Politica
La CGT define la nueva etapa de su relación con el Gobierno: rechazo al Pacto de Mayo, Ganancias y obras sociales
La mesa chica cegetista se reunirá la semana próxima, tras varias postergaciones, y tiene una amplia agenda de temas para definir que impactarán en el vínculo con la Casa Rosada. Cuáles son los principales reclamos. Este jueves, reunión cumbre del barrionuevismo
Luego de dos semanas de postergaciones, la mesa chica de la CGT volverá a reunirse la semana próxima con una agenda cargada de temas con un eje que genera debates internos: cómo seguirá la relación con el Gobierno. Antes, de todas formas, el sector dialoguista formalizará una tregua en su pelea con Pablo Moyano (Camioneros) luego de las profundas diferencias que mostraron ante la Ley Bases y la convocatoria a la movilización ante el Congreso que terminó con graves incidentes.
De todas formas, hasta los más moderados de la CGT están desconcertados porque tenían señales oficiales de que serían invitados a Tucumán, pero hasta ahora no tuvieron ni un llamado. Incluso aseguraron que en el empresariado tampoco recibieron las invitaciones para el Pacto de Mayo.
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Javier Milei avanza con sus medidas de gobierno y la CGT definirá sus próximos pasos (EFE)Con la la modernización laboral y el paquete fiscal ya convertidos en ley, la cúpula de la CGT aún tiene pendiente el análisis de la situación socioeconómica y la definición de sus próximos pasos luego del paro general de 24 horas que realizó el 9 de mayo pasado. El ala dialoguista, que negoció con el Gobierno el recorte de 42 artículos de la reforma laboral, es partidario de abrir canales de diálogo con la administración libertaria para atenuar el ajuste y evitar medidas que perjudiquen al poder sindical. Pero la fracción más dura, donde se ubican Pablo Moyano y el gremialismo K, presionará para concretar una segunda etapa del plan de lucha, quizás con un paro de 36 horas con movilización.
Como anticipó, hay otro tema que podría llevar a que el Gobierno y la CGT se sienten a negociar: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quiere acordar con los sindicalistas la redacción del decreto reglamentario de la modernización laboral para atenuar los efectos de algunos artículos y evitar que haya una oleada de impugnaciones judiciales de los gremios a la Ley Bases.
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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, en un evento de la Universidad Austral que se hizo el 21 de mayo (Foto Franco Fafasuli)De todas formas, no será el único artículo que será “adaptado” en el decreto reglamentario para evitar que la CGT pilotee una embestida ante la Justicia para anular la aplicación de la reforma laboral de la Ley Bases. Esta semana habrá cumbre de abogados sindicales para decidir los puntos que quieren corregir y, si lo aprueba la mesa chica cegetista, habrá un encuentro con técnicos de la Secretaría de Trabajo para tratar de llegar a una reglamentación de la iniciativa que deje conformes a todos.
Por otra parte, el sindicalismo iniciará una ofensiva judicial contra la Ley Bases y el paquete fiscal: los abogados de la CGT y de varios gremios importantes analizan la presentación de amparos para impugnar algunos artículos de esas normas por inconstitucionales. Hasta ahora, la idea es que las denuncias no sean impulsadas desde la CGT sino desde los sindicatos. Si se confirma esa decisión, será también un gesto de buena voluntad hacia el Gobierno por parte de la central obrera.
“Respetaremos las acciones soberanas que tiene cada organización sindical en su actividad para defender sus derechos, más allá de lo que pueda hacer la CGT como tal”, afirmó el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), quien también advirtió: “Todo está habilitado y lo sabremos usar, como lo hicimos cuando debimos actuar como CGT”. Aludíó así a la impugnación de la CGT contra el DNU 70, apenas comenzó el gobierno de Javier Milei, que determinó que la Justicia del Trabajo declarara la invalidez de 6 artículos del decreto.
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El secretario de Trabajo, Julio Cordero (Foto Nicolás Stulberg)Sin embargo, la embestida sindical será unánime contra la restitución del Impuesto a las Ganancias. Aquí también la cúpula de la CGT analiza si hace una presentación ante la Justicia, aunque varios sindicatos ya anticiparon sus reclamos ante los tribunales, como Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, y los dirigentes de la Mesa Sindical “El Salario No Es Ganancia”, que integran más de 65 gremios, que consideran que el gravamen es “inconstitucional”.
Para la CGT hay otro tema urticante que podría abrir nuevos frentes de batalla con el Gobierno: la crisis de las obras sociales. Los dirigentes gremiales se quejan de que no encuentran buenos interlocutores oficiales para resolver los problemas financieros que tiene el sistema sindical de salud. Cuando los sindicalistas apuntan a la falta de diálogo no sólo se refieren al ministro de Salud, Mario Russo, sino también al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, un ex directivo de OSDE que designaron al frente del organismo que administra los fondos de las obras sociales.
El único contacto de la CGT con Oriolo se produjo a mediados de mayo, cuando aceptó reunirse con el secretario de Acción Social cegetista, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quien le planteó los problemas que atraviesan las obras sociales. El funcionario se comprometió en responderle.
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Luis Barrionuevo reunirá nuevamente a Carlos Acuña, Omar Maturano y otros dirigentes para analizar la crisis de la CGT y las obras socialesLa ausencia de soluciones concretas a la crisis de las obras sociales fue uno de los detonantes de una reunión cumbre que tendrán este jueves una veintena de sindicatos alineados con Luis Barrionuevo: analizarán ese tema, pero también habrá debate sobre cómo reactivar a la CGT, a la que este sector critica por su pasividad ante muchas de las medidas del gobierno de Javier Milei.
El encuentro tendrá lugar al mediodía en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza, que lidera Oscar Rojas, y está prevista la presencia de dirigentes como el cotitular de la CGT Carlos Acuña (estaciones de servicio), Daniel Vila (Carga y Descarga), Roberto Solari (guardavidas), Luis Cejas (viajantes) y Rubén Aguiar (panaderos), entre otros, además de invitados especiales como Omar Maturano (La Fraternidad), Julio Piumato (judiciales) y Roberto Fernández (UTA).
Politica
El acuerdo con el FMI y las movidas electorales alimentan una escalada política que supera al Congreso
El Gobierno busca coronar este miércoles su apuesta en Diputados. Es una necesidad política para atender un objetivo económico central: lo antes posible, ya en el arranque de la carrera electoral. Eso incluye juego de alianzas y señales inquietantes de la oposición dura
El Gobierno debería agradecer a dos legisladores de su lista de castigados por la mano que acaban de darle para avanzar en el Congreso con el DNU de aval a las tratativas con el FMI. El oficialismo debió transpirar y negociar en la bicameral de Trámite Legislativo para allanar el camino al dictamen que este miércoles llega al recinto de Diputados. Es una prueba central para Olivos frente a los mercados, de humor inestable, y con la carrera electoral ya disparada. También es un test para aliados, dialoguistas y oposición dura, que en el caso del peronismo/kirchnerismo sugiere llevar el tema al terreno judicial.
La velocidad con que se sucede todo lo que hace a la negociación con el Fondo expone de manera abierta el cruce de necesidades económicas y políticas. El Gobierno anotó estas tratativas al mismo nivel que el control de la inflación. Van de la mano, en todo sentido, como objetivo y por dependencia mutua. Y mueven el tablero político. Eso incluye y supera al Congreso: trasciende la lectura local y es un ingrediente de las conversaciones no sólo técnicas con el organismo internacional.
Luis Caputo debe lidiar con esa situación y ratificar el camino para atender especulaciones sobre los movimientos del dólar y las reservas, en un paño global complejo. En ese contexto, el aval político no sólo es indispensable, sino que además gravitan cada vez más los tiempos. El Gobierno eligió el camino del decreto y no de una ley para sostener su posición y darle velocidad al paso legislativo, según su visión del tema. Los apoyos y las discusiones que se abren están lejos de emitir un mensaje uniforme.
Los apoyos recibidos y el abanico que se proyecta para el recinto muestran a socios más o menos habituales y novedades, como la anticipada por Elisa Carrió. En esas filas heterogéneas, incluso en el PRO y en la bancada radical más dispuesta al diálogo, se notan algunos gestos de acompañamiento menos ligado al instrumento que a los riesgos de la disputa en este terreno. Hay quienes consideran que una derrota política del Gobierno en este terreno sería realmente desestabilizante. En cambio, como ocurre en las pulseadas por el criptogate, no se replican los mismos alineamientos.
En ese terreno fragmentado creció ayer mismo la disputa por el caso $LIBRA y avanzó la opción que sostiene el apoyo a la negociación con el FMI a partir de blindar el decreto en la Cámara baja. Ese paso es suficiente, de acuerdo a las reglas impulsadas hace años por Cristina Fernández de Kirchner. Nadie cree conveniente un rechazo en el Senado, aún sin efecto práctico y más allá de haber sido descontado de antemano a la hora de elegir este camino.
La bicameral expuso como siempre la necesidad oficialista de sumar votos, incluso a disgusto y en medio de disputas de mala imagen, a contramano del discurso de diferenciación con la política tradicional. El encuentro sobrevivió una primera prueba frente al intento insostenible de evitar el cambio de autoridades de la comisión. Finalmente, una jugada en la que fue decisiva la intervención del senador Francisco Paoltroni -también clave después al asegurar dictamen- destrabó el conflicto y coronó como titular al diputado Oscar Zago. Los dos, en diferentes momentos, quedaron “excomulgados” de los bloques oficialistas en nombre del verticalismo. Zago viene además de una pelea en público, a nada de las trompadas, con Lisando Almirón, libertario alineado que ahora debió respaldarlo.
El asunto, si este miércoles pasa la prueba del recinto, seguirá como objetivo destacado de la carga de la oposición más cerrada. La representación de UxP envió una nota a las autoridades del FMI advirtiendo que el decreto va en contra de la ley bautizada Martín Guzmán –recurso de la gestión de Alberto Fernández y CFK en función de sus necesidades del momento– y de las normas constitucionales. De mínima, llamativo por dos razones: como antecedente, por lo que hizo el kirchnerismo en sus distintas etapas, y hacia adelante, por la sugerida intención de judicializar este capítulo de la pelea.
Con la misma letra y el mismo mensaje hacia el exterior, el Consejo Nacional del PJ realizó una reunión de “urgencia”. La cita y el documento difundido sin demora exhibieron un movimiento ajustado a la decisión de la ex presidente, preocupada siempre por reafirmar su poder doméstico y, últimamente, por evitar que el oficialismo ponga en duda su condición de única referencia para polarizar. La serie de enfrentamientos con Axel Kicillof juega en esa dirección.
Las decisiones en el interior del peronismo también comienzan a acelerarse en función de movidas ajenas, es decir, que no dependen de su eje. La primera línea de esa agenda sigue dependiendo de la provincia de Buenos Aires, por lo que ocurre en el distrito y por los tiempos que corren en la política porteña.
Sin dudas, impactó la reciente reunión entre Javier Milei -con Karina Milei en lugar central, incluso como imagen- y la dupla del PRO integrada por Cristian Ritondo y Diego Santilli. Constituyó un mensaje de lecturas diversas, pero con eje en el posible armado de una coalición local para darle batalla al peronismo/kirchnerismo en su principal distrito.
Esa reunión fue interpretada en clave amarilla, aunque no linealmente. Un mensaje frente a la jugada de adelantar la fecha en la Ciudad por parte de Jorge Macri y para forzar una instancia de negociación con el eje de Mauricio Macri. Eso, aprovechando además la astilla de Horacio Rodríguez Larreta, señalado -en principio, por lo bajo- como funcional a Karina Milei y a la vez, aunque parezca contradictorio, a una confluencia de intereses de la oposición local que incluye, por supuesto, al PJ. Visto de manera menos enredada, tal vez marquen el fin de la idea de jugadas calcadas en todos los distritos entre LLA y el PRO o, más ampliamente, lo que fue JxC.
Como sea, esa movida dejó en la banquina el armado de un encuentro entre el PRO y la UCR bonaerenses, para aumentar en conjunto peso político en la precipitada disputa local. Y al mismo tiempo, impactó en el peronismo como necesidad de resolver sin más vueltas dos cuestiones gravitantes para la carrera provincial: la suspensión de las PASO y la fijación de fecha para la elección de legisladores provinciales.
Kicillof acaba de convocar formalmente a las primarias para julio, pero desde el círculo del gobernador se apuraron a destacar públicamente que sólo se trata de eso, de una formalidad, y que el objetivo es suspenderlas. El reclamo va dirigido a la Legislatura, que naturalmente debe resolver el tema, pero en rigor es una demanda al interior del oficialismo provincial. El armado del gobernador y el núcleo K deben resolver cuándo votar cargos provinciales. Es difícil suponer que sea un mismo domingo.
Por lo pronto, también vuelve a colar el reclamo de jefes municipales para rehabilitar las reelecciones propias. Hay un guiño desde La Plata. Y eso supera las líneas del peronismo. Son días de discursos disociados de la realidad. La cita de dirigentes del PRO con el Presidente y Karina Milei fue celebrada desde el Gobierno como un paso para “erradicar al populismo”. Cuesta ver que se trate de una sola vereda.
Politica
Horacio Rodríguez Larreta: “Hace bastante que no hablo con Mauricio, estamos distanciados”
El exjefe de Gobierno porteño abordó sus diferencias con el presidente del PRO y el gobierno nacional
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó su distanciamiento de Mauricio Macri y su decisión de competir por una banca en la Legislatura porteña con un espacio propio y alejado del PRO. “Hace bastante que no hablo con Mauricio, estamos distanciados”, afirmó en una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia.
Rodríguez Larreta explicó que su alejamiento del expresidente nacional responde a diferencias en la visión sobre la Ciudad y sobre el rol que debió asumir el PRO en el escenario político actual. “Tenemos una visión diferente de lo que es la Ciudad y lo que necesita. El PRO debió haber sido una oposición constructiva, que colabore”, sostuvo. Además, remarcó que no puede ser “representante de un gobierno de la Ciudad en el que no creo”, en referencia a la actual gestión porteña, encabezada por Jorge Macri.
El exmandatario porteño aseguró que mantiene una relación cercana con algunos dirigentes que fueron parte de su equipo, como la diputada nacional y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. “Con María Eugenia tengo una relación de amistad de hace muchísimos años. Vamos a comer y no hablamos de política”, señaló.
Críticas a la gestión porteña y su candidatura
A su vez, Rodríguez Larreta justificó su decisión de competir en las elecciones del 18 de mayo con un espacio propio al considerar que la Ciudad “no está bien” y sostuvo: “Está sucia, hay más inseguridad y menos policías en la calle”. Y agregó: “No me representa lo que hoy hace el gobierno de la Ciudad. Me parte el corazón ver cómo se está deteriorando”.
En ese sentido, insistió en que su experiencia lo habilita a encarar una transformación en la Ciudad, como la que considera que realizó durante sus años como jefe de Gobierno. “La Ciudad había recuperado el orgullo de ser porteños, pero eso se está perdiendo”, afirmó. También adelantó que su espacio político presentará proyectos para impulsar nuevas obras en Buenos Aires.
Consultado sobre la posibilidad de haber sido candidato a senador, explicó que optó por la Legislatura porteña porque considera que desde allí puede “ayudar más a la Ciudad” que desde el Congreso nacional. “Son otros ritmos y otros tiempos, y es otro aprendizaje porque nunca fui legislador”, explicó.
Autocrítica sobre su última campaña presidencial
Por otro lado, el exfuncionario realizó una autocrítica sobre su campaña presidencial en 2023, en la que fue derrotado en la interna de Juntos por el Cambio por Patricia Bullrich. “En la campaña quedé muy rodeado de políticos, cuando todo mi laburo fue con la gente. Todos recibían llamados o mails con las convocatorias de vecinos. Y cuando llegó la campaña presidencial, quedé mucho más atrapado en las telarañas de la política”, expresó.
Según su análisis, ese fue uno de sus principales errores estratégicos: “Mi campaña terminó siendo un álbum de fotos con políticos, cuando mi vida y mi carrera no era así”.
Su relación con el PRO y el gobierno de Javier Milei
El exjefe de Gobierno porteño rechazó las acusaciones de ser funcional a La Libertad Avanza y cuestionó el rumbo que tomó el PRO en los últimos años. “El PRO siempre respetó al que piensa diferente y respetó el diálogo y la diversidad. Pero ahora se está acercando a un gobierno nacional que insulta y putea al que piensa distinto. Eso no son los valores del PRO”, apuntó.
Asimismo, consideró que el partido perdió su identidad: “No sabemos de qué lado están los dirigentes. Muchos parecen más cercanos al gobierno que al rol de oposición constructiva por el cual votaron al PRO. La gente se pregunta de qué lado votan, dicen una cosa y después en el Congreso votan otra”.
Sobre el gobierno de Javier Milei, reconoció que valora algunas medidas económicas, como el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero marcó diferencias en el estilo de gestión. “No estoy de acuerdo con la agresión, no creo en el insulto y Argentina necesita diálogo. Argentina necesita un plan de desarrollo, pero hoy no lo hay”, señaló.
Su nuevo espacio político y los apoyos que recibe
Rodríguez Larreta destacó que en esta nueva etapa política cuenta con el respaldo de referentes como Emmanuel Ferrario, Guadalupe Tagliaferri, Pablo Avelluto, Álvaro González, Claudio Romero y Maxi Corach, entre otros. “Vuelvo a las fuentes, con la gente con la que trabajo hace muchos años y que tiene locura y preocupación por la Ciudad”, afirmó.
Además, mencionó que tras perder la interna presidencial, atravesó un proceso de autocrítica que le permitió redefinir sus objetivos políticos y reencontrarse con quienes comparten su visión sobre la gestión pública. “En este proceso de autocrítica que hice después de perder, está la desaparición de los amigos del campeón y el teléfono no sonaba. Pero ahora parece que se arregló y volvió a sonar”, concluyó.
Politica
Casi 5,4 millones de jubilados y pensionados cobran un haber menor a $400 mil por mes
De esa cifra, 4 millones accedieron vía moratoria, de acuerdo a los datos oficiales de la ANSES analizados por Infobae. La canasta básica del jubilado es $1,2 millones, según la Defensoría de la Tercera Edad
La situación de los jubilados será otra vez hoy el motivo alegado para una nueva marcha que busca desafiar al gobierno de Javier Milei, en medio de la renegociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se espera que la protesta a la que convocaron distintos sectores sea más masiva que la movilización de la semana pasada, que terminó con hechos de violencia, actos vandálicos, represión policial y denuncias judiciales.
Hoy, en Argentina, 7,2 millones de adultos mayores perciben un haber jubilatorio o una pensión que, en la enorme mayoría de los casos, apenas cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos. Ese universo se integra de 5.630.923 jubilados y 1.647.908 pensionados, quienes reciben un monto de entre el 70% y el 80% de lo que habría sido la jubilación del cónyuge fallecido, titular de los aportes.
Del total, el 27% de los beneficiarios cobra la mínima, que hoy está en $285.820. Es la suma que cobran casi 2 millones de adultos mayores en nuestro país que no reciben el bono de $70.000. Si al haber mínimo se le suma ese bono, congelado desde marzo de 2024 y que solo cobran los que no tienen ningún otro beneficio jubilatorio, el monto recibido por jubilados y pensionados de la mínima apenas llega a $355.820.
Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la ANSES analizado por Infobae, con datos a diciembre de 2024, hay 3.472.849 jubilados y pensionados que perciben entre $300.000 y $400.000. Si se suman a los que cobran la mínima, casi 5,4 millones de adultos mayores cobran menos de $400.000. De esa cifra de jubilados y pensionados, 4 millones accedieron a la jubilación o la pensión vía moratoria.
Otros 522.116 jubilados cobran entre $400.000 y $500.000; 241.316 reciben entre $500.000 y $600.000; 178.425 perciben montos que van desde los $600.000 a los $700.000; 140.750 cobran entre $700.000 y $800.000; 114.081 entre $800.000 a $900.000; y 94.043 pasivos que cobran entre $900.000 y $1 millón, según el análisis de los datos oficiales relevados por Infobae.
Toda este universo de adultos mayores percibe un haber por debajo de la canasta básica de los jubilados, que mide la Defensoría de la Tercera Edad, estimada en $1.200.523, incluido el gasto de la vivienda. Esta cifra revela que la jubilación mínima con bono no alcanza a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia.
A Flourish chartLos jubilados que perciben un haber que se ubica entre $1 y $2 millones no llegan al medio millón (452.554), mientras que apenas 72.500 cobran entre $2 y $15 millones, y sólo 9 jubilados y 2 pensionados perciben más de $15 millones.
Jubilados por moratoria
Lo magro de los haberes tiene como contracara el crecimiento en las últimas dos décadas de la cantidad de jubilados y pensionados del sistema. Hoy, los que reciben una jubilación o pensión son más del doble que los 3,3 millones que había a finales del 2001, cuando la crisis económica y social provocó la salida anticipada de Fernando de la Rúa. El fantasma del 2001 volvió a ser agitado por el Gobierno cuando adjudicó los hechos de violencia del miércoles pasado frente al Congreso a quienes quieren “desestabilizar” al Gobierno. “Claramente lo que pretenden es generar caos. Si uno recuerda el caos en otras oportunidades, en un momento significó la caída de De la Rúa. No va a pasar eso en este gobierno, pero sí lo queremos advertir para que todo el mundo lo tenga claro”.
La masa de jubilados aumentó en números abolsutos y, a la vez, con relación a la población activa aportante. Si se considera el empleo público y privado registrado, incluidas las empleadas de casas particulares, los que aportan al sistema jubilatorio son poco más de 10 millones (10.148.000 trabajadores), según datos de finales del año pasado.
Del total de 7.214.099 beneficiarios, el 60% – 4.359.339 – accedieron a un haber por haberse acogido a un esquema de moratoria, sin haber cumplido los 30 años de aportes requeridos. Solo el 40% (2.854.760 adultos mayores) se jubiló tras haber cumplido este requisito legal.
La incidencia de las moratorias en el sistema previsional se remonta a 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se registraron los primeros beneficiarios que no habían completado sus aportes, aunque ese año la cifra fue menor a 5.000. El número fue creciendo significativamente a partir de 2006 y experimentó un salto notable en 2007, al cierre del gobierno del ex mandatario, cuando la primera gran moratoria llevó a 1.386.446 personas a ingresar al sistema previsional.
Posteriormente, hacia el final del mandato de Cristina Kirchner en 2015, esta cifra ya superaba los 3,2 millones beneficiarios. Desde entonces, la cantidad nunca dejó de aumentar, alcanzando los mencionados 4,3 millones actuales.
Los jubilados en 2024
Durante 2024, se otorgaron 418.867 nuevas jubilaciones ordinarias, según el análisis de Infobae. De este total, el 75% corresponde a beneficiarios que accedieron al sistema a través de alguna de las moratorias previsionales vigentes, que equivale a 313.637 nuevos jubilados o pensionados, mientras que solo el 25% (105.230 casos) cumplió con los requisitos de aportes establecidos por la ley.
La última moratoria previsional, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, vence a finales de este mes. Estaba dirigida a mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años que no contaban con los 30 años de aportes requeridos pero que tenían una cantidad de aportes verificables hasta el 2008. Bajo esta modalidad, posibilitaba completar los períodos faltantes descontándolos mensualmente de su jubilación, por hasta un total de 120 cuotas. El 23 de marzo vence el plazo para acceder a un plan de pagos que permite jubilarse sin los años legales.
El Gobierno no tiene intenciones de prorrogarla como lo hicieron sus antecesores. La intención es reemplazarla, para aquellos que no tengan los aportes, por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la jubilación mínima. Implementada en el gobierno de Mauricio Macri, consiste en una cobertura previsional para personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.
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