En la última década el flagelo de la corrupción se extendió en América Latina a niveles prácticamente sin precedentes. Luego de masivas expresiones populares de rechazo en varios países, comenzó a convertirse en uno de los temas prioritarios en la agenda de la región. Durante el año pasado, la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo, según el último Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC).

El informe, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (que publica AQ), evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio se lleva a cabo utilizando datos disponibles públicamente, y realizando una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores, como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación.

Algunos países presentaron avances, mientras que otros, entre los que se destacan México y Brasil, sufrieron nuevos retrocesos en instituciones clave. Asimismo, el reporte señala que, para muchos ciudadanos de la región, la lucha contra la pandemia de coronavirus y los problemas económicos como la inflación, agravados por la guerra en Ucrania, han tomado prioridad sobre la corrupción.

“Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor. En consecuencia, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular y atención gubernamental”, indica el informe publicado este miércoles.

Por tercer año consecutivo, Uruguay fue el país con mejor rendimiento en el Índice, seguido por Costa Rica y Chile, que lograron sostenerse entre los tres primeros lugares como lo han hecho desde el año 2020.

Guatemala, Argentina, Brasil y México, en tanto, registraron retrocesos en los índices de capacidad para combatir la corrupción. A diferencia de Uruguay, que también registró un descenso en su puntuación, los rendimientos de los cuatro países han disminuido año tras año desde que se publicó el informe por primera vez.

En los casos de México y Brasil, los descensos acumulados en sus puntuaciones desde 2019 se ubicaron en un 13% y un 22%, respectivamente.

Según apunta el informe, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro, completamente opuestos ideológicamente, “han tomado medidas para socavar las instituciones independientes que son clave para prevenir el peculado, prefiriendo en cambio enfatizar lo que facturan como su propia rectitud personal”. El jefe de Estado mexicano, por ejemplo, declaró que plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, “lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.

A diferencia de las elecciones anteriores, en la campaña de este año en Brasil la corrupción no parece tener un lugar prioritario en la agenda de los candidatos. El estudio sostiene que esto se debe al continuo escrutinio de los presuntos abusos de la investigación Lava Jato a finales de la década de 2010, y el resurgimiento político del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-10) después de que los cargos de corrupción en su contra fueran anulados o retirados por motivos formales.

“Los votantes están más enfocados en la inflación, el desempleo y los niveles de vida que en las cuestiones de anticorrupción. Los candidatos invocarán la retórica anticorrupción para criticar a sus adversarios, pero este mensaje podría no ganar tanta tracción entre el electorado como lo hizo en 2018″, afirma el Índice, al tiempo que adelantó que el resultado de las elecciones del próximo mes de octubre “tendrá un impacto decisivo en la capacidad anticorrupción de Brasil en los años venideros”.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Fotos: Reuters)

Respecto al caso de Guatemala, el estudio determinó que el país sufrió retrocesos en las tres categorías analizadas, pero el más significativo fue una disminución del 17% en la capacidad legal. Medidas adoptadas por el presidente Alejandro Giammattei llevaron al país a registrar descensos pronunciados en las variables que evalúan los organismos anticorrupción y la independencia de la fiscalía general.

El Ministerio Público, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, “obstruyó y despidió a los funcionarios que realizaban las investigaciones relativas a la corrupción”. Esto llevó a Estados Unidos a sancionar a Porras y otros funcionarios guatemaltecos por presuntos actos de corrupción. Al mismo tiempo, varias figuras prominentes de la lucha contra la corrupción, entre ellos fiscales y jueces, se vieron obligados a huir del país por la presión institucional y las amenazas a su seguridad. El caso más resonante es el de Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), un organismo del Ministerio Público, quien en julio de 2021 fue despedido y ahora se encuentra exiliado en Estados Unidos; estaba investigando casos de corrupción en los que estaban implicados políticos de alto rango, incluido el presidente Giammattei.

Al igual que en 2021, Perú se ubicó en la cuarta posición del Índice. El país mantuvo su clasificación relativamente alta, ya que la Justicia siguió mostrando independencia, incluso después de investigar a varios presidentes en los últimos años, incluido el actual, Pedro Castillo. La semana pasada, el mandatario compareció ante los fiscales en el marco de una investigación sobre si dirigió una supuesta conspiración delictiva relacionada con sobornos para la obtención de contratos de obras públicas.

La corrupción en el sector público está muy extendida desde hace años. De hecho, es probable que este año se celebre un juicio contra la líder opositora, Keiko Fujimori, por presunto lavado de dinero.

En el ranking del Índice a Perú le siguen República Dominicana y Argentina. La nación caribeña registró el mayor aumento en su puntuación, un 18% desde 2021, luego de que el presidente Luis Abinader propuso una ley para promover una mayor transparencia en los contratos públicos, entre otras reformas.

Argentina, por su parte, redujo su rendimiento un 2%, continuando así su trayectoria descendente en los últimos tres años. “Su puntuación en la independencia y eficiencia de los organismos anticorrupción cayó por tercer año consecutivo” situando al país en el puesto 12 de la región en esa variable. Según el informe, los avances en la lucha contra la corrupción “siguen siendo lentos”, y recordó que la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está imputada en múltiples investigaciones por corrupción.

Debajo de Argentina se ubican países como Panamá y Colombia, que registraron leves mejoras en su puntuación general. En el caso de Colombia, el presidente electo Gustavo Petro ya propuso reformas anticorrupción como una legislación para la protección de denunciantes, presupuestos participativos y mejor vigilancia de la contratación pública, así como la creación de una fiscalía anticorrupción y una comisión internacional para investigar casos de corrupción pasados.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso promulgó el pasado mes de mayo un decreto mediante el cual se impulsa la creación de una Secretaría Anticorrupción que será un cargo de nivel ministerial.

Venezuela y Bolivia, por su parte, se mantienen como los países con peores índices. Respecto al país caribeño, el informe sostiene que “la independencia judicial recibió un golpe con el nombramiento de nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia en abril”, maniobra que utilizó el dictador Nicolás Maduro para ubicar a una aliada cercana como presidenta del tribunal.

Luis Arce, presidente de Bolivia, y Nicolás Maduro, líder chavista (Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

Con relación al caso boliviano, el Índice advirtió sobre retrasos en la implementación de las reformas judiciales recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recordó, además, las denuncias de la comunidad internacional sobre la politización en el seno del sistema judicial , en particular en la causa de la ex presidenta Jeanine Áñez, condenada a diez años de prisión.

El informe concluye que muchos de los miembros de la generación actual de fiscales, jueces y otros integrantes del sistema judicial, “están haciendo frente con valentía a los vientos autoritarios que soplan de nuevo en algunos países”.

El informe completo: