Es en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y el pago de coimas de la empresa de seguridad privada a funcionarios de Entre Ríos. El dirigente peronista fue expulsado ayer del Senado, mientras cumple prisión domiciliaria en un departamento de lujo de Asunción, junto a su secretaria. Argentina tiene un tratado bilateral de extradición con ese país
Tras la expulsión del senador Edgardo Kueider votada ayer por la Cámara alta, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado evalúa – bajo un extremo hermetismo – cuál será la mejor vía para avanzar con el pedido de extradición del ahora ex legislador con el fin de detenerlo. Lo hizo en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, conexa con una causa anterior referida al pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada Securitas a funcionarios públicos de distintos organismos, para garantizarse contratos y el cobro de montos adeudados. Ambos expedientes están vinculados e involucran a la empresa estatal de energía de Entre Ríos, ENERSA, de la que Kueider fue director por el estado provincial, entre 2016 y 2018.
Al cierre de esta nota, la magistrada esperaba recibir la notificación oficial de la expulsión del legislador desde la presidencia del Senado. La solicitud de extradición debe operativizarse a través de la Cancillería argentina, y ser tramitada por el Ministerio Público de Paraguay, que es la autoridad a cargo de este tipo de procesos. Arroyo Salgado no descarta un contacto previo entre los Ministerios Públicos de ambos países, a través de la Red de Fiscales.
El pedido de extradición correrá por separado de la causa abierta en Paraguay contra Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, por intento decontrabando de divisas, delito que tiene una pena de entre seis meses y dos años y medio.
Argentina tiene con Paraguay un tratado bilateral de extradición, aprobado por el Congreso en el año 2000, pero para que se efectivice el envío de la persona acusada, debe ser aprobado por la Justicia paraguaya. En ese caso, recién entonces, una comisión policial argentina procedería a su detención en el vecino país y su regreso para afrontar el proceso por el que es acusado en Argentina. El juez Humberto Otazú, a cargo del proceso de contrabando, le explicó a Infobae que “en materia de extradición el Ministerio Público (por la Fiscalía) es la autoridad central. Si llega una solicitud de extradición y el Ministerio Público lo solicita, se sortea para que un Juez de Garantías lleve adelante el procedimiento”.
Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider en la puerta del departamento donde cumplen prisión domiciliaria
Kueider y Guinsel Costa fueron detenidos en la madrugada del 4 de diciembre en un control de rutina, cuando las autoridades paraguayas descubrieron que trataban de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar desde Brasil, en una camioneta de alta gama. Ambos están con prisión domiciliaria, detenidos en un departamento de lujo en Asunción, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay.
En el Juzgado de la jueza Arroyo Salgado sospechan que Kueider puede querer resistirse a una posible extradición, y temen que los fiscales quieran avanzar primero con el proceso por contrabando. La investigación tiene un plazo ya fijado de 4 meses por el juez Otazú, y debería estar finalizada para el 5 de abril. Hasta esa fecha, en principio, la pareja debería permanecer en Paraguay, pero ese plazo puede acortarse o extenderse, según disponga el magistrado paraguayo.
Según pudo saber Infobae, el pedido de detención fue dispuesto por la magistrada, luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas, el fiscal federal Fernando Domínguez que interviene en el expediente, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná.
La causa por enriquecimiento ilícito contra Kueider – abierta por una denuncia del periodista Christian Sanz en base a notas periodísticas publicadas en la revista Análisis y el sitio El Disenso – tramita en forma conjunta a la del caso Securitas en la Justicia de San Isidro. Éste se inició en 2020 a partir de que la empresa de seguridad privada admitiera ante la Justicia que pagó coimas a representantes de organismos públicos para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Entre los ellos se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.
El abogado de Kueider en Argentina, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el pedido de extradición “responde a cuestión política más que a algo legal”, y deslizó que se trataba de una “cuestión mediática”. Y agregó: “Acá hay un delito que tiene una pena que no es excesivamente alta. Para que la extradición se concrete, hay todo un procedimiento, tiene que haber el mismo delito en los dos países, un convenio de reciprocidad, y algunas cuestiones más que se tienen que tramitar. Y la justicia paraguaya entender que no tendría impedimento para que pueda volver, siendo que todavía les queda resolver la cuestión a ellos”. El letrado también alentó suspicacias sobre la oportunidad de los allanamientos y el pedido de desafuero ordenado por Arroyo Salgado “dos o tres horas antes de la votación”. En su opinión, “fue claramente para condicionar a los senadores”.
La sesión especial del Senado ayer en la que se aprobó la expulsión de Kueider por 60 votos (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El oficio de Arroyo Salgado con el pedido de desafuero con fines de detención llegó ayer por mail a Victoria Villarruel cuando la sesión especial para tratar la expulsión o la suspensión de Kueider recién empezaba. La jueza también le solicitó a la Presidencia de la Cámara fajar el despacho del senador para preservar posible material de prueba para la causa, y desalojar al personal de la oficina en el palacio legislativo. A su vez, ayer, dictó el secreto del sumario en el expediente.
Por pedido de la jueza, se fajó el despacho de Kueider en el Senado
En la causa Securitas, la jueza investiga un presunto esquema de corrupción en el que los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, empresarios responsables de la filial entrerriana de esa empresa, que fueron procesados por el pago de sobornos a políticos y miembros de ENERSA. Claudio Tortul es vecino de Kueider en el lujoso edificio Live de la ciudad de Paraná. Allí, Kuieder compró tres departamentos y dos cocheras a través de un fideicomiso en el que invirtió con su sociedad Betail SA, como reveló Infobae esta semana. Dos de los departamentos rondaban los USD 150.000 y el semipiso del piso 13 “A”, frente al que tiene uno de los hermanos Tortul, USD 350.000. En diciembre, las expensas, totalizaron $255.000
Si bien hasta mayo las expensas de las 5 unidades estaban a nombre de Betail SA, a partir de junio apareció como titular Guinsel Costa, la secretaria de Kueider. En ese momento, la joven todavía estaba designada en el Senado, a pedido de Kueider, con la categoría más alta, y un sueldo en ese momento de $1,9 millones. Arroyo Salgado también pidió ayer la detención de la joven acompañante de Kuieder ya que los investigadores sospechan de que podría haber actuado como su testaferro, o como parte de un engranaje de lavado de dinero.
Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya – Golsur SA – en Ciudad del Este. la primera versión que trascendió fue que era para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.
Allanamientos
Además del pedido de detención de Kueider y Guinsel Costa, la magistrada dispuso ayer una docena de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, así como en las ciudades entrerrianas de Paraná y en Concordia. Los operativos se concretaron en domicilios vinculados a Kuieder y su entorno, y a Guinsel Costa, a partir de las 7 de la mañana con efectivos de Gendarmería y, en algunos casos, duraron hasta siete horas.
El operativo dispuesto por la jueza en el edificio Live en Paraná donde Kueider tiene tres departamentos y dos cocheras
En Paraná, el operativo se llevó a cabo en el edificio Live donde Betail SA es dueña de los departamentos, y en un local del Grupo Dujovne, de bienes raíces. En Concordia, se allanó una escribanía y la casa de la madre de Guinsel Costa, Érica Celina Costa, nombrada en el despacho de Kuider en el Senado, tras la baja de su hija en agosto.
En la Ciudad de Buenos Aires, la jueza ordenó allanar el departamento en Recoleta que ocupaba la joven acompañante de Kueider, donde – según fuentes policiales – habrían encontrado indicios de destrucción previa de documentación.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.