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Politica

No hay reforma liberal exitosa sin respetar los pilares del Estado de derecho

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Hoy, Argentina vive nuevamente una situación de crisis, en la que los cantos de sirena para olvidar las instituciones y alcanzar objetivos “prácticos” son moneda corriente.

Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1932 en plena Gran Depresión. Llegó al poder con un claro mandato: implantar políticas económicas que hicieran recuperar una economía en crisis.

Las políticas que propuso (utilizar el poder del estado para acrecentar la demanda agregada) tuvieron como base las ideas de Keynes y recibieron el nombre de New Deal. Su intervencionismo tuvo éxito, pero pronto surgieron reparos desde la justicia norteamericana lo cual produjo un conflicto de poderes entre el presidente y la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En 1937, en plena popularidad, Roosevelt presentó un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Para ello, sostuvo que los magistrados estaban sobrecargados de trabajo por eso propuso por ley la reorganización del máximo tribunal, de manera que los jueces de más de setenta años dejen su cargo.

El real objetivo oculto era poder nominar a seis jueces. Ello produjo un conflicto de poderes y, luego de una disputa en el Poder Legislativo, el Senado norteamericano (incluso con votos demócratas) logró ponerle límite al avance de Roosevelt sobre la Corte. A cambio, el legislativo aprobó gran parte del New Deal.

Esa resistencia sostuvo la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes. De haberse aprobado la propuesta de Roosevelt, se habría creado un peligroso antecedente para la república. El caso de Estados Unidos nos hace pensar que para ningún país la construcción de instituciones sólidas es un camino de rosas.

Al contrario de Estados Unidos, en la Argentina de 1946 Perón llegó al poder y su fuerza en la Cámara de Diputados logró la destitución de cuatro miembros de la Corte Suprema. La Cámara de Diputados logró desplazar a tres de los jueces y el cuarto dimitió. Eso le permitió al peronismo nombrar a cuatro jueces nuevos y darle un poder ilimitado al presidente. En el primer caso, los medios institucionales resistieron frente a los fines políticos, en el caso argentino no. La historia misma deja en evidencia a cuál de los dos países le fue mejor.

Luego del aquel antecedente, la práctica de buscar una Corte afín a las ideas del Ejecutivo fue muy común en nuestro país, y de alguna manera se refleja en que recordamos a los períodos de la Corte con el nombre del presidente de la Nación, cuando en Estados Unidos se habla, por ejemplo, de la “Corte Warren”, acá hablamos de la Corte peronista, o de la Corte menemista. Este estado de cosas produjo la afectación de la seguridad jurídica y el debilitamiento del estado de derecho. En un país sin justicia no hay derechos de propiedad ni libertades aseguradas.

En Argentina, el desprecio por las formas de la república en nombre de un ideal mayor es compartido tanto por sectores de derecha como de izquierda. Es todo lo contrario a la idea del liberalismo, según la cual, hay que respetar los procedimientos de decisión individual y colectiva, en lugar de dejarse tentar por un finalismo que busca objetivos supuestamente valiosos sin reparar en los medios.

La tentación constante de anteponer ideologías o intereses personales a las instituciones de la república es uno de los grandes motivos de nuestra decadencia. ¿Pero qué tienen en común estas opciones populistas, tanto de izquierda como de derecha? Desde la derecha, se cree que las normas y la justicia deben tener como fin último la eficiencia económica.

Así, la única regla sensata que un tribunal puede adoptar consiste en establecer reglas que maximicen la satisfacción total de preferencias, o sea que sean eficientes en términos de utilidad. El derecho, desde esta visión, debe ser un instrumento para perfeccionar el mercado.

Esta idea, en el fondo, descansa sobre una relativización de todos los valores, porque estos son reducidos a meras preferencias y porque entiende que dichas preferencias tienen igual pretensión de satisfacción. Además, al contrario de lo que muchos libertarios creen, es una posición profundamente colectivista, porque defiende la posibilidad de “sacrificar” a ciertos individuos (generalmente cercenando derechos sociales) a favor de un ente superior llamado mercado.

Por otro lado, desde posiciones de izquierda, se cree que el derecho es política de buenos modales. El derecho sería la expresión del poder hegemónico del momento. La idea de gran parte del populismo de izquierda es que las instituciones de la república son una formalidad que esconde injustas relaciones de poder estructurales y que hay que desenmascarar esas “formalidades”. Los jueces, entonces, deben romper estas injusticias y, si es necesario, también el derecho. Hay que sincerar la lucha por la hegemonía y, con ese pretexto, las instituciones sobran.

Ambas visiones, simplistas y de fácil propagación, comparten algo: un fuerte nihilismo. En el fondo hay un rechazo a la práctica del derecho como herramienta para encontrar valores y sentidos comunitarios. El escepticismo de nuestra capacidad para encontrar principios es el pretexto para justificar la corrupción.

El ideal republicano de construir el bien común, vivir vidas buenas, aceptar la complejidad y respetarnos mutuamente se desvanece frente a las aparentes antinomias que, en el fondo, tienen lógicas relativistas muy similares.

Hoy, Argentina vive nuevamente una situación de crisis, en la que los cantos de sirena para olvidar las instituciones y alcanzar objetivos “prácticos” son moneda corriente. Muchos miramos la historia argentina e imaginamos qué país tendríamos si en momentos decisivos hubiéramos tomado otras decisiones.

Daniel Sabsay y Joaquín Fernández Arrojo son abogados constitucionalistas.

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La negociación por el endeudamiento bonaerense hizo resurgir la desconfianza entre Kicillof y La Cámpora

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En La Plata mantienen las dudas sobre el accionar de la agrupación ultra K en los acuerdos subterráneos. Entre los intendentes creen que lograrán acercar posturas

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Más detalles de la conversación telefónica entre Trump y el dictador Maduro

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En una llamada, de menos de 15 minutos, el presidente de Estados Unidos le dijo al líder del régimen chavista que tenía una semana para abandonar Venezuela con su familia. Ese plazo habría expirado el viernes, según dos fuentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.

Maduro y su gobierno siempre han negado todas las acusaciones criminales y dicen que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen para tomar el control de los vastos recursos naturales de Venezuela, incluido el petróleo.

Maduro le dijo a TrumpMaduro le dijo a Trump durante la llamada que estaba dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa (REUTERS)

También solicitó el levantamiento de las sanciones a más de 100 funcionarios del gobierno venezolano, muchos de ellos acusados ​​por Estados Unidos de abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción, según las tres personas.

Trump rechazó la mayoría de sus solicitudes en la llamada, que duró menos de 15 minutos, pero le dijo a Maduro que tenía una semana para salir de Venezuela al destino de su elección junto con sus familiares.

Ese pasaje seguro expiró el viernes, lo que llevó a Trump a declarar el sábado que el espacio aéreo de Venezuela estaba cerrado, dijeron dos de las fuentes. El Miami Herald informó previamente varios detalles de la llamada. La fecha límite del viernes no se había revelado previamente.

Trump confirmó el domingo que había hablado con Maduro, sin proporcionar detalles. La Casa Blanca se negó a dar más detalles, y el Ministerio de Información de Venezuela, encargado de todas las consultas de prensa del gobierno, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Maduro pidió a la vicepresidentaMaduro pidió a la vicepresidenta Delcy Rodríguez dirigir un gobierno interino de cara a nuevas elecciones, según dos de las fuentes (REUTERS)

El gobierno de Trump ha declarado que no reconoce a Maduro, en el poder desde 2013, como presidente legítimo de Venezuela. Maduro se proclamó reelegido el año pasado en unas elecciones nacionales que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales calificaron de farsa y que, según observadores independientes, obtuvo una victoria abrumadora de la oposición.

El lunes, al dirigirse a los manifestantes, Maduro juró “absoluta lealtad” al pueblo venezolano.

No está claro si Maduro aún puede presentar una nueva propuesta que incluya un salvoconducto. Trump se reunió este lunes con sus principales asesores para abordar la campaña de presión sobre Venezuela, entre otros temas, según informó un alto funcionario estadounidense.

Una fuente con sede en Washington informada sobre las discusiones internas de la administración Trump no descartó la posibilidad de una salida negociada de Maduro, pero enfatizó que aún quedan desacuerdos significativos y detalles importantes sin resolver.

La recompensa millonaria por laLa recompensa millonaria por la captura del dictador Nicolás Maduro

Estados Unidos ha aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro y ofrece 25 millones de dólares por otros altos funcionarios del gobierno, incluido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado en Estados Unidos de presunto narcotráfico, entre otros delitos. Todos han negado las acusaciones.

La administración de Maduro ha solicitado otra llamada con Trump, según las tres fuentes.

(REUTERS)

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Diputados: en la previa de la sesión preparatoria, LLA está cerca de arrebatarle la primera minoría al PJ

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El oficialismo podría presentar un bloque de 94 miembros. Mientras, busca que los gobernadores le quiebren la bancada al peronismo

El mundo libertario se encamina a tener el primer festejo parlamentario con la nueva composición del Congreso de la Nación.

“En solo 4 años pasamos de dos diputados –Javier Milei y Victoria Villarruel– a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados” señala, exultante, un diputado de LLA que va a empezar a transitar su tercer año de mandato en pocos días.

Al término de la elección, el bloque de LLA iba a estar conformado por 79 legisladores. Hubo un principio de conversación con el PRO por un interbloque y el partido amarillo aseguró que iba a apostar por la independencia. Luego de esa decisión, y antes de que comenzara noviembre, se fueron Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena y en las últimas horas Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni.

Verónica Razzini junto a Patricia Bullrich y Martín Menem

A este grupo se le sumó el bloque de los radicales con peluca con el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Hasta acá, los libertarios sumaban 91 diputados.

Pero los pases no parecen haber terminado y en las últimas horas los libertarios apuestan a sumar entre tres y cuatro diputados más y, por otro lado, incentivan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que se vayan del bloque de UP y armen uno nuevo.

En lo que se refiere a posibles incorporaciones al mundo libertario, se espera la llegada de José Nuñez y de Lorena Petrovich, ambos del PRO. Esta última asumirá para completar el mandato de Silvia Lospennato y todos tienen en Patricia Bullrich su terminal política.

De completarse todos estos pases, el bloque que conduce el cordobés Gabriel Bornoroni llegará a la sesión preparatoria con 94 diputados.

Ese número los dejaría a las puertas de arrebatarle al peronismo la primera minoría y ya sin “peceras” a dónde ir a pescar, la estrategia libertaria se concentró en “empujar” a los gobernadores peronistas a romper el bloque en el Congreso. Principalmente al catamarqueño Raúl Jalil que viene amagando desde hace tiempo con retirar a sus legisladores del bloque de UP.

El peronismo logró contener en las urnas la cantidad de legisladores y el 27 de octubre el bloque que conduce Germán Martínez amaneció con 98 integrantes.

El gobernador de Salta, GustavoEl gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo (NA)

Pero al poco tiempo el tucumano Javier Noguera anunció que no iba a asumir en el bloque y se iba a Independencia, el bloque del gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Un camino similar seguiría el diputado por San Luis, Jorge “Gato” Fernández.

Pero lo que busca el oficialismo es que los cuatro diputados catamarqueños que responden todos al gobernador Raúl Jalil; o los siete santiagueños que responden a Gerardo Zamora.

“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un libertario que transita los pasillos de Diputados.

Las negociaciones se mantienen. El oficialismo promete a los gobernadores vía el ministro del Interior, Diego Santilli, y la oposición les recuerda que en dos años no les cumplieron la promesa.

“No sé que van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro” aseguró una alta fuente del bloque del peronismo en Diputados.

Los bloques tienen tiempo hasta hoy para presentar su conformación por lo que las negociaciones continuarán durante toda la jornada. En el oficialismo la expectativa es la de pegar el “zarpazo” y quedar como la primera minoría que, más allá del título, los deja muy bien posicionados para lo que será el reparto de las sillas en las comisiones; y con una posición de fortaleza que habrá que ver cómo se traduce en el recinto.

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