La medida la tomó el gremio estatal más combativo en rechazo a los retiros voluntarios abiertos para los empleados contratados a través del Ente Cooperador ACARA, por considerarlos “forzosos”. El Ministerio de Justicia busca terminar con esa caja de financiamiento “paralela” y amenaza con echar a los que se suman a la medida de fuerza y “violen la ley laboral”

Tras el anuncio el martes de despidos en la Dirección Nacional del Registro Automotor por las medidas de fuerza en rechazo al plan de retiros voluntarios para 2.200 trabajadores del Ministerio de Justicia que cobran su sueldo por el Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA), la confrontación entre esa cartera y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se agravó. Ambas partes endurecieron sus posiciones y la sede central del Registro sigue de paro, aunque parcial, ya que el otro gremio estatal, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), no adhiere a la medida de protesta.

El conflicto comenzó luego de que el Ministerio de Justicia anunciara la apertura de retiros voluntarios para los empleados contratados a través de ese ente privado que terceriza el servicio de la inscripción y patentamiento de autos cero kilómetros en el país. Tras quedarse con una comisión, ACARA le gira el resto de esos fondos a esa cartera. Con alrededor del 40% de ese dinero se pagan los sueldos de más de la mitad de la plantilla de Justicia, y el resto se destina a otros gastos de funcionamiento de la cartera. Esta “caja paralela” existe hace más de cuatro décadas. Todas las gestiones lo utilizaron para disponer de recursos por fuera de lo que recibe el Ministerio de Justicia del Tesoro nacional, y sin la misma rendición ni requerimientos de transparencia a la que está obligada la Administración Pública Nacional.

Desde ATE – el gremio estatal históricamente más combativo- denunciaron que se trata de “despidos baratos encubiertos“ y que las autoridades de Justicia “vienen apretando” a los trabajadores para que se adhieran al retiro, al que consideran desventajoso en lo económico, bajo la amenaza de quedarse en la calle, sin cobrar nada, si no lo aceptan. La propuesta prevé entre 6 y 18 cuotas mensuales como máximo, según la antigüedad, que ACARA pagará a los empleados del Ministerio contratados por este ente, en lugar de una indemnización correspondiente a los años trabajados.

Esta misma inquietud sobre el futuro de los empleados que no aceptaran el retiro fue compartida inicialmente por UPCN, de perfil más acuerdista con el oficialismo, que sin embargo resolvió no sumarse al paro en el Registro Automotor que comenzó hace dos semanas.

Desde el Ministerio a cargo de Mariano Cúneo Libarona negaron ayer a Infobae que el plan de retiros sea “forzoso” y defendieron la medida para terminar con la modalidad de contratación tercerizada a través de ACARA. “Los gremios están sosteniendo una mentira de que estamos despidiendo gente y acá no se despidió a nadie. Se hizo un retiro voluntario, justamente, para evitar despidos y buscar una solución. Es más, el retiro es bastante conveniente para la gente que no estaba viniendo a trabajar”, afirmaron. Y pusieron como ejemplo el caso de “gente que se supone que estaba trabajando en La Plata digitalmente y no tiene VPN (una conexión de red de internet interna). ¿Cómo trabajaba entonces? Hay empleados que trabajan en concesionarias y no sabemos ni dónde trabajan ni qué hacen”, agregaron en la cartera.

¿Los que no adhieran al retiro voluntario, el 31 de diciembre, cuando ACARA cese como empleadora, se quedan sin trabajo y sin indemnización?, preguntó Infobae. “No, es falso. Hay un montón de variantes. Se buscará una alternativa de recontratación a través de otro ente, o por el artículo 9. Los que trabajan y cumplen con las horas establecidas, no van a ser despedidos. Los que no estaban yendo, podrán aceptar el retiro e irse. Estamos tratando de terminar con los curros. El Presidente no nos pidió que echemos a tantos, nos pidió que seamos eficientes”, respondieron en Justicia.

La posibilidad de recontratar a empleados considerados “imprescindibles” con la modalidad conocida como artículo 9 de la ley de Contrato del Trabajo, por un año, se plasmó en el Anexo de la Resolución 311/2024 que dispuso el plan de retiros. Si bien el plazo para adherir vencía hoy, el Ministerio decidió prorrogar por otros 15 días. Hasta ahora, según fuentes oficiales, se habrían acogido unos 1.000 empleados contratados por ACARA.

En estos últimos días, UPCN estableció una mesa de diálogo con las autoridades de Justicia para garantizar criterios de “transparencia” en la recontratación de aquellos que no adhirieran al retiro y cumplan tareas en alguna de las dependencias del Ministerio. El resultado de esta negociación se plasmó en un acta en la que el Ministerio de Justicia se compromete a ser “garante” de los pagos de los retiros por parte de ACARA.

“El objetivo es ir viendo cómo se avanza en toda esta situación y la continuidad para aquellos trabajadores que se decida que continúen. Lo que queremos es que ese traspaso sea lo más transparente posible, y evitar las subjetividades de los jefes de las distintas áreas. Pero para sentarnos en esa mesa a negociar, no podemos estar en conflicto”, señaló un dirigente de este gremio a Infobae. “Ellos dicen que el 31 de diciembre ACARA no continuaría como empleador. Frente esa situación, todos deberían acogerse al retiro voluntario, que mejoraron en algunas cuotas para la gente de más antiguedad. No son las 18 como máximo. Lo que ellos quieren es evitar los juicios”, agregó. ¿Esa mejora fue dejada por escrito o fue un ofrecimiento verbal?, preguntó este medio al referente de UPCN. “Fue verbal. Pero lo que lo que sí firmamos es el acuerdo donde decimos que el Ministerio sale de garante con que esto se va a cumplir, más allá de que el ente cooperador siga funcionando o no el día de mañana”, fue la respuesta.

La posición de ATE es diferente a la UPCN, mucho más confrontativa en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. Ayer a la mañana, convocaron a una movilización frente la sede central de esa cartera, en pleno microcentro porteño, para denunciar “despidos, extorsiones, persecución y violencia en el Ministerio de Justicia”.

En la protesta, el secretario de ATE Capital, Daniel Catalano, repudió los recortes en la planta del Estado y recibió el apoyo de referentes del movimiento sindical, como el cotitular de la CGT, Pablo Moyano, el secretario general de la CTA nacional, Hugo Yasky; y el titular de La Bancaria y diputado nacional Sergio Palazzo, entre otros.

Dirigentes sindicales, entre los que estuvo Pablo Moyano, en apoyo al reclamo de ATE (Crédito: ATE)

Poco antes de la convocatoria, el Ministerio emitió un comunicado en el que anticipó que “quienes ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor y provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos”, serían despedidos “con justa causa”. Las autoridades de Justicia calificaron el paro en el registro Automotor promovido por ATE “una medida ilegal y extorsiva”, que ocasionó “pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos”.

El Ministerio anticipó “sanciones previstas en los regímenes legales pertinentes” a quienes “no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas de forma expresa por el Ministerio de Justicia serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes legales pertinentes”. Si bien el texto afirmaba que la cartera “denunció” a los “piqueteros” de ATE que paralizaron la sede central del Registro, Infobae no pudo acceder a esa denuncia, pese a que la solicitó, ni el Gobierno la difundió.

El comunicado recalentó los ánimos de los dirigentes y empleados afiliados a ATE. En una asamblea realizada ayer en la sede central del Registro Automotor, donde una mayoría de empleados están enrolados en este sindicato, se votó continuar con el paro. Esta propuesta se impuso por sobre la de un quite de colaboración. En este organismo trabajan unos 750 empleados, de los cuales 400 son contratados a través de ACARA.

Laurido, delegada de ATE Automotor, le dijo a Infobae que le vienen solicitando al Ministerio una instancia de diálogo para destrabar el conflicto, sin éxito. “Presentamos dos notas pidiendo una reunión, una con el Secretario de Justicia (Sebastián Amerio) y otra con el ministro Cunio Libarona, y siguen el silencio absoluto”, sostuvo. La última – a la que accedió este medio – está fechada el 14 de noviembre y firmada Daniel Catalano, secretario general de ATE.

“El viernes, cuando entraba Fernando García (subdirector del Registro Automotor), le pedimos una reunión con él, y nos dijo delante de los delegados y trabajadores que estábamos ahí, que le habían recomendado no hablar con nosotros”, agregó Laurido.

El último pedido de reunión que le hizo ATE a las autoridades del Ministerio, fechado 14 de noviembre

“En esta instancia nosotros lo que estamos pidiendo es, por un lado, que cesen con la presión hacia los trabajadores y la persecución hacia los trabajadores. Y entendemos que la mejor manera de esto es poder tener una reunión al respecto. Y estamos pidiendo una aclaración sobre la continuidad de los más de 2.000 trabajadores del Ministerio contratados por ACARA”.

Desde la cartera de Justicia tienen otra versión: “Hay diálogo, siempre y cuando el diálogo no sea bajo parámetros de extorsión y amenazas. Nos hemos reunido mil veces con los gremios. Pero no vamos a tolerar amenazas, extorsiones, aprietes o operaciones en la prensa con mentiras que no dijimos”.

El Ministerio está evaluando en qué casos concretos avanzará con el despido de empleados enrolados en ATE por “incumplimientos” de sus tareas u horarios. “Estamos por tomar decisiones al respecto, pero con la ley laboral en la mano. El paro es un derecho de los trabajadores, ahí no están incumpliendo la ley. Pero llaman al paro sin avisar, convocan a una manifestación y se ausentan del trabajo, sin notificar al Ministerio”, le dijo un funcionario de Justicia a Infobae. “No se trata de que hayan hecho paro. Hay trabajadores que no iban por más de tres meses y decían estar de paro, no fichaban”.

La fuente de esa cartera mencionó presuntos “destrozos” que habrían sido causados en el Registro Automotor por parte de los empleados que se sumaron a la protesta enrolados en ATE, que afectaron los molinetes y el registro de ingresos para el personal con el reconocimiento biométrico. Esto fue enfáticamente desmentido por los delegados de ATE del Registro con los que habló este medio. “Hay actitudes violentas y extorsivas de ATE, de roturas de espacios o herramientas del Estado para el control. Muy distintas a las que tiene UPCN”, aseguraron.

Foto de los molinetes de ingreso del personal a la sede central del Registro Automotor tomada ayer

Pero desde ATE negaron enfáticamente esa acusación. “Es mentira. No hubo rotura de nada. Hay un solo molinete de ingreso que funciona, pero está así desde hace años. Es más, debe estar el pedido de reparación en el Ministerio. Y después hay una computadora. Son los dos sistemas que tienen los biométricos para controlar los ingresos. También hay un agente de la policía, con guardia las 24 horas, que está siempre frente a los controles”, le dijo Laurido a Infobae. En una videollamada, la delegada de ATE recorrió el ingreso y facilitó fotos del lugar, que se veía sin daños. “Lo que sí pasó ayer (por el miércoles, el día de la protesta frente al Ministerio) es que nos arrancaron los afiches de todos lados y nos sacaron las banderas”, agregó.