Las actuales autoridades nacionales realizaron un estudio en el organismo, creado a partir de la Ley de Medios, y descubrieron que la mayor parte del presupuesto se destina a capacitaciones a medios. El plan para eliminarla y los comunicadores más denunciados.

A partir de una auditoría que el Gobierno realizó en la Defensoría del Público, creada a partir de la Ley de Medios, se descubrió que el organismo destina gran parte de su presupuesto, de unos 10 millones de pesos diarios, en realizar capacitaciones para empresas de comunicación y periodistas, muchos de los cuales son sistemáticamente denunciados.

Hasta hace menos de un mes, la entidad estaba a cargo de Miriam Lewin, quien asumió en plena administración de Alberto Fernández y fue reemplazada por la ex diputada del PRO Soher El Sukaria, quien inició un relevamiento tanto del personal como de los gastos.

Miriam Lewin, ex titular de la Defensoría

La auditoría también indica que se gastan $300 millones en el funcionamiento mensual, es decir, el equivalente a mil jubilaciones mínimas. Esto implica que el organismo demanda una inversión cercana a los 10 millones de pesos diarios, teniendo en cuenta también los costos de alquiler y servicios, mientras que para el 2025 tiene un presupuesto estimado de $4.400 millones, de los cuales el 20% se financia con aportes del Tesoro. Sin embargo, en el Gobierno creen que esto será difícil de cumplir ya que supone una recaudación estimada de $3.500 millones, casi un 250% más de lo recaudado en 2024.

Sin embargo, desde su concepción, ninguna de las actuaciones que estuvieron en su órbita llegaron al ámbito de la Justicia, sino que fueron descartadas o terminaron en recomendaciones y dictámenes de la propia Defensoría, instando a las empresas involucradas a que “reflexionen y revisen cómo trabajan”.

De hecho, a las nuevas autoridades les llamó la atención que, a pesar de que uno de sus objetivos centrales es el de “promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias”, la gran mayoría del personal disponible no está en el área legal, sino en el de capacitación y administración.

Incluso, en el 2020, cuando la gestión de Miriam Lewin lanzó NODIO, un “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica”, se contrató a empleados especializados para esa tarea, a pesar de que dejó de funcionar poco después.

Esa iniciativa, fuertemente criticada por organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otras, buscaba que la Defensoría del Público pudiera actuar también en las redes sociales y canales digitales, ya que por ley solamente puede intervenir en radio y televisión.

El Gobierno analiza disolver el organismo (Nicolás Stulberg)

En cuanto a los denunciantes, la administración de El Sukaria detectó que el 70% de ellos era público de la provincia de Buenos Aires y que, generalmente, eran los mismos usuarios quienes presentaban las quejas, siempre contra los mismos medios y periodistas.

La lista de los comunicadores más denunciados está encabezada por Viviana Canosa y Ángel Pedro “Baby” Etchecopar, con una gran cantidad de presentaciones en su contra cada uno, seguidos por Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, Rolando Graña y Alejandro Fantino.

La nómina se completa con Martin Candalaft, Bautista “Beto” Casella, Nelson Castro, Diego Sehinkman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy y Ángel de Brito.

“Con mi equipo de trabajo tenemos un gran compromiso con esta responsabilidad que nos dio tanto la Cámara de Diputados como el Senado, y vemos con detenimiento cuál es el proceder de la Defensoría, que no solamente está desactualizada en su forma de trabajar, sino también en los lineamientos de capacitación que lleva adelante para tratar de intervenir en un pensamiento plural de los medios de comunicación, que debería ser su espíritu”, señaló El Sukaria.

En el Gobierno, en tanto, hay una idea de eliminar el organismo e incluso este fue uno de los temas de conversación que tuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su última reunión con diputados del PRO en la Casa Rosada.

Más precisamente fue la legisladora Silvana Giudici la que le presentó al funcionario un proyecto de ley en el que está trabajando y que plantea la disolución de esa entidad y la transferencia del “personal que compone la planta permanente, los bienes, presupuesto, activos y patrimonio” a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La iniciativa lleva también las firmas de Fernando Iglesias, Luciano Andrés Laspina, José Luis Espert, Hernán Lombardi, Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Damián Arabia, Martín Yeza, Laura Rodríguez Machado, Alejandro Bongiovanni, Germana Figueroa Casas y Sofía Brambilla.

La propuesta señala que el Defensor del Pueblo de la Nación ya tiene competencia para “iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes”, por lo que “resulta suficiente para procurar la garantía de todos los derechos de los ciudadanos, incluso los de las audiencias”.