En 2021, Ricardo La Regina causó un desastre en una estancia vecina a la Reserva Protegida.
Alli se desarrolla una de las colonias de pingüinos mas fascinantes del planeta.
El trabajo que hizo una fiscal de Chubut para sentar al acusado en el banquillo.
Entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021, sin autorización administrativa sobre impacto ambiental y usando una retro excavadora, Ricardo Adolfo La Regina produjo con pleno conocimiento de causa actos de crueldad animal y daños irreversibles sobre fauna y flora autóctonas en una estancia propia lindante con el Área Natural Protegida Punta Tombo, a 110 kilómetros de Rawson, en la provincia de Chubut.
Masacró 105 especímenes de pingüinos magallanes y arrasó 292 nidos, aplastando huevos y pichones en su paso frenético y acabando con toda posibilidad de vida. Buscaba trazar dos caminos e instalar un alambrado de 900 metros en el interior de su propiedad, y estaba convencido de que ser dueño de ese gran lote costero le otorgaba derechos sobre la vida de las especies nativas que allí existen. La Regina ahora sabe que estaba equivocado. Pero una fiscal del Sur del país tuvo que hacérselo entender, con elementos y pruebas contundentes. La Regina ya no puede tener dudas porque está a punto de ser juzgado por el crimen que cometió y frente a una posible pena de cuatro años de prisión efectiva.
Es la primera vez que un caso de “ecocidio” llegará a esta instancia en Latinoamérica. El concepto de “ecocidio” no es nuevo, pero desde 2021 tiene una definición jurídica. Describe “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”.
La responsable de sostener y justificar esa figura fue María Florencia Gómez, titular del Ministerio Público Fiscal Rawson. La funcionaria ha llegado bien alto con su investigación. Recibió primero el peritaje dramático de un experto, luego las denuncias de tres organizaciones ambientales y ya nada lo detuvo. Gómez ha realizado una recolección de pruebas pocas veces vistas en instrucciones de este tipo. Durante dos años, ha “droneado” el área hasta el cansancio y convocado a geógrafos, cartógrafos y especialistas en biología marina para dimensionar la matanza.
Un día, después de enviarle 128 mensajes, logró dar con Sam Guilfort, director de National Geographic. Eso significó un hito para el caso porque la organización internacional a partir de ese momento se puso bajo las órdenes de la fiscal, facilitando fotografías y peritajes. Pero más definitorio todavía ha sido el rol que jugó una de las personas que más sabe sobre pingüinos en el mundo, Pablo Borboroglu, fundador de la Global Penguin Society.
Encuentro con la masacre
Más de 35 años dedicado a la conservación, varias vueltas al mundo censando colonias de la especie en sitios remotos. Pero nunca, hasta entonces, había visto algo similar. Borboroglu y su esposa vieron la masacre todavía palpitante. Aquel 26 de noviembre, llegaron a la estancia horas después del aplastamiento. “Por el iris del ojo de las aves, podés ver cuánto tiempo pasó desde que se produjo el deceso. No había pasado nada. Pero había muchos indicios más. No había ni siquiera olor. Todo estaba fresco. Después lo pudimos saber, en base imágenes de Google Earth: habremos llegado tan solo 4 horas después del desastre”, recuerda el experto, por teléfono, desde Puerto Madryn.
El dueño de un campo en Punta Tombo – Chubut electrificó una cerca y pasó una topadora sobre los nidos provocando la muerte de mas de 100 pinguinos y destrozando 120 nidos.
Habían recibido un llamado y fueron a ver qué pasaba. Se mueven con soltura por la zona. Conocen cada campo y a sus propietarios de toda la vida. Saben abrir y cerrar tranqueras. Hilvanar una propiedad con otra a través de las servidumbres de paso. Borboroglu comenzó a dedicar su vida a los pingüinos en 1991, tras un derrame de petróleo frente a las costas de Madryn que hizo estragos también con los pingüinos Magallanes de Punta Tombo. Pero el caso de la Estancia La Perla, como se llama el lote de La Regina, superaba todo. La saña que veía con sus propios ojos no registraba antecedentes.
Ejemplares de pingüinos magallanes en los nidos que fueron arrasados por la acción del acusado.
En medio de la soledad y del viento, conmovido frente a la desolación y la muerte, Boboroglu comenzó a tomar nota de lo que veía. Hizo una suerte de peritaje en velocidad. “Es el primer registro de lo que ocurrió, unas tres carillas, hechas como pudimos. Pero terminó siendo relevante para que después impulsaran la denuncia”, explica Borboroglu. “ Llamé a las autoridades y les conté lo que estaba viendo. Con esos elementos ya no podían desentenderse del tema. Si no avanzaban también a nivel provincial iban a caer en incumplimiento de los deberes de funcionario público”, recuerda.
El alambrado electrificado en la estancia La Perla.
La velocidad con que procedió Borboroglu es determinante para todo lo que ocurrió después. Las autoridades provinciales, por su lado, y Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación Argentina de Abogados Ambientales, por el otro, se plantaron como querellantes. Comenzó, entonces, el camino judicial de la historia.
El daño y la fiscal
La Regina convirtió la retro excavadora en un arma letal. La máquina avanzó como una bestia, desmontando todo a su paso. Su accionar incluyó la traza de un camino de 930 metros, de los cuales 170 metros fueron realizados en al menos dos pasadas sobre el área de nidificación de los pingüinos, incluyendo zonas de alta densidad de nidos.
Sobre el trayecto de la franja, instaló un alambrado de 6 hilos en el que anexó un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar. El aparato impidió el libre tránsito de las aves desde la costa hasta sus nidos. Parte de la remoción de vegetación y la hizo en el momento crítico del ciclo reproductivo, donde los pichones están eclosionando o tienen muy pocos días de vida y deben ser alimentados con frecuencia por los pingüinos adultos.
Como nunca antes, una masacre ambiental consiguió ser reconstruida con tanto nivel de detalle. Para conseguirlo la fiscal Gómez se valió de todo lo que pudo. Pero sobre todo de paciencia. “Fueron años de reunir materiales. Desde el informe original de Borboroglu hasta las imágenes satelitales provistas por el geógrafo y cartógrafo Sam Guilford, que maneja el área de mapping National Geographic. Pasaron cosas importantes. Nuestro código penal necesita darle un marco a los delitos ambientales. Esto seguramente ayude”, dice, esperanzada la funcionaria. “No queremos que se violente a la naturaleza o la fauna. No queremos que se violente a la biodiversidad”, dice Florencia Gómez. “Buscamos que este caso, habiendo llegado a juicio oral, sirva para que la gente tome conciencia y denuncie situaciones de este tipo. Nos costó mucho llegar hasta esta instancia”, agrega.
A pesar de toda la evidencia que Gómez consiguió reunir, la defensa de La Regina pidió el sobreseimiento del defendido porque “no estaba acreditado el daño ambiental”. Están los elementos sobre la mesa y todo dicho. En noviembre será el momento clave: La Regina deberá enfrentar un tribunal oral integrado por tres jueces.
De cara al futuro
“Es para celebrar que una causa de este tipo llegue tan lejos y que la justicia haya reaccionado”, dice el biólogo Borboroglu. Días atrás, el biólogo fue distinguido en la Embajada de Estados Unidos por su trabajo en la preservación de la especie. En el evento estaba también la fiscal Gómez. Todos los presentes, desde Mauricio Macri hasta el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, hablaban sobre el caso de Punta Tombo, uno de los sitios de mayor biodiversidad de la argentina.
El biólogo e investigador de Conicet Juan Pablo García Borboroglu. Su acción fue clave.
Es un incógnita por ahora saber cómo será el desenlace del jucio. Si La Regina, heredero de los campos donde cometió la matanza, será absuelto o condenado a prisión. A la naturaleza le llevará 35 años por lo menos regenerarse de los daños sufridos. Pero a pesar de eso, para Borboroglu el mensaje está sembrado: “Más allá de las conclusiones que se sacan de este caso en particular, esto sienta un precedente impresionante para Argentina. Por eso hay tanto interés que ha obtenido la fiscal Gómez de las fiscalías ambientales de otras provincias de nación. Hay un proceso cultural: que la gente sepa que puede ser dueño de una propiedad, pero no de la fauna que la habita. No se puede hacer cualquier cosa”.
El máximo tribunal penal del país rechazó una queja presentada por la defensa y ratificó la continuidad del proceso contra un pasajero denunciado por su accionar en un vuelo de Miami a Buenos Aires
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este jueves la continuidad del proceso penal contra un hombre acusado de haber cometido el delito de abuso sexual contra una pasajera durante un vuelo comercial desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con su decisión, el máximo tribunal penal del país dejó firme el procesamiento sin prisión preventiva dictado en primera instancia y luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El caso se inició a partir de una denuncia que presentó la víctima al aterrizar. En su exposición, relató que durante el trayecto aéreo, mientras dormía en su asiento, el pasajero que se encontraba a su lado -identificado con las iniciales J.G.H.– colocó su mano sobre su pierna derecha y luego la introdujo en el interior de su pantalón.
La instrucción penal quedó en manos del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con competencia en el aeropuerto “Ministro Pistarini“. En ese marco, el hombre quedó imputado bajo el delito de ”abuso sexual simple“en una resolución que luego sería revisada y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que admitió que el procesamiento fuese sin prisión preventiva.
El procesamiento una sin detención cautelar implica que, si bien el juez instructor consideró reunidas las condiciones para vincular formalmente al imputado a la causa penal, no se acreditaron riesgos concretos de fuga o de entorpecimiento de la investigación para ordenar su arresto. De acuerdo con el artículo 312 del Código Procesal Penal, la prisión preventiva sólo puede dictarse cuando existen motivos fundados que así lo justifiquen.
La denunciante reseñó los hechos al llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EFE/Luciano González)
En el caso de J.G.H., ni el juzgado ni la Cámara de La Plata encontraron razones suficientes para imponerle una medida preventiva contra su libertad ambulatoria, concediéndole así la posibilidad de transitar el proceso penal en su contra sin restricciones.
Así las cosas, contra el fallo de la Alzada la defensa particular de J.G.H. presentó un recurso de casación por considerarlo arbitrario y sin fundamentos. Y al serle denegado, interpuso una queja para llevar su caso ante el máximo tribunal penal, que ahora también resultó desestimada.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Casación Federal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Juan Gemignani y Mariano Borinsky, quienes en sintonía remarcaron que la resolución impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella” para analizarla en esta instancia. Además, indicaron que “la defensa no ha logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara como tribunal intermedio conforme las pautas sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Di Nunzio’”.
Los magistrados destacaron que “la garantía a la doble instancia ha sido satisfecha”, ya que el imputado obtuvo “pronunciamientos concordantes” en primera instancia y en la Alzada. De ese modo, la Sala III resolvió “declarar inadmisible la queja por recurso de casación denegado, con costas”, en los términos de los artículos 478, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con todo, el episodio en el avión quedó encuadrado bajo el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal, que establece:“Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción”.
El 8 de mayoLoan Danilo Peñacumplió 6 años en algún lugar. Nadie sabe si le hicieron una torta, si le pusieron globos o le dieron regalos o, simplemente, ese día pasó como uno más. Incluso, en este 2025, debería haber empezado la escuela Primaria y, para esta altura, su cuaderno tendría que estar lleno de letras escritas por primera vez por él. Sin embargo, desde hace 365 días, no hay rastros de ese nene que fue a buscar naranjas tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal de Corrientes. Desapareció. Y su ausencia duele; a María, su mamá, la atormenta más que a nadie: “Me hace falta mucho mi hijo. Él es mi compañerito más chiquito y me hace falta un montón”.
Un año después, y con la angustia acumulada y la ansiedad cruel de la espera, María sigue en la misma casa donde el nene creció en la localidad correntina de 9 de Julio. Ahí lo espera junto a José, su marido, y el resto de su familia. Todavía recuerda cómo lo vio irse contento ese 13 de junio de 2024 con su papá a caballo a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo por el día de San Antonio. Era la primera vez que iba de visita al Algarrobal. Y allí se esfumó.
“Es muy triste. José no puede estar acá, en casa, porque le falta un hijo. Quizá estamos conversando y nos caemos, lloramos, pero nos levantamos otra vez. Estamos de pie. La verdad que ya es mucho tiempo un año, un año sin saber… Por favor, qué hablen, que digan de una vez dónde está Loan, qué pasó ese día”, repite María ante Infobae como un ruego a los detenidos por la desaparición de su hijo más chico.
Por la desaparición de Loan, hay siete detenidos y procesados a un paso de ir al juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor: la tía del chico Laudelina Peña, y la pareja de la mujer, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi,la ex funcionaria María Victoria Caillava, el capitán de navío (RE) Carlos Guido Pérez y el ex comisario Walter Adrián Maciel.
A un año de la desaparición de Loan, su madre reclama respuestas
Para los investigadores, tanto los fiscales como la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo; existió “un plan coordinado” para llevarse a Loan ese día lejos de la guarda de su papá y “se montó una escena para hacer creer que se había perdido,incluyendo la plantación de un botín en un lodazal y la difusión de una falsa noticia sobre su hallazgo”.
“En ninguna oportunidad se hallaron rastros fehacientes del niño que lo ubicaran fuera de la órbita del naranjal”, remarcaron los fiscales Mariano de Guzmán, de la Fiscalía Federal de Goya, y Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
María y José y sus hijos. Sólo falta Loan
Para los investigadores, Laudelina, Benítez, Ramírez y Millapi “alejaron del cuidado de su padre a Loan durante el almuerzo, lo condujeron hacia una zona fuera de su alcance visual”. El ex comisario Maciel es señalado como quien, “valiéndose de su cargo, montó un falso escenario de búsqueda e impartió y ejecutó distintas medidas con la finalidad de entorpecer e imposibilitar el hallazgo del menor”.
Cronología de los hechos
13 de junio de 2024, por la mañana: Loan y su padre José llegan a caballo a la casa de Catalina, en el paraje Algarrobal, para participar de un almuerzo familiar.
13:52: Se toma la última fotografía en la que se registra a Loan con otros menores y adultos caminando hacia el naranjal, ubicado a unos 500 metros de la casa de Catalina.
Entre las 13:52 y 14:25: Loan es visto por última vez en la zona del naranjal en compañía de Benítez, Ramírez y Millapi. Los niños presentes refirieron que desapareció en ese lapso.
Los detenidos Caillava y Pérez con la abuela Catalina
Las fotos del almuerzo tras el cual desapareció Loan
14:25: Benítez realiza una llamada a Laudelina Peña desde el naranjal. La comunicación dura más de 9 minutos.
15:24: Comienzan los registros de intentos de comunicación telefónica de José con la madre del niño y con vecinos del lugar.
15:37: Caillava informa a un miembro de la comisaría de 9 de Julio sobre la desaparición del menor.
La mayoría de los que están en la foto están presos
16:15: María llega al paraje Algarrobal en moto, se encuentra con Laudelina cerca de la escuela abandonada, y comienza la búsqueda del niño.
Entre las 16 y las 17: Llegan al lugar policías, vecinos y familiares que participan en la búsqueda inicial.
14 de junio de 2024: A primeras horas de la madrugada, se difunde erróneamente la noticia de que LDP había sido encontrado, lo que genera confusión y desvía la investigación inicial. En la tarde, se encuentra el botín izquierdo del niño en un lodazal en un campo, lo que los fiscales consideran una “plantación” deliberada de evidencia. Laudelina luego admitiría que fue ella quien plantó ese calzado.
15 de junio de 2024 en adelante: Se llevaron a cabo operativos de búsqueda más amplios, con participación de fuerzas federales y provinciales, pero sin hallazgos concluyentes sobre el paradero del niño.
El naranjal de 9 de Julio
El botín de Loan Peña
Pese a que la causa se encamina al juicio, en el Juzgado Federal de Goya no se dan por vencidos: “Se siguen otras líneas investigativas de búsqueda”, explicaron a este medio allegados al despacho. Continúan buscando a Loan.
“Me preguntó por qué, para qué. Una criatura, un inocente. No se entiende esto. La verdad, es muy difícil, muy difícil. Pero no bajo los brazos. Voy a hacer todo lo que haga falta, voy a seguir con esto, voy a seguir porque yo quiero saber qué pasó, quiero encontrarlo. No pierdo la fe ni la esperanza de que van a lograr encontrarlo y que está vivo”, cierra María la charla, pero no la espera por volver a ver a su hijo.
Laudelina Peña, la tía detenida y quien plantó el botín del nene
La causa paralela
Como si la causa por la desaparición de Loan no fuera lo suficientemente tremenda, en el medio la Justicia descubrió la irrupción de un grupo de personas que se hacían pasar por profesionales de la Fundación Lucio Dupuy y que hoy están procesados y también camino al juicio oral por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública.
Ese es un expediente paralelo a la causa madre que tiene 10 imputados, uno solo detenido: Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanqui”. El resto de los acusados son: Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
De acuerdo al expediente, les endilgan los delitos de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.
Seis de los 10 imputados por la causa paralela a la desaparición de Loan
¿Cómo operaban? Según la Justicia, tras la desaparición de Loan y con el mecanismo de las fuerzas federales en marcha y la conmoción social por el caso, los acusados, bajo el pretexto de ayudar, obstaculizaron las diligencias judiciales y policiales.
Incluso, habrían simulado realizar actividades benefactoras mientras en realidad desviaban la atención de la investigación. Se destacó la organización de una reconstrucción de los hechos de manera privada y sin autorización judicial, un movimiento que para la Justicia estuvo diseñado para manipular el curso normal de los procedimientos legales.
*/Producción audiovisual y guion: María Belen Etchenique / Edición: Leo Aquiba Senderovsky / Locución y presentación: Bárbara Villar
El Ministerio Público de Río Negro y la policía provincial investigan el atraco, que tiene características particulares. La víctima es coleccionista y cazador. Los ladrones huyeron en una camioneta
La Policía provincia y el Ministerio Público de Río Negro avanzan en conjunto para encontrar pistas de los delincuentes que, el miércoles por la tarde, robaron 78 armas de fuego, municiones y una camioneta Renault Oroch, en la que cargaron una caja fuerte con dólares, euros, libras esterlinas y pesos chilenos.
Ocurrió en la periferia de Bariloche, lejos del radio céntrico, en el mismo predio donde la familia afectada tiene una empresa de transporte y su vivienda particular.
El recuento del botín estuvo a cargo de una familiar de la víctima, quien todavía no viajó a la ciudad rionegrina para analizar lo que se llevaron, por ello la cantidad de armas que sustrajeron es tentativa y podría variar.
En la denuncia mencionó que delincuentes violentaron el acceso a una habitación y se llevaron 78 armas de fuego, 32 de las cuales son cortas – revólveres y pistolas – y 46 largas, entre fusiles, escopetas y carabinas.
En una camioneta Renault Oroch que estaba en el mismo predio cargaron una caja fuerte con 160 mil dólares, 50 mil euros, 1500 libras y 3 millones de pesos chilenos, y huyeron con rumbo desconocido.
No sólo lo que se llevaron sorprendió a los investigadores, sino también lo que quedó. Por eso el Ministerio Público Fiscal ordenó un allanamiento en la misma propiedad para secuestrar otro arsenal que quedó y no fue sustraído por el grupo comando.
La revisión del armamento demandó varias horas, desde la tarde hasta la medianoche de este jueves. Luego se dispuso el secuestro de las armas y su traslado a un sitio seguro para “garantizar su resguardo”, ya que el sitio donde estaban depositadas no cuenta con medidas de seguridad.
El propietario del arsenal es coleccionista y cazador. Aunque todavía no fue confirmado, se cree que la mayoría de las armas están registradas legalmente y cuenta con credenciales de legítimo usuario. Pero para poder confirmarlo las autoridades aguardan que el damnificado viaje a Bariloche y releve lo que se llevaron y lo que quedó.
Mientras tanto, la Policía de Río Negro realiza múltiples operativos para intentar dar con los autores. El atraco habría sido protagonizado por cuatro sujetos, que sabían de la existencia del arsenal en la vivienda.
“No fue un hecho fortuito o aleatorio. Los ladrones sabían lo que buscaban, también dónde estaba y cuándo ingresar” confirmaron a Infobae fuentes con acceso a la investigación. Es que, de acuerdo a lo que trascendió, forzaron la ventana de la habitación donde estaban las armas, las seleccionaron y se ocuparon de la caja fuerte, sin prestar atención a otros elementos de valor que estaban allí.
El vehículo en el que huyeron no pertenece a la familia, sino a un conocido que utiliza el patio como estacionamiento.
El hecho tuvo gran repercusión por la magnitud y las características del botín. Pero también por la preocupación de las autoridades por el ingreso al circuito clandestino de las armas sustraídas. “Son armas que podrían caer en manos de delincuentes y ser utilizadas para delinquir, por eso es importante la investigación que inició la Policía de Río Negro y la Justicia” dijeron desde el municipio local.
El foco está puesto también en las medidas de seguridad que tenía el damnificado en el recinto donde guardaba las armas, ya que la puerta de acceso sólo estaba oculta por un mueble liviano.
Si las armas estaban registradas, como se cree, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) debería haber fiscalizado el sitio donde se guardaban y garantizar que se cumpla con determinadas exigencias para ese fin.
La resolución 149 -2024 de ese organismo establece que, quienes tengan en su poder 50 armas o más, deben guardarlas con estrictas medidas de seguridad, con accesos blindados, candados, alarmas sonoras, cámaras o personal de vigilancia, entre otros recaudos.
Los investigadores no detectaron ninguna medida de ese tenor, motivo por el que la información forma parte del expediente investigado.