Aunque el chofer de Morales logró desviar su trayecto, las camionetas continuaron persiguiéndolos, hasta que lograron interceptarlos y efectuaron 4 disparos contra el vehículo, los cuales pincharon una de las llantas forzándolo a cambiar de vehículo.

Tras detenerse, el expresidente abordó un segundo coche que fue impactado por otros 14 proyectiles antes de que la persecución diera su fin, hiriendo al conductor en su nuca y brazos. Los agresores lograron escapar, pero el hecho quedó registrado en un video filmado por una mujer que viajaba en el coche con Morales.

“¡Agáchate presi, agachate presi!”, le decían a Morales los dos ocupantes del vehículo, mientras el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) hablaba por teléfono intentando alertar sobre lo que acontecía. El video muestra tres orificios de bala en el parabrisas del vehículo, al tiempo que el chofer sangra de una herida en su nuca.

Morales, quien finalmente pudo dar su columna en la RKC, explicó que el hecho, producido alrededor de las 6:25 de la hora local, fue un intento de asesinato contra su persona. “A mí me ha sorprendido. Felizmente hoy día salvamos la vida (…) Esto estaba planificado, era para matar a Evo“, afirmó Morales ante el micrófono.

El exmandatario explicó que su vehículo se encontraba a la altura del cuartel militar de la Novena división, en Villa Tunari, cuando los sorprendieron dos camionetas. “Al principio pensé que algún ebrio nos quería parar, pero luego sospeché que era raro”, narró para la radio.

Para el líder aymara, la persecución sostenida a pesar de los desvíos da cuenta de cierta premeditación, la cual vinculó a amenazas que viene denunciando desde hace años. “Desde 2022 o 2023 veníamos denunciando. El general Zúñiga, en reuniones, decía: ‘Hay que bajar al Evo’. En términos militares, bajar es matar”, dijo, recalcando que el operativo tenía como objetivo acabar con su vida.

Después del atentado, los coches fueron dejados en el mismo cuartel de la Novena División del Ejército, donde fueron reconocidos por un grupo de seguidores de Evo. Según afirmó el MAS en un comunicado, “testigos del hecho” vieron como “los carros que transportaban a los efectivos que perpetraron el atentado” ingresaron al cuartel y “luego a un helicóptero que los esperaba en la pista de aterrizaje”.

Un video proporcionado por la RKC muestra el arribo de una multitud de pobladores del Trópico de Cochabamba a las puertas del cuartel militar, desde donde se pueden ver las camionetas.

Ante la llegada, un efectivo militar lanzó una serie de tiros al aire a modo de advertencia, pero los movilizados insistieron logrando que se entreguen dos camionetas, una blanca y una roja, que no portaban matrículas y se sospechan protagonistas del atentado.

En otro video, se puede ver a uno de los uniformados discutir con los congregados, admitiendo que ingresaron efectivos policiales al cuartel en dichos vehículos, y que luego fueron evacuados por vía de helicóptero.

Cambio de cúpula militar

El atentado ocurrió un día después de que Arce cambiara la cúpula militar del país, en medio de los bloqueos de carreteras en protesta contra las condiciones de vida y la inhabilitación de la candidatura de Morales.

La Defensoría del Pueblo boliviana emitió un comunicado en el que reprochó “la gestión gubernamental ante la situación de conflictividad”, puesto que, a su juicio, “las medidas de protesta son la expresión de demandas ciudadanas no resueltas oportunamente”.

El ente de defensa de los derechos humanos también dijo al Ejecutivo que “la intervención de las Fuerzas Armadas no debería ser una opción para resolver esta crisis” y exhortó a los manifestantes a establecer “puentes solidarios” para garantizar el libre tránsito.

El sábado, la Cancillería boliviana denunció a la comunidad internacional que las protestas lideradas por Morales “pretenden interrumpir el orden democrático” y poco después Arce cambió el alto mando militar con el pedido de que resguarden el orden público y la democracia.

Manfred Reyes Villa, el alcalde de la ciudad de Cochabamba, instó al Gobierno nacional a intervenir sobre las medidas masivas el pasado 21 de octubre, cuando aludió a la aplicación de un estado de sitio en la provincia.

La versión oficial

El actual presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, ordenó la investigación del ataque, al que calificó de “presunto atentado” contra la vida de Morales, indicando “una inmediata y minuciosa investigación para esclarecer el hecho”, mediante un mensaje en su cuenta de la red social X.

Algunos dirigentes afines al gobierno de Arce sugirieron que el ataque a Morales podría tratarse de un ‘autoatentado’. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Rios, ofreció una conferencia de prensa luego del atentado, en la que aclaró que no existe una orden de aprehensión contra Morales, lo cual lo llevó a descartar que agentes del orden hayan llevado a cabo un operativo para su captura.

“Considero que la población boliviana ya tiene un criterio sobre un posible caso de autoatentado, sin embargo, como autoridades estamos en la obligación de investigar cualquier denuncia, ya sea verdad o sea mentira”, dijo Ríos este domingo.

Para Rolando Cuéllar, un diputado del MAS afín a Arce, lo sucedido se trata de un “autoatentado mal planificado”, que Morales usa para “victimizarse y buscar apoyo en la población y los organismos internacionales”.

Una “salida antidemocrática”

Tras lo acontecido, Morales apuntó al gobierno de Arce como responsable y dijo que “hoy se ha cumplido” el plan de intentar matarlo, luego del fracaso de los intentos de destruirlo políticamente y procesarlo judicialmente.

El expresidente elevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunció “que agentes de élite del Estado Boliviano” atentaron contra su vida, en medio de “operaciones conjuntas para reprimir las manifestaciones” que lo apoyan, según informó en un posteo de X.

La dirección nacional del MAS, a su vez, emitió un comunicado en el que responsabiliza por lo sucedido al presidente y a los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Defensa, Edmundo Novillo.

En medio de la conmoción, el exministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana, hizo un llamado a los movimientos sociales afines para proteger al exmandatario, tras afirmar que “Bolivia ya no es segura para él” ante lo que calificó como una ofensiva del gobierno.

En conversación con PáginaI12, Gabriela Montaño, quien fuera Ministra de Salud de Morales, consideró que calificar de los hechos como un autoatentado es de una “irresponsabilidad total”, a la vez que señala que la presencia de los vehículos protagonistas del atentado en el cuartel militar es “un elemento muy fuerte que denota la participación de instituciones estatales”, frente a las versiones que hace circular el oficialismo.

A su vez, la expresidenta de la Cámara de Diputados lamentó que en la justicia boliviana “no haya las garantías necesarias para una investigación imparcial de lo sucedido”, lo cual hace necesaria la intervención de organismos internacionales que garanticen su transparencia.

Para Montaño, lo sucedido debe ser entendido en un contexto general, luego de los cambios en el mando policial hace menos de una semana, así como los realizados en la cúpula militar en vísperas del atentado, y los pedidos de sitio por parte de autoridades vinculadas al Gobierno, los cuales muestra una posición opuesta a la resolución democrática del conflicto.

“En un periodo más largo, se han cerrado todas las opciones de resolución de los conflictos por la vía democrática”, señala Montaño, destacando el intento de proscripción del MAS en las primarias, el ajuste sobre la población y la pobreza institucional que atraviesa el país, los cuales fomentan una “salida antidemocrática” al conflicto.

Wilfredo Chávez Serrano, ex Ministro de la gestión evista y parte del equipo de representación legal del MAS, coincidió en la importancia del llamado a la comunidad internacional frente al surgimiento de la tesis del autoatentado, en lo que consideró una “maratón de desinformación” por parte del gobierno, según expresó a este diario.

Para el abogado, que tambien ejercio como procurador general durante el gobierno de Arce, el atentado, de corroborarse, sería una instancia clara de terrorismo de Estado, por su uso del aparato estatal para lo que calificó de un “intento de magnicidio”.

“La situación sigue desarrollándose actualmente y estamos a la espera de las declaraciones del fiscal general”, informó Chávez, quien coincide en señalar que los cambios operativos en las fuerzas son una señal de “cierta premeditación”, en particular considerando la intensificación de la conflictividad en los bloqueos en medio de las modificaciones de la cúpula militar y policial.

Luego de lo sucedido, Carlos Romero, ex ministro de Gobierno de Morales, convocó al recientemente apuntado fiscal General, Roger Mariaca, quien no se pronunció hasta el momento, al inicio de una investigación del hecho que, a su juicio, fue un intento de asesinato a “mansalva” por parte de “agentes de Seguridad del Estado”.