La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores en Ezeiza. Tal como informó El Destape, señaló que la ministra le pidió “cuidar” al SPF y remarcó su relación con el fiscal Mola. Las consultas por su abogado y el rol de intermediario que cumplió el letrado defensor del ex policía Luis Chocobar.
La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que, tal como informó El Destape, mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho el 15 de agosto tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores. “Me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era muy allegada a ella”, señaló Arrieta en una presentación que realizó en el marco de la causa.
En un escrito en el que Arrieta y su abogado Yamil Castro Bianchi contestaron el pedido de desestimación de su denuncia penal que realizó el fiscal Sergio Mola, la diputada dedicó un apartado a su encuentro con Patricia Bullrich. Allí, como había reconstruido este medio, la ministra resaltó su relación con el fiscal Mola. También señaló al abogado Fernando Soto, defensor del ex policía Luis Chocobar y funcionario de la cartera de Seguridad, como quien la invitó al encuentro.
“Vengo por la presente también a los fines de poner en vuestro conocimiento un suceso que tuvo lugar con posterioridad a mí ratificación de denuncia, y previo al dictamen del Fiscal Mola. Con fecha 15 de agosto pasado fui invitada a concurrir al Ministerio de Seguridad, por parte del abogado Fernando Oscar SOTO a quien siempre reconocí como mano derecha de la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich. Esta reunión se realizó en el despacho de la Ministro y tuvo por finalidad hablar sobre mi denuncia”, aseguró Arrieta en el escrito que presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
La reunión quedó registrada en el Registro Único de Audiencias pero allí solo se informó que el motivo del encuentro fue por “Asunto Legislativos” y que estuvieron presentes Bullrich, Arrieta y el Secretario de Articulación Federal de la ministra, Néstor Majul.Según informó la diputada este martes a la Justicia, en el encuentro también se encontraban presentes su hermano Martín Arrieta y el mentado abogado Soto, quien es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Arrieta relató que “la reunión duró aproximadamente una hora y media” y que “tocamos varios temas relacionados con mi denuncia”. Precisó que Bullrich le “expresó que lo que había hecho el Servicio Penitenciario no era delito debido a que los diputados y los jueces no debemos ser revisados para ingresar al establecimiento carcelario”. Se trata de lo que la ministra repite públicamente. “Sin perjuicio de ello, y algo contradictorio con lo anterior, me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era gente muy allegada a ella y que podía dar fe de Martínez, el titular del Servicio Penitenciario, que no andaba en nada raro”, añadió la diputada. La referencia es a Fernando Martínez, director del SPF.
Según Arrieta, Bullrich también le “hizo saber que le preocupaba quién era el juez de la denuncia (Kreplak) pero no así el Fiscal (Mola) con quien dijo tener buena relación y vínculo”. Mola fue nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018 y la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 muestra en primera fila a la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich.
La reunión entre Bullrich y Arrieta ocurrió seis días antes de que el fiscal planteara la desestimación de la denuncia penal de la diputada y pidiera circunscribir la investigación únicamente al rol que pudo haber tenido el SPF. Tras la contestación de la querella, el juez Kreplak elevó la controversia en torno al pedido de desestimación al fiscal federal ante la Cámara de La Plata para que ratifique o deje sin efecto el dictamen de Mola.
De acuerdo al relato de la legisladora nacional, durante el encuentro del 15 de agosto, la ministra se solidarizó con su situación. Recordemos: la diputada fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio pasado y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal el 6 de agosto en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. Arrieta dijo que no sabía con quiénes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita. “Al interiorizarse de los pormenores de mi denuncia, del engaño mencionado, me refirió que todo había sido ‘muy mal manejado’. Que ella me brindaba su apoyo”, expresó Arrieta en su escrito. Si bien no lo dice, el mal manejo estaría adjudicado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Por último, Arrieta aseguró que fue consultada por quién era su abogado.
En su escrito, la diputada destacó “la dureza con la que se dirige a mi persona” el fiscal Mola en su dictamen desestimatorio y “su vínculo con la ministro” Bullrich por lo que consideró que perdió objetividad para seguir en el caso. Estos argumentos se suman a la recusación que presentara el 21 de agosto pasado. El juez Ernesto Kreplak, como informó este medio, rechazó apartar a Mola. El rechazo se produjo dos horas antes de la carga del nuevo escrito de la diputada en la causa.
Bullrich tiene un especial interés en este caso. El SPF está bajo su órbita. Y según se desprende de la denuncia de Arrieta hubo complicidad por parte de las autoridades del SPF en alguna de las visitas que los libertarios realizaron a represores (porque fueron más de una). En uno de los chats difundidos, el diputado libertario Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”. Los diputados, por ejemplo, no fueron revisados al ingresar el 11 de julio al penal de Ezeiza. Incluso entraron con celulares y se tomaron fotografías.
Un chat de los libertarios compromete directamente a la ministra de Seguridad en toda esta trama. Según se desprende de la denuncia de Arrieta, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo, donde también hay represores detenidos.
Este lunes, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación”, manifestó.
En contra de la desestimación
Arrieta dio detalles de su encuentro con la ministra en una contestación al pedido de desestimación que hizo Mola sobre su denuncia penal. En el mismo documento pidió que el juez Kreplak reasuma el mando de la investigación o ser tenida por querellante autónoma si no hay impulso fiscal.
La diputada junto a su abogado realizaron una síntesis de la denuncia que presentó el 6 de agosto pasado, lo que contextualiza el pedido de Bullrich de cuidar al SPF.
Centralmente, Arrieta –que abandonó el bloque de diputados de LLA- sostuvo que denunció “el posible Incumplimiento de los funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal”, “la posible Malversación de caudales públicos ante la falta de claridad sobre la utilización de los bienes del estado con fines ajenos a los autorizados”; y “las presiones que he recibido previo a mi denuncia, posterior a esta, y las que recibió mi abogado”.
Arrieta consideró que el dictamen de Mola “resulta prematuro frente a la situación denunciada, con el agravante que la construcción del relato del acusador se aparta del relato y los elementos aportados, como también, que se incluyen subjetividades contra mi persona que afectan mi honorabilidad”. Entre otras cosas, Mola dijo que la denuncia de Arrieta “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. Y que “para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
“Resulta falso el postulado del fiscal”, respondió Arrieta. Y añadió: “Lo que el Sr. Fiscal llama despegarse no es ni más ni menos que buscar transparencia ya que hasta el día de hoy desconozco si se trató de una comitiva oficial organizada por integrante/s de la cámara de diputados o bien se realizó un uso particular de bienes del estado que incluyen movilización de personal (chofer) y costos tales como combustible o peajes. Insisto en remarcar que a mí siempre se me informó que el viaje era en carácter oficial, pero la falta de claridad y transparencia ante mis consultas, me llevaron a la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades el suceso”. Luego interpeló a Kreplak: “Sr. Juez, si estoy diciendo: se usaron fondos públicos para un fin privado, ¿no debe investigarse?”.
En una línea similar, la diputada continuó con su línea argumentativa: “No ha sido tenido en cuenta el escrito en el que planteo las hipótesis delictivas a investigar y las medidas a sugerir”. “En lo que a los hechos desestimados por el Sr. Fiscal, propuse, por ejemplo: ‘Se oficie a la presidencia de la Honorable Cámara de diputados de la Nación para que se sirva de informar, únicamente en relación al 11 de julio de 2024: Flota de vehículos vigentes, personal idóneo a la fecha mencionada y las variaciones hasta recibir el oficio, autorizaciones realizadas para viajes en la fecha, toda otra novedad obtenida con motivo de esa fecha’”. En el escrito de recusación, había sumado: “si el día 11 de Julio de 2024, se utilizaron fondos públicos en forma indebida para una visita de diputados y terceras personas al Complejo penitenciario de Ezeiza” y “si ha existido la unión de personas con la finalidad de atentar contra el orden constitucional”. “Existe por lo tanto una hipótesis delictiva, y una serie de medidas tendientes a corroborar la existencia del hecho, por lo que, su desestimación a priori preocupa a esta parte”, sentenció Arrieta.
En otro apartado de su presentación, Arrieta resaltó que “no se ha cumplido con lo normado por el ritual para el trámite de desestimación de denuncia”, esto eso que “la fiscalía ha omitido darle la oportunidad a esta parte de recurrir ante su superior la decisión arribada”. Ante este cuadro, Kreplak decidió elevar la controversia al la fiscalía federal ante la Cámara de La Plata que subroga Diego Iglesias.
Atenta a que el fiscal ante la Cámara podría ratificar lo sostenido por Mola, Arrieta adelantó que “esta querella continuará en solitario”, algo que deberá ser avalado por el magistrado del caso.
En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas
Idas y vueltas. Una vez más. Van y vienen los pedidos de apoyo para que el Gobierno bonaerense tenga la habilitación para endeudarse y respire hondo en el medio de una gestión asfixiada por la falta de fondos de la Casa Rosada. Detrás de esas negociaciones cruzadas, permanentes e inestables, está presente la interna del peronismo. La relación tormentosa y furiosa que tienen el kicillofismo y el cristinismo.
Ayer por la tarde, Kicillof hizo un pedido concreto y directo. Tomó la precaución de dejar expuesta la necesidad que tiene su gobierno de obtener el endeudamiento y la situación de debilidad en la que deja a la gestión si la ley no sale. En La Plata se encargaron de reforzarlo. “Si no logramos sacarlo, quedamos en una situación crítica”, precisaron.
“La provincia de Buenos Aires necesita las herramientas para no desproteger a nuestro pueblo. Es una emergencia económica del país y de la provincia. Estamos atravesando una profunda recesión que afecta a todos los sectores”, expresó el Gobernador durante una conferencia de prensa que brindó en La Plata.
Kicillof aseguró que se perdieron “5.000 empresas en la provincia” y “172.000 puestos de trabajo”, además de destacar que hay “mil obras frenadas en todos los rubros” con una gran cantidad de “despidos, suspensiones y cierres de empresas”. El Gobernador habló de “asfixia financiera” por parte del gobierno de Milei.
En la conferencia, que buscó ser una muestra de alineamiento detrás del pedido del Gobernador, había referentes del Frente Renovador, La Cámpora y el peronismo bonaerense, identificado, sobre todo, en los intendentes y el sector sindical.
La cuestión por el endeudamiento deja al descubierto la interna peronista en la Provincia de Buenos Aires (Adrián Escandar)
Sin embargo, hay dos versiones de una misma historia. El presidente del bloque de diputados de Fuerza Patria en la Legislatura Bonaerense, Facundo Tignanelli, es el vocero de la postura del kirchnerismo. En los últimos días no se ha movido un centímetro de su discurso público. Consideró que es necesario sacar la ley de endeudamiento “para poder cumplir con todas las obligaciones que la provincia tiene”. Además, sostuvo que en el peronismo vienen “trabajando para tratar de lograr esa ley tan necesaria”.
La unidad que expresa el legislador camporista, no es decodificada de la misma forma en el kicillofismo, donde desconfían, en forma permanente, de cada una de las negociaciones de la que es parte el cristinismo. “Nos corren el arco todo el tiempo. A la mañana dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche una nueva”, se quejó un importante funcionario platense.
En el Gobierno bonaerense y en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hay una desconfianza permanente sobre cada movimiento del cristinismo. Tiene que ver con que, en el fondo, advierten que la relación política está rota y que nadie de esa tribu quiere que Kicillof sea el candidato a presidente del peronismo ni que se convierta en el sucesor de Cristina Kirchner.
Kicillof en la presentación del Presupuesto 2026
Si no quieren el objetivo de fondo, tampoco van a querer el objetivo a corto plazo. Entonces, el desgaste de la gestión estará siempre presente como una postura del cristinismo para con el kicillofismo. “Quieren ver cuántos nos sacan, cuánto nos debilitan. Están jugando en tándem con algunos sectores de la oposición”, indicaron en una oficina importante de la gobernación.
Entre los intendentes hay una visión más moderada. Creen que no hay “temas sensibles“ sin cerrar y que este miércoles el peronismo llegará con una posición unificada. La clave, entonces, será buscar los votos en los sectores más blandos de la oposición.
La vocación de cerrar acuerdos va a contramano de los sentimientos que atraviesan la relación política entre el kicillofismo y La Cámpora. No se eligen, no se quieren, pero el contexto y las necesidades de ambas partes los lleva a tener que buscar un punto de acuerdo forzado.
En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.
El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera.
Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa, incluida la eliminación de todas las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático que enfrenta ante la Corte Penal Internacional, dijeron tres de las fuentes.
Maduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)
También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes.
Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.
Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.
Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Maduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)
El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.
El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.
No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.
Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.
La recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro
Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.
La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.
El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo
El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.
Luego del fallido intento por Lorena Villaverde en el Senado, el bloque de LLA tendrá algo para mostrar a la exigente Casa Rosada que solo quiere triunfos y no perdona derrotas. Por estas horas estará ingresando el documento que lleva la firma de Gabriel Bornoroni con el listado de los legisladores que conformarán el bloque de LLA y se quedaría con la primera minoría de laCámara de Diputados.
“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.
Mientras la oposición buscaba reorganizarse y trabajaba sus propias versiones de los proyectos de reformas, el oficialismo se dedicó a salir de caza por el recinto y se llevó en solo un mes más de 14 diputados.
Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.
Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem
A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.
Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.
En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.
De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.
Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.
El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)
Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.
Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.
“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.
Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.
“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.
Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.