Hay diferencias entre los radicales y en el PRO con varios de los artículos de la ley.
En el Ejecutivo aún no se resignan a que la ley no estará para el 25 de mayo.
En el Senado, el oficialismo no pudo juntar las firmas y postergó para la próxima semana la firma del dictamen de la Ley Bases y del paquete fiscal, que tiene la media sanción de Diputados y que el presidente Javier Milei reclama para el encuentro con los gobernadores para la firma del pacto del 25 de mayo.
El panorama es más que complejo para los libertarios que tuvieron que pasar a un cuarto intermedio el plenario de comisiones hasta el lunes a la tarde, a la espera que se defina la lista de invitados propuesta por el bloque de Unión por la Patria, que este jueves pegó el faltazo al adherir al paro convocado por la CGT en rechazo a la política económica del Gobierno.
Sin embargo, en este delicado escenario político, los socios de la Libertad Avanza tampoco jugaron en sintonía con la estrategia del Gobierno porque Guadalupe Tagliaferri viene cuestionando artículos de la ley ómnibus y en la jornada le apuntó a los ejes centrales de las medidas fiscales. En tanto, Martín Lousteau avisó a los cuatro vientos: “Nos tenemos que tomar el tiempo para hacer las cosas bien”.
En el Gobierno hay un exceso de confianza y aún se mantiene la esperanza de que la ley saldrá a tiempo para la reunión de Milei con los gobernadores. “No hay diferencias sustanciales. No creo que sea necesario realizar modificaciones y las diferencias se pueden solucionar con la reglamentación”, argumentó el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, tras su exposición en el Senado, pese a que el presidente de la comisión de Presupuesto, el libertario Ezequiel Atauche, aún no tiene definido cuándo y cómo volverá a convocar para tratar de sacar despacho del paquete fiscal.
Carlos Guberman y Claudia Balestrini durante la audiencia en el Senado. Foto: Federico López Claro.
En los pasillos, más de uno alertó sobre el “caos político” que generó la llegada de Milei al poder. Y la muestra es la convulsión que existe entre los oficialistas y los dialoguistas que en diciembre le permitieron a Victoria Villarruel bloquear cualquier avance del kirchnerismo sobre los principales cargos de la Cámara. En el PRO, por ejemplo, que comanda Luis Juez, no está garantizado que la larretista Guadalupe Tagliaferri vaya a acompañar las leyes del Gobierno.
Mientras que en el radicalismo también deambula el fantasma de las diferencias. Luego de la reunión con los gobernadores había quedado implícito el apoyo de Lousteau y Pablo Blanco tanto a la Ley Bases como al paquete fiscal. En el caso del fueguino garantiza el voto en general, pero tiene diferencias con algunos artículos como el que promueve las grandes inversiones (RIGI) y algunas modificaciones tributarias que afectarían a su provincia.
En el caso de Lousteau, las diferencias se agrandan cada vez más. Incluso en los pasillos del Congreso, un legislador al ser consultado por la ausencia del kirchnerismo respondió: “Qué problema se hacen si está Lousteau para hacer oposición, plantea mejor que el peronismo los errores de la ley”. En rigor, el economista puso al descubierto puntos que en Diputados pasaron sin un mínimo cuestionamiento.
Mientras tanto, en las filas de los libertarios buscan descomprimir la situación generada por el acotado cronograma, no arriesgan a dar fechas de tratamiento de la ley en el recinto, aceptan que “hay que respetar los tiempos del Senado” y dan luz verde al pedido para sumar 36 expositores al plenario de comisiones, en un intento por demorar el dictamen. En esa nómina están los representantes de la CGT, la CTA y la CTA autónoma, pero también la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada.
A todo esto, el Gobierno agendó para el próximo miércoles la visita al Congreso del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para dar su primer informe de gestión de la administración de Milei. En un principio, Villarruel habló con los presidentes del bloque sobre la posibilidad de postergar la sesión, teniendo en cuenta que el 16 iba a tratar la Ley Bases, pero al postergarse el dictamen la visita del funcionario fue ratificada desde el propio oficialismo, a pesar de que un aliado le recomendó al Ejecutivo que reprograme la reunión para después de la votación.
Maximiliano Abad, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pablo Blanco, en la reunión de la comisión de Presupuesto. Foto: Federico López Claro.
El oficialismo sigue sin poder juntar las firmas para el dictamen de comisión
“Una desilusión, pensé que íbamos a tener dictamen”, fue la frase que dejó el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) al cerrar la reunión de la comisión de Presupuesto del Senado, que tuvo como invitados al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quien viene de la gestión de Sergio Massa.
Y para los libertarios fue al menos un traspié lo de esta semana no sólo porque no se firmó dictamen y deberán reconfigurar el cronograma impuesto desde la Casa Rosada, sino también por los fuertes cuestionamientos de los aliados a la Ley Bases y al paquete fiscal que se suponía habían sido configurado desde Diputados con la mirada de los senadores llamados dialoguistas.
Francisco Paoltroni, el libertario que se fue desilusionado porque no hubo dictamen en el Senado. Foto: Federico López Claro.
En la sesión informativa de este jueves, Lousteau , Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri y hasta Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, cuestionaron los términos del blanqueo de capitales en fuertes términos.
“Estamos ante el blanqueo número 100 en la Argentina, es un blanqueo excesivamente generoso, es gratis y sin tope con la condición de que dejen el dinero depositado hasta 2025”, se despachó la senadora del PRO, quien bien apuntó que la normativa “permite que las personas que blanquearon hace 3 o 6 años vuelvan a blanquear”. Pero Tagliaferri clavó una frase como una daga cuando coló en su discurso a personalidades vinculadas con la corrupción kirchnerista. “Permiten que testaferros blanqueen, es el sueño de Daniel Muñoz, Marcelo Ramos y Lázaro Baéz”, deslizó.
Romero fue un poco más quirúrgico para transmitir la posibilidad de que sea una salida para regularizar propiedades que estaban a nombre de otras personas y planteó que el texto dejaba abierto el margen de que bienes podían ser exteriorizados.
Lousteau, en cambio, volvió a marcar su postura opositora y le avisó a Guberman de que “eso de que la reglamentación va a subsanar todo no me deja tranquilo”. “Se habilita a que alguien blanqueé bienes que tiene a nombre de otros. Y el Presidente dijo que no le importa el origen de los fondos, es un poco incompatible con que después se va reglamentar, porque el propio Presidente dijo que esa es su visión o filosofía sobre el tema. Fue al Lla Llao y alentó a los empresarios a fugar”, completó en referencia a lo ocurrido en el exclusivo foro empresarial realizado hace tres semanas en Bariloche.
Guberman salió a cruzarlo al senador radical. “Contra la desconfianza no hay mucho texto que la pueda salvar. Se queda con la parte del Presidente de que no importa el origen de los fondos pero nunca cuando dice que hay cumplir la ley. Estamos proponiendo un ordenamiento de los contribuyentes cumpliendo las normativas de prevención del lavado, control del origen de los fondos, no hay ninguna medida en el proyecto de ley que vaya en contra de eso”, respondió el secretario.
La cordobesa Alejandra Vigo planteó cuestionamientos a la modificación de Bienes Personales y la rionegrina Mónica Silva cargó contra la reversión del impuesto a las Ganancias, algo que ya venía planteando la senadora.
La Universidad de Buenos Aires se ubicó en el puesto 10 de la medición regional y ratificó su posición como la primera del país, pero casi la mitad de las instituciones argentinas cayeron en la lista. La Universidad Nacional de La Plata y la Austral completan el podio nacional
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantiene como la mejor universidad del país y ocupa el puesto 10 del nuevo ranking QS de América Latina y el Caribe, elaborado por la compañía británica Quacquarelli Symonds. En esta medición, casi la mitad de las universidades argentinas empeoraron su posición: desde QS advirtieron sobre todo por la producción de investigación científica y por la precarización de las condiciones laborales de docentes e investigadores como consecuencia de los recortes presupuestarios.
La UBA se destaca a nivel regional por su prestigio: ocupa el segundo lugar en los indicadores de reputación entre académicos y empleadores internacionales. Luego figura la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se ubicó en el puesto 21 de la región, y que también se destaca por su reputación académica. El podio nacional se completa con la Universidad Austral, que alcanzó el puesto 25 en América Latina.
Luego aparecen la Universidad Nacional de Córdoba (que se mantiene en el puesto 33) y la Pontificia Universidad Católica Argentina (puesto 40). Doce universidades argentinas figuran entre las 100 mejores de América Latina: la mitad son públicas y la otra mitad, privadas.
Según los indicadores de QS, la mejor universidad de América Latina es la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil), la Universidade Estadual de Campinas y el Tecnológico de Monterrey (México). En el quinto puesto regional se ubicó la Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Brasil tiene tres universidades en el top 5, mientras que Chile y México tienen dos cada uno. En el top 10 también hay una institución de Colombia, la Universidad de los Andes, en el puesto 8.
Las otras instituciones argentinas que se ubicaron entre las 100 mejores son la Universidad Torcuato Di Tella (puesto 48), Universidad de San Andrés (51), Universidad Nacional de Rosario (62), Universidad Nacional del Litoral (87), Universidad de Palermo (95), Universidad Nacional de Cuyo (97) e Instituto Tecnológico de Buenos Aires (97). De las 45 universidades argentinas rankeadas, 20 empeoraron su posición con respecto al año pasado, mientras que 12 mejoraron y 13 permanecieron estables.
“El sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica, con la Universidad de Buenos Aires ocupando un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales y el país disfrutando de algunos de los mejores recursos docentes de la región”, analizó Ben Sowter, vicepresidente senior de QS.
“Sin embargo –continuó Sowter–, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”.
El desafío de la investigación
El informe de QS señala que la producción de investigación –medida por el número de artículos publicados por profesor– es uno de los puntos críticos para el sistema universitario argentino: ninguna institución local se encuentra entre las 50 primeras en este rubro. La posición más destacada es para la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ocupa el puesto 62 en este indicador (y el puesto 110 en la clasificación general).
El ranking QS destaca a la UBA por su participación en redes internacionales de investigación: ocupa el octavo lugar en este indicador. Pero la universidad experimentó fuertes caídas en las demás métricas de investigación, incluidas las citas por artículo y los artículos por profesor.
“Es un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región, especialmente destacándonos en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador. Sin embargo, el desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica”, consideró Ricardo Gelpi, rector de la UBA.
“Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de reconocer. La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro y, si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperarla”, sostuvo Gelpi.
Por otro lado, el sistema universitario nacional logra un buen desempeño en el indicador referido al ratio de profesores por alumno, donde supera la media regional. La UCA se destaca en este punto: ocupa el puesto 5 en América Latina. También sobresalen en este indicador la UADE, la UP, la Austral y la Universidad Nacional de San Luis.
“Revalidar por sexto año consecutivo el liderazgo entre las universidades privadas argentinas y alcanzar el puesto 25 en Latinoamérica es reflejo de un desempeño sostenido. Este logro es fruto de un proyecto de largo plazo y del compromiso diario de docentes, estudiantes, investigadores, graduados y aliados institucionales”, afirmó Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral.
El ranking QS regional evaluó a 491 universidades de 26 países de América Latina y el Caribe. Argentina es el cuarto país más representado, con 45 instituciones, por debajo de Brasil (con 130), México (67) y Colombia (67). En tanto, Chile (41) se destaca por la buena posición relativa de sus universidades.
La medición considera 8 indicadores: reputación académica (30%), reputación entre empleadores (20%), ratio profesor-alumno (10%), citas por artículo (10%), personal con doctorado (10%), redes internacionales de investigación (10%), publicaciones por facultad (5%) e impacto web (5%).
Si bien se basa en los mismos parámetros que el ranking QS global, publicado en junio, la versión regional introduce pequeñas variaciones en los indicadores, que explican algunos cambios en la posición relativa de las universidades argentinas (en el ranking global, por ejemplo, la UBA aparece como la primera universidad de América Latina).
El nuevo ranking QS se dio a conocer en la previa de la Cumbre de la Educación Superior de QS Américas 2025, que se realizará este jueves y viernes en el hotel Hilton en la Ciudad de Buenos Aires. Además de varios expertos internacionales, la agenda del evento incluye intervenciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
La policía peruana y argentina rastreó los movimientos de Tony Janzen Valverde a través de sus celulares y lo interceptó oculto en un camión en Pucusana, tras seis días prófugo
La caída de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, puso fin a una operación policial que mantuvo en vilo a las autoridades de tres países. El joven de 20 años, acusado de ser el autor intelectual de un triple feminicidio en Buenos Aires, fue localizado en el sur de Lima luego de atravesar fronteras clandestinas y desplazarse con ayuda de una red criminal que lo protegía durante su huida.
Su arresto fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Bonaerense y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú, que lograron rastrear sus movimientos a partir de la señal de sus teléfonos. La fuga, que comenzó en Argentina, incluyó un paso por Bolivia y culminó en la localidad limeña de Pucusana, donde efectivos de civil lo interceptaron escondido en un camión de carga.
¿Cómo logró escapar de Argentina?
El recorrido de ‘Pequeño J’ empezó en Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires. Tras abandonar esa ciudad, cruzó la frontera por pasos cordilleranos poco vigilados con el objetivo de despistar a las fuerzas de seguridad. Las investigaciones revelan que desde el inicio existía la hipótesis de que su destino final era el Perú, por lo que la policía argentina decidió no alertar a las autoridades bolivianas al considerarlas un territorio de tránsito.
Mientras se desplazaba en territorio argentino, utilizó varios teléfonos celulares para comunicarse con sus contactos y recibir apoyo logístico. Ese detalle resultó clave para reconstruir su ruta, ya que los equipos de inteligencia lograron triangular la señal y anticiparse a sus movimientos. Su habilidad para movilizarse sin documentos oficiales lo mantuvo varios días fuera del alcance policial.
El paso por Bolivia y la entrada irregular al Perú
Una vez en Bolivia, Valverde continuó su fuga utilizando buses de transporte interprovincial y alojándose en lugares discretos para no ser detectado. No existen registros oficiales de su ingreso, lo que confirma que burló los controles migratorios mediante pasos no autorizados. Desde allí se dirigió hacia la frontera sur del Perú, donde se embarcó en un camión que lo trasladaría por la carretera Panamericana.
El seguimiento a través de antenas telefónicas permitió identificar el vehículo en el que se ocultaba. Fue en ese contexto que la policía peruana montó un operativo encubierto, aprovechando que un bloqueo de pescadores en la vía obligó al camión a reducir su velocidad. Esa circunstancia facilitó la intervención de los agentes, quienes lograron detener el transporte sin generar enfrentamientos.
El engaño policial que permitió su captura
La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países fue decisiva. Horas antes de la detención de Valverde, la policía ya había arrestado en Lima a Matías Agustín Ozorio, considerado su principal colaborador. Para evitar que ‘Pequeño J’ advirtiera la caída de su socio, los agentes peruanos utilizaron el teléfono de Ozorio y mantuvieron comunicación con él haciéndose pasar por su mano derecha.
Esa maniobra fue determinante, ya que Valverde nunca sospechó que sus mensajes eran respondidos por la policía. Creyendo que se reuniría con Ozorio en el centro de Lima, continuó su trayecto en el camión hasta que fue interceptado en Pucusana. En ese momento se identificó ante los efectivos de la Dirección Antidrogas de la PNP, quienes lo esposaron y grabaron el procedimiento.
Lo que viene tras su arresto
La detención de ‘Pequeño J’ se produjo poco más de una hora después de la de Ozorio. Con ambas capturas, el número de implicados en el triple crimen de Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez ascendió a nueve. El caso provocó gran conmoción en Argentina y mantiene en alerta a las autoridades judiciales de ambos países.
Actualmente, el proceso se centra en los trámites de extradición para que Valverde sea trasladado a Buenos Aires y enfrente los cargos que se le imputan. Mientras tanto, permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú, a la espera de la resolución que defina su futuro judicial.
En el marco de su conflicto con la entidad, el Gobierno avanzó sobre los aportes que debe realizar los clubes al Estado. Casi duplicó la alícuota e impuso un extra para compensar la pérdida de recaudación.
El Gobierno reavivó su pelea con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una disputa que se originó ya en el inicio de la gestión de Javier Milei, promotor de las figuras de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que permite el ingreso de inversores privados a los clubes. Ahora volvió a la carga contra un beneficio impositivo que favorecía a las entidades por el cual tenía reducido su aporte al Estado.
El nuevo capítulo, que ocurre días después del duro cruce entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el número 2 de la AFA, Pablo Toviggino, se materializó mediante la Disposición 16/2025 del Ministerio de Capital Humano, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Más específicamente de la Subsecretaría de Seguridad Social, que aborda el régimen de percepción y retención de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en el ámbito del fútbol profesional.
Guerra Gobierno vs AFA: quitan beneficios y aumentan alícuotas a los clubes
A través de esta medida el Gobierno casi que duplicó la alícuota que se aplica a los clubes por su contribución a la seguridad social. Ya a fines del año pasado la administración de Javier Milei había derogado el régimen que beneficiaba a los clubes y les dio 6 meses para adecuarse mientras se establecía el nuevo formato. Aunque en mayo pasado la AFA logró una cautelar para suspender esa decisión, el Ejecutivo avanzó.
Luego de que Claudio “Chiqui” Tapia fuera reelecto presidente de AFA hasta 2028, el Gobierno le puso fin al Régimen Especial de Seguridad Social, nacido en 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde y extendido hasta 2019 cuando fue derogado por Mauricio Macri, bajo el argumento de que generaba un desfinanciamiento al Estado nacional. En octubre de 2023 el beneficio fue restituido por Alberto Fernández.
Con ese beneficio los clubes tenían una alícuota especial de 7,5% para tributar los aportes patronales. Ahora, la actual administración determinó que la alícuota de equilibrio del régimen debe ser del 13,06% para cubrir las obligaciones corrientes, y además se estableció una alícuota adicional del 5,56% durante un período de doce meses para recuperar el faltante acumulado, resultando en una alícuota total del 18,62%.
Según el Gobierno, el beneficio que recibieron los clubes generó una pérdida de recaudación para el Estado de casi $20.000 millones en el plazo de un año.
La disposición completa con la que el Gobierno quita beneficios y aumenta alícuotas a los clubes