La central obrera evaluó que la segunda huelga contra Javier Milei tuvo un alto acatamiento, pero ahora espera un gesto del Gobierno para retomar el diálogo.
Desde la Casa Rosada se endurecieron en su mensaje al sindicalismo y el Presidente comparó a la cúpula gremial con faraones y los llamó “la mesa del fracaso”.
Con el trasfondo de la tensión por el debate en el Senado de la ley Bases y el paquete fiscal y las consecuencias socio-económicas del duro plan de ajuste oficial, la CGT llevó a cabo este jueves su segundo paro general contra la administración de Javier Milei a la que le reclamó “rectificar el rumbo” a fin de evitar una escalada en el conflicto.
A diferencia de la protesta del 24 de enero, ésta tuvo un alto acatamiento por la paralización del transporte -sólo circularon algunas líneas de colectivos del AMBA pero casi sin pasajeros-, y la suspensión de la actividad fabril, aunque sí muchos comercios abrieron sus puertas para intentar mitigar las pérdidas que gatilla la actual recesión y hubo gente en las calles.
La huelga provocó fuertes cruces entre referentes del Gobierno y los jefes gremiales. Si bien la conducción cegetista evaluó como “un éxito” la medida de fuerza y amenazó con continuar el plan de lucha en caso que el Ejecutivo no atienda este “llamado de atención”, aguarda que prime la sensatez y se retome el “diálogo social”. No hay, en este sentido, consenso entre las diferentes tribus gremiales para escalar el conflicto y organizar un paro de 36 horas tal como piden los sectores más duros.
Esa supuesta amenaza sindical había sido mencionada por el vocero Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa del mediodía, en la que azuzó que se registraron 138 mil llamadas de ciudadanos a la línea 134 denunciando supuestos amedrentamientos gremiales, que durante la jornada algunos colectiveros de la línea DOTA -que no paralizó sus servicios- fueron “agredidos con piedrazos y pinchaduras de cubiertas” y también se produjeron bloqueos en los accesos a fábricas de San Martín y General Pacheco para impedir su funcionamiento.
El paro tuvo un dispar acatamiento en el comercio y en algunos servicios: durante varios tramos de la jornada las avenidas porteñas se cargaron de autos particulares. La ministra Patricia Bullrich (Seguridad) intentó bien temprano desacreditar el impacto de la protesta al subirse a un colectivo en Constitución pero no pudo pagar el pasaje porque la SUBE que le pasaron no tenia saldo. “No sólo no tenía crédito para pagar, las imágenes mostraron que adentro (del colectivo) no había nadie. La gente se quedó en la casa, que es lo importante”, explicó Héctor Daer, cotitular cegetista, en la conferencia de prensa que brindó la central obrera por la tarde en el salón Felipe Vallese.
El titular del gremio de Sanidad optó por “no responder agresiones” ni “interpretar a Adornis (SIC)” que más temprano había catalogado a los líderes gremiales como “fundamentalistas del atraso”. El líder gremial evaluó la medida de fuerza como “contundente en todo el país” y cuestionó al Gobierno por su política:“Nos están llevando a un extremo”. Pero se hizo tiempo para considerar que el Ejecutivo “debe tomar nota” de los reclamos ” y “reconfigurar su política de ajuste”.
Menos diplomático, como de costumbre, estuvo Pablo Moyano que tildó de “viejo meado” al diputado José Luis Espert que más temprano había insultado a los organizadores de la huelga de 24 horas. Pero el cruce más picante del camionero fue con Luis “Toto” Caputo. “Que Caputo hable de los trabajadores es como que Barreda se ocupe de la familia”, le espetóal recordarle el préstamo con el FMI de 2018. Al atardecer el ministro de Economía le agradeció los “continuos insultos” a los que consideró “bienvenidos, ya que vos sos todo lo que ningún argentino de bien quiere ser. Sos un mero matón al que el país entero detesta”.
Fue, a la postre, el primer paro general que unificó en el reclamo a todas las centrales sindicales y organizaciones sociales sin excepción desde el gobierno de Fernando de la Rúa. En los años del kirchnerismo en el poder e incluso con Mauricio Macri en el sillón de Rivadavia, siempre alguna importante expresión gremial no se plegaba a la protesta. Alberto Fernández, en cambio, no enfrentó medidas de fuerza durante su gestión.
Estuvieron presentes en calle Azopardo el “Peluca” Alejandro Gramajo, de la UTEP, y Gustavo Vera, de La Alameda, que en marzo fue cesanteado del Comité anti-trata cuando éste fue traspasado a Seguridad. Este consenso se produce en espejo con el devenir de la batalla cultural de los libertarios -en la que asimila al sindicalismo como un eslabón más de una “casta” que obturaría el desarrollo del país- y con el plan de ajuste en marcha.
Es por eso que los jefes sindicales congregados en la sede cegetista volvieron a meter presión a los senadores para que rechacen la ley Bases que, entre otras enmiendas, contempla que las pymes de hasta 5 personas podrán contratar empleados bajo la figura del colaborador. “Hay 600 mil empleados formales que podrían pasar a ser informales”, insistió Daer, que adelantó que la semana próxima se reunirán con los bloques de la oposición dialoguista. También utilizó el micrófono para pedir a los diputados que rechacen el DNU 70 que en marzo ya había sido objetado por la Cámara alta.
Pese a los duros cruces y la tensión imperante, en la CGT esperan surjan nuevas instancias de diálogo con el oficialismo. Andrés Rodríguez (UPCN) recordó a Clarín que tras la reunión en Casa Rosada del 16 de abril “quedó abierta una puerta para el diálogo pero no se resolvió nada”. Se mostró atento por la posibilidad de nuevos despidos de estatales. “Son terribles, no hay oferta de trabajo en ninguna otra actividad y si salen de su empleo van a la desocupación. Está fuera de lógica en estas condiciones Argentina”, mencionó acerca de posibles cesantías en firmas como Trenes Argentinos.
Uno de los interlocutores con el gremialismo es el ministro Guillermo Francos (Interior). Pero también hay diálogo del sector con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, que el miércoles recibieron a José Luis Lingieri, el negociador cegetista por los fondos de las obras sociales.
Los especialistas visitaron ayer la vivienda y presentaron su informe al Tribunal Oral, que la próxima semana deberá definir si le concede el beneficio
El informe socio ambiental concluyó que el departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner en la calle San José 1.111, del barrio porteño de Monserrat, es “apto” para que cumpla allí la prisión domiciliaria que solicitó su defensa en la causa en la que fue condenada a seis de prisión.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que los especialistas de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal presentaron ayer su informe en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py en el que señalaron que el lugar cumple con los requisitos para que Cristina Kirchner cumpla allí su detención.
El socio ambiental fue una de las medidas que tomó el tribunal previas a resolver el pedido de detención domiciliaria y se cumplió ayer. Entre otros puntos, el tribunal pidió que se describan las inmediaciones de la zona y del barrio en general, qué actividad vehicular y peatonal tiene. También las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se pueda ser relevante.
Desde el martes cuando se conoció el fallo de la Corte, en la puerta del edificio hay manifestaciones y marchas de apoyo a la ex presidenta que sale al balcón a saludar a los militantes.
La conclusión del informe no es obligatoria para que los jueces definan la detención domiciliaria, sino un elementos más a analizar a la hora de resolver el planteo.
Desde que se conoció la sentencia, la militancia realiza una vigilia en la zona
La defensa de la ex mandataria alegó tres motivos principales para pedir la detención domiciliaria: su rol como ex presidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
“Resulta incontrovertible que en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación que hicieron el martes. También solicitaron que no se le coloque una tobillera electrónica.
Máximo Kirchner, este viernes, en la puerta del edificio donde vive la ex Presidenta
En paralelo al pedido de prisión domiciliaria, el tribunal analiza si hay lugares de detención en dependencias de fuerzas de seguridad para que la ex presidenta cumpla su condena. Para eso le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que presente posibles lugares.
Para cada uno de los condenados, la justicia informó algunas características para tener en cuenta el lugar que se iba a elegir. Sobre Cristina Kirchner se indicó que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”. La última referencia es al intento de homicidio que sufrió.
Ese informe ya fue entregado al tribunal en un sobre cerrado que dispuso darle el carácter de confidencial y lo guardó en una caja fuerte. Infobae puede saber que el gobierno de Javier Milei propuso para Cristina Kirchner distintas opciones si el tribunal no le otorga la prisión domiciliaria.
El próximo paso relevante que se espera sobre la decisión de la prisión domiciliaria es la opinión de la Fiscalía del caso, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola. El tribunal les dio el miércoles un plazo de tres días para que presenten su informe. Luego, los jueces quedarán en condiciones de resolver.
La ex mandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló
“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema.
Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”.
Esta mañana, Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona,poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”.
En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”.
En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial.
“Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten.
En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”.
“La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad.
Mientras avanza con el análisis de las condiciones de detención de la ex presidenta y de los otros ocho condenados, ya está trabajando en los legajos de quienes contarían con el beneficio del arresto domiciliario, entre ellos CFK
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, definirá a mediados de la semana próxima si le concede el arresto domiciliario a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros implicados en la causa Vialidad.
La condena impuesta en esta causa fue ratificada el martes por la Corte Suprema de Justicia, al rechazar todas las apelaciones.
Mientras la ex presidenta se encuentra en el departamento porteño de la calle San José, los abogados defensores solicitaron “la suspensión de los efectos del fallo de la Corte Suprema hasta que se sustancie el pedido de arresto domiciliario”, esto es, que no pueda ser detenida hasta que se haya resuelto si se le concede ese beneficio.
El TOF 2 tiene previsto mantener los cinco días hábiles que dispuso para resolver sobre el caso, y con eso sería suficiente para garantizar que no se va a producir un arresto inmediato, como solicitaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en dos oportunidades.
¿Por qué cinco días?
El TOF 2 dispuso esta semana un plazo común de cinco días para que todos los condenados, 9 en total, se presenten ante el tribunal, sin excepción. Además de la ex presidenta, están condenados Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
El motivo es que hay condenados en distintas provincias argentinas, los domicilios de algunos de ellos están desactualizados, y además hay condiciones particulares a tener en cuenta, como que CFK es ex presidenta, ex vicepresidenta, por lo cual debe contar con estándares de seguridad personal especiales. Además fue víctima de un atentado que se está debatiendo en juicio oral.
Sobre los otros condenados, hay varios aspectos a considerar, como que Periotti tiene casi 80 años, que Báez hasta ayer estaba en arresto domiciliario y ya fue detenido, y que Pavesi y López tienen diversas patologías médicas.
Por eso ya se formaron legajos de arresto domiciliario de CFK, Periotti, Pavesi y López y se corrió traslado a la fiscalía por el término de 3 días para que de su opinión, aunque puede contestar antes de esa fecha.
LOs tres jueces del TOF 2, Andres Basso, Jorge Luciano Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu
Todos estos pasos son necesarios porque el TOF 2 tiene ahora la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de este fallo, que fue dictado en diciembre de 2002, posteriormente confirmado en 2024 por la Cámara de Casación Penal y el martes ratificado por la Corte Suprema.
En la causa se investigó la concesión de 51 contratos de obras púbicas en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Otras medidas
En estas horas, el TOF 2 también solicitó al Ministerio de Seguridad que informe los lugares donde puedan ser alojados en función de sus condiciones personales, un informe que se recibió ayer por la tarde.
Entre otras medidas, se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental de CFK y del inmueble de San José 1111, de esta capital.
También se comunicó la condena de inhabilitación perpetua para cargos públicos a la Cámara Electoral, lo que deriva en que Cristina Kirchner no podrá volver a postularse para ningún cargo.
Además, se comunicó a Migraciones la situación de los condenados. El objetivo de esta medida es impedir que alguno de ellos salga del país, en especial hacia naciones con los que no existen tratados de extradición, y permanecieran allí a la espera de cambios políticos o, en el caso de la ex presidenta, especular con eventual indulto.