justificar la detención de Gallo al presentarla como resultado de un ingreso irregular al país.

La denuncia sostiene que Laborde actuó en contra de los intereses de Argentina al avalar las acusaciones de espionaje formuladas por el régimen venezolano y al cuestionar la legalidad del ingreso de Gallo a Venezuela. Además, se le acusa de intentar legitimar las condiciones de detención del gendarme, lo que, según el Ministerio, constituye una traición a la patria al comprometer la posición del país en la defensa de un ciudadano argentino.

El documento judicial señala que la conducta de Laborde habría beneficiado al régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que perjudicó los esfuerzos diplomáticos argentinos para garantizar la liberación de Gallo. En este sentido, se argumenta que Laborde habría actuado con deslealtad hacia el Estado argentino, violando su deber de defender los intereses nacionales, especialmente considerando su anterior rol como embajador.

La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que tipifica el delito de traición a la patria. Según el Ministerio, este delito no requiere un estado de guerra declarado, ya que protege los intereses generales de la Nación como entidad soberana. La acusación también cita antecedentes jurisprudenciales que respaldan la aplicación de este tipo penal en casos de conductas que comprometen la independencia y autonomía del Estado.

El Ministerio argumenta que la intervención de Laborde no puede considerarse una acción humanitaria, como él ha intentado presentarla en los medios de comunicación. Por el contrario, se sostiene que su conducta buscó justificar las acciones del régimen venezolano y desacreditar al gobierno argentino, lo que, según la denuncia, constituye una grave violación de los principios de lealtad y fidelidad hacia la Nación.

Los documentos con los queLos documentos con los que el Gobierno pidió la liberación del gendarme secuestrado en Venezuela

En su resolución, la Cámara Federal de Mendoza hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que informen de manera inmediata sobre el paradero de Gallo, los motivos de su detención y las condiciones en las que se encuentra. Asimismo, instó a que se permita el contacto del gendarme con sus familiares y representantes consulares, en cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Además, el tribunal ordenó la formación de una causa penal para investigar la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas en perjuicio de Gallo. También se remitió copia de la resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores para que notifique a las autoridades venezolanas a través de los canales diplomáticos disponibles.

Mientras tanto, la denuncia contra Laborde sigue su curso en el ámbito judicial. El Ministerio de Seguridad ha solicitado que se inicie un sumario penal para investigar su conducta y determinar si efectivamente incurrió en el delito de traición a la Patria. Este caso, que combina elementos de política internacional, derechos humanos y disputas internas, continúa generando tensiones tanto en el ámbito diplomático como en el político.

 Agustín Gallo, el gendarmeAgustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela

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Insólito: le robaron el celular al gobernador Osvaldo Jaldo mientras se sacaba una foto con militantes

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El hecho ocurrió durante un acto en La Cocha, en el sur tucumano. El dispositivo fue recuperado tras identificar a la responsable, quien fue detenida

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sufrió el robo de su teléfono celular mientras encabezaba un acto institucional en el municipio de La Cocha. El episodio ocurrió el pasado miércoles después del almuerzo, cuando el mandatario bajó de un escenario y comenzó a saludar a militantes y vecinos del departamento.

Efectivos de la zona y personal de custodia comenzaron a revisar imágenes captadas por un fotógrafo presente en el lugar. En una de esas fotos se observó a una mujer con el brazo extendido hacia el bolsillo del gobernador. Dirigentes locales la reconocieron, y tras notificar a la Policía, se dirigieron hasta su domicilio en Los Pizarro, a unos siete kilómetros de La Cocha.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer tenía en su poder el celular sustraído. Fue detenida y trasladada a la comisaría de La Cocha, donde quedó aprehendida. El dispositivo fue reintegrado al gobernador cerca de una hora después del hecho.

En paralelo, el entorno del mandatario dio de baja la línea telefónica por precaución. Una vez recuperado el aparato, solicitaron su reactivación. La investigación permanece abierta y no se descarta que el hecho tenga algún vínculo político.

Escándalo en Tucumán: audio entre un intendente y un empresario revela vínculos narcos y un robo millonario

La localidad de Juan Bautista Alberdi, de donde sería oriunda la detenida, se encuentra a poco más de 20 kilómetros del lugar del incidente. Hace unos días se difundió un audio protagonizado por el ahora ex intendente de Alberdi, Luis “Pato” Campos, y el empresario Roque “Chipi” Giménez, que generó una importante reacción política y judicial en Tucumán. Desde el Ministerio Fiscal solicitaron la imputación prisión preventiva para uno de los protagonistas del hecho, y el juez aceptó la totalidad de los pedidos.

El escándalo salió a la luz el 5 de junio. En la grabación, Giménez le sugiere a Campos que se atribuya el control absoluto de la Policía, de la droga y de la violencia en el municipio. La conversación, cargada de amenazas, groserías y referencias al narcotráfico, provocó la intervención del gobierno provincial y un operativo de seguridad en la ciudad.

El auxiliar de fiscal Bernardo Sassi sostuvo durante la audiencia que “se encuentran acreditados tanto la existencia de los audios como la participación del imputado en los mismos. Hay existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación”.

Según informó el medio local El Tucumano, la audiencia multipropósito se realizó el sábado 14 de junio, en el marco de la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Regional del Centro Judicial de Concepción, bajo la dirección de Mónica García de Targa.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó que se declare la causa como asunto complejo, además de requerir la prisión preventiva por seis meses para Roque Cayetano “Chipi” Giménez, de 39 años, quien fue aprehendido el 12 de junio en un domicilio ubicado en calle Balcarce al 400, en San Miguel de Tucumán. En este contexto, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los planteos efectuados por la Fiscalía, lo que incluye la declaración de legitimidad de la aprehensión, la formulación de cargos y la imposición de medidas de coerción de máxima intensidad.

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Flybondi cambia de manos: un fondo inversor de EEUU compró la mayoría de la compañía

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La aerolínea low cost incorporó a COC Global Enterprise como nuevo socio principal

La aerolínea low cost Flybondi incorporó a COC Global Enterprise, “un fondo inversor estadounidense centrado en el sector tecnológico y la aviación privada”, como su accionista principal, según informó la compañía a través de un comunicado.

El nuevo dueño de Flybondi liderará el directorio de la empresa incluyendo las posiciones de Chairman y Vice Chairman; su anterior accionista principal, Cartesian Capital Group, continuará siendo parte del directorio y seguirá teniendo una parte del paquete accionario de la compañía.

De esta manera se reveló la identidad del nuevo socio controlante. El CEO de Flybondi, Mauricio Sanale había anticipado a los casi 1.600 empleados de la empresa una semana atrás la llegada de un nuevo dueño. En ese mensaje, el ejecutivo reconoció que tras unos “últimos meses complejos para el negocio” se inició una búsqueda de capitales y se resolvió aplazar el proyecto iniciado en 2023 de salida al NASDAQ, el índice de las empresas tecnológicas que cotizan en EEUU. Así lo había comunicado oficialmente mediante una nota a la SEC, el organismo regulador del mercado de capitales en ese país.

Según informó Flybondi, COC es un fondo de inversión privado enfocado en “identificar y expandir empresas con alto potencial en América Latina y Norteamérica”. Su llegada a la low cost marca el inicio de una nueva etapa que incluye “la continuidad de los puestos de trabajo y en la que se buscará consolidar la operación y el servicio y retomar los planes de crecimiento” tanto en Argentina como en la región.

Tiene 6.500 empleados en la región y una amplia experiencia en el sector de la aviación civil. Entre sus empresas se incluye un proveedor de gestión de vuelos chárter. La compañía gestiona y opera una flota mixta de 17 aeronaves, con vuelos en tres continentes.

FlybondiFlybondi

“Junto a Jet Aviation ofrece servicios de rampa, hangares, y servicios completos aeroportuarios en el Aeropuerto de Opa Locka (OPF) y presta servicios de rampa y hangar en el Aeropuerto Ejecutivo de Teterboro (TEB), el aeropuerto con mayor movimiento de vuelos privados en Estados Unidos ubicado en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York”, agregó el comunicado.

Nueva etapa

“La visión de COC Global de invertir en compañías con alto potencial, alineadas con los principios de innovación y sostenibilidad, es un respaldo muy valioso para Flybondi y para este gran equipo conformado por 1.525 personas”, sostuvo Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

El ejecutivo agregó: “Tenemos grandes planes para esta nueva etapa. Es una oportunidad para seguir transformando la industria aérea, enfocarnos en consolidar el servicio y nuestra propuesta de valor. Queremos que la libertad de volar siga conectando al país”.

Según fuentes del sector aerocomercial, la expectativa para la recuperación de los negocios de la compañía pasa no solo por la normalización de sus vuelos, signados por continuas cancelaciones y retrasos, sino también por la posibilidad de ofrecer servicios a terceros. La desregulación de algunas actividades dentro del sector, como el servicio de rampa o “handling”, ya le permite a Flybondi facturar gracias a las prestaciones a otras compañías.

Un informe de la consultora especializada Adventus detalló que Flybondi encabezó los rankings de impuntualidad tanto en el último trimestre de 2024 como en el primero de este año. La consultora publica un índice que pondera la cantidad de cancelaciones sobre el total de vuelos de una aerolínea. Entre enero y marzo de 2025Flybondi fue la línea con peor desempeño, con un índice de 2,04, triplicando en incumplimientos a la segunda compañía de ese ranking, la paraguaya Paranair, que obtuvo un índice de 0,77.

A esas dificultades con los usuarios, se sumaron los cruces con el gobierno nacional y bonaerense como respuesta a las quejas de los pasajeros. Flybondi registró constantes cancelaciones de servicios, con un pico de 71 vuelos reprogramados durante las Fiestas de fin de año de 2024 que afectaron a 13.000 pasajeros.

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La Justicia cree que CFK cumplió con las pautas del fallo en el primer día de detención y aclara la cuestión del balcón

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La ex Presidenta está habilitada a hablar públicamente, como sucedió ayer en Plaza de Mayo. “No hubo actividad estimulando el desorden”, consideraron fuentes judiciales consultadas por Infobae

Cristina Kirchner cumplió ayer a la noche su primer día presa en su detención domiciliaria por la causa “Vialidad” y ya hay polémica. ¿Puede salir al balcón de su departamento de San José 1.111?, le preguntó la ex presidenta a la justicia; ¿incumplió las restricciones que le impuso la justicia al dar un discurso desde su casa a quienes estaban en la masiva manifestación en Plaza de Mayo en su apoyo?, fue una las dudas que surgieron .

Desde el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, que tiene a su cargo controlar la condena a la ex presidente, siguen de cerca todo lo que ocurre. Y tras el primer día de detención la conclusión es que la ex presidenta no incumplió las reglas que se le impusieron.

Cuando el martes el tribunal oral, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidente le impuso una regla, además de no poder salir de su casa: “Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes“.

“Cristina Kirchner no hizo ninguna manifestación al respecto. La seguridad y el tránsito vehicular y de personas es competencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay un Código de convivencia y contravencional que está vigente”, agregó la fuente. Cuando el tribunal le impuso la prisión domiciliaria determinó que cada tres meses la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal debe presentar un informe sobre su supervisión.

Ayer aparecieron dos dudas concretas. La primera la planteó la propia Cristina Kirchner. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron en un tribunal oral un pedido de aclaratoria para que le digan a la ex presidenta si puede o no salir al balcón de su departamento, y en el primer caso para qué puede usarlo. Es el balcón desde el que la ex presidenta saludó a la militancia diariamente -excepto desde que le otorgaron la prisión domiciliaria- desde que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena.

La manifestación de ayer enLa manifestación de ayer en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Kirchner (REUTERS/Martin Cossarini)

El tribunal tiene plazo hasta el martes para contestar el planteo. “Nadie le dijo que no salga al balcón”, contestaron desde tribunales.

Para el tribunal es clara la resolución respecto a lo que puede y no hacer la ex presidenta. La pauta es que no salga de su domicilio y no perturbe el barrio. Y responder el planteo sobre el balcón implicaría hacer un enorme listado de actividades sobre qué puede y que no puede hacer allí, lo que es imposible que ocurra. Además, implicaría que cada actividad que quiera hacer la ex presidenta sea consultada a la justicia.

Para muchos el planteo de Cristina Kirchner es una trampa política. Busca que le digan que no puede usar el balcón o tensar su prisión domiciliaria.

El otro punto fue el discurso -parte grabado y parte en vivo- que dio ayer a la multitud de personas que marcharon a Plaza de Mayo para apoyarla. La ex presidenta puede hacer ese tipo de manifestaciones desde su prisión domiciliaria.

“No se puede restringir la libertad de expresión. Solo se puede hacer si se comete un delito, como incitar a una sedición. Es una ex presidenta con vigencia política y cercenar sus derechos políticos le puede traer al estado argentino consecuencias internacionales. Y en ese caso sí se estaría en una proscripción”, explicó la fuente judicial.

Hoy vence el plazo de dos días que el tribunal oral le dio a la ex presidenta para que presente el listado de personas que pueden entrar a su departamento. Está limitado a “su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan“. Todos los demás deberán pedir autorización. La defensa de Cristina Kirchner puede hacer objeciones.

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