La relación entre Camioneros y el gobierno porteño es prácticamente nula.
El rol de Clara Muzzio como interlocutora con el sindicato.
Quejas por la herencia recibida de la gestión anterior del PRO.
La trama detrás de la decisión del gobierno porteño de estatizar el servicio de grúas de acarreo es bastante compleja de entender, aunque tiene que ver directamente con cuestiones de internismo político y de aprietes de por medio recibidos de parte del sindicato de Camioneros, con el que mantuvo una relación oscilante en los últimos años, pero que se deterioró desde la asunción de Jorge Macri.
Ni Hugo ni Pablo Moyano tienen vínculo con el actual jefe de Gobierno porteño. El puente más cercano en el diálogo con Camioneros es a través de Clara Muzzio, la vicejefa y titular de la Legislatura, pero la relación en general dista mucho de los tiempos de Horacio Rodríguez Larreta e incluso Mauricio Macri, con quienes hubo diferentes conflictos abiertos, pero que finalmente se terminaron solucionando.
Cuentan en los despachos de Uspallata que fue realmente sorprendente ver que el contrato firmado en diciembre del año pasado por el sistema de acarreo de grúasduplicaba en cotización el valor que realmente debe afrontar la Ciudad si el servicio se estatizaba, como terminó pasando.
“Los montos son gravosos, se pagaban $ 2.900 millones por mes cuando nosotros podemos resolverlo por $ 1.500 millones”, sintetiza una fuente que en su comentario esconde una crítica directa hacia el larretismo, que fue el que cerró el acuerdo en diciembre de 2023, tres días antes de culminar la gestión. “Es un escándalo lo que hicieron, cerrando un contrato a 10 años además”, agrega otra de las voces consultadas por Clarín.
En el larretismo les sorprende que Jorge Macri, que fue ministro de Gobierno los últimos dos años, no haya planteado reparos al asunto en las reuniones de gabinete de ese tiempo, sobre todo porque las licitaciones en el sistema de grúas de acarreo vienen desde la gestión de Mauricio Macri en Ciudad, aseguran fuentes consultadas.
Y creen que la estrategia de confrontar con el ex jefe porteño tienen que ver con una serie de informes que llegaron al gobierno porteño que muestran disconformismo con el rumbo de la gestión y cierta nostalgia en relación a los mandatos de Rodríguez Larreta. Sobre cómo se eligieron las empresas y las vinculaciones con el moyanismo, destacan la transparencia del mismo y aseguran que casi todas las que se presentan para hacerse cargo del servicio tienen vinculaciones con sectores sindicales.
Otros tiempos en la relación con la Ciudad, con Macri, Rodríguez Larreta y Moyano.
Las tensiones entre el actual gobierno y su antecesor existen desde antes que se produjera el recambio de autoridades. Jorge Macri aceptó ser ministro de Gobierno de Larreta para jugar electoralmente en la Ciudad, pero el ex alcalde nunca lo apoyó abiertamente en la PASO con su socio político Martín Lousteau, que terminó ganando el ex intendente de Vicente López por un margen muy estrecho.
Desde que asumió, la interna se acrecentó, con Jorge Macri desactivando en las últimas semanas decisiones adoptadas por Larreta, como la reconversión del microcentro, pero con el conflicto con Camioneros por la licitación del sistema de grúas de acarreo prevaleciendo por encima de todo. El apriete de los Moyano al frenar la recolección de la basura en gran parte de la Ciudad motivó la decisión inmediata de Macri de cancelar la preadjudicación del contrato y estatizar el servicio.
El conflicto se veía venir en la Ciudad, aunque sólo faltaba definir la hora, el día y de qué manera los Moyano, vinculados a dos de las tres empresas preadjudicadas, iban a actuar. Internamente, en el Gobierno porteño también veían en el tema un foco de crisis futura a nivel legislativo, ya que varios bloques opositores estaban esperando la concreción definitiva del contrato para salir a cuestionarlo.
En Camioneros insistieron con dialogar directamente con Clara Muzzio, con quien trataban cuando se desempeñaba como ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, durante la gestión de Rodríguez Larreta. Hubo reuniones del secretario gremial del sindicato con Néstor Grindetti, pero cargadas de tensión por las diferencias esgrimidas y por el mal vínculo que tienen los Moyano con el jefe de Gabinete, que no sólo sucedió a Hugo Moyano como presidente de Independiente -breve paso de Fabián Doman de por medio-, sino que además lo denunció en la Justicia por su gestión al frente del club de Avellaneda.
Entretanto, Jorge Macri le dedicó el día completo a resolver el tema. Hasta la tarde-noche estuvo reunido con sus colaboradores e incluso no asistió al acto de asunción formal como presidente del PRO porteño al que tenía previsto ir. Ahí hay otro posible conflicto con el larretismo en puerta.
El partido venía siendo gobernado por Claudio Romero, alfil porteño del ex jefe de Gobierno, que asegura haber dejado una gestión con un superávit financiero de $ 80 millones por primera vez en la historia del partido y el doble de afiliados de los que había cuando asumió. En el “jorgemacrismo” quieren ver cada número que heredó de una administración del mismo signo político, con la que está en crisis.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.