La ampliación del presupuesto para las casas de altos estudios está en el centro del debate en Diputados. Además, el oficialismo pretende transparentar y auditar los fondos públicos.
Las horas previas a la sesión solicitada por la oposición para rechazar el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario son frenéticas. El Gobierno hace números y recluta futuros “héroes”, los busca en el PRO de Cristian Ritondo y en los representantes de los gobernadores provinciales. El Ejecutivo sabe que con ellos y algunas ausencias podría recuperar esperanzas para la reunión parlamentaria del próximo miércoles a las 11.
El asesor Santiago Caputo se reunió con el expresidente Mauricio Macri el jueves con un objetivo claro: adelantar los tiempos y conocer la postura del bloque amarillo.
El titular del PRO no solo se reunió con los senadores de su fuerza, a excepción de Tagliaferri quien ya anunció su apoyo a la ley, sino que consultó a casi todos sus representantes en la Cámara Baja. Tiene un amplio panorama, pero la estrategia del PRO es el silencio hasta este martes, cuando se reúna la bancada y tomen en conjunto una determinación. Incluso el propio Milei se comunicó con Macri el último fin de semana
Las consultas también incluyeron un llamado de Milei a Macri durante el fin de semana. El Presidente tiene particular interés en conocer si habrá otros diputados, además de Álvaro González, que rechacen el veto.
Encuentro con los dialoguistas
El Gobierno espera este lunes al mediodía recibir en la Casa Rosada a algunos de sus principales aliados parlamentarios. Llegarán, en principio, Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Silvia Lospennato, del PRO y se les podría sumar otro diputado como Alejandro Finocchiaro, especialista en Educación.
También estarán los diputados del MID, presidido por Oscar Zago, y de La Libertad Avanza, con Martín Menem y Gabriel Bornoroni a la cabeza. El legislador Eduardo Falcone del Movimiento desarrollista afirmó: “vamos a tocar el tema del financiamiento universitario”.
Cristian Ritondo, Silvana Giudici y Silvia Lospennato se reunirán con el Gobierno este lunes en la Casa Rosada. (Foto: NA).
Además, agregó: “En diferentes reuniones le hemos planteado al Gobierno encontrar una solución política a esta situación porque se puede entrar a un conflicto y no se sabe cómo termina, puede haber un plan de lucha y creo que el Gobierno tiene herramientas como para aportar y evitar un conflicto”.
En la misma línea, el diputado aclaró: “El costo es importante, el 0,14% del PBI (según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, OPC), pero no es un importe que no pueda ser conversado y negociado con los rectores. Es el momento de debatir muchas cosas, no solo los fondos presupuestarios, sino también sobre el perfil que debe tener la universidad y la rendición de gastos”.
En paralelo, se hablará del Presupuesto 2025. Para este martes, a las 14, está pautado el tratamiento en la comisión que encabeza José Luis Espert y tendrá como espadas defensoras de los números del Gobierno a los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman y de Finanzas, Pablo Quirno. Desde el oficialismo, buscarán acomodar los fondos para mejorar el presupuesto de las universidades nacionales a través de la redirección de partidas de diferentes organismos. Ante todo, queda en claro la premisa de déficit cero que marcó el jefe de Estado, Javier Milei, cuando se presentó ante el Congreso el pasado 15 de setiembre y entregó el proyecto de ley de la hoja de ruta económica del año próximo.
La sesión
La oposición debe lograr los dos tercios de los legisladores presentes para, primero, discutir el veto y luego votarlo. Es decir, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171. El oficialismo, junto a al PRO, el MID y los bloques menores,buscarán los números suficientes para bloquear esa mayoría,como lo hicieron con los 87 diputados el pasado 11 de setiembre ante el rechazo a la ley de Movilidad jubilatoria.
En eso trabajan y, por eso, el incremento de llamados telefónicos con los gobernadores provinciales. Hay ocho diputados que conforman Innovación Federal y representan a las fuerzas de Salta, Río Negro y Misiones. También están los tres que responden al gobernador Gustavo Sáenz, que adelantaron el rechazo al veto. Los cuatro legisladores de Misiones y Agustín Domingo, de Río Negro, aún no se definieron.
Pero los contactos también alcanzan a los mandatarios de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres. Desde la jefatura de Gabinete también llamaron a San Juan, donde el mandatario local, Marcelo Orrego, tiene un bloque propio de dos diputadas, Nancy Picón Martínez y María de los Ángeles Moreno, quienes en votaciones anteriores acompañaron al Gobierno.
El radicalismo de Rodrigo de Loredo se muestra confiado en sentar a la mayoría de sus integrantes. Saben que cinco de sus diputados, que acompañaron el veto a las jubilaciones, están divididos en cuanto a sus posturas. A Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier, lo cuentan como votos a favor del veto.
Mientras que los casos de Pablo Cervi y Martín Arjol, los esperan en el recinto para acompañar al bloque o directamente que estén ausentes de la sesión. La misma postura de rechazar el veto ya adelantaron Encuentro Federal, la Coalición Cívica, UxP y el Frente de Izquierda.
Las distintas auditorías a las que deben someterse las universidades
El titular del PRO, Mauricio Macri, expresó que es “importante auditar los gastos de las universidades”. La sanción del Congreso estableció que las asignaciones presupuestarias deberán estar acordadas con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), y controladas por la Auditoría General de la Nación (AGN). El cambio presupuestario implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pero el debate gira, además, sobre el control de los fondos estatales. “Las universidades tienen tres auditorías concomitantes, es decir, mientras se utilizan los fondos presupuestados, y una auditoría post ejecución del presupuesto, la rendición de cuentas que realiza la AGN [la Auditoría General de la Nación]”, señaló Walter Ceballos, exdiputado nacional, e integrante del cuerpo de asesores de la Auditoría General.
Ceballó, además, detalló que por el artículo 7 de la ley de Administración Financiera, en lo referido a las transferencias del Estado Nacional, tienen competencia la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la Auditoría General de la Nación para llevar adelante una auditoría. “Serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”, dice la norma.
El titular del Pro, Mauricio Macri, expresó que es “importante auditar los gastos de las universidades”. (Foto: Leandro Heredia/TN)
Una segunda instancia de control es la realizada por las propias universidades que por la Ley de Educación Superior designan a un Auditor Interno, un funcionario avalado por el Consejo Superior de las Universidades que estará al frente de la UAI, Unidad de Auditoría Interna. Auditará cada partida, cada programa y cada transferencia del Estado.
El artículo 59 de la Ley de Educación Superior establece: “Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. En ese marco, corresponde a dichas instituciones: Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente; fijar su régimen salarial y de administración de personal; podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad”.
Por el artículo 128 del Capítulo XII de la Ley de Presupuesto 2020 se mantiene la vigencia de los controles de la Sigen y expresa dentro del articulado de la norma: “Los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificaciones será igualmente aplicable para las Universidades Nacionales”.
El tercer control de los fondos es por medio de la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Donde se señala: “La evaluación institucional llevada adelante por la CONEAU se encuentra establecida en la Ley de Educación Superior y abarca tanto proyectos de creación de instituciones universitarias privadas, nacionales y provinciales como instituciones universitarias en funcionamiento”.
El exlegislador del radicalismo, Walter Ceballos indicó: “No es cierto que la Sigen y el Gobierno no tengan información sobre las universidades. Todos los meses la ejecución presupuestaria es enviada por las Universidades a la secretaría de políticas universitarias”.
La edición 2025 reunió a 40 equipos universitarios: solo 20 provenían de fuera de Estados Unidos. La meta era desarrollar y poner a prueba un prototipo de satélite. El grupo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue el único de América Latina en competir y lograr un puesto en el Top 5.
Pese a las políticas que desfinancian y buscan desprestigiar al sector de la ciencia y técnica en Argentina, el sector sigue demostrando su altísimo nivel. Diez estudiantes universitarios locales ganaron el mundial aeroespacial que impulsa la NASA. Se trata de la CanSat Competition, un evento anual de relevancia internacional que consiste en desarrollar y poner a prueba un prototipo de satélite. Además de subir al podio, el equipo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue el único de América Latina en competir y lograr un puesto en el Top 5.
El grupo campeón está integrado por Ezequiel Bolzicco, Daniela Maradei, Thomas Marthi y Agustin Pilotto en Estructura y Materiales; Agustin Haarth, Santiago Agosti, Emanuel Albornoz y Rafael Dalzotto en Hardware; Micaela Perillo en Software; Santiago Bolzicco en Operaciones, y Eduardo Barbier como Advisor. Son estudiantes de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática y Bioingeniería.
Comenzaron a trabajar en enero, en el marco de una iniciativa extra curricular no obligatoria para participar en la competición internacional de ingeniería organizada por la American Astronautical Society (AAS) con el respaldo de la NASA, Lockheed Martin, Siemens y otras instituciones.
La edición 2025 reunió a 40 equipos universitarios: solo 20 provenían de fuera de Estados Unidos. La competencia se divide en varias etapas, desde el prediseño hasta la misión final. El equipo argentino alcanzó un 99% de cumplimiento técnico en la primera entrega, lo que les permitió clasificarse como uno de los cinco mejores grupos a nivel global antes de viajar a la ciudad de Virginia, donde el certamen comenzó el 3 de junio y terminó este lunes, con el triunfo.
Un mini satélite
El equipo del ITBA tenía la misión de diseñar, construir y lanzar un satélite funcional del tamaño de una lata de gaseosa. Debía transmitir datos en tiempo real, registrar video aéreo y medir variables ambientales durante su descenso controlado desde una altura de 700 metros.
“El satélite se lanza a 700 metros, se abre y unas aspas comienzan a girar a 18 kilómetros por hora en caída. Va girando como un helicóptero. Nosotros usamos una antena direccional que tenemos que ir apuntando a donde va a estar el satélite y ahí empieza la toma de datos”, explicó antes de la final Thomas Marthi, estudiante de Ingeniería Electrónica del ITBA, en diálogo con Infobae. “El dispositivo no entra en órbita, pero transmite datos como temperatura, presión y posición tras ser lanzado”, detalló por su parte Daniela Maradei, estudiante de Ingeniería Mecánica.
El objetivo de la competición es hacer una simulación de un proyecto real aeroespacial, tal como ocurre en la industria. Por eso los dispositivos fueron evaluados por profesionales con trayectoria en la NASA.
Varios de los ganadores ya habían participado en ediciones anteriores de la competencia, y el ITBA había sido finalista en 2021, 2022 y 2024. Solo faltaba el triunfo definitivo.
Más logros
El triunfo del equipo argentino en Estados Unidos no fue el único logro del área en el último tiempo. A fines de mayo, un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se ubicó entre los cinco mejores en el mundial de satélites enlatados organizado por la Universidad Nacional de México. El grupo fue seleccionado entre más de 100 equipos participantes.
Los participantes fueron Clara Telesca, Pedro Monczor, Pilar Risso, Santiago Perez Garber y Juan Valle, estudiantes de las carreras de Física y Química de la Facultad de Ciencias Exactas.
Se habían anotado en diciembre de 2024, y tras superar las primeras cuatro etapas recibieron la premiación que los ubicó entre los mejores cinco equipos de la competencia.
A la Luna
Las promesas universitarias argentinas tienen su correlato en el regreso de la exploración humana del espacio profundo después de más de 50 años, que contará con la presencia de un microsatélite desarrollado por investigadores locales.
Se trata del microsatélite ATENEA, resultado de un esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e instituciones académicas y científicas, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Todo tiene aún más valor en el contexto de crisis sin precedentes que atraviesa el sector científico, tecnológico y universitario por las políticas de ajuste –a la par de ataques discursivos– del Gobierno nacional.
En 2024, el pluriempleo tocó un inédito 12,4%, mientras que la sobreocupación -personas que trabajan más de 45 horas semanales- continuó creciendo. Esto demuestra que la sobreexplotación se muestra como una alternativa a los bajos salarios.
En medio de la profundización en la pérdida del poder adquisitivo de los argentinos, los fenómenos que más crecen por estos tiempos son el pluriempleo y la sobreocupación -personas que trabajan más de 45 horas semanales. Esta sobreexplotación, también responde a la “flexibilización encubierta del mercado laboral”, donde la multiplicidad de empleos y la ampliación de horas de trabajo se presentan como una adaptación a la precarización.
En 2024, el pluriempleo tocó el inédito 12,4%, equivalente a 2,4 millones de trabajadores que recurren a múltiples ocupaciones para compensar la insuficiencia de ingresos de su empleo principal, a eso se suman 3,5 millonesde ocupadosque buscan activamente empleo (ocupados demandantes – 16,6%). Mientras que, la sobreocupación alcanzó el 29,2%, lo cual implica que unas 5,8 millones de personas trabajan más de 45 horas semanales, y muchas de ellas superan las 57 horas semanales, lo que equivale a entre 9 y 11 horas por día.
“El fenómeno refleja que el problema no es la falta de trabajo sino el tipo de empleo disponible, de baja calidad y escasa remuneración”, enfatizó Ana Rameri, coordinadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).
IPyPP en base a EPH-INDEC.
Caída del poder adquisitivo
Todo ello se da en un contexto de caída real de los salarios: los estatales se hundieron 34% desde el cierre de 2017, mientras que los privados tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 18,83%. Si se toma desde el gobierno de Javier Milei, la baja de los haberes públicos es del 15,33% real, aunque los privados recuperaron el nivel y ganaron un leve 0,6%, que hacia marzo de este año ya lo perdieron. El deterioro del poder adquisitivo evidencia la necesidad de complementar ingresos ante la erosión de la capacidad de consumo, así como también el proceso de flexibilización encubiertadel mercado laboral.
“Este fenómeno adquiere especial relevancia en contextos de crisis, donde los hogares enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas con sus ingresos. El pluriempleo récord en 2024 refleja fallas en la generación de empleode calidad y en la protección social, con implicancias para el bienestar laboral y la productividad”, recalca el informe “¿Recuperación ilusoria? Pobreza y desigualdad en Argentina durante 2024” realizado por Eduardo Chávez Molina, Mariana Sosa y José Rodríguez de la Fuente de la UBA.
Desde 2017 hasta fines de 2024, que es hasta el momento que se tienen datos, el número de pluriempleados creció en 790.000 personas, que además trabajan en promedio 2,5 horas más por semana que en 2017.
Solo entre mediados de 2023 y fines de 2024, 370.000 personas más pasaron a tener múltiples empleos, detallan desde IPyPP. Esto se debe a la devaluación y la fuerte crisis de inflación, que luego solo se tradujo en una caída marcada de los salarios, con mayor énfasis en los públicos.
Residentes del Hospital Garrahan y Posadas
Los médicos residentes del Hospital Garrahan reclaman por un aumento salarial, ya que actualmente se encuentran con haberes por debajo de los $800.000, que no llega a cubrir la canasta básica total de una familia tipo -mide el umbral de pobreza- que se ubicó en abril en los $1.110.063, mientras que la alimentaria -mide la indigencia- fue de $502.291, según el INDEC.
Cabe aclarar que los residentes -médicos en formación, pero con la carrera finalizada- trabajan 65 horas semanales, de las cuales deben tener un 75% de asistencia y cumplir guardias para alcanzar la formación total. De esta manera, a los residentes se les dificulta la posibilidad de tomar horas en otra clínica.
Al reclamo de los residentes del Garrahan, ahora se le adicionó el de los trabajadores del Hospital Posadas que denuncian que la retribución básica actual es de $797.000 “con una carga horaria de más de 60 o 70 horas semanales, sin ningún bono compensatorio”.
Tras 15 años de formación entre los módulos teóricos y prácticos, el sueldo inicial de un médico de planta es de $ 1.800.000 en el Hospital Garrahan. Por ese salario, los profesionales de la salud trabajan 42 horas semanales y hacen una guardia de 16 horas por semana.
Sobreocupados: trabajan un 47,4% más de horas, pero ganan apenas un 12,8% más que el promedio
Sobre el universo de personas con extensas jornadas laborales, la última EPH permite mirar en detalle que casi 4 millones de personas trabajan en promedio 50 horas semanales, un millón cerca de 62, y otras 900.000 sostienen jornadas de entre 13 y 16 horas diarias.
De todo el universo de sobreocupados, el 45,6% son asalariados formales, lo que demuestra que la “sobreexplotación” no se restringe únicamente a la informalidad laboral.
IPyPP en base a Cuenta Generación de Ingresos-INDEC.
“No se trata de ocupaciones en extinción. Al contrario, muchas de ellas se concentran en sectores como la venta directa, el telemarketing, el transporte (incluyendo el trabajo “plataformizado”) o los servicios de vigilancia. Es decir, en actividades donde el tiempo laboral se estira y los ingresos siguen siendo insuficientes”, destacan desde IPyPP.
Además, estas extenuantes jornadas de trabajo tampoco se traducen en un salario mucho más alto que la media. Pese a trabajar 47,4% más horas, los sobreocupados ganan solo 12,8% más que el promedio, con una retribución horaria 23,4% menor.
Durante el último trimestre de 2024, el tiempo de trabajo siguió en ascenso. La carga horaria promedio por puesto aumentó un 4%. Entre asalariados registrados, la suba fue aún mayor: 5,2%, producto del incremento de horas extra trabajadas, según la Cuenta Generación del Ingreso del INDEC.
La sobreexplotación no garantiza estar por fuera de la línea de pobreza
La sobreexplotación de los trabajadores se explica en un marco de precarización laboral y caída del poder adquisitivo, donde hasta el salario mínimo, vital y móvil ($302.600) está por debajo de la canasta básica total que mide la línea de pobreza de un adulto mayor ($359.246).
“A pesar de estar ocupadas, casi tres de cada diez personas (27,9%) son pobres y un 4,3% son indigentes, lo que revela que el trabajo no garantiza siquiera un umbral básico de reproducción. Esta situación se agrava si se analiza por categoría ocupacional: el 42,2% de los asalariados no registrados y el 38,4% de los cuentapropistas son pobres, mientras que incluso dentro del segmento formal, el 16,6% de los asalariados registrados también se encuentra por debajo de la línea de pobreza“, precisa Rameri.
A su vez, la especialista añade que el 24,7% de los trabajadores obtiene ingresos por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que, por primera vez en la historia reciente, se ubica por debajo de la línea de pobreza para un adulto. Incluso entre quienes trabajan jornadas completas o extendidas, el fenómeno persiste: el 13,9% de los sobreocupados -es decir, quienes trabajan más de 45 horas semanales- tampoco llega a cubrir ese umbral mínimo.
No pagó una pequeña fracción de intereses correspondientes a una deuda de corto plazo de U$S 220 millones. En total adeuda U$S 1100 millones.
El Grupo Albanesi formalizó este jueves el default de su deuda. El hecho, si bien previsible y anunciado un mes antes por la propia empresa, impactó en los medios financieros locales y del exterior y podría derivar en una nueva venta de activos argentinos, cuyo nivel de riesgo aumentará.
El default de Albanesi sucedió una vez vencidos los 30 días de negociaciones entre la empresa y sus acreedores. En realidad, lo que dejaron de pagar las dos subsidiarias de Albanesi –Generación Mediterránea (Gemsa) y Central Térmica Roca– es una fracción (un tramo de los intereses) de una deuda de corto plazo de U$S 220 millones y una total del grupo de U$S 1100 millones.
El recurso de Albanesi
Albanesi envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un texto en el que aseguró: “Vencido el plazo de gracia previsto en los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables y no habiéndose efectuado el pago de los intereses correspondientes, se ha configurado un Supuesto de Incumplimiento”.
El incumplimiento corresponde al bono Clase XXXIX, identificado en los mercados por el ticker MR390, con vencimiento en 2031. Se trata de un título que había despertado el interés de los inversores por su tasa del 11% anual en dólares, muy por encima de los rendimientos promedio del sector energético local.
En el mismo comunicado a la CNV, Albanesi consignó que, con la ayuda de sus asesores financieros y legales, locales e internacionales, inició “un proceso de reordenamiento financiero”. Agregó que “el objetivo final es readecuar la carga de nuestras obligaciones al flujo de caja generado por nuestras operaciones».
También anticipó que está «analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores».
Tiempoobservó dos semanas atrás que el desequilibrio financiero de Albanesi empezó con la decisión del gobierno nacional de pagar acreencias acumuladas con un bono y no con cash. Y que luego se acentuó con la modificación de las condiciones cambiarias, que cortó la bicicleta financiera a la que muchas empresas apelaron para arrancar otra con nuevas condiciones.
Pero en ese cambio, las empresas que tomaron deudas en dólares para transformar esos fondos en pesos y ganar renta con las elevadas tasas de interés, perdieron el beneficio y terminaron quedándose con deudas en dólares a tasas elevadas. Albanesi emitió el bono Clase XXXIX el 30 de octubre de 2024, con un valor nominal de US$ 350,25 millones, y posteriormente realizó una emisión adicional el 8 de noviembre de 2024 por US$ 3,7 millones a una tasa de interés del 11%. Ese nivel de renta solo era pagable con la bicicleta financiera (o «carry trade»,en la jerga del sector). Insostenible.
