Economia
El Gobierno anunció la fórmula que deberán seguir las prepagas para aumentar la cuota
El ministro de Economía Luis Caputo dio a conocer cómo deberá calcularse el incremento en las facturas de medicina prepaga.
Habrá multas para las entidades que no cumplan con el criterio.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, finalmente precisó la nueva fórmula de aumentos permitida a siete de las principales prepagas, que por un reciente dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) deberán retrotraer sus cuotas a diciembre de 2023 y, por cinco meses, aplicar subas que no superen la inflación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
Según detalló el Gobierno en un comunicado difundido este jueves, “para calcular el valor máximo de la cuota actual (dependiendo el caso podría ser de abril o de mayo), se deberá aplicar un ajuste, como máximo, del 93,3% para la cuota de abril (es decir la inflación acumulada entre los meses de noviembre a febrero). Mientras que para la cuota de mayo se deberá aplicar, como máximo, un ajuste del 114,6% (es decir, la inflación acumulada en los meses de noviembre a marzo)”
Yendo al detalle de ese cálculo (que ya había sido informado por Clarín), explican que el valor de cuota de referencia para los aumentos máximos “no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el ÍPC nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”.
Por ejemplo -ejemplifica el comunicado- “si la cuota es de abril, se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 1.933 (si se facturó después del 17 abril). Si la cuota es de mayo se deberá multiplicar el valor de la cuota de diciembre por 2.146”. En tanto, “en el caso de las facturas previas al 17 de abril, el descuento se verá aplicado en la próxima factura”, suman.
Las entidades que deberán aplicar esta medida por cinco meses (a fines de abril, el Gobierno había dicho que serían seis meses) son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y Osde.
A ellas les toca especialmente el pasaje del comunicado en que el Gobierno insta a la población a denunciar “en caso de que las empresas se nieguen a limitar el ajuste correspondiente”. Las vías de comunicación son el 0800-666-1518, la línea gratuita de la dirección de Defensa al Consumidor, o por mail a consultas@consumidor.gob.ar.
Al final del comunicado, además, subrayan que “si se comprueba el incumplimiento”, se “aplicará una multa diaria equivalente al 0,1% de la facturación del grupo económico, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.442”, de Defensa de la Competencia.
Cuáles son las otras prepagas que podrían tener que limitar sus cuotas
Aunque, según el Gobierno, la medida es significativa porque estas siete prepagas nuclean al 75% de los más de seis millones de afiliados a la medicina privada, una denuncia de legisladores de la Coalición Cívica, similar a la que impulsó los frenos a las siete mencionadas, podría movilizar otra resolución de la CNDC destinada a 13 compañías más: Medicus, ACA, Accord, Sancor, Hospital Italiano, Fundación Güemes, Prevención Salud, Mutual Federada, Mutual Jerárquicos, Medicina Esencial y Pasteur.
Quizás acusando recibo de la disconformidad que tienen los afiliados al otro 25% de afiliados, la Secretaría de Comercio remarcó en el reciente comunicado que “esta medida no discrimina entre usuarios individuales, corporativos y derivados”.
La denuncia de los legisladores apuntó principalmente a la figura de la “cartelización”, es decir, la sospecha de que, una vez que el Gobierno desreguló el sector liberando los precios (a través del decreto 70/2023), hubo un acuerdo entre un puñado de prepagas con gran poder, para impedir la competencia mutua, regular los precios a su medida y, de algún modo, toda la actividad del sector.
Esa práctica, esbozó la CNDC en la resolución comunicada el 17 de abril, dio lugar a una seguidilla de aumentos desmedidos, si se los compara con el índice de precios que registra el Indec.
Las compañías se defienden de estas acusaciones aludiendo que por años tuvieron sus precios “pisados” o retenidos por distintas regulaciones oficiales, lo que derivó en un detrimento salarial de los profesionales de la salud y un consecuente éxodo de cientos de médicos. O sea, un achicamiento de la cartilla que reflejó la caída en la calidad de atención. Así, argumentan que precisaban la desregulación de las cuotas para “recomponerse”.
Al margen del justo reclamo de afiliados complicados (o imposibilitados) para afrontar las cuotas, a través de numerosos amparos judiciales interpuestos en estos meses, desde el punto de vista de las entidades, el “volantazo” que ahora pega el Gobierno es incomprensible (en términos de los “mandamientos” libertarios): un freno del Ejecutivo al sector privado, lo que recuerda las viejas prácticas de control de precios.
Por mencionar un caso reciente ligado a este tema, basta recordar que en enero de 2023, el Gobierno de Alberto Fernández restringió las subas de las cuotas de las prepagas al tope del 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del mes anterior. El anuncio de Caputo no parece muy distinto, en lo formal.
Pero, a la queja de las prepagas, el Gobierno también responde. Como explicaban hace diez días en un comunicado, la desregulación del sistema de salud se hizo entre otras cosas con el fin de “impulsar la libre competencia y mayor transparencia entre los actores, para así lograr un sistema más equitativo, solidario y eficiente”. Transmiten que impulsan la competencia libre, siempre que sea justa.
Las prepagas que anunciaron rebajas en las cuotas
Cuando el 17 abril se difundió el dictamen de la Secretaría de Comercio, quedó claro que el recálculo de las cuotas debía aplicarse hasta mediados de septiembre, es decir, durante cinco meses “a partir del dictado de la presente medida”. Sin contar que ya se interpusieron recursos judiciales en contra de esa decisión, se puede avizorar un nuevo round de todo esto en el último trimestre del año.
Por lo pronto y al margen de la puja judicial, algunas de las siete entidades empezaron a informar rebajas en la cuota de mayo. Es decir, habían aumentado tanto por encima de la inflación, que el recálculo impuesto ahora las obliga (no por ahora a devolver, pero sí) a bajar.
Así, Swiss Medical notificó a sus afiliados que aplicará una rebaja del 22,22%, mientra que OSDE, el 20,76%. Por su parte, Galeno bajará 26,78% y Medifé, un 20%.
Desde el Gobierno afirman que como la medicina privada aplicó subas que acumularon más de un 150% desde diciembre, se pasaron de la raya. Así, como regla general -advirtieron este jueves- las cuotas de mayo no deberían superar en un 114,5% las abonadas en diciembre pasado.
El dictamen de la Secretaría de Comercio de abril, cuya puesta en práctica ahora precisó Caputo, detalló lo abultadas que fueron, en especial a principios de año, esas alzas de las entidades presuntamente “cartelizadas”.
El texto aclara que en enero subieron entre 40% y 50%, cuando la inflación de diciembre había sido del 25%. Y que en febrero alzaron las cuotas casi un 30%, cuando el IPC de enero marcó un 20,6% y el febrero, solo 13,2%.
Las prepagas que podrían tener que devolver dinero cobrado de más
Mientras las siete entidades procesan las novedades de este jueves, persisten indefiniciones con respecto a la medida cautelar de la Superintendencia contra 23 entidades por “abuso de precios”.
Son Medicina Esencial, Accord Salud, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, SIPSSA, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint, Galeno, Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo DDM SA y Círculo Médico de Lomas de Zamora.
El foco del Gobierno no apunta tanto a una regulación de precios futura sino a que esas empresas devuelvan lo que estuvieron cobrando por encima de la inflación.
Sin embargo, en un gesto que el Gobierno interpreta como “delirio jurídico”, la jueza Mercedes Maqueira, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº9, se declaró incompetente, y pasó la causa a otro juzgado del mismo fuero (el Nº3).
Argumentó que, además del pedido del Gobierno, había recibido amparos de particulares solicitando la declaración de inconstitucionalidad del decreto 70/2023, y que decidir sobre uno u otro tema podía generar fallos contradictorios. Este viernes, el Gobierno apelará a esa decisión.
MG
Economia
La baja de la inflación se consolida como uno de los hitos que puede mostrar el Gobierno de cara a la campaña electoral
El 1,5% de mayo fue más bajo respecto a los pronósticos previos, pero será difícil que se repita este mes, porque se registra un repunte en alimentos. Caputo sacó rédito a su política de privilegiar la desinflación por sobre el fortalecimiento de reservas
La abrupta caída de la inflación de mayo a 1,5%, el menor registro en cinco años, representa un triunfo para la estrategia elegida por el ministro de Economía. Luis Caputo privilegió la estabilidad cambiaria y el estricto control de los agregados monetarios por sobre la acumulación de reservas. El objetivo de esta política fue justamente poner como prioridad la desaceleración de precios, reflejado ayer en los datos divulgados por el INDEC.
Lo más destacado del dato conocido ayer es que el rubro alimentos y bebidas subió apenas 0,5%, mientras que la canasta alimentaria cayó 0,4%. Se trata de datos claves, ya que la desaceleración de precios en este segmento impacta positivamente en la base de la pirámide social. Son las familias de menores ingresos las que más se ven favorecidas, teniendo en cuenta que la mayor parte de su gasto se dedica a compras en supermercados y autoservicios.
La inflación de servicios también se ubicó bien por encima de la promedio, llegando a 2,7%, reflejando el impacto real de los ajustes de precios sobre la clase media. Aquí entran tarifas de servicios públicos, alquileres, Internet, prepagas, restaurantes y cuotas de colegios, entre otros rubros.
Existe una probabilidad alta que se mantenga efectivamente por debajo del 2% mensual. Sin embargo, es menor claro que se pueda mantener la tendencia descendente desde los niveles actuales en los próximos meses.
La consultora LCG, por ejemplo registró un fuerte repunte en alimentos en la segunda semana de junio, con incrementos de 1,7% tras haber registrado estabilidad de precios en la primera semana. Entre los productos que lideran las subas hay varios de la canasta básica: aceites aumentaron 5,9%, verduras 4% (tras la caída de junio) y carnes 1,3%. La inflación promedio para las últimas cuatro semanas en este rubro fue de 1,6%, bien por encima del registro de mayo.
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Por lo tanto, no será fácil que este mes se mantenga un nivel similar al de mayo, pero sí existe una probabilidad alta de que se mantenga por debajo del 2%. La probabilidad de que este comportamiento se mantenga hasta la medición de septiembre también aumentó considerablemente.
La expectativa del Gobierno es que mantener la inflación en niveles acotados sea clave para conseguir un buen resultado electoral en octubre. Javier Milei siempre tuvo claro que la principal demanda de la sociedad cuando asumió era la reducción de la inflación, que pasó del 25,5% en diciembre de 2023 (producto de la devaluación) a solo 1,5% en la última medición.
Que la baja se explique sobre todo en la mayor estabilidad registrada en alimentos también es una buena noticia para la Casa Rosada, ya que el impacto se siente en sectores populares, históricamente más cercanos al peronismo o al kirchnerismo.
Por supuesto que por delante quedan muchos desafíos, en particular consolidar la reactivación para que se transforme en crecimiento genuino. También la necesidad de crear puestos de trabajo para al menos compensar la destrucción de empleo de sectores como las pymes industriales. Pero posiblemente esto sean temas que figurarán en las demandas de los próximos dos años, ya pensando en la elección presidencial de 2027.
Economia
Después de la tragedia de Bahía Blanca, el Complejo General Cerri de TGS está otra vez 100% operativo
La magnitud de la inundación que afectó a las ciudades de Bahía Blanca y General Daniel Cerri impactó a toda la comunidad y también dañó gravemente al Complejo Industrial, uno de los pilares productivos de la trasportadora de gas
Después de la inundación y la tragedia que sufrió la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y tras tres meses de trabajo intenso e ininterrumpido, la trasportadora de gas TGS anunció que su Complejo Cerri se encuentra nuevamente 100% operativo.
“En nombre de todo TGS, quiero agradecer profundamente a nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lo que logramos en este tiempo récord no solo demuestra capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos por ayudarnos a poner nuevamente de pie una instalación clave para la energía del país, luego de lo tristemente sufrido”, afirmó Oscar Sardi, CEO de TGS.
Desde la compañía energética destacaron que para la recuperación, trabajaron no solo colaboradores de TGS provenientes de distintos puntos del país, sino también más de 150 proveedores y contratistas de servicios y materiales, cuyo trabajo coordinado y compromiso resultaron clave para la recuperación del complejo.
Economia
En busca de sumar reservas, el Gobierno reduce trabas a capitales extranjeros de corto plazo
El Ejecutivo eliminó barreras para la operación de fondos internacionales con títulos públicos y redujo las condiciones para el retiro de divisas
El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paquete de medidas orientadas a estimular la entrada de divisas mediante la flexibilización de normas que hasta ahora limitaban la operatoria de capital extranjero en el mercado financiero local. Las decisiones, tomadas en simultáneo por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA), apuntaron a facilitar tanto el ingreso como el egreso de fondos especulativos de corto plazo que inviertan en instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro Nacional.
Desde el lado regulatorio, la CNV publicó la Resolución General N.º 1068, por la cual se amplió el conjunto de excepciones al límite diario de $200 millones que regía para transferencias al exterior de valores negociables por parte de inversores no residentes. A partir de esta disposición, esa restricción dejó de aplicarse en casos en los que se trate de bonos del Tesoro con vencimiento igual o mayor a 180 días desde su fecha de emisión y que hayan sido adquiridos en colocación primaria, siempre hasta el valor nominal suscripto.
En paralelo, el BCRA confirmó que eliminará el plazo mínimo de permanencia de 180 días para los fondos del exterior que ingresen al país y participen en operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) o en licitaciones primarias de títulos públicos del Ministerio de Economía. Esta condición, vigente desde abril de este año tras la Comunicación “A” 8230, había sido parcialmente modificada en mayo con la Comunicación “A” 8245 para permitir la suscripción del Bonte 2030 en dólares. Ahora, la permanencia mínima se suprime completamente.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que la decisión respondió a una revisión del esquema de restricciones cambiarias vigente. Consideró que el “cepo” aplicado desde 2019 había dejado de cumplir su función original y se transformó en un obstáculo para el ingreso de nuevos fondos. Según declaraciones públicas, el funcionario sostuvo que los inversores que querían salir ya lo habían hecho y que actualmente no existían trabas relevantes que justificaran mantener el régimen anterior.
Estas modificaciones se dieron en un contexto de estrategia coordinada entre la autoridad monetaria y el Ministerio de Economía, orientada a reforzar las reservas internacionales mediante el ingreso de divisas del exterior. Para ello, el equipo liderado por Luis Caputo activó dos mecanismos: por un lado, la firma de un acuerdo de financiamiento tipo REPO con siete bancos internacionales por un monto de US$2.000 millones; por el otro, una nueva licitación del Bonte 2030, que permite suscripción en dólares por parte de inversores locales y extranjeros.
El llamado a licitación se programó para el viernes 13 de junio y apuntó a captar US$500 millones, la mitad del monto obtenido en la primera colocación de abril, que se orientó exclusivamente a no residentes. En esta oportunidad, tanto residentes como no residentes pudieron participar en la oferta, lo que amplió el universo potencial de suscriptores.
En su debut, el Bonte 2030 ofreció una tasa del 29,5%, superior a las expectativas de mercado. Esta rentabilidad, combinada con la eliminación de las restricciones de salida, representó un atractivo importante para los fondos internacionales, que encontraron mejores condiciones para operar en el mercado local. Además, se estableció un límite mensual de US$1.000 millones para este tipo de colocaciones, lo que permitió mantener cierto grado de control sobre los flujos.
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el menú de la licitación incluiría además letras capitalizables con vencimientos en julio, agosto, septiembre y noviembre, orientadas a captar el interés de fondos comunes de inversión. Asimismo, se pusieron en oferta dos Bonos Capitalizables (BONCAP) con vencimientos en enero y junio de 2026.
Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario de Política Económica, José Luis Daza, consideró que estas decisiones formaban parte de un plan para anticipar el regreso a los mercados voluntarios de deuda con legislación extranjera. En declaraciones a medios, sostuvo que el programa económico avanzaba mejor de lo previsto y que la colocación de instrumentos en moneda dura reflejaba ese ritmo.
Por otro lado, el Tesoro anunció que a partir de este mes se publicará un cronograma anual de licitaciones de deuda pública. Esta medida apunta a brindar previsibilidad y permitir que los agentes financieros planifiquen su participación de forma más ordenada, tanto en moneda local como extranjera.
El objetivo del Gobierno nacional consistió en asegurar un flujo constante de divisas que le permita reforzar las reservas internacionales, cumplir los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y enfrentar el segundo semestre sin sobresaltos financieros. En este período, se proyecta una baja en la liquidación de exportaciones agroindustriales, así como un aumento en la dolarización de portafolios minoristas en vísperas del calendario electoral.
Diversos analistas interpretaron que la relajación de controles podría facilitar el ingreso de capitales de corto plazo que busquen aprovechar el diferencial de tasas. Al mismo tiempo, advirtieron sobre la posibilidad de que esos flujos generen mayor volatilidad en caso de una salida masiva o imprevista. Aunque destacaron que estas medidas podían ayudar a sostener el tipo de cambio en el corto plazo, también consideraron que podrían consolidar un nivel mínimo más alto para el dólar.
Con esta serie de anuncios, el Gobierno argentino consolidó una estrategia de financiamiento basada en el mercado voluntario local, con foco en la emisión de instrumentos que puedan ser suscriptos en dólares y liquidados en pesos. El desafío de las próximas semanas será evaluar la respuesta del mercado y la capacidad del esquema para sostener la acumulación de reservas sin necesidad de intervención directa del BCRA.
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