La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores en Ezeiza. Tal como informó El Destape, señaló que la ministra le pidió “cuidar” al SPF y remarcó su relación con el fiscal Mola. Las consultas por su abogado y el rol de intermediario que cumplió el letrado defensor del ex policía Luis Chocobar.
La diputada Lourdes Arrieta dio detalles a la Justicia de la reunión que, tal como informó El Destape, mantuvo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien la convocó a su despacho el 15 de agosto tras la denuncia penal que presentó por la visita a represores. “Me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era muy allegada a ella”, señaló Arrieta en una presentación que realizó en el marco de la causa.
En un escrito en el que Arrieta y su abogado Yamil Castro Bianchi contestaron el pedido de desestimación de su denuncia penal que realizó el fiscal Sergio Mola, la diputada dedicó un apartado a su encuentro con Patricia Bullrich. Allí, como había reconstruido este medio, la ministra resaltó su relación con el fiscal Mola. También señaló al abogado Fernando Soto, defensor del ex policía Luis Chocobar y funcionario de la cartera de Seguridad, como quien la invitó al encuentro.
“Vengo por la presente también a los fines de poner en vuestro conocimiento un suceso que tuvo lugar con posterioridad a mí ratificación de denuncia, y previo al dictamen del Fiscal Mola. Con fecha 15 de agosto pasado fui invitada a concurrir al Ministerio de Seguridad, por parte del abogado Fernando Oscar SOTO a quien siempre reconocí como mano derecha de la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich. Esta reunión se realizó en el despacho de la Ministro y tuvo por finalidad hablar sobre mi denuncia”, aseguró Arrieta en el escrito que presentó en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
La reunión quedó registrada en el Registro Único de Audiencias pero allí solo se informó que el motivo del encuentro fue por “Asunto Legislativos” y que estuvieron presentes Bullrich, Arrieta y el Secretario de Articulación Federal de la ministra, Néstor Majul.Según informó la diputada este martes a la Justicia, en el encuentro también se encontraban presentes su hermano Martín Arrieta y el mentado abogado Soto, quien es director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Arrieta relató que “la reunión duró aproximadamente una hora y media” y que “tocamos varios temas relacionados con mi denuncia”. Precisó que Bullrich le “expresó que lo que había hecho el Servicio Penitenciario no era delito debido a que los diputados y los jueces no debemos ser revisados para ingresar al establecimiento carcelario”. Se trata de lo que la ministra repite públicamente. “Sin perjuicio de ello, y algo contradictorio con lo anterior, me solicitó que cuidara a la gente del Servicio Penitenciario porque era gente muy allegada a ella y que podía dar fe de Martínez, el titular del Servicio Penitenciario, que no andaba en nada raro”, añadió la diputada. La referencia es a Fernando Martínez, director del SPF.
Según Arrieta, Bullrich también le “hizo saber que le preocupaba quién era el juez de la denuncia (Kreplak) pero no así el Fiscal (Mola) con quien dijo tener buena relación y vínculo”. Mola fue nombrado Fiscal General Adjunto por Mauricio Macri en diciembre de 2018 y la fotografía de su jura del 15 de febrero de 2019 muestra en primera fila a la entonces ministra de Seguridad –etapa macrista- Patricia Bullrich.
La reunión entre Bullrich y Arrieta ocurrió seis días antes de que el fiscal planteara la desestimación de la denuncia penal de la diputada y pidiera circunscribir la investigación únicamente al rol que pudo haber tenido el SPF. Tras la contestación de la querella, el juez Kreplak elevó la controversia en torno al pedido de desestimación al fiscal federal ante la Cámara de La Plata para que ratifique o deje sin efecto el dictamen de Mola.
De acuerdo al relato de la legisladora nacional, durante el encuentro del 15 de agosto, la ministra se solidarizó con su situación. Recordemos: la diputada fue parte del encuentro con genocidas en el penal de Ezeiza junto a compañeros de bancada el 11 de julio pasado y cuando estalló el escándalo se desmarcó de sus pares e hizo una denuncia penal el 6 de agosto en la que aportó los chats que revelan cómo se gestó el encuentro y la existencia de una iniciativa para intentar sacarlos de la cárcel. Arrieta dijo que no sabía con quiénes se iba a reunir, que no conocía a los represores porque nació en democracia y que fue engañada a la visita. “Al interiorizarse de los pormenores de mi denuncia, del engaño mencionado, me refirió que todo había sido ‘muy mal manejado’. Que ella me brindaba su apoyo”, expresó Arrieta en su escrito. Si bien no lo dice, el mal manejo estaría adjudicado al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Por último, Arrieta aseguró que fue consultada por quién era su abogado.
En su escrito, la diputada destacó “la dureza con la que se dirige a mi persona” el fiscal Mola en su dictamen desestimatorio y “su vínculo con la ministro” Bullrich por lo que consideró que perdió objetividad para seguir en el caso. Estos argumentos se suman a la recusación que presentara el 21 de agosto pasado. El juez Ernesto Kreplak, como informó este medio, rechazó apartar a Mola. El rechazo se produjo dos horas antes de la carga del nuevo escrito de la diputada en la causa.
Bullrich tiene un especial interés en este caso. El SPF está bajo su órbita. Y según se desprende de la denuncia de Arrieta hubo complicidad por parte de las autoridades del SPF en alguna de las visitas que los libertarios realizaron a represores (porque fueron más de una). En uno de los chats difundidos, el diputado libertario Beltrán Benedit dice: “Acabo de tener una muy buena charla con Fernando Martínez, el Director del SPF. Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión. Nos facilitará el acceso a los penales el viernes”. Los diputados, por ejemplo, no fueron revisados al ingresar el 11 de julio al penal de Ezeiza. Incluso entraron con celulares y se tomaron fotografías.
Un chat de los libertarios compromete directamente a la ministra de Seguridad en toda esta trama. Según se desprende de la denuncia de Arrieta, el 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado, escribió en uno de los grupos Whatsapp que creó para organizar las visitas a represores en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Todo indica que la referencia es a otra visita y no a la que realizaron los diputados libertarios el 11 de julio al penal de Ezeiza. Por ejemplo, hubo otro encuentro en Campos de Mayo, donde también hay represores detenidos.
Este lunes, la ministra Bullrich intentó desligarse del caso. En declaraciones radiales negó haber estado detrás del encuentro del 11 de julio. Y afirmó: “Me enteré de la visita de los diputados por los diarios”. También defendió al Servicio Penitenciario Federal, tal como lo hizo ante Arrieta: “El SPF si se presenta un diputado y pide entrar, lo tiene que dejar entrar por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación”, manifestó.
En contra de la desestimación
Arrieta dio detalles de su encuentro con la ministra en una contestación al pedido de desestimación que hizo Mola sobre su denuncia penal. En el mismo documento pidió que el juez Kreplak reasuma el mando de la investigación o ser tenida por querellante autónoma si no hay impulso fiscal.
La diputada junto a su abogado realizaron una síntesis de la denuncia que presentó el 6 de agosto pasado, lo que contextualiza el pedido de Bullrich de cuidar al SPF.
Centralmente, Arrieta –que abandonó el bloque de diputados de LLA- sostuvo que denunció “el posible Incumplimiento de los funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal”, “la posible Malversación de caudales públicos ante la falta de claridad sobre la utilización de los bienes del estado con fines ajenos a los autorizados”; y “las presiones que he recibido previo a mi denuncia, posterior a esta, y las que recibió mi abogado”.
Arrieta consideró que el dictamen de Mola “resulta prematuro frente a la situación denunciada, con el agravante que la construcción del relato del acusador se aparta del relato y los elementos aportados, como también, que se incluyen subjetividades contra mi persona que afectan mi honorabilidad”. Entre otras cosas, Mola dijo que la denuncia de Arrieta “está motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista”, es decir, de la visita a genocidas en el penal de Ezeiza, el 11 de julio pasado. Y que “para ello, realiza una serie de consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
“Resulta falso el postulado del fiscal”, respondió Arrieta. Y añadió: “Lo que el Sr. Fiscal llama despegarse no es ni más ni menos que buscar transparencia ya que hasta el día de hoy desconozco si se trató de una comitiva oficial organizada por integrante/s de la cámara de diputados o bien se realizó un uso particular de bienes del estado que incluyen movilización de personal (chofer) y costos tales como combustible o peajes. Insisto en remarcar que a mí siempre se me informó que el viaje era en carácter oficial, pero la falta de claridad y transparencia ante mis consultas, me llevaron a la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades el suceso”. Luego interpeló a Kreplak: “Sr. Juez, si estoy diciendo: se usaron fondos públicos para un fin privado, ¿no debe investigarse?”.
En una línea similar, la diputada continuó con su línea argumentativa: “No ha sido tenido en cuenta el escrito en el que planteo las hipótesis delictivas a investigar y las medidas a sugerir”. “En lo que a los hechos desestimados por el Sr. Fiscal, propuse, por ejemplo: ‘Se oficie a la presidencia de la Honorable Cámara de diputados de la Nación para que se sirva de informar, únicamente en relación al 11 de julio de 2024: Flota de vehículos vigentes, personal idóneo a la fecha mencionada y las variaciones hasta recibir el oficio, autorizaciones realizadas para viajes en la fecha, toda otra novedad obtenida con motivo de esa fecha’”. En el escrito de recusación, había sumado: “si el día 11 de Julio de 2024, se utilizaron fondos públicos en forma indebida para una visita de diputados y terceras personas al Complejo penitenciario de Ezeiza” y “si ha existido la unión de personas con la finalidad de atentar contra el orden constitucional”. “Existe por lo tanto una hipótesis delictiva, y una serie de medidas tendientes a corroborar la existencia del hecho, por lo que, su desestimación a priori preocupa a esta parte”, sentenció Arrieta.
En otro apartado de su presentación, Arrieta resaltó que “no se ha cumplido con lo normado por el ritual para el trámite de desestimación de denuncia”, esto eso que “la fiscalía ha omitido darle la oportunidad a esta parte de recurrir ante su superior la decisión arribada”. Ante este cuadro, Kreplak decidió elevar la controversia al la fiscalía federal ante la Cámara de La Plata que subroga Diego Iglesias.
Atenta a que el fiscal ante la Cámara podría ratificar lo sostenido por Mola, Arrieta adelantó que “esta querella continuará en solitario”, algo que deberá ser avalado por el magistrado del caso.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.